Corrupción archivos - Periodismo de Investigación

El pasado 15 de mayo fue histórico para algunos políticos del Ecuador. Un día de esos que le cambian la vida a cualquiera. Se la transformó, por ejemplo, a la asambleísta por el Guayas de la Izquierda Democrática, Bella Jiménez.

Daniel Salcedo Bonilla, enjuiciado en 4 procesos penales y sentenciado en dos de ellos con condenas que suman 17 años por actos de corrupción cometidos en plena crisis sanitaria, construyó un entramado empresarial en medio de vínculos con políticos y con autoridades del sistema de salud pública; acumuló dinero en cuentas bancarias, bienes y acciones por $4 millones.

Durante la gestión presidencial de Lenín Moreno, cuyo periodo finalizó en mayo, la Fiscalía General tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Como parte del proyecto transfronterizo 'Vigila la pandemia’*, el siguiente informe detalla varios de los casos emblemáticos, que implican a funcionarios, empresarios e incluso a los hijos del exmandatario ecuatoriano Abdalá Bucaram

Andrés Arauz fue uno los protagonistas del proyecto del Buen Vivir que tanto pregonó la revolución ciudadana. Como funcionario de la Secretaría de Planificación del Estado jugó un papel preponderante en el agresivo endeudamiento y la aprobación de proyectos que buscaban el ansiado cambio de la matriz productiva; pero todas esas obras que autorizó como prioritarias están marcadas por la discrecionalidad, las fallas técnicas y la corrupción. Periodismo de Investigación hace una revisión a las responsabilidades de Arauz en cada una de las decisiones que han marcado la tragedia del país. De la emisión de bonos global a la compra de los aviones presidenciales; de la priorización de proyectos sobrepreciados y no necesarios como Manduriacu o la autorización de todas las obras de Odebrecht, el camino de Andrés Arauz es el fracaso de llamado Sumak Kawsai.

Un informe reservado en poder de Periodismo de Investigación, elaborado por la inteligencia del Estado, con base a información brindada por colaboradores del correísmo, deja al descubierto la recomposición de la disuelta Senain, el cuerpo de inteligencia de ese gobierno que ha empezado a operar de forma clandestina, con el objeto de enfrentar las elecciones presidenciales de febrero de 2021 y atentar contra objetivos electorales y otros identificados con los códigos DTR (detractores) y TRD (traidores), entre los que se destacan la fiscal del Estado Diana Salazar y la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint.

Un médico de la provincia de Cañar dice haber sido deshonrado por un mensaje en la red social twitter que lo señala a él y su familia como poseedores de carnés de discapacidad. El demandante tuvo la coincidente suerte que el caso cayó en manos de un juez que también obtuvo un carné de discapacidad. El autor del mensaje de twitter, ahora demandado, es el periodista Fernando Villavicencio. Así, en ese mundillo de discapacidades se cocinó un nuevo engendro persecutorio en contra del periodismo y la libertad de expresión.

El gerente de Terminal Portuario de Manta (TPM) Samuel Franco junto al abogado Roberto Barriga dialogaron vía telemática con Periodismo de Investigación sobre el proceso de delegación del puerto, las observaciones de Contraloría, las inversiones y las presiones de grupos sociales contrarios al operador privado.

La trama de corrupción del bloque petrolero Singue queda al descubierto. Utilizaron el poder para beneficio particular. Se apropiaron de información pública y armaron un laberinto offshore. Retacearon el mapa petrolero y convirtieron en bloque a un pequeño campo compartido. Generaron simulación contractual y aparentaron licitación pública. No arriesgaron en exploración, el dinero salió del mismo cuero del Estado. Tampoco descubrieron un barril nuevo de petróleo, las reservas ya estaban descubiertas. Este es un nuevo episodio de la generosidad del Estado papá.

El uso del sistema penal para acosar a la actividad periodística vuelve a cobrar vigencia. El blanco de un nuevo episodio de persecución, al estilo del correismo, es el periodista y fundador de este portal, Fernando Villavicencio, quien deberá presentarse a una audiencia de juzgamiento el 21 de julio de 2020, dentro de un proceso penal en el que no fue notificado en el plazo que establece la ley y que por lo tanto es nulo.

El informe Lucas Majano que este portal publicó hace un año y que detalló el financiamiento ilegal de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Lenín Moreno y Jorge Glas en 2017, tiene una extensión llamada “Arroz Moreno”, denunciada por La Posta, que corresponde al financiamiento irregular de la consulta popular que el actual presidente promovió en 2018. Periodismo de Investigación accedió a los gastos auditados de la campaña por el SI que el Movimiento Alianza PAIS presentó al Consejo Nacional Electoral y descubrió irregularidades que no investigó el organismo electoral.

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