‘La justicia le falló a mi hija’



‘La justicia le falló a mi hija’

Marcia Barzola22 abril, 202216min1055
Marcia Barzola22 abril, 202216min1055
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Sucedió en 2016: Daniela, apenas adolescente fue golpeada, violada y al final su cuerpo fue encontrado en una zanja de Durán. La jueza Karly Vargas, que conoció el caso le dio al principal sospechoso medidas sustitutivas; por supuesto huyó. Hoy, la madre exige se lo incluya en la lista de Más Buscados.

Sandra Arias no tiene Paz. Su vida es un túnel sin luz. A veces llora en silencio, otras deja oír sus amargos sollozos. Pero no se muestra frágil, es la única opción que tiene para exigir cárcel para el criminal de Daniela, su hija menor, la que trajo de España al Ecuador cuando era niña y que la perdió a los 17 años, el 16 de junio del 2016, cuando su cuerpo violentado fue hallado en una zanja de agua pestilente, a unos 200 metros de la vía Durán-Yaguachi, en el recinto Guajala de Guayas. La alerta la dieron unos estudiantes, indica el informe de la Policía Nacional sobre el levantamiento del cadáver.

Tras el hallazgo, personal especializado de la Dinased dijo que Daniela tenía al menos 12 horas de haber fallecido. Su madre comenta que la vio hasta las 18h45 del miércoles 15 de junio. A esa hora ella necesitó salir de casa, en el cantón Durán. Lo último que la joven le dijo a Sandra era que esperaba a un amigo (cuya identidad no mencionó), quien le iba a enseñar a conducir. No obstante, a eso de las 22h00, cuando retornó a su domicilio, se percató que su hija había salido. Una salida sin retorno. Al no hallarla, le envió un mensaje por whatsApp. Casi de inmediato le respondió que ya volvía a casa, que estaba con una amiga. Al rato, como ya era muy tarde, insistió y la llamó, pero nadie contestó al otro lado del teléfono. Es más, en una tercera timbrada ya sonó apagado, recuerda la mujer. Al día siguiente la búsqueda se concentró en los sitios donde tenían allegados y se extendió hasta el viernes 17 de junio, cuando decidió ir a la morgue, en Guayaquil. Ahí, la halló muerta.

La menuda mujer, de origen manabita, se llena de fuerzas para narrar el dolor que siente por la crueldad con que acabaron  la vida de su niña, que hacía poco había concluido sus estudios secundarios en un colegio cristiano de Durán. Pero también le decepciona la lentitud, incoherencia e inoperancia, dice, con que ha actuado la justicia en su caso. “La justicia ha protegido al asesino, tanto que le facilitó huir”, comenta Sandra. Aunque existe una sentencia ejecutoriada de 22 años de cárcel contra el único culpable, Henry Darío Quijije Martínez, dictada el 20 de noviembre del 2019 por el Tribunal de Garantías Penales del cantón Milagro, el criminal está prófugo. Ahora exige que, desde el Ministerio de Gobierno y Policía Nacional, se lo incluya en la lista de los Más Buscados, para que se agilite su captura y traslado a la cárcel.

MEDIDAS SUSTITUTIVAS A UN CRIMINAL

La madre siente impotencia al narrar la decisión de la jueza Karly Vargas Alvarado (ahora suspendida 90 días por el Consejo de la Judicatura, pues es investigada por presunto error inexcusable tras dejar sin efecto la remoción de Sofía Almeida de la Presidencia del CPCCS). Sin valorar las evidencias debidamente judicializadas, las huellas de violación y las lesiones físicas que sufrió Daniela, concedió medidas sustitutivas a Quijije Martínez, el principal y único sospechoso del ataque. En el cuerpo de Daniela se encontraron fluidos corporales con ADN de él, y en su poder se halló el teléfono celular de la joven. “Mi hija desapareció con su teléfono. Por las investigaciones de la Policía y la triangulación de llamadas se determinó que el celular de Daniela estaba en manos de Henry Quijije, a quien no conozco”, explica.

En la investigación por asesinato, que tardó más de tres años para llegar a una sentencia, actuaron tres fiscales diferentes: Boris Sánchez Pacheco, Segundo Arechúa Caza y Patricio Toledo Llerena, lo que afectó el flujo normal del proceso, se suspendieron entre 9 y 10 audiencias, ya sea por vacaciones o porque el fiscal tenía otra diligencia que cumplir. Tres de esas suspensiones se dieron en la etapa de juicio, pues la parte acusada utilizaba varias argucias (enfermedad u otras situaciones) para que se dilate el proceso, y “con eso evitar que se sentencie al asesino de mi hija y se facilite su huida”, dice.

TORTURAS PRE MORTEM

Para Sandra es difícil entender cómo la justicia, liderada por la jueza Karly Vargas, pudo haber sido tan contemplativa con el criminal de Daniela, pese a que la autopsia había revelado que la joven, de 1,52 metros de estatura, había sido lanzada malherida, pero con vida a la zanga de agua maloliente. Estaba viva, pero inconsciente. Por eso, lamenta la madre, no tuvo reacción para sobrevivir. Y es que, antes de morir, Daniela sufrió ataques brutales. Cuando ella hizo el reconocimiento del cuerpo, en el Instituto de Ciencias Forenses de Guayaquil, pudo ver que tenía partida su boca. Le faltaba un pedazo del labio inferior. Tenía dos heridas en el cuello, hematomas en el rostro. Lesiones en varias partes del cuerpo, parecidas a quemaduras de cigarrillo. Y marcas en muñecas y tobillos, como si le hubiesen atado de pies y manos.

La descripción de Sandra, fue corroborada por el médico forense Jorge Salvatierra. En el informe de autopsia, ordenada por el fiscal Boris Sánchez, refiere que Daniela tenía heridas externas que habían sido producidas en vida o pre mortem. Dice que el cadáver presentaba excoriaciones en el párpado superior izquierdo, en el labio interior; además, dos excoriaciones a nivel lateral del cuello, una de 3cm x 1cm y otra de 3cm x 0,5cm, “…esas lesiones fueron producidas en vida”, indicó el medico en su testimonio durante la audiencia de juzgamiento. Además de la afectación pulmonar, propia de la sumersión y la falta de oxigenación, el cuerpo de Daniela tenía hemorragias en varios órganos, como el páncreas, el hígado y el estómago, cuyas paredes estaban enrojecidas. “Esas son huellas de agresión violenta. Le deben haber golpeado en el abdomen con mucha fuerza”, explica el doctor Juan Montenegro, experto en ciencias forenses.

En el expediente de la etapa de juicio también constan testimonios de personas que vieron a Daniela la noche, poco antes de su asesinato. Vecinos, compañeros de trabajo de una empresa de seguridad, donde laboraba el criminal; amigos de sitios que frecuentaba e incluso conocidos de su victimario dieron la versión. Uno de ellos es Vicente Guala Montecé, considerado testigo clave para la Fiscalía. Él asegura haber visto a Daniela junto a Darío Quijije la noche del 15 de junio del 2016. Incluso detalla la ropa que la joven vestía: Blusa blanca y licra negra. Además, indica que, horas después, volvió a ver al sujeto. Ya estaba solo. Lo notó algo nervioso. Es más, se retiró pronto a “guardarse en su casa”, pero asegura jamás sospechó siquiera que algo negativo había acontecido con la joven en manos del ahora sentenciado.

Pero esa versión no fue la única que incrimina a Quijije. También está la de Elsy, su conviviente. Ella asegura que, el día del crimen, él se movilizaba en un auto gris que habían comprado como pareja. El mismo en el que fue visto junto con Daniela la noche del 15 de junio, en Durán. También refirió que aquel día el sujeto llegó a casa con un teléfono celular. Se lo entregó. Ella le colocó su chip, y comenzó a usarlo. No sabía, dijo ante el Tribunal, que ese equipo había pertenecido a una joven que tiempo después se determinaría él había asesinado. “Nunca me dijo en qué forma lo consiguió (el teléfono)”, comentó la mujer, que a la vez indicó que el criminal también había trabajado en una empresa de seguridad; pero que, desde que compraron el auto, laboraba como taxista informal en Durán y zonas aledañas.

Durante el proceso investigativo Quijije deslindó responsabilidad alguna en la muerte de Daniela. En una primera versión negó haberla conocido. Luego, cuando fue descubierto por los testimonios y las pruebas de ADN de los fluidos corporales hallados en su cuerpo, aceptó haber sigo su amigo y estado con ella la noche del 15 de junio del 2016, pero que la dejó cerca a su domicilio. No obstante, la madre de la víctima asegura no creerle. Y reniega indignada cuando recuerda que el abogado de Quijije, identificado como Pedro López Baidal, intentó desvirtuar la participación del sentenciado en el crimen, aduciendo que solo estuvo con ella porque ofrecía servicios sexuales. Nada relacionado con la investigación del asesinato. “Mal hombre. Su expresión ha sido un golpe cruel para nuestra familia, porque mi hija era estudiante. Excelente bachiller. Mi única compañera, pues su hermana no vive en el país. Dependía de mí. No tenía necesidades económicas”, critica.

La justicia, que necesitó casi cuatro años para ratificar una sentencia contra su agresor, a quien le dio medidas sustitutivas, y luego calificó el hecho como asesinato, más no como femicidio, en el que la víctima fue brutalmente golpeada y violada, antes de ser lanzada a una zanja. Pero también hubo un abogado que expuso desfachatadamente una versión sin lógica en un proceso en favor del acusado, durante el cual su madre también ha sido víctima, que ahora exige al Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, se incluya a Henry Darío Quijije Martínez dentro del Programa de Más Buscados.

REPARACIÓN ECONÓMICA PARA LA MADRE

En el cierre de la audiencia de juicio, el Tribunal de Garantías Penales de Milagro, en Guayas, estableció que el criminal, Henry Darío Quijije Martínez, además de cumplir 22 años de cárcel, debería entregar una reparación económica a la madre de la víctima, que consiste en:

“…la base del salario básico unificado del trabajador en general vigente a la fecha (16 de junio del 2016) de la infracción, de $366, multiplicado por el periodo de expectativa de vida tomando en cuenta, de acuerdo a lo indicado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), que el ser humano tiene una expectativa de vida de 76,19 años, restando el tiempo de vida que tuvo la occisa, de iniciales I.D.V.A., constando que el examen de autopsia contaba con 17 años de edad, quedándole como expectativa de vida 59,19 años. Esto multiplicado por el resultado de la remuneración anual de 5.124 dólares, dando el valor de $303.289,56 (trescientos tres mil, doscientos ochenta y nueve dólares con cincuenta y seis centavos), siendo el total de la indemnización como reparación integral a la víctima…

La madre de Daniela no tiene esperanzas de que el asesino de su hija cumpla con el pago de la indemnización. “Qué esperanzas puedo tener de un criminal, que entiendo no tiene propiedades. Es una burla, como víctima, que la justicia no exija el cumplimiento de las penas. Pero más triste es que el asesino ante campante en libertad, mientras yo me estoy muriendo en vida”, refuta triste Sandra Arias Ormeño, quien hoy se recupera de una lesión ósea.