30S: ¿QUIÉN ORDENÓ DISPARAR?

Al cumplirse ocho años del 30S, más de 300 personas entre civiles, militares y policías han sido procesados, varias sentenciadas por una amplia gama de delitos: tentativa de asesinato, delito contra la administración pública, homicidio simple, incitación a la rebelión de la fuerza pública, magnicidio, atentado contra la seguridad del Estado, rebelión, entre otros.

“El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Esta sentencia editorial publicada en febrero de 2011, les costó a Emilio Palacio y a diario El Universo, un dictamen condenatorio de la corte de Rafael Correa. Meses después, agosto de 2011, Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, pidieron a la Fiscalía investigar a Rafael Correa, Xavier Ponce, Gustavo Jalkh y al alto mando militar, por sus responsabilidad en el ataque armado al hospital de la Policía. El fiscal Galo Chiriboga -sin ir a juicio- pidió el archivo y que se califique la denuncia de maliciosa y temeraria, pedido atendido por el conjuez Richard Villagómez. Con este fallo Correa contrademandó por injuria y obtuvo sentencia condenatoria en contra de los denunciantes. La CIDH emitió cautelares pero Correa desconoció la resolución, iniciándose una cruenta persecución política y policíaca. Siete años después, la Fiscalía en un giro de 180 grados empieza a descorrer el guion simulado. El presente trabajo es un extracto actualizado de una investigación publicada en el libro La derrota del jabalí, texto del cual se desprende que, la historia siempre está de pie aunque algunos pretendan contarla poniéndola de cabeza.

30S: ¿QUIÉN ORDENÓ DISPARAR?

El día empieza con las dinámicas propias de un hospital: camillas y pacientes -72- expectantes, familiares, médicos y enfermeras transitan por aquellos corredores y habitaciones iluminados pero con una habitual persistencia lúgubre y fría. Es el 30 de septiembre de 2010 (30S), en el hospital de la Policía Nacional.

De pronto el ambiente se altera radicalmente: un paciente muy especial había acudido para que lo atiendan de asfixia por efecto de los gases lacrimógenos: Rafael Correa Delgado. Súbitamente, aquel escenario de cotidianeidad hospitalaria deviene en un entorno de conflagración.

Rafael Correa había dispuesto un operativo militar para rescatarlo de un particular golpe de estado blando, secuestro e intento de asesinato, de los cuales aseguró ser víctima.

Alrededor de 1500 efectivos de la fuerza pública, enlistados en las tres ramas de las Fuerzas Armadas: marina, aviación y ejército -900 soldados y fuerzas especiales del grupo de contrainsurgencia GEO ECUADOR portan armas de guerra, 55 oficiales y personal de asalto del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), 106 elementos de élite del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), decenas de agentes de inteligencia y seguridad política nacionales y extranjeros-, armados para el combate, despliegan sus estrategias para someter a tres centenares de policías de tropa sublevados en el Regimiento Quito No. 1, contiguo al hospital policial.

Logran “liberar al presidente, recuperar la democracia” y limpiar de obstáculos la vía revolucionaría, instaurada en el Ecuador desde enero del año 2007. El resultado: cinco muertos, entre civiles, policías y militares; decenas de heridos; un hospital atacado. Un día de terror que marcó al país para siempre.

Ocho años después 

Al cumplirse ocho años del 30S, más de 300 personas entre civiles, militares y policías han sido procesados, varias sentenciadas por una amplia gama de delitos: tentativa de asesinato, delito contra la administración pública, homicidio simple, incitación a la rebelión de la fuerza pública, magnicidio, atentado contra la seguridad del Estado, rebelión, entre otros.

Durante este período, centenares de familias ecuatorianas, líderes políticos de oposición, periodistas, libre prensadores, críticos del gobierno o simples curiosos que ese día aterrizaron en el lugar de los hechos, denuncian haber sido víctimas de una singular cacería de brujas, con la cual se buscó silenciar a la disidencia y blindar al poder.

“El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Esta sentencia editorial publicada en febrero de 2011, les costó a Emilio Palacio y a diario El Universo, un dictamen condenatorio de la corte de Rafael Correa.

Meses después, agosto de 2011, Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, pidieron a la Fiscalía investigar a Rafael Correa, Xavier Ponce, Gustavo Jalkh y al alto mando militar, por sus responsabilidad en el ataque armado al hospital de la Policía. El fiscal Galo Chiriboga -sin ir a juicio- pidió el archivo y que se califique la denuncia de maliciosa y temeraria, pedido atendido por el conjuez Richard Villagómez.  

Con este fallo Correa contrademandó por injuria y obtuvo sentencia condenatoria en contra de los denunciantes. La CIDH emitió cautelares pero Correa desconoció la resolución, iniciándose una cruenta persecución política y policíaca. Siete años después, la Fiscalía en un giro de 180 grados empieza a descorrer el guion simulado.

Se trataba de crear un precedente histórico contra los golpistas, eso dijo Carlos Baca expresidente de la Comisión 30S, y de poner candados a cualquier posibilidad de demandas internacionales contra Correa, refirió el exlegislador Virgilio Hernández.

Esta constituye la base desde la que se puede advertir cómo varias acciones del gobierno de Rafael Correa, fueron encaminadas a ensamblar una fantasía que por años se contó como la realidad del 30S, que evidentemente concuerda con el postulado oficial del golpe de estado, secuestro e intento de magnicidio.

Para afianzar aquella fantasía gubernamental, ha sido pertinente guiar las operaciones de propaganda política, inteligencia, persecución, investigación preprocesal, judicialización, condena, y finalmente la legitimación del gobierno de la Revolución Ciudadana a través de procesos de comunicación controlados desde el poder central.

Un elemento clave a la luz en estos procesos fue la designación de Galo Chiriboga como Fiscal General, aupado por Rafael Correa. Inmediatamente, en septiembre de 2011, a través de decreto ejecutivo, se declaró el estado de excepción en la función judicial, orientado a reestructurar las cortes en lo que el expresidente llamó “la metida de mano en la justicia”.

Otro hecho insoslayable fue la creación de la Comisión 30S -constituida por tres funcionarios del Gobierno-, para acomodar las piezas, modelar los procesos judiciales y llegar hasta los “peces gordos” del golpe de estado blando: “Vamos a detener a los peces gordos y llegar hasta los cobardes cerebros que estuvieron detrás del 30S”, sentenció Correa, al crear la notable Comisión.

Los radicales cambios instrumentados en el aparato de la justicia penal a partir de entonces, dejaron ver con nitidez que uno de los objetivos del decreto presidencial, fue controlar los procesos judiciales hasta convertirlos en sentencias ejemplarizadoras en contra de los “golpistas”.

EL ORIGEN DE LA PROTESTA POLICIAL

Más allá de cualquier relato interesado, en los antecedentes del informe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (COMACO), presentado el 18 de octubre de 2010, se establecen las causas que motivaron el reclamo de policías, militares y servidores públicos:

“El 30 de septiembre de 2010, a las 8H00, aproximadamente unos ochocientos (800) miembros de la Policía Nacional iniciaron una paralización de actividades, que tuvo como centro de gravedad el Regimiento Quito No. 1, posteriormente se tomaron la sede de la Asamblea Nacional, situación que generó a nivel nacional que las unidades policiales en forma progresiva, se fueran sumando a esta medida, hasta que se evidenció una paralización nacional de la institución Policial”, se lee en el informe.

Reportes de los medios de información y declaraciones de varios funcionarios del gobierno establecieron que los sublevados en el Regimiento Quito, no pasaban de 200 a 300 policías y familiares. Según el informe del Grupo de Operaciones Especial (GOE), pasadas las 8H00, llegó a su cuartel, el presidente Rafael Correa, con la caravana presidencial, “lugar en el cual se percató que no existía ninguna novedad (…) por lo que inmediatamente sale y se traslada hasta las inmediaciones del Regimiento Quito No.1.”

Ese día, apenas llegó a Carondelet la noticia sobre el amotinamiento policial, Rafael Correa salió apresurado hacia el Regimiento Quito, antes pasó por el cuartel del GOE, con el fin de aclarar las dudas sobre la ley, pero en un primer intento los amotinados no lo dejaron entrar. En un segundo intento, el primer mandatario logró ingresar al sitio donde estaban los amotinados. Desde una ventana dijo que “nadie ha hecho más por la Policía que este Gobierno”.

Mientras hablaba de incrementos salariales, los manifestantes gritaban “eso lo hizo Lucio (Gutiérrez)”, en relación al expresidente. Ese fue el detonante que hizo estallar en furia a Correa: “Si quieren matar al Presidente, mátenme si tienen valor”, decía el exMandatario mientras se abría la camisa y la corbata.

Su reacción exaltó los ánimos de los policías y cuando intentó salir, apoyándose en un bastón, convaleciente de una operación de rodilla, recibió golpes e inhaló gases lacrimógenos que fueron lanzados en su contra.

Mientras tanto en el sector militar, según el mismo informe del Comando Conjunto de las FF.AA (COMACO), a las 9H15, “aproximadamente cuatrocientos efectivos de la Fuerza Aérea proceden a tomarse las instalaciones de la Primera Zona Aérea de la ciudad de Quito y a cerrar el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, como medida de protesta ante la aprobación de la Ley de Servicio Público”. La protesta llegó incluso al corazón del mando militar, al Ministerio de Defensa en Quito, donde según el mismo informe, “se reúne personal de voluntarios, aerotécnicos, tripulantes y servidores públicos manifestándose en contra de la Ley de Servicio Público”.

DE UNA PROTESTA POLICIAL A UN GOLPE DE ESTADO BLANDO

Durante las primeras horas de la mañana e incluso pasado el medio día del 30S, las voces más sonoras de ministros y activistas de Alianza PAIS no pronunciaban aún los términos golpe ni secuestro. Tanto es así que a las 15H15, en el canal gubernamental EcuadorTV, el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado, seguía negando la posibilidad de un golpe de Estado, aseveró que se trataba de una demanda puntual de la Policía.

La exministra Doris Solís, incluso a las 17H11, del 30-S, informó a la cadena CNN que “no se trata de un golpe de Estado, es una indisciplina grave que ha movilizado al país”, luego intentó acomodar el guion señalando que “no comunicó bien” su mensaje.

Igualmente, el exministro de Turismo Freddy Ehlers, a las 16H00 repetía que Correa estaba comandando la nación, desde el hospital policial, “está disponiendo todo lo que se debe hacer”, comentó Ehlers cuando a nivel internacional ya habían dado la alerta de la existencia de un supuesto secuestro, intento de golpe y magnicidio.

LA CLARINADA DEL GOLPE PROVINO DE CHÁVEZ

La primera señal de golpe y secuestro vino de afuera, y poco a poco fue patentado por un concierto de celebridades socialistas del siglo 21, a nivel nacional e internacional; una de los principales clarinadas, tal vez la primera y significativa, fue originada en Caracas, por el fallecido presidente Hugo Chávez, quien a las 11H12 a través de su cuenta de twitter anunció: “están tratando de tumbar al Presidente Correa. Alerta los pueblos de la Alianza Bolivariana! Alerta los pueblos de UNASUR! Viva Correa!!!”.

A esa fecha, Correa tenía en su círculo cercano a varios expertos venezolanos y cubanos, grupo en el que se destacaba Jaime Sánchez Yánez, amigo personal de Chávez y Correa. Hoy se sabe de un largo diálogo entre los dos presidentes en el que se dio forma al artificio del golpe, secuestro y magnicidio.

Una de las piezas acomodadas de ese relato es el ingreso al Hospital. “Ahora sé que cuando a mí me llevaban al hospital, entre los gases y los sublevados que me golpeaban, el director del Hospital de la Policía (César Carrión) mandó poner candados para que no pudiéramos entrar. La seguridad mía tuvo que rastrear el área, penetró por otro lado, quitaron los candados y abrieron. Luego, (Carrión) declaró a CNN que yo no estuve secuestrado, sino que estuve perfectamente atendido”, contaba Rafael Correa, días después de los hechos.

En esa sabatina el Presidente no escatimó adjetivos contra el Coronel Carrión, disponiendo desde esa tribuna la destitución del oficial y su enjuiciamiento penal.

“No solo tiene que salir inmediatamente de Director, sino que tiene que salir de la Policía Nacional por conspirador, por mentiroso y tiene que salir y tiene que si es posible juzgado porque fue parte de esa conspiración donde se trató de matar al Presidente de la república… pero Ministro Jalkh ya se lo dije, este señor inmediatamente afuera del Hospital de Policía, afuera de la Policía Nacional y hable con el Fiscal, porque este señor es parte de la conspiración… soy el Presidente de la República, pedazo de majadero, tú eres mi subalterno … entiendan esto cavernícolas…”

De la versión ofrecida por el Coronel Carrión se desprende que la citada puerta da al patio posterior y rara vez se abre. Cuando el director se entera que el Presidente se dirigía a esa entrada, solicita la llave y abre la puerta.

Al revisar el video grabado con un teléfono celular, por personal del Hospital, se evidencia que, desde entonces, la puerta permaneció abierta, en la misma aparece todo el tiempo el Coronel Carrión, con una enfermera, varios uniformados y personal civil.

Al llegar el Presidente le dan los primeros auxilios, luego se lo traslada al tercer piso, se le aplica un suero y permanece allí junto a su fisioterapista, personal de seguridad, donde recibe múltiples visitas de ministros, asambleístas, periodistas, teniendo acceso a recursos tecnológicos para comunicarse a nivel nacional e internacional, tuvo plena libertad para firmar el decreto disponiendo el estado de excepción, así como ofrecer declaraciones de prensa y disponer vía telefónica, su posterior rescate.

Al leer el informe denominado Estado de Situación, redactado por Fernando Garzón, –del cual se hablará más adelante- encontramos una versión distinta: “El Presidente de la República… se mantiene desde las 10H50 en el Hospital de la Policía Nacional en donde es atendido de emergencia por médicos y enfermeras, con síntomas de asfixia intensa, agravamiento del estado de su rodilla recién operada y algunas contusiones, producto de la acción de grupos de policías sin estructura de mando institucional

Desde el interior y al pie de la puerta de vidrio los doctores Gilberto Calle y Fernando Vargas del Hospital de la Policía hacen el control de ingreso y salida de personal médico y también de las comitivas de gobierno o de la policía”. En ningún momento, Garzón habla de secuestro.

EL TESTIGO FALSO Y EL INTENTO DE MAGNICIDIO

Rafael Correa continuó abonando la teoría del golpe de estado, secuestro e intento de magnicidio en todos los espacios mediáticos posibles.

En la entrevista con el diario La Jornada insistió que “Lo que hubo fue una agenda política que se puso en marcha desde el momento en que yo llego al Regimiento Quito y cercan la caravana presidencial. Ahí estaba el lugarteniente del coronel Lucio Gutiérrez, Fidel Araujo”. (…) Ya tenemos un testigo de cómo quiso pagarle para que dispare contra el Presidente, un testigo que ya dio su testimonio confirma y todo, puntualizó refiriéndose a Xavier Herrería, quien después de algún tiempo presentó una sorprendente denuncia penal en la Fiscalía, en contra del mandatario por supuesto abuso sexual, lo que se conoce ahora como el caso mameluco.

En una primera declaración ante la Fiscalía, el testigo protegido acusó al mayor Araujo de haberle ofrecido dinero y una cámara fotográfica con una pistola incorporada para el supuesto atentado contra el presidente; pero, en una segunda comparecencia, cuando el fiscal de la causa, José Miguel Jiménez, le mostró una fotografía de Fidel Araujo y le pidió que identifique si se trataba de la misma persona que le ofreció los 5.000 dólares, Xavier Herrería contestó que nunca lo había visto, más que en las noticias de televisión. En definitiva, el testigo era tan falso como la cámara con pistola.

EL INFORME DE UN PROTAGONISTA CLAVE

Como un tiro en el pie, así se podría definir al informe titulado “Estado de Situación 30S” escrito por Fernando Garzón Orellana, un viejo militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que ese día estuvo en el lugar de los hechos, quien acabaría luego con un cargo estelar en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

En el informe de Garzón, se habla de algunos centenares de manifestantes, no más de 5 mil movilizados en torno al Regimiento Quito, liderados por el ex canciller Ricardo Patiño y otras autoridades del gobierno. También, destaca la presencia de los sublevados que no superan las 300 personas entre policías y familiares en Quito, quienes utilizan palos, piedras y gas lacrimógeno.

Sin embargo Correa hablaba de una multitud de 100 mil personas movilizada a su rescate. Los reportes de la prensa hablaban de entre 2 y 3 mil ciudadanos en los exteriores del Hospital como frente al Palacio de Carondelet.

El escenario de secuestro del mandatario, con su amplia y variada comitiva, fue la habitación 302, ubicada en el tercer piso del Hospital de la Policía. Una descripción bastante precisa del ambiente, es la ofrecida por Fernando Garzón, en su informe. Quizá lo más revelador de su testimonio es que la Policía Nacional, en varias ocasiones le pidió a Rafael Correa que abandone el Hospital bajo su protección, pero él se habría negado. Garzón lo describe así:

“Algo está pasando. En el dormitorio de 6mt x 3mt que está a la izquierda de la puerta de ingreso a la habitación 302 donde se encuentra el Presidente Rafael Correa”, se realiza la reunión con los miembros de la Comandancia General de la Policía Nacional del Ecuador presidida por el General de Distrito Dr. Freddy Martínez Pico.

Después de 15 minutos salen los miembros del Mando Policial y se retiran del piso tres.

Oficialmente no se conoce en ese momento lo tratado en esa reunión, aunque los comentarios a viva voz de miembros de tropa de la policía ubicados en el corredor indican que se le había planteado nuevamente al Presidente Rafael Correa que salga del Hospital de la Policía con la protección y acompañamiento de la Policía Nacional hasta el Palacio de Carondelet.

Un alto funcionario del Ministerio de Coordinación Política me comenta que en una anterior visita de la cúpula policial que visitó al Presidente de la República, ya le habían planteado algo similar, lo cual fue rechazado por el Presidente de la República que en principio había exigido que él lo haría por la puerta principal y con respeto a su dignidad presidencial y con los ciudadanos movilizados que estaban en la Av. Mariana de Jesús como garantía y seguridad real o sino prefería salir como cadáver”.

EL PACTO CON LA CÚPULA MILITAR FUE PARTE DE LA OPERACIÓN RESCATE

Una vez controlado el descontento en el flanco militar, a través de acuerdos con la cúpula, antes del medio día, se empezó a organizar la participación de las Fuerzas Armadas en el conflicto que faltaba resolver: la insubordinación policial y la presencia del Presidente en el Hospital. Según el informe del COMACO: a las 12H30 en cumplimiento del Plan Militar de Defensa Interna, se activa el COC (Centro de Operaciones Conjuntas) con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes de las tres ramas.

A esta reunión asiste el ministro de Defensa Xavier Ponce. Estas acciones se ejecutaron antes de que se haya decretado el estado de excepción.

A las 13H30, según se desprende del informe militar, se toma la decisión de convocar a una rueda de prensa. El primer comunicado del alto mando militar es incompleto, solo se expresa el respeto al estado de derecho. Una hora más tarde se trasmite el mensaje completo, en la parte no difundida los militares pedían que la ley de servicio público “sea revisada o dejada sin efecto”.

Desde el cautiverio, Rafael Correa, firmó el decreto presidencial dirigido a movilizar a las Fuerzas Armadas, para controlar la insubordinación policial, dice la parte central del texto: “… en razón de que algunos integrantes de la Policía Nacional han distorsionado severamente o abandonado su misión de policías nacionales y por ende sus deberes consagrados en la Constitución y la Ley lo que podría generar gran conmoción interna en cuanto a la seguridad interna, ciudadana y humana garantizada y tutelada por la Constitución”.

El control a los medios independientes, vino de la mano de la preparación militar. Aunque la orden fue impartida desde las 13H00, a partir de las 14H00, el gobierno obligó, bajo amenaza, a todos los medios de comunicación privados a someterse a una cadena ininterrumpida, matrizada por la radio pública, el canal Ecuador TV y las estaciones incautadas.

EMPIEZA A CORRER EL GUION DEL GOLPE

Una vez fundida la cadena de medios desde las 14H00, con el paraguas del estado de excepción decretado minutos antes, empieza a correr el libreto del golpe de estado. Inmediatamente, el presidente Correa entrevistado por la Radio Pública, denuncia que se encontraba secuestrado, que su vida corría peligro y que lo sucedido no era una protesta por aspiraciones salariales, sino un intento de golpe de Estado.

Esta versión encajaba perfectamente con la difundida a las 11H12 por el presidente Chávez y acordada con el líder venezolano. La nueva versión del primer mandatario se dio, pese a que solo media hora antes, había dicho a la prensa que se aprestaba a salir del Hospital apenas se acabe el suero que se le estaba aplicando.

Simultáneamente, ECTV entrevistaba vía telefónica al director del Hospital de la Policía, César Carrión, quien desmintió la versión del economista Correa: “Aquí el personal de seguridad está cuidando al Presidente, hemos escuchado que está secuestrado, no lo considero así porque debería estar con personas que lo retengan.

Eso no está sucediendo porque estamos observándole al señor Presidente que está, inclusive, comunicándose hacia el exterior”, explicó.

Desde las 14H30, el Comando Conjunto empieza a hablar ya de la supuesta retención y secuestro del Primer Mandatario. En el informe del COMACO se informa que: “luego de haber conocido que el señor Presidente de la República se encontraba retenido por miembros de la Policía Nacional en el Hospital de esa Institución, se dispone mediante telegrama N° 2010-0286-G-3-g, dirigido al señor GRAB. Comandante de la Fuerza de Tarea No. 4 CENTRAL que prepare una Fuerza de Reacción y equipo necesario para trasladar al señor Presidente Constitucional de la República de las instalaciones del Hospital de la Policía Nacional”.

A las 15H06, con telegrama N° 20lO-0287-G-3-g, se hace conocer a las fuerzas de tarea que Rafael Correa mediante Decreto Ejecutivo 488 ha declarado el estado de excepción, para cumplir el cual tendrán que coordinar con autoridades locales civiles de su jurisdicción, a fin de que las Fuerzas Armadas procedan al control del orden interno. 

Pese a que el operativo de rescate estaba en marcha desde el medio día del 30 de septiembre, como se puede advertir del mismo informe del COMACO, sin embargo, nadie advirtió a las autoridades del Hospital, menos aún se dispuso la evacuación de los 72 pacientes, y del personal médico y civil que se encontraba en la casa de salud.

EL ROL DEL GENERAL LUIS CASTRO

El informe de las FFAA, establece que “a las 15H40, con telegrama 2010-0288-G-3-g se dispone al Comandante de la Fuerza de Tarea No, 4 “CENTRAL” que proceda a ordenar el traslado de dos (2) escuadrones de tanques transportadores de personal (VCI) y un escuadrón de tanques AMX-13 a la ciudad de Quito para su posible empleo.

Igualmente se dispuso “a la Fuerza de Tarea N° 2 OCCIDENTAL proceda a trasladar dos (2) escuadrones de material URUTÚ y un (1) escuadrón tanques CASCABEL a la ciudad de Guayaquil para su posible empleo en esa jurisdicción”.

Es decir: todo un operativo militar de guerra. Esa versión fue corroborada por el coronel Luis Castro, a esa fecha comandante de la Brigada Patria, en entrevista realizada por diario El Universo:

¿A qué hora comenzó el operativo de rescate? A las 12:30 recibí lo que llamamos una orden preparatoria. Me dijeron prepare la Brigada para rescatar al Presidente de la República.

En Latacunga decidimos convocar a 100 hombres del Grupo Especial de Comandos, a 80 miembros de Grupo Especial de Paracaidistas y a personal del Grupo de Operaciones Ecuador que es especializado en rescate y contraterrorismo. En total actuaron 700 militares.

¿De quién llegó la orden? Yo obedezco órdenes del general Hegel Peñaherrera, comandante de la Fuerza de Tarea 4; entiendo que él recibió instrucciones del Comando Conjunto”, señaló. Luego de un año de la operación militar, agosto de 2011, el Coronel Castro se transformó en General y ascendió a Jefe de la Casa Presidencial.

A las 17H30 del 30S, el COMACO comunicaba a sus unidades sobre la disposición emitida por Rafael Correa, desde su “cautiverio”:  “el Sr. Presidente en base a contacto telefónico, dispone al Sr. Ministro de Defensa Nacional y al Sr. Jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo. Para el efecto, se coordina, tanto en forma personal como vía telefónica con elementos de la seguridad personal del Sr, Presidente”.

LOS GRUPOS DE ÉLITE DE LA POLICÍA TAMBIÉN VAN AL RESCATE

Las unidades de élite de la Policía entran en escena por orden del ministro de Interior. En efecto, a las 18H30, el jefe del GOE, recibía la disposición de Gustavo Jalkh, para rescatar al Presidente. Según el informe del GOE, a las 18H40, se inicia el operativo sin encontrar resistencia de sus compañeros sublevados: “ingresamos por emergencias, y subimos hasta el tercer piso, en donde se encontraba el Presidente Constitucional del Ecuador, para lo cual tomamos posición en el lugar y brindamos seguridad a la integridad del Señor Presidente de la República; asegurando por completo el tercer piso, la ruta principal de evacuación y los accesos por ascensores y por las gradas.

Una vez ubicados y asegurado el lugar, tomé contacto con el señor Ministro del Interior, a quien le hice conocer que el GOE ya se encontraba posicionado, dándole a conocer de este particular al Primer Mandatario.

Cabe recalcar que en el lugar nos mantuvimos aproximadamente por un tiempo de ochenta a noventa minutos, esperando la disposición definitiva para la salida”, señala en su informe el jefe del GOE Cristian Miño. El GOE permaneció una hora y media esperando la orden del Presidente para su evacuación, la orden se daría solo cuando lleguen los militares, había que cumplir el libreto.  

Entre tanto en las Fuerzas Armadas, recién a las 19H30, la operación rescate estaba definida por el mando militar tras una reunión del jefe del Comando Conjunto Ernesto González, con los comandantes de las tres fuerzas de las FFAA: Patricio Cárdenas, Aland Molestina y Leonardo Barreiro, y el general Jorge Peña Cobeña, director de Operaciones del Comando Conjunto.

En esa reunión se expuso la planificación de la operación, la misma que fue aprobada con las siguientes observaciones:

  • Que la ejecución del rescate debía ser de inmediato debido a que se tenía información que existía riesgo inminente para la integridad del Sr. Presidente Constitucional de la República por lo que se dispone la ejecución inmediata de la operación.
  • Que el ingreso del personal debía realizarse con rapidez para obtener la sorpresa, y aplicando la disuasión y el principio de masa.
  • Que el personal debería ir armado con armamento NO LETAL y EMPLEAR EL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA, además únicamente parte del personal debía llevar armamento letal en caso de ser necesario su empleo de acuerdo a la situación en el área de rescate.

El primer grupo en llegar al Hospital fue el GOE, seguido del GIR, el Ejército llegó al último, a las 20H40; es decir, mientras el GOE y el GIR (Policía), especialmente el primero, tenía controlado el Hospital desde las 18H40 -sin disparar un solo tiro- formado el anillo de protección al Presidente, dispuesto casco y máscara de seguridad a Correa, y contaba con el personal suficiente para la evacuación del primer mandatario; recién a las 20H30, se inició el movimiento del ejército, desde el Colegio Militar.

Según el COMACO al arribo de las tropas al hospital fueron recibidas por “fuego cruzado y por la espalda de parte de personal de la Policía Nacional que se encontraba en dichas instalaciones,(…) Una vez consolidado el cerco interno y aislado el Hospital de la Policía, el Grupo Especial De Operaciones “ECUADOR” inició el ingreso hacia el Hospital, esta unidad recibió un gran volumen de fuego directo, sufriendo una gran cantidad de bajas, entre ellas el Sr. TCRN de E.M Vicente Guzmán Comandante de la unidad, CAPT. de I. Alex Guerra, Comandante del Primer equipo táctico del GEO con siete voluntarios, por lo que se maniobró de inmediato para neutralizar al personal armado que se encontraban vestidos de overol negro con los distintivos del GOE y GIR, a quienes se les iba obligando a rendirse.

El personal continuó su avance a través de los corredores empleando armamento no letal, instante en el cual los insurrectos lanzaron las armas al piso y levantaron las manos en señal de rendición gritando “estamos con ustedes”, uno de estos elementos, que se identifica como CAPT de Policía, fue obligado a conducir al equipo del GEO hasta donde se encontraba el Sr. Presidente (tercer piso), llegando al sitio donde lo mantenían ‘secuestrado’. el Sr. Presidente preguntó si es el ejército ¿quién había llegado?, y luego de confirmar nuestra presencia, aceptó salir, iniciando así la evacuación”, dice el informe militar.

SEGÚN LOS MILITARES EL GIR Y EL GOE TENÍAN SECUESTRADO AL PRESIDENTE

¿Quiénes mantenían secuestrado al presidente, a los ministros, al personal de seguridad presidencial, asambleístas y demás ciudadanos presentes en el tercer piso del Hospital? El jefe del operativo militar, Coronel Luis Castro, ante la pregunta de diario El Universo, de si actuaron en conjunto con el GIR y el GOE en el rescate, Respondió que “son ellos (GIR y GOE) quienes nos recibieron a bala al interior del hospital, pero al ver la presión de nuestras tropas, algunos entregaron sus armas y otros aseguraron estar con el Presidente. Yo me pregunto: ¿si eso era cierto, por qué no lo sacaron antes?”

Recordemos que los oficiales del GOE y del GIR, se encontraban desde las 18H40 junto al Presidente por disposición del Ministro Jalkh, y según declaró Rafael Correa a la Fiscalía, se encontraban resguardando su seguridad. ¿Acaso ellos eran parte de los secuestradores?

Los informes del GIR y del GOE contradicen el informe de las Fuerzas Armadas, según ellos, los militares ingresaron al hospital disparando armas de grueso calibre e incluso agredieron y sometieron a los oficiales que tenían controlado el escenario del supuesto secuestro. El jefe del GOE, informa que “estando junto al señor Presidente de la República, escuchamos el sonido de varios disparos que aparentemente se estaban realizando en los exteriores del Hospital Quito N° 1, simultáneamente el señor Teniente José Vallejo del GOE, desde su ubicación de seguridad en la planta baja, informa por la radio de que gente armada estaban ingresando realizando disparos al interior de la mencionada casa de salud así como también bombas de gas lacrimógeno y bombas aturdidoras, por lo que se vieron en la obligación de replegarse con el fin de salvaguardar la vida de las personas que se encontraban en el sector, ya que su objetivo no fue el de enfrentamiento.

Una vez sucedidos estos acontecimientos se inició la salida del Primer mandatario con la respectiva seguridad, encontrándonos en el trayecto con la presencia de gas lacrimógeno, lo cual impidió la evacuación por la ruta prevista, obligándonos a movilizarnos por una ruta alterna la misma que permitía el acceso a la sala de Neonatología en el mismo piso de la mencionada casa de salud; lugar en el cual se permaneció por un tiempo de ocho minutos aproximadamente, tiempo en el cual se verificó la ruta definitiva para la salida del Primer Mandatario.

En este proceso de verificación, nos encontramos con tres señores militares a quienes se les informó que nosotros nos encontrábamos con el señor Presidente de la República y que nos acompañen hasta el lugar antes mencionado; en el mencionado lugar hice conocer del particular al señor Comandante Andrade de que personal militar estaban en contacto con nosotros, a lo que indicó que el señor más antiguo de los militares ingrese a la habitación en la que nos encontrábamos; ya en ese lugar se realizaron las últimas coordinaciones para la salida y procedí a facilitar el equipo de protección balística (casco antibalas) al señor Presidente de la República”.

¿POR QUÉ EL PRESIDENTE ESPERÓ LA LLEGADA DEL EJÉRCITO?

La pregunta del jefe militar del operativo, Luis Castro, no puede pasar desapercibida: ¿por qué el Presidente no dio la orden al GOE y al GIR para salir del Hospital, y esperaron una hora y media, hasta la llegada de las Fuerzas Armadas? En un diálogo con Francisco Herrera de Ecuadorinmediato, en octubre de 2013, Correa aseguró que el operativo de rescate estuvo previsto para más tarde pero, que por decisión del mando militar se adelantó.

“Queríamos contar con una fuerza abrumadora para disuadir a los insubordinados”, señaló, pero, con el anticipo del operativo no se pudo contar con ese equipo militar que venía desde Ibarra.

¿Qué hubiese pasado si el Presidente era “rescatado” por las propias fuerzas de élite de la Policía? ¿Qué pasaba con las Fuerzas Armadas que llegaron a las 20H40 al Hospital, si no intervenían en el rescate? ¿Y los muertos del ejército, y los de la policía, y el civil, varios de ellos víctimas justamente del denominado fuego cruzado? ¿Y el hospital atacado? ¿Y la imagen del Presidente? ¿Y la popularidad del Gobierno?

Las imágenes de televisión y fotografías presentan una versión distinta, donde aparecen los militares fuertemente armados ingresando al Hospital. Es más, según los informes oficiales de los jefes del GOE y del GIR, quienes ingresaron al hospital disparando armas de grueso calibre y sometiendo a los oficiales de élite de la Policía que estaban protegiendo al Presidente, fueron las fuerzas especiales del Ejército.

Según el propio expresidente Correa, el GIR y el GOE participaron en su protección y rescate, pero de acuerdo con el informe militar y las declaraciones del General Luis Castro, los grupos de élite de la Policía, mantenían secuestrado al Primer Mandatario.

El informe del GIR, reseña el trascendental momento en el cual dejan de hablar los gases, las piedras, las llantas y le toca el turno a las balas: “Acto seguido se escucharon varios disparos producidos por personal militar con armas de alto poder que iban también a la evacuación del Sr. Presidente” (…) “quienes a su paso sometían a toda persona que estaba en el interior, en esos instantes el Sr. Cptn. David Díaz es desarmado por uno de los efectivos del ejército (…)”.

Debe destacarse que el capitán Díaz, del GIR, fue quien resguardó a Rafael Correa “subido sobre el estribo del vehículo hasta la altura de la avenida América, donde ingresó al vehículo junto con el Señor Presidente, acompañando su traslado hasta el Palacio de Gobierno”, señala el oficial del GIR en su informe. Otro miembro del GIR, el teniente Santiago Ordoñez es quien conduce el vehículo NISSAN PATROL, de Irina Cabezas, logrando la evacuación del primer mandatario desde el interior del Hospital.

Una vez embarcado el Presidente en el vehículo de la exasambleísta Cabezas, en medio de tiros y gases, el GOE, GIR y GEO ECUADOR (Ejército), abandonan el Hospital, momentos en los cuales cae abatido el policía Froilán Jiménez, quien custodiaba el auto presidencial. El GIR en su informe describe el ambiente:

“En la puerta de salida del mismo se encontraba apostado personal militar junto a la farmacia externa apuntando con armas largas mientras se realizaba la extracción del Sr Presidente, durante esta acción se pudo escuchar que al costado norte de la salida principal del Hospital (Departamento médico Legal) se realizaban disparos es entonces que en medio de estos disparos indiscriminados que se producían cae herido el Sr. Policía Jiménez Froilán que en lo posterior se confirmó su fallecimiento”.

¿LA BALA QUE MATÓ A FROILÁN JIMÉNEZ ERA PARA CORREA?

El protocolo de la autopsia del policía, señala que la causa de la muerte fue una “Hemorragia aguda interna, laceración de pulmón, pericardio, vena cava inferior y fractura vertebral, por penetración, paso y salida de proyectil de arma de fuego.”, y que la trayectoria del proyectil fue de abajo hacia arriba: “De derecha a izquierda, ligeramente de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás. Por las características del orificio de entrada y sin tomar en cuenta las prendas de vestir y la ausencia de productos de la deflagración de la pólvora, el disparo se ha realizado a larga distancia”.

El coronel Lenin Bolaños del GIR, el 23 de noviembre de 2010 en Radio Quito, ratificó que la bala que mató a Froilán Jiménez es munición de uso militar”. Según el oficial, a través de un análisis balístico se podría verificar que una bala con la punta normal de plomo (cubierta de cobre y la composición interna solamente de plomo) es dotación del GIR, ya que según explicó que una bala compuesta de punta de acero y plomo, como la que fue encontrada en el cuerpo de Jiménez, es de uso del Ejército.

“Para la comparación nosotros ya le hemos entregado una munición al fiscal, con eso ya se pueden sacar conclusiones”, mencionó. Ante la posibilidad de que miembros policiales sean quienes dispararon en contra de Jiménez y causaron su muerte, Bolaños afirmó que existe un video que demuestra que militares disparan sus armas al momento en que sale el carro llevando en su interior al presidente Rafael correa.

Durante la entrevista, el oficial habló de una secuencia de imágenes proporcionada por un medio de comunicación en el que se ve a un grupo de militares que están cerca de un vehículo marca Toyota, de color rojo, disparando hacia el frente del hospital de la Policía, sitio donde se registró la balacera la noche del 30 de septiembre pasado. A decir del coronel Bolaños, la secuencia de imágenes encaja justo el momento en el que los militares disparan y su compañero Jiménez cae abatido en un sector de la avenida Mariana de Jesús.

Recién posesionado como Fiscal, el 30 de octubre del año 2011, en una entrevista concedida a Diario Expreso, Galo Chiriboga Zambrano, afirmó que el tiro que mató a Froilán Jiménez, “no iba a Froilán, iba al Presidente de la República”. ¿En qué elementos técnicos, pruebas y peritajes basó esta afirmación la principal autoridad de la fiscalía, y por qué lo hizo pública?

En la comparecencia a la Asamblea Nacional, en junio de 2013, Galo Chiriboga repitió no solo que la bala que mató a Froilán Jiménez estaba dirigida al Presidente, sino que el indicio de esa hipótesis es la autopsia realizada a Jiménez, que determina que el proyectil que impactó en su cuerpo tiene similitud a los de dotación militar.

Es decir, tres años después de los hechos, el Fiscal levantó un criterio que coincide con lo expuesto en octubre de 2010 por el exjefe de GIR, Lenin Bolaños y la hermana de Froilán Jiménez, Sandra Jiménez, quien anunció que tenían ya identificado al militar que disparó, pero que las Fuerzas Armadas se resisten a entregar la nómina de efectivos que participaron en el operativo, con lo cual se podría descubrir la identidad exacta de quien disparó el arma de la cual salió la bala que iba dirigida al Presidente, pero que acabó con la vida de su hermano Froilán. Estos elementos moverían 180 grados el curso de las investigaciones.

Las Fuerzas Armadas sostienen que fueron ellos quienes lideraron el operativo de rescate y ‘liberaron’ al Presidente: “Al organizar el dispositivo de evacuación, en la vanguardia se encontraba el GEO ECUADOR, abriéndose paso ante la posible reacción de los secuestradores (…)

“EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN se alcanzó gracias a la Unidad Institucional de las Fuerzas Armadas ante la Patria en ese momento de crisis, al profesionalismo de las unidades militares que intervinieron, el efectivo liderazgo, en todos los niveles de mando antes, durante y después de la operación, así como la actitud valerosa de lodos los soldados comprometidos en el RESCATE del Sr. presidente de la República.”

Por el contrario, los informes del GOE y del GIR establecen que las fuerzas especiales del ejército abrieron fuego contra el Hospital, y se sumaron en los últimos momentos al rescate: “Fue el personal policial del GOE, grupo élite de la Policía Nacional, quien resguardó la salida del señor presidente de la República del Ecuador desde su habitación (302) en el tercer piso del Hospital de la Policía Nacional, hasta su salida de este centro de salud; y que otras unidades policiales y militares, formaron parte de este operativo en los últimos momentos del mismo.”

LOS SACRIFICADOS DE LA DEMOCRACIA

La vida de 5 ecuatorianos: 2 policías, 2 militares y 1 civil, fue el legado trágico de un día en el cual la razón, la ley y el decoro se postraron ante un carnaval de balas y bravuconadas, un día más, de tantos que suma la Patria, en el cual el pueblo quedó como un niño sin manta.

Froilán Jiménez G. Cabo segundo del GIR, 29 años. Tercero de nueve hijos de una familia lojana. Deja viuda a Mabel Ubidia, también policía, y un hijo de dos años.

Efrén Calderón Landeta. Cabo segundo de policía, 29 años. Deja una viuda, Alexandra Cadena, y un hijo de un año y medio.

Jacinto Cortez Jaya. Militar, 25 años. Segundo de tres hermanos, deja viuda a Consuelo Lema, estaba embarazada de dos meses, y deja huérfano a un niño de un año.

Darwin Panchi Ortiz. Militar. Recibió un impacto de bala en el cráneo. Fue ingresado en el área de cuidados intensivos, falleció dos días más tarde, por afectación neurofuncional.

Juan Pablo Bolaños. Civil, de 24 años, estudiante de Economía de la Universidad Central. Soltero. Se encontraba al frente del hospital Metropolitano. Recibió dos impactos que lo mataron de contado.

Las vidas de soldados y policías, cuando se las ofrendan en combate, se cuentan como bajas, así se registran en los informes de los cuarteles; para sus familias, sin embargo, son pérdidas eternas, insufribles, irrecuperables como las lágrimas.

 

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