Impunidad a la carta



Impunidad a la carta

Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación14 febrero, 202411min1774
Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación14 febrero, 202411min1774
Diseño sin título (1)
Dos reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tienen que ver con la entrega de información de investigaciones previas y con la revisión de sentencias ejecutoriadas levantaron alarmas en expertos jurídicos, bancadas de la Asamblea Nacional y la propia Fiscalía General del Estado.

Es que en medio de la propuesta de reforma al COIP, que busca endurecer las penas y eliminar beneficios penitenciarios, se advierte que las reformas antes mencionadas podrían tener consecuencias negativas para el sistema judicial ecuatoriano. Se estaría legislando para generar impunidad, a la carta.

Dentro de la norma, el endurecimiento de penas y la eliminación de beneficios penitenciarios son considerados como pasos positivos para fortalecer la lucha contra la inseguridad.

Sin embargo, uno de los puntos más controversiales es la intención de permitir que las investigaciones previas de la Fiscalía, actualmente reservadas, se entreguen a la Asamblea y otros actores. Esta disposición podría comprometer la confidencialidad necesaria en estos procesos y afectar la efectividad de las investigaciones. Varios expertos han considerado el tema como una politización de la justicia.

También hay observaciones sobre la revisión de sentencias ejecutoriadas. Anteriormente, constaban cuatro causales que son:

  1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta.
  2. Si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas que, por ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada.
  3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos, informes periciales maliciosos o errados.
  4. Si se comprueba que los hechos que fundamentan la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento insubsanables o graves violaciones al debido proceso

A las cuatro causales de revisión de sentencias existentes se le adiciona una quinta:

5. En situaciones donde la CIDH o comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuyas decisiones son vinculantes para Ecuador “identifiquen violaciones a los derechos humanos en el debido proceso en sentencias condenatorias”.

Este texto coincide con las intenciones del correísmo de facilitar la revisión de la sentencia del Caso Sobornos a través de un pronunciamiento de la CIDH.

Con excepción de los números 4 y 5 la revisión solo procederá con nuevas evidencias que demuestren el error, dice el texto.

Por su parte la Fiscalía General del Estado ha manifestado su firme rechazo y profunda preocupación “ante el intento de alterar el sistema de justicia penal en Ecuador”, tal como lo expresó en su cuenta oficial de X.

La inclusión de las figuras propuestas podría resultar en la impunidad de causas penales que ya cuentan con sentencias condenatorias ejecutoriadas, generando una seria amenaza a la integridad del sistema legal. Específicamente, la inquietud se centra en la propuesta de archivar investigaciones previas de delitos no prescritos, ignorando la complejidad y extensión de algunas investigaciones que podrían superar el período de uno o dos años.

La Fiscalía advierte que esta medida entra en conflicto con la Constitución de la República, que confiere la titularidad exclusiva de la acción penal pública a la institución, y además plantea riesgos para la eficacia de investigaciones y operativos al exigir la entrega de información reservada.

Resulta evidente que estas propuestas responden a intereses políticos más que a la genuina necesidad de fortalecer el sistema de justicia. En este contexto, la Fiscalía subraya la importancia de ajustar la legislación de acuerdo con la doctrina internacional y el desarrollo progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución.

Se argumenta que la propuesta es irracional y podría dar lugar a escenarios de litigio sin fundamentos sólidos, así como a instancias que favorecerían la impunidad, comprometiendo de manera significativa la efectividad y la integridad del sistema de justicia penal en el país.

José Chalco experto constitucionalista califica como una “vergüenza” estas intenciones y destaca que la modificación propuesta al recurso de revisión penal, pasaría de corregir errores de hecho a satisfacer intereses de bandas y delincuentes. Este cambio ha sido denunciado como un intento de debilitar la capacidad del sistema judicial y favorecer la impunidad.

María Paula Romo, en una conversación con La Fuente – Periodismo de Investigación, comenta que: El proyecto de reforma al COIP no contiene ninguna norma que sea relevante para los problemas de seguridad del país o la grave crisis de la justicia penal. Por el contrario, más de 80 normas que esconden reformas que solo favorecerán la impunidad. Me refiero particularmente a los artículos que garantizarían el acceso de los asambleístas a investigaciones penales en etapa de reserva, a la posibilidad de que los investigados soliciten el archivo de sus casos – quitándole peso a la Fiscalía como titular de la acción penal-, el grave intento de incluir una nueva causal que ya han anunciado que usarían para cuestionar las sentencias de Correa.

Ante este escenario, Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, ha expresado su sorpresa y ha advertido sobre la posible agenda de impunidad. Señala que se buscan incluir nuevas reglas al recurso de revisión para favorecer a personajes, como Rafael Correa, que ahora está prófugo justamente por la sentencia en el caso Sobornos.

Otro punto que ha despertado sus críticas es la propuesta de eliminar la reserva de información en las indagaciones previas realizadas por la Fiscalía. Esto podría afectar el factor sorpresa en allanamientos e investigaciones, disminuyendo la eficacia de las acciones judiciales.

En la entrevista realizada por este medio, Peñafiel mostró su preocupación ante la posibilidad de otorgar más poder a entidades externas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros comités reconocidos por las Naciones Unidas. “Esta medida podría crear una instancia superior a la Corte Nacional de Justicia y poner en riesgo la independencia judicial” señaló.

El equilibrio en la comisión de justicia, con 4 miembros de RC y 2 de PSC, plantea interrogantes sobre la posibilidad de que persista un pacto de impunidad en el ámbito legislativo. Esta distribución de representantes de diferentes partidos genera especulaciones sobre cómo se abordarán las propuestas y decisiones relacionadas con la justicia, especialmente en un contexto donde abiertamente se habla de pactos impunidad entre bancadas.

Sin embargo, Vicente Taiano, representante del Partido Social Cristiano, destaca las iniciativas propuestas por su bancada en su cuenta de X. Comenta que su bancada propone endurecer penas, enmendar tipos penales para mayor claridad en la sanción de delincuentes y eliminar beneficios penitenciarios.

Taiano también expone puntos de desacuerdo, argumentando en contra de la eliminación de la reserva de la investigación para preservar la presunción de inocencia, la no ampliación de la imprescriptibilidad de delitos más allá de los límites constitucionales, y la objeción a la causal nueva para recurso de revisión, señalando que las comisiones de la ONU no se pronuncian sobre temas procesales. Además, cuestiona la viabilidad de la intervención de la CIDH, considerando que sus sentencias se centran en la reparación de daños y no deben ser consideradas como nuevos elementos de valoración.

Se espera que este jueves 15 de febrero se conozca la postura de figuras clave, como el presidente Daniel Noboa y el cumplimiento real de lo anunciado por Taiano a nombre de la bancada del PSC, durante el debate sobre esta polémica reforma.

Mientras se reconoce la necesidad de reformas para fortalecer la justicia y la seguridad, la sociedad sigue de cerca estos acontecimientos que podrían tener implicaciones significativas en el equilibrio del sistema judicial ecuatoriano.