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Wilfrido Villagomez y Varela, una alianza dorada
En el buen romance del reparto en la Asamblea Nacional, a Washington Varela le dieron el manejo de algunas instituciones en Napo (al menos la dependencia de Salud, Ambiente y el MTOP) y hasta nombró gobernador.
Varela sentó en la silla de la gobernación a Wilfrido Villagomez, dio su aval, pero el asambleísta lo ha negado en reiteradas ocasiones en medios de comunicación locales.
Pese a que el legislador se ha desmarcado de la designación del gobernador, hay ciertos detalles que los unen. Villagomez ha sido arrendatario de la casa de la suegra de Washington Varela, Esperanza Yépez de Lascano. La línea telefónica de la esposa del gobernador, Patricia Galán Sánchez, aparece registrada en esta casa vino que curiosamente está en una calle llamada YUTZUPINO.
Washington Varela, después de impedir que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea contribuya con la Comisión de Biodiversidad en la investigación sobre la minería ilegal en Napo, desmintió, desesperadamente, la noticia de Ecuavisa sobre las 100 retroexcavadoras decomisada. El asambleísta rompió en indignación y tildó al medio de irresponsable.
El Ministerio de Gobierno ya confirmó que hasta el 23 de febrero del 2022 había 124 retroexcavadoras retenidas.
Wilfrido Villagómez ha sido acusado por colectivos ciudadanos de Napo de tener maquinaria operando ilegalemente en Yutzupino; el gobernador lo ha negado hasta el cansancio.
Pero no solo la sociedad civil tiene sus sopechas, el agente fiscal Diego Segovia, en una comunicación de diciembre del 2021, advirtió al fiscal Alejandro Arias que “existe un fuerte rumor en la población local que esta actividad minera presumiblemente se estaría desarrollando bajo autorización de la referida autoridad”, el gobernador Wilfrido Villagomez.
Esto fue confirmado por la fuente de Yutzupino que relató las muertes durante la extracción de oro en el sector.
El gobernador ha dado hasta ruedas de prensa, como la del 20 de diciembre del 2021, donde anuncia acciones contundentes contra la minería. Junto a él estuvieron varios de los responsables del festín minero como Wilson Andi, entonces presidente de Yutzupino.
El 9 de febrero del 2022, colectivos sociales solicitaron al fiscal provincial se investigue a Wilson Andi, pues él se habría convertido en el puente para el ingreso de la maquinaria.
Mientras el fiscal del Napo Alejandro Arias montaba sus operativos tibios, el gobernador armaba su propio performance “para combatir la minería ilegal”. Previo a la intervención militar del 13 de febrero del 2022 en el Operativo Manatí, no se registra ningún golpe contundente ni desalojo de mineros ilegales, ni incautación de maquinaria, ni señalamientos directos a los presuntos responsables. Cada expresión pública de la autoridad terminó siendo un montaje.
Como si fuera poco fue el mismo gobernador el que anticipó de manera pública el 10 de febrero del 2022 en la radio Arco Iris del Tena, que se venía un gran operativo en contra de la minería ilegal en Napo.
El anuncio provocó que varios mineros pongan a buen recaudo la maquinaria. La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, terminó defendiéndolo.
Todos los caminos conducen a los candidatos de la alianza AP- Antisuyo Ushito
El asambleísta Washington Varela tiene otros protagonistas cercanos que estarían vinculados al negocio de la minería ilegal en Napo. Más que compañeros son sus coidearios. Todos ellos confluyeron en las elecciones seccionales del 2019, cuando se concretó una coalición entre Alianza País (AP), Antisuyo Ushito (movimiento local de Varela) y Democracia Sí. Todos pasaron por las filas de Alianza PAIS
El actual asambleísta fue candidato a la prefectura de Napo y perdió. Sus compañeros de fórmula, como candidatos a la alcaldía de Tena y Arosemena Tola, fueron César Espíndola (El Oso) e Isaías Pasochoa, respectivamente.
César Espíndola, su hijo Esteban, y su hermano Patricio, exgobernador del Napo puesto por Lenín Moreno, aparecen en un informe de inteligencia del 2021 que llegó al presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio. Espíndola fue acusado por la empresa china Terraearth Resoruces de ser minero ilegal de la concesion Confluencia, ubicada en Yutzupino.
Isaías Pasochoa se casó con la minería
Era diciembre del 2017, cuando el Alcalde de Arosemena Tola Isaías Pasochoa sellaba su alianza con Jimena Camacho y con Peng Yongming, gerente de Terraearth Resources, como padrino. Así fue el acuerdo de Isaías Pasochoa con la minería china, una unión que ha degradado más del 50% de los ríos del cantón, según un estudio de la universidad Ikiam.
Como buenos socios, Isaías y Peng emprendieron sus negocios. No es secreto, por las calles de Arosemena Tola corre como leyenda urbana que la minera china puso al alcalde de Arosemana Tola. Concretamente, Isaías Pasochoa ganó esa alcaldía en 2019 de la mano de Alianca PAIS y Ushito (Washington Varela).
Pasochoa es un acérrimo seguidor del correísmo, militante desde el auge de la Revolución Ciudadana. Antes de ser alcalde y líder de AP en su cantón, Pasochoa ejerció el cargo de Comisario de Polícia de Arosemena Tola por designación del entonces gobernador Patricio Espíndola.
Un informante de Arosemena Tola que solicitó guardar su anonimato señaló a Jonh Pasochoa, hermano del alcalde, como su operador minero ilegal que trabaja en acuerdo con Terraearth para explotar oro en sus concesiones Regina 1S y Vista Anzu, a sus anchas, destruyendo todo y sin licencias. “Jonh Pasochoa tiene maquinaria en Yutzupino y opera junto a los chinos.
Él facilita el combustible que obtiene en la gasolinera de Santa Clara y abastece a otros mineros ilegales del cantón”, reveló el informante. Jonh intentó esconder maquinaria atrás de la casa de su hermano, durante el Operativo Manatí, según la fuente.
Con la ayuda del alcalde Isaías Pasochoa y su hermano, los mineros ilegales y la empresa china Terraearth crearon sus propia seguridad en Arosemena Tola. Se trata de una guardia de aproximadamente 100 personas, organizadas en chats comunitarios que se activan cada vez que la autoridad hace operativos en las concesiones Regina 1S, Vista Anzu y sus inmediaciones.
Llegan en sus camionetas, algunos armados, sin placas y alevosos a retar a funcionarios del Ministerio del Ambiente y la ARCERNNR, quienes hacen operativos tibios en el sector. “Tibios” con todas las letras, pues no existen registros de haber parado la minería ilegal ni detenido la devastación causada por Terraearth en Arosemena Tola
Terraearth miente cuando asegura en una respuesta de descargos al asambleísta Fernando Villavicencio “que acata las disposiciones de las autoridades de control”. Pero el 27 de octubre de 2020 el Ministerio de Ambiente ordenó la suspensión total de las actividades mineras de las concesiones Regina 1S y Vista Anzu por incumplir la normativa ambiental vigente; existen registros de que la empresa nunca dejó de explotar.
La minera Terraearth fue sorprendida minando el 5 de septiembre del 2021, por el Consejo de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, pese a existir prohición expresa.
El 26 de agosto del 2021, el Ministerio de Ambiente, ARCENNR, y el Ejército realizaron un operativo a un frente minero de Terraearth operado por el hermano del alcalde, Jonh Pasochoa.
Un estudio de la Universidad Ikiam y otro informe de marzo del 2021 emitido por el colectivo Geografía Crítica coincidió en que “no existe aplicación de mecanismos técnicos necesarios para el manejo de desechos y la prevención de la contaminación del agua y el suelo”, en las concesiones de Terraearth. Además estos informes apuntan a la empresa china como la causante de la muerte del río Chumbiyacu y la modificación del cause de los ríos en el cantón.
La Defensoría del Pueblo de Napo presentó el 10 de noviembre del 2020 una denuncia en contra de la empresa china Terraearth, por la devastación ambiental que ha causado en el sector del Progreso de Chumbiyacu, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola y por falta de cumplimiento del plan de manejo ambiental. No hay inspección ni operativo que valga, a los chinos no los saca nadie, mucho menos si el compadre de Peng es capataz del cabildo.
Bonilla, otro alcalde minero
Telmo Andrés Bonilla Abril es alcalde de Archidona, es dueño de una empresa que tiene tres concesiones mineras de oro aluvial en Napo: Humabuno 1, 2 y 3, en el sector de Ahuano. El 04 de diciembre de 2017, mediante Resolución Nro. 142-ENAMIEP-2017, ganó las concesiones para explotación de oro la empresa de Bonilla, Transconmi Construcciones Cía. Ltda.
El Alcalde de Archidona, es proveedor autorizado de las retroescavadoras marca Doosan. Bonilla Abril sigue operando en el Proyecto Huambuno, sin licencia ambiental. En una inspección realizada por el Ministerio del Ambiente a la concesion del alcalde de Archidona, Huambuno 3 (código 403019), se detectó la presencia de mineros ilegales y la explotación de oro aluvial sin licencia ambiental
En el registro de un operativo del Ministerio de Ambiente del 12 de junio del 2020, Andrés Bonilla Abril aparece como operador de las tres concesiones Sí, Bonilla ya era Alcalde y seguía haciendo minería ilegal de oro en su propia concesión legal.
La prefecta del Napo le entregó todo a la minería
El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció con fotografías del 22 y 23 de noviembre del 2021 que una gabarra de la Prefectura del Napo ayudaba a cruzar por el río Ahuano maquinaria pesada de operadores mineros ilegales. Esas retroescavadoras arribaron a las concesiones del alcalde de Archidona: Huambuno 1,2 y 3
La prefecta de Napo Rita Tunay habría permitido la explotación ilegal de oro en las concesiones de áridos y petreos del propio GAD provincial del Napo, que están en Yutzupino y colindan con la concesión de Terraearth, Confluencia.
La fuente de Yutzupino que contó cómo los mineros dejaron a su paso un cementerio, aseguró que en el sector se vio vehículos de la prefectura del Napo abasteciendo combustible a los mineros ilegales. En fin, no resultaría nada extraño.
