Corrupción archivos - Periodismo de Investigación

La esperanza del país de duplicar su producción petrolera que ahora es de casi $500 mil barriles diarios puede esfumarse si uno de sus mayores pozos pasa a manos de una compañía que nunca ha producido un solo barril de crudo y que presenta, como sus credenciales, un proceso de exploración en curso en Colombia, varios otros proyectos en etapa de investigación y menos de 6 meses de operaciones en Ecuador.

El pasado 7 de marzo pudo ser el día de ponerle fin a una parte del pasado, era el momento de acabar con el control corporativo que impuso un grupo de empresas internacionales sobre la Flota Petrolera Ecuatoriana y las tarifas que estas cobran por el transporte de crudo.

El caso Yutzupino abrió el camino para seguir la pista de varias autoridades de la provincia del Napo que mantienen complicidad con la explotación ilegal de Oro; en estos apuntes delineamos los poco conocidos camino de la ilegalidad en la Amazonia.

El pasado 15 de mayo fue histórico para algunos políticos del Ecuador. Un día de esos que le cambian la vida a cualquiera. Se la transformó, por ejemplo, a la asambleísta por el Guayas de la Izquierda Democrática, Bella Jiménez.

Daniel Salcedo Bonilla, enjuiciado en 4 procesos penales y sentenciado en dos de ellos con condenas que suman 17 años por actos de corrupción cometidos en plena crisis sanitaria, construyó un entramado empresarial en medio de vínculos con políticos y con autoridades del sistema de salud pública; acumuló dinero en cuentas bancarias, bienes y acciones por $4 millones.

Durante la gestión presidencial de Lenín Moreno, cuyo periodo finalizó en mayo, la Fiscalía General tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Como parte del proyecto transfronterizo 'Vigila la pandemia’*, el siguiente informe detalla varios de los casos emblemáticos, que implican a funcionarios, empresarios e incluso a los hijos del exmandatario ecuatoriano Abdalá Bucaram

Andrés Arauz fue uno los protagonistas del proyecto del Buen Vivir que tanto pregonó la revolución ciudadana. Como funcionario de la Secretaría de Planificación del Estado jugó un papel preponderante en el agresivo endeudamiento y la aprobación de proyectos que buscaban el ansiado cambio de la matriz productiva; pero todas esas obras que autorizó como prioritarias están marcadas por la discrecionalidad, las fallas técnicas y la corrupción. Periodismo de Investigación hace una revisión a las responsabilidades de Arauz en cada una de las decisiones que han marcado la tragedia del país. De la emisión de bonos global a la compra de los aviones presidenciales; de la priorización de proyectos sobrepreciados y no necesarios como Manduriacu o la autorización de todas las obras de Odebrecht, el camino de Andrés Arauz es el fracaso de llamado Sumak Kawsai.

Un informe reservado en poder de Periodismo de Investigación, elaborado por la inteligencia del Estado, con base a información brindada por colaboradores del correísmo, deja al descubierto la recomposición de la disuelta Senain, el cuerpo de inteligencia de ese gobierno que ha empezado a operar de forma clandestina, con el objeto de enfrentar las elecciones presidenciales de febrero de 2021 y atentar contra objetivos electorales y otros identificados con los códigos DTR (detractores) y TRD (traidores), entre los que se destacan la fiscal del Estado Diana Salazar y la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint.

Un médico de la provincia de Cañar dice haber sido deshonrado por un mensaje en la red social twitter que lo señala a él y su familia como poseedores de carnés de discapacidad. El demandante tuvo la coincidente suerte que el caso cayó en manos de un juez que también obtuvo un carné de discapacidad. El autor del mensaje de twitter, ahora demandado, es el periodista Fernando Villavicencio. Así, en ese mundillo de discapacidades se cocinó un nuevo engendro persecutorio en contra del periodismo y la libertad de expresión.

El gerente de Terminal Portuario de Manta (TPM) Samuel Franco junto al abogado Roberto Barriga dialogaron vía telemática con Periodismo de Investigación sobre el proceso de delegación del puerto, las observaciones de Contraloría, las inversiones y las presiones de grupos sociales contrarios al operador privado.

Etiqueta: Corrupción

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