“El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Esta sentencia editorial publicada en febrero de 2011, les costó a Emilio Palacio y a diario El Universo, un dictamen condenatorio de la corte de Rafael Correa. Meses después, agosto de 2011, Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, pidieron a la Fiscalía investigar a Rafael Correa, Xavier Ponce, Gustavo Jalkh y al alto mando militar, por sus responsabilidad en el ataque armado al hospital de la Policía. El fiscal Galo Chiriboga -sin ir a juicio- pidió el archivo y que se califique la denuncia de maliciosa y temeraria, pedido atendido por el conjuez Richard Villagómez. Con este fallo Correa contrademandó por injuria y obtuvo sentencia condenatoria en contra de los denunciantes. La CIDH emitió cautelares pero Correa desconoció la resolución, iniciándose una cruenta persecución política y policíaca. Siete años después, la Fiscalía en un giro de 180 grados empieza a descorrer el guion simulado. El presente trabajo es un extracto actualizado de una investigación publicada en el libro La derrota del jabalí, texto del cual se desprende que, la historia siempre está de pie aunque algunos pretendan contarla poniéndola de cabeza.
