Deportación, captura y boletas: una semana agitada para los peces gordos de las mafias



Deportación, captura y boletas: una semana agitada para los peces gordos de las mafias

Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación20 enero, 202421min988
Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación20 enero, 202421min988
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En los últimos días, varios hechos que involucran a tres delincuentes fugados de la ley han ocupado los principales titulares de los medios de comunicación.

Se trata de las historias de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, Daniel Salcedo y Xavier Jordán; todos piezas clave en la actual crisis de seguridad que derivó en el conflicto armado interno que libra Ecuador contra el terrorismo. 

Fito, líder del grupo narcodelictivo Los Choneros, escapó de la cárcel Regional poco antes de la ejecución de un operativo para su traslado a La Roca, según dispuso el presidente Daniel Noboa.

Desde entonces, las autoridades le siguen el rastro en varios países donde sospechan que el capo mafioso pudo refugiarse en su precipitada huida.

El pasado 18 de enero, su esposa, Inda Peñarrieta, sus hijos y colaboradores fueron expulsados de Córdoba, Argentina, cuando las autoridades de ese país actuaron de manera ágil al recibir la alerta de que eran familiares del narco.

En cambio, como parte de las diligencias del Caso Metástasis, la Corte Nacional de Justicia, a través de la Interpol (Policía Internacional), emitió una alerta de difusión roja contra Salcedo para su localización y detención.

Así, el 16 de enero, el convicto por corrupción hospitalaria fue capturado en Panamá y arribó al siguiente día al aeropuerto Mariscal Sucre tras su pronta extradición. Luego de legalizar su detención, fue trasladado a la cárcel 4 de Quito.

En el caso de Jordán, quien aparece en la famosa foto de la piscina de Miami y es actualmente prófugo por corrupción hospitalaria, también vinculado al Caso Metástasis, la Interpol emitió otra orden de difusión roja el pasado 18 de enero.

Su último registro migratorio precisa que salió del Ecuador el 2 de febrero de 2020 con destino a Miami, Florida, en un vuelo de American Airlines. En la boleta roja se indica que Jordán es un delincuente “peligroso” y “propenso a la evasión”.

No obstante, la condición de prófugos -salvo de Salcedo, que ya fue capturado- no es lo único que comparten estos siniestros personajes: el fiscal César Suárez, asesinado a tiros la tarde del 17 de enero en Guayaquil, investigó casos de corrupción en hospitales públicos del IESS y del Ministerio de Salud, participó en el operativo de Metástasis y solicitó información sobre la situación legal de la esposa de Fito. 

Este trágico suceso levanta las sospechas sobre el alcance y los nexos de las mafias.

El plan de cuatro meses para la huida de Fito

Luego de un megaoperativo desplegado a las afueras de Córdoba, en el exclusivo club Country Valle del Gold de Malagueño, Inda Peñarrieta, esposa del narcotraficante Fito, acompañada de sus tres hijos y algunos colaboradores, fueron detenidos por unidades del cuerpo de élite de la Policía cordobesa y fuerzas nacionales.

Tras su aprehensión, fueron trasladados a Buenos Aires para su deportación a Ecuador, luego de que las autoridades les suspendieran la residencia transitoria.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, declaró en rueda de prensa que la hipótesis que manejan es que «una vez asentada la familia, Fito se escaparía de la cárcel para reunirse con ellos»

«Hay una planificación previa de la familia para instalarse en Argentina. La casa la compraron en noviembre del año pasado», detalló la ministra Bullrich.

Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que existen registros de ingreso de Peñarrieta a Argentina en septiembre, octubre, noviembre y enero.

Todos, según dijo, fueron legales y no hubo alertas cuando entraron.

Para ambos, la operación de escape de Fito y el establecimiento de su familia en Argentina “fue absolutamente planificado”.

Luego de la deportación y llegada de los familiares del narco, el presidente Daniel Noboa convocó en la Gobernación del Guayas a una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) que había sido pospuesta con anterioridad. 

Al término del encuentro y dado que no existe una orden de prisión vigente, Peñarrieta, sus hijos y los demás deportados fueron liberados por las autoridades.

A su salida de la Base Aérea Simón Bolívar, los familiares del narco fueron escoltados por un convoy de autos de alta gama blindados.

La esposa del narco ha sido investigada por lavado de activos, defraudación tributaria, enriquecimiento privado no justificado y delincuencia organizada, sin embargo, en todos los casos fue absuelta. 

En la causa por delincuencia organizada, el fiscal César Suárez investigó a Peñarrieta, Fito y otras 38 personas, pero finalmente emitió dictamen abstentivo a favor de la esposa del narco y de Jorge y Julio Peñarrieta Tuarez, hermanos de la mujer y cuñados de Fito.

En 2018, el líder de Los Choneros aceptó el delito y se sometió a un proceso abreviado por el que fue sentenciado a 28 meses de prisión.

Un día antes de su asesinato, Suárez solicitó a las unidades fiscales de Manabí información sobre el expediente judicial de Peñarrieta para saber si tenía procesos pendientes o investigaciones en curso.

El fiscal pidió que respondan a su requerimiento en un plazo no mayor a 24 horas.

El ministro Francos mencionó esta investigación durante la rueda de prensa de las autoridades argentinas:  

“También me parece importante señalarles que como me comentaba la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) que el fiscal encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días, o sea, cuando le encargaron la investigación lo asesinaron. Esto para dar una idea de la magnitud de la organización que lidera este delincuente ecuatoriano, y el riesgo que tenía que se asienten en Argentina por eso la preocupación inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba”, dijo.

Christian P. M. y Ángel A. B., presuntos integrantes de los Chone Killers, fueron procesados por el sicariato del fiscal y se les dictó prisión preventiva. 

Víctor Herrera, comandante de la Policía en la Zona 8, confirmó que las autoridades buscan a cuatro sujetos más “plenamente identificados a través de las cámaras de vigilancia”. 

Además, aseguró que la institución posee “una línea clara de quien sería el mentalizador” del asesinato del fiscal que jamás sucumbió ante las mafias.

Historias paralelas: Salcedo capturado y un fiscal asesinado

Un día después de que Salcedo fuera capturado en Panamá para su extradición al Ecuador, en el marco de las diligencias del Caso Metástasis, el fiscal Suárez fue asesinado a tiros en el norte de Guayaquil.

La relación entre ambos, desde orillas contrarias, es de larga data. A propósito de la emergencia sanitaria por covid-19, la Fiscalía General del Estado (FGE) creó una Fuerza de Tarea para investigar delitos cometidos en la red pública de salud. Suárez fue clave en estos procesos.

En julio de 2021, Daniel Salcedo y otras siete personas fueron sentenciadas a 13 años de prisión por peculado en el Caso Fundas para cadáveres, por la venta de insumos médicos con sobreprecios al Hospital Los Ceibos de Guayaquil.

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En la audiencia de vinculación a 8 procesados más por delincuencia organizada en el Caso Metástasis, la Fiscalía expuso la relación de Salcedo con Leandro Norero, el narcotraficante asesinado en octubre de 2022. 

Según los chats expuestos por la Fiscalía, el sentenciado por corrupción hospitalaria sobornaba a funcionarios judiciales a cambio de beneficios para su amigo narco. Además, Salcedo le ofrecía a Norero contratos en empresas públicas como Petroecuador y Celec para lavar su dinero.

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Tras su arribo a Quito, la madrugada del 18 de enero, el juez Pablo Loayza legalizó su detención y ordenó su traslado a la cárcel 4.

La Fiscalía, el 18 de enero, comunicó que solicitará la reubicación de Salcedo a otro penal, en vista de que la cárcel 4 fue concebida «con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios, más no como un privilegio».

Para el Ministerio Público, este es un mensaje claro para evitar la impunidad de quienes cometen actos reñidos con la Ley.

Noé Salcedo, hermano de Daniel, fue otro de los investigados por Suárez. En julio de 2021, fue sentenciado a 7 años de prisión, acusado de delincuencia organizada, por la venta ilegal del medicamento Actemra para el tratamiento de covid-19.

En esta causa también es procesado el exgerente del Hospital Guasmo Sur, Álvaro Ponce, luego de que la Sala Penal acogió la apelación que presentó el fiscal Suárez a su sobreseimiento.

Ponce también está involucrado en un caso de peculado por la compra irregular de placas, tornillos y otros insumos para el área de traumatología del Hospital Guasmo Sur. Suárez fue el fiscal del caso.

Si bien Jordán no fue directamente investigado por Suárez en su causa por delincuencia organizada, el fiscal asesinado sí participó en los allanamientos del Caso Metástasis en Guayas, provincia en la que trabajaba como fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Esas diligencias formaban parte de una trama de corrupción que evidenció los nexos entre el narcotráfico y las altas esferas de la política y la justicia. 

Jordán era administrador de los bienes de Norero. Juntos planificaban atentados contra periodistas y políticos como Fernando Villavicencio, excandidato presidencial asesinado el 9 de agosto a la salida de un mitin, en Quito.

Todos ellos les eran incómodos por sus denuncias en varios casos de corrupción que involucraban justamente a Norero y Jordán.

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También conversaban sobre el pago de millonarias sumas de dinero a jueces a cambio de la liberación de peligrosos delincuentes como alias Madrid, alias Cuyuyuy y el exvicepresidente Jorge Glas, actualmente recluido en la embajada mexicana.

Ahora, la Interpol busca a Jordán en 194 países para ser detenido con fines de extradición. Se espera que en los próximos días las autoridades ecuatorianas tengan noticias sobre su captura.

Los terroristas en la mira de Suárez 

El caso más reciente asignado al fiscal asesinado fue la investigación de la incursión armada por un grupo terrorista en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, ocurrida el pasado 9 de enero de 2024.

Suárez, en una entrevista concedida a Diario El Universo el martes 16 de enero, confirmó que no contaba con seguridad, pese que había interrogado a los trece terroristas detenidos durante el asalto al canal de televisión. 

Ataque terrorista a TC Televisión ocurrido el 9 de enero de 2024.

El fiscal estaba encargado de determinar la identidad del autor intelectual del atentado. Los antisociales, según la versión de la Policía, pertenecen a la banda criminal de los Tiguerones.

José Serrano, ¿informante privilegiado o campanero de las mafias?

La Fiscalía anunció la apertura de una indagación previa en contra del exministro correísta, José Serrano, por la difusión de información reservada. Esto después de una publicación hecha desde su cuenta de X (antes Twitter) en la que supuestamente expone la motivación del asesinato de Suárez.

“Me acaban de informar que el fiscal Suárez hizo un requerimiento urgente, vía email institucional, para que se le haga llegar la información sobre expedientes fiscales o investigaciones que existieran contra la esposa de alias Fito”, dijo Serrano.

La Fiscalía reaccionó e instó a la ciudadanía a “no difundir elucubraciones que podrían beneficiar a criminales o personas buscadas por la Ley”.

No es la primera vez que Serrano publica comentarios inoportunos. El 7 de enero, poco después de la huida de Fito, el exministro correísta dijo que el narco supuestamente se fugó de la cárcel Regional el 25 de diciembre con el pretexto de una cita médica. A su retorno, quien habría ingresado a la prisión era, según Serrano, un impostor.

Serrano, quien hace 12 años ordenó que se investigue al Coronel Mario Pazmiño por difusión de información reservada, hoy enfrenta los mismos cargos, pero desde la orilla contraria. La naturaleza de sus afirmaciones generan múltiples sospechas que deberán ser aclaradas ante la justicia. Serrano es un informante, eso es un hecho; ahora bien, las autoridades deberán determinar a quienes desea alertar con sus “revelaciones”.