La emergencia sanitaria por el Covid-19 ha expuesto con mayor notoriedad los altos niveles de corrupción en Ecuador, que ha destinado 664.8 millones de dólares para atender la crisis sanitaria, de acuerdo con cifras oficiales. En solo tres meses, de marzo a mayo de 2020, la Contraloría había comenzado 53 auditorías a las compras públicas de insumos médicos. Los primeros indicios apuntaban a sobreprecios de hasta el 9.000% en contratos. En el Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC) de 2020 —en el que 0 significa corrupción elevada y 100 sin corrupción— Ecuador obtuvo 39 sobre 100. 

Durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19, los casos de presunta corrupción en Ecuador se incrementaron a tal punto que la Fiscalía General tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada. Para mayo de 2021, el equipo fiscal tenía más de 160 investigaciones abiertas por este tipo de casos, según informó la entidad a GK y Periodismo de Investigación (PI), en el marco del proyecto trasfronterizo ‘Vigila la pandemia’. A continuación se desarrollan los casos más emblemáticos.

Los kits con sobreprecio

El 11 de mayo de 2020, Alexandra Ocles renunció a su cargo como secretaria nacional de Gestión de Riesgos, una de las instituciones que lideró la respuesta del Estado a la pandemia. Lo hizo cuatro días después de que el medio digital Primicias denunciara supuestos sobreprecios en la compra de 7 mil kits de alimentación para entregar a familias en situación de riesgo. Según un informe de la Contraloría, el sobreprecio sería del 40,2%. Además de Ocles, estarían involucrados otros cinco funcionarios públicos. 

Ocles intentó justificar el pago de 150 dólares por kit —que estaban valorados en 86 dólares— diciendo que incluían tres paquetes de “un tallarín que no tiene gluten”. De acuerdo con su versión, así iban a evitar afectar la salud de las familias en vulnerabilidad con alergia a este componente. Un día después de la renuncia de Ocles, la Fiscalía pidió una audiencia de formulación de cargos en su contra por presunto tráfico de influencias. 

En la audiencia preparatoria de juicio del 6 de noviembre del año pasado, la jueza Daniella Camacho, de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, se declaró incompetente y ordenó que el caso se envíe a un juez ordinario para continuar con el trámite. Finalmente, en febrero de 2021 una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón conoció la causa. Más de un año después, todavía no hay respuestas sobre el caso en el que se investiga un contrato de más de 1 millón de dólares. 

Crimen organizado en hospitales

En los hospitales de la Red Pública Integral de Salud —que incluye a los manejados por el Ministerio de Salud y por el Instituto de Seguridad Social (IESS)— abundan las investigaciones por supuestos actos de corrupción. Algunos comenzaron incluso mucho antes de la pandemia. 

El más grande es por presunta delincuencia organizada por compras irregulares de insumos médicos en el Teodoro Maldonado Carbo, un hospital del IESS de Guayaquil. La Fiscalía informó en 2020 que en esta casa de salud hay una organización delictiva que desde 2017 se ha beneficiado con órdenes de pago por “actos dolosos” que permitieron a su vez que terceros se beneficiaran indebidamente con fondos del hospital. 

En el proceso están incluidos funcionarios del hospital como coordinadores, directores administrativos, encargados de compras públicas y personal de farmacia. El monto investigado en las compras irregulares que se extendieron hasta 2020 es de más de 11.9 millones de dólares.

El 1° de marzo de 2021, debía realizarse la audiencia preparatoria del juicio de este caso, pero no se hizo porque uno de los procesados se acogió al procedimiento abreviado (admitió cometer el delito y su pena fue rebajada). Todavía no se ha confirmado una fecha para el juicio de los otros presuntos involucrados. 

Además de delincuencia organizada, en el Teodoro Maldonado Carbo también se investiga el presunto delito de peculado en la compra injustificada de insumos médicos. En este caso fueron vinculados el exgerente y el exdirector técnico del hospital. Además, otros funcionarios del área de contratación pública y del departamento financiero. De acuerdo con la Fiscalía, por un supuesto desabastecimiento se hicieron cinco convenios de pago que no constan en los registros del Servicio de Contratación Pública y que no fueron debidamente justificados. El monto investigado en este caso es de más de 3 millones de dólares. 

En el Hospital Básico de Durán, también del IESS, se abrió un proceso por presunta delincuencia organizada en la adjudicación de contratos por 3.6 millones de dólares. Según la Fiscalía, en el centro de salud había una estructura criminal que direccionaba contratos con sobreprecios que suman más de 782 mil dólares. La institución sindicó a 17 personas implicadas. La denuncia señala que los contratistas hacían transferencias a los funcionarios del hospital para asegurar los contratos. Incluso se hicieron pagos al hermano del director del hospital. El caso está en audiencia preparatoria de juicio. 

El 8 de mayo de 2020, la Fiscalía Provincial de Tungurahua allanó el Hospital Docente Ambato por supuestos actos de corrupción. Luego de esas pericias abrieron una investigación por alteración de evidencias y elementos de prueba en la compra de overoles y mascarillas por más de 216 mil dólares. De acuerdo con la Fiscalía, los documentos físicos de la compra de esos insumos (con presunto sobreprecio) habrían sido sacados del edificio antes del allanamiento. Este es uno de los procesos que menos ha avanzado, pues continúa en indagación previa, que es una etapa preprocesal. 

Lazos de familia

En Ecuador, existen casos en los que la corrupción tiene origen o conexión con un negocio familiar. Los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla son parte de varias investigaciones asociadas a operaciones comerciales durante la pandemia. 

En junio de 2020, el empresario Daniel Salcedo y su novia, Jocelyn Mieles, intentaron escapar del país en una avioneta pero se accidentaron a 30 kilómetros de la frontera de Ecuador, en la ciudad peruana de Tumbes. El accidente dejó al piloto muerto y a Salcedo y Mieles heridos. La entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que antes de convertirse en prófugo, Salcedo ya había sido relacionado “a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos” en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19. 

Desde su captura, los actos de corrupción en los que Daniel Salcedo estaría involucrado se fueron apilando. En la actualidad, cumple una sentencia de cuatro años de prisión por fraude procesal y es uno de los principales sospechosos en la trama de corrupción que investiga la Fiscalía en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayas.

Después del accidente de Daniel Salcedo, las autoridades detuvieron a su hermano Noé en la frontera con Perú. En su posesión encontraron 47 mil 600 dólares en efectivo. Noé Salcedo no puedo justificar el origen de ese dinero. La Fiscalía abrió una investigación por presunto lavado de activos en la venta ilegal de insumos médicos contra los hermanos Salcedo. En este caso también se investiga a seis empresas y otros proveedores del Estado. Según la Fiscalía, el monto lavado es de 3 millones de dólares. La audiencia de juzgamiento contra los involucrados continúa. La Fiscalía ha solicitado el testimonio de más de 100 personas. 

La lista de investigaciones por presunta corrupción en las que estarían involucrados los hermanos Salcedo Bonilla es extensa. Daniel Salcedo es uno de los procesados por el presunto sobreprecio de más del 1.000% en la compra de 4 mil bolsas para cadáveres en el Hospital de Los Ceibos del IESS, en Guayaquil. De acuerdo con la Fiscalía, las autoridades del centro de salud adjudicaron un contrato para comprar cada bolsa por 148.50 dólares, pese a que el precio por unidad en el mercado es de apenas 12 dólares. En agosto de 2020, su abogado, Luigi García, dijo en una entrevista que Daniel Salcedo “nunca le ha vendido (insumos) a ningún hospital ni al Ministerio de Salud Pública”. 

Daniel y Noé Salcedo también están procesados en una investigación por presunta delincuencia organizada en la venta de medicamentos con sobreprecio en los hospitales del IESS. La Fiscalía dice que “como parte de una organización delincuencial”, varios funcionarios de la Seguridad Social y empresarios se habrían beneficiado de convenios de pago irregulares para la venta de insumos. La Fiscalía presume que estaban involucrados altos funcionarios del IESS, incluyendo a Paul Granda, exdirector del Consejo Directivo del IESS; exgerentes y empleados de los hospitales. El pasado 17 de mayo, un juez los llamó a juicio por su implicancia en este caso. 

En noviembre de 2020, poco después de ser implicado en la investigación, Granda dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter que “miles de personas saben que jamás he cometido un delito y que jamás me he prestado para nada irregular”. Agregó que por eso tenía que defenderse y demostrar “con contundencia que en el país existen inocentes que lamentablemente son presa del odio, del cálculo político y de intereses ocultos”.

Los Salcedo no es la única familia relacionada con varios procesos. La Fiscalía también vinculó a los hermanos Jacobo, Michel y Abdalá Bucaram Pulley —hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Además, incluyeron en la investigación a  Gabriela Pazmiño, esposa de Abdalá Bucaram Pulley. La Fiscalía afirma que presuntamente participaron en una red que vendía y distribuía insumos médicos con sobreprecios a hospitales de Guayaquil.

El caso está siendo procesado actualmente por la Unidad Judicial Norte Penal de Guayaquil. El 13 de mayo último, un juez dictó sobreseimiento para Gabriela Pazmiño, y los hermanos Michel y Abdalá Bucaram Pulley. Con esa decisión, se deben revocar las medidas cautelares contra los procesados. Aunque la Fiscalía apeló oralmente la decisión del juez, se eliminaron las órdenes de prisión preventiva que había contra ellos. Medidas que ninguno cumplió porque estuvieron fuera del país desde marzo de 2020, de acuerdo con sus registros migratorios. A finales de mayo reciente, volvieron a Ecuador.

Las investigaciones contra Michel y Abdalá Bucaram Pulley terminaron, pero los procesos continúan para su hermano Jacobo y para su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Los dos fueron vinculados por la Fiscalía a una investigación por presunta delincuencia organizada en la venta ilegal de pruebas de Covid-19 y de mascarillas. Según la Fiscalía, el expresidente y tres agentes de tránsito serían parte de un “grupo estructurado” que planificó actividades delictivas que se cometieron entre noviembre de 2019 y agosto de 2020. La audiencia preparatoria de este juicio de este caso ya se ha diferido cuatro veces. 

Corrupción municipal

La Fiscalía está investigando casos de corrupción en dos instituciones del Municipio de Quito, la capital de Ecuador. El primero es por presunto peculado en la compra de equipos de protección personal para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) del Municipio de la Ciudad. De acuerdo con la Fiscalía, habría sobreprecio en un contrato de más de 167 mil dólares para comprar equipos de protección. 

Hasta la máxima autoridad de la Ciudad está siendo investigada por supuesta corrupción. El 30 de abril, Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito, y otras 13 personas fueron llamadas a juicio por presunto peculado en la compra de 100 mil pruebas para detección de Covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio. Según la Fiscalía, Yunda conocía que las pruebas que entregó el proveedor —la empresa Salumed S.A.— no eran las que constaban en el contrato firmado por más de 4.2 millones de dólares.

El proceso está en la Corte Provincial de Pichincha. Yunda tiene que cumplir con medidas cautelares como presentación periódica ante una autoridad, prohibición de salida del país y, desde 19 de febrero, el alcalde de Quito usa un grillete electrónico. 

Tras conocerse estos casos, debe resaltarse que la corrupción tiene además un costo e impacto social: cientos o miles de personas que fueron afectadas por los sobreprecios, la delincuencia organizada y los múltiples delitos que las autoridades siguen investigando.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela).