MUNICIPIO DE QUITO: ASÍ ENCUBRIERON LA CALIDAD DE LAS PRUEBAS DE COVID

“Las flores guárdalas para los muertos”. La lapidaria frase la escribió el académico Miguel Ángel García en un mensaje a la secretaria técnica de Salud del Municipio, Linda Guamán. Era mediados de julio de 2020, todas las autoridades municipales entendían que habían celebrado un contrato con sobreprecio en la adquisición de pruebas para la detección de COVID19. Pero no era lo peor, chats y diálogos por WhatsApp denotan que además intentaron tapar la calidad de las pruebas.

MUNICIPIO DE QUITO: ASÍ ENCUBRIERON LA CALIDAD DE LAS PRUEBAS DE COVID

En los momentos de mayor oscuridad el Municipio de Quito abrió una brecha de esperanza: la Secretaría de Salud del Municipio de Quito firmó un “Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR Polimerasa”, con la empresa Salumed S. A., el objetivo fue la compra de 100.000 pruebas a 4’226.880 dólares.

Cada prueba tuvo un costo individual de $42,26, pero su valor no era primordial, porque la detección de la enfermedad de forma temprana ayudaría a controlar la pandemia, al menos eso pensamos.

El contrato se suscribió el 16 de abril de 2020 entre el entonces secretario de Salud Lenin Mantilla Colamarco, y Alejandro Vinelli Ayala, representante de la empresa Salumed S. A.

Pero todo marchaba mal, al punto que la Fiscalía allanó la Secretaría de Salud  el 27 de mayo de 2020.

GATO POR LIEBRE

Con recursos públicos de la ciudad, el Municipio de Quito –a través de la Secretaría de Salud- compró PCR Polimerasa para diagnosticar Covid-19. Pero aceptó que Salumed S. A. le entregue RT -LAMP.

¿Cuál es la diferencia?, las principales se resumen en dos palabras: sensibilidad y especificidad.

Las PCR detectan Sars-Cov-2 desde el primer día de contagio hasta el último momento de la enfermedad, es decir, es específica para Covid-19, y es sensible para detectarla a cualquier hora, cualquier día y con cualquier carga viral, mientras la persona está enferma.

Las RT-LAMP, no. Ni sensibles, porque para descubrir un virus necesitan una carga viral muy alta, lo que significa que no detectan en todo el periodo de duración de la enfermedad, sino unos días sí, y otros no.

Entonces se corría el riesgo de obtener un falso negativo. Ni específicas, puesto que no detectan solo Sars-Cov-2, sino cualquier virus, lo que significa que darían un falso positivo.

Además, las RT-LAMP son mucho más baratas y sus resultados se obtienen en 40 minutos, frente a las 5 horas de las PCR.

Es decir, pruebas rápidas.

Un chat entre Linda Guamán y el alcalde Yunda lo establece. El 5 de julio el alcalde pregunta a Guamán:

-“Lamp es más rápido diagnóstico que la pcr Doctora?

-“Si mucho. Lamp: 40 min PCR: 5 horas”, responde Guamán.

Un audio entre los dos funcionarios evidencia los ambages de Guamán con el alcalde.

JORGE YUNDA: VALIDAR Y EXTERNALIZAR

De que se recibió RT LAMP en lugar de PCR Polimerasa, el alcalde de Quito, la secretaria de Salud y su coordinadora técnica ya lo sabían.

El 1 de julio de 2020. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, pidió a Ximena Abarca —vía WhatsApp—: busquemos la manera de validar, lo más pronto, nuestras pruebas y externalizarlas para evitar que se caduquen”.

Ese mensaje del alcalde implicó disposiciones, la primera es validar. Pero una validación -si se necesitaba- debió hacerse en abril, al arribo del primer embarque de pruebas que compró el Municipio.

La segunda era externalizar, que significa, liberarse de los convenios con las Universidades y contratar un laboratorio privado para procesar las pruebas.

Ximena Abarca y Linda Guamán pusieron manos a la obra.

Linda Guamán tuvo dudas y se las expresó en el chat al alcalde: tenía un dilema científico y político. Según los chats, sabía que las pruebas eran RT-LAMP y no PCR Polimerasa,  y aunque expresa su preocupación por lo social, se inclinó por mantener en pie la imagen del Alcalde.

¿Qué llevó a Guamán a decantarse en favor de las malas decisiones del municipio y del alcalde? De alguna manera se expresan en los chats: “si la sugerencia es devolver eso le implica a la ciudad de Quito quedarnos tres semanas que es lo que dura un proceso de compra”. Su temor fue dejar sin pruebas tres semanas a la ciudad.

El 2 de julio 2020, Marco Rubio, jurídico de la dirección de salud, preguntaba a Ximena Abarca si tenía el informe de la UDLA con firmas de responsabilidad, respecto a las pruebas del Municipio. Buscaban terminar (de forma unilateral) el contrato con Salumed S. A. y precisaban una justificación.

Esa misma fecha, Linda pregunta a Marco Rubio si debía incluir en su informe (respecto a Salumed S. A.) que “ustedes nos dieron una sensibilidad de tanto y es menos, por lo tanto devuélvanos o reemplacen. (…) los mexicanos reportan y es algo que no es bueno, sino que es grave (…)”

Para el 3 de julio de 2020,y (al parecer) en cumplimiento de la disposición implícita del Alcalde —de buscar la validación de las pruebas para externalizar y que no caduquen—, la Secretaría de Salud difundía en Twitter un comunicado a la opinión pública, en el que anunció el pedido de validación de las pruebas Covid-19 Isopollo (tiempo real) que hizo esa entidad a la UDLA, para determinar la sensibilidad del producto.

El objetivo, asegura, es de “contar con información técnica que sustente la toma de decisiones”, puesto que tenían conocimiento de un informe de México sobre la sensibilidad de los kit adquiridos por el Municipio es de 500 copias /ul (número de virus por volumen) y las personas podrían registrar positivos con cargas virales variables, inclusive menores a 500 copias.

Si se lee con atención el comunicado, reconocen que las pruebas son RT-LAMP, y no PCR Polimerasa, objeto del contrato. Pero había que validar, esa era la disposición del alcalde.

¿Por qué pidieron validaciones a las universidades? Parece una pesca a río revuelto, para utilizar –a su favor- la respuesta del primer laboratorio que afirme que sus pruebas sirven y así no dar de baja al contrato y mantener en alto la imagen del alcalde, como salvador de la ciudad. Todos ganan, menos Quito.

¿UNILATERAL O DE MUTUO ACUERDO?

Después de algunos tira y afloja y ya entrados en gastos (con dineros públicos), el 8 de julio de 2020 Ximena Abarca le dice – vía WhatsApp – a Jorge Yunda que es una decisión el terminar de forma unilateral el contrato, por incumplimiento del contratista, además, de no cancelar 1,1 millones de dólares, que sería el 30 % del costo total. (Folio 315).

Dos días después, el 10 de julio de 2020, los chats registran un radical cambio de decisión: la terminación del contrato de mutuo acuerdo se convirtió en un arreglo de mutuo consentimiento: “son los mejores arreglos que pudimos conseguir” le escribió Ximena Abarca a Jorge Yunda

Mejores arreglos pese a que se registraron varios incumplimientos contractuales por parte de Salumed S. A., entre ellos que el contrato firmado con el Municipio preveía 40 horas de capacitación al personal que operaría los equipos con el software original correspondiente; pero solo se trató de un link de Zoom en el que corrieron un video de pocos minutos, con una persona que hablaba mal español.

Los kits para obtención de las muestras, los equipos especializados y lo principal: que las pruebas no eran PCR Polimerasa sino RT LAMP.

Para el 11 de julio de 2020, el alcalde estaba preocupado porque, a su criterio, “no tenían tantos falsos negativos”. Pero, al mismo tiempo, le disponía a Linda Guamán validar las pruebas. El chat de Yunda dice: “se analiza la marca y la marca es validada y punto”. (Folios 241-242).

El 12 de julio de 2020, Marco Rubio, jurídico de la dirección de salud, envía a Ximena Abarca el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, para su revisión, y ella le devuelve con observaciones. (Folio 345).

El 13 de julio de 2020, Ximena le informaba al alcalde de Quito que en una hora “firmábamos la finalización del contrato de mutuo acuerdo” y Jorge respondió con un  Ok, gracias (folio 316).

Es decir, el alcalde estuvo informado, todo el tiempo, de lo que sucedía.

El 15 de julio de 2020, el alcalde le dijo a Ximena Abarca que la justificación para terminar de mutuo acuerdo, no le convence, a lo que Ximena responde que “es por causas  económicas, para contratar la externalización”. (Folio 317)

La externalización se contrató el 25 de agosto de 2020 con OneLabt, un laboratorio ubicado en Santa Elena, como a 10 horas de Quito, cuya especialización –hasta mediados de 2020- no era en genética humana, sino de camarones. El valor acordado fue 13 dólares por prueba, cuando la Universidad Central del Ecuador (según sus conversaciones) pidió 10 dólares por cada una.

Aunque buscaban la validación y al mismo tiempo terminaban el contrato, el Municipio tenía en contra tres estudios de la UDLA, un estudio de México (que invalidaba la sensibilidad de las pruebas de KTC) y las constantes quejas de la Universidad Central del Ecuador por falta de reactivos para procesar las pruebas.

Pusieron sus expectativas en una “tercera opinión dirimente” en el Instituto nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), según conversación escrita entre Ximena Abarca y Jorge Yunda, el 12 de julio.

Días después, Ximena le escribe al exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, preguntándole sobre la institución que validó las pruebas RT-LAMP del Ministerio de Salud Pública. Zevallos respondió que el INSPI. (Folio 390).

Para el 30 de julio, Jorge Yunda le dijo a Linda Guamán que existen muchos falsos positivos, que revise. Ella responde que hay problemas con el lote 639.

Al día siguiente, Ximena informaba a Yunda que se elevó el porcentaje de falsos positivos (Folio 409).

Con cada Universidad y laboratorio, donde pidieron validación, firmaron un convenio que incluía una cláusula de confidencialidad, para que la información no se revele.

UNA ADVERTENCIA, MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA

Los chats registran que, desde el 14 de julio, el científico de la UDLA, Miguel Ángel García, ante las preguntas de Guamán, advertía que las pruebas compradas –a través de Salumed S. A. a KTC-, no estaban aprobadas para uso en su propio territorio, es decir Corea.

Además en México no se recomendaron.

Miguel Ángel García también le dijo a Guamán que “pagar 25 dólares por una prueba con límite de 40 copias, sigue siento muy difícil de justificar”.

Y ante la respuesta de Linda Guamán, en el sentido de que son los abogados los que analizan eso,  García le dijo: “Yo no soy ecuatoriano, pero no me gustaría que como ecuatoriano me apliquen una prueba que los coreanos no aplican a su propia gente y por más que traten de hacer parecer al laboratorio coreano como ente regulador, no lo es (…)”

El mensaje añadió: “tratar de controlar una pandemia con una prueba poco sensible solo puede salir mal”.

Guamán le respondió con un gracias y agregó el gif de un girasol.

García le contestó:

Las flores guárdalas para los muertos”.

Controlar la pandemia con pruebas poco sensibles era un fracaso. Además, KTC, la empresa sur coreana proveedora de Salumed S. A. no tenía autorización para vender estas pruebas en su país, pero sí cuenta con permisos de  Corea para vender este producto en el exterior. México ya lo advirtió, en su informe donde dice que las pruebas no son recomendadas.

El 14 de julio, el Secretario de Comunicación del Municipio informó a Ximena Abarca que KTC no está certificada como laboratorio para tema de pruebas.

LA UDLA SE RATIFICA

En un comunicado del 3 de marzo de 2021, la UDLA ratificó que: “los resultados entregados al Municipio demostraron que, de cada 100 casos positivos, la prueba Isopollo COVID-19 no detectaría más de 65 casos. Es decir, con estas pruebas un 35% de personas podría recibir un diagnóstico negativo a pesar de estar infectados con la COVID-19 (falsos negativos).

Los resultados del estudio realizado por la UDLA coinciden con los obtenidos por la Secretaría de Salud del Gobierno de México y publicados el 19 de junio del 2020 en el Oficio No. DGE.SAT-07301”.

Precisó que las “potencias mundiales en investigación científica como Corea (país de fabricación de las pruebas Isopollo COVID-19), Estados Unidos y Europa no aprobaron el uso de estas para el diagnóstico de COVID-19 en su población”.

 El INSPI en su informe técnico respecto a las pruebas coreanas adquiridas a Salumed S. A.-, del 3 de marzo de 2021, concluyó que tienen baja sensibilidad y especificidad. Unas 80 de cada 100 personas (de las muestras obtenidas) dieron falsos negativos.

Las muestras se obtuvieron en Cuenca, por un estudio de salud ocupacional, en personas asintomáticas. Este estudio concluyó: donde se emplearon muestras clínicas de individuos asintomáticos sin conocer su status previo respecto a infección por SARS-CoV-2, se obtuvo una muy baja sensibilidad por parte de «Isopollo COVID-19 detection kit»

EL PROCESO POR PECULADO

Toda esta historia está, ahora, inmersa en un proceso penal. La Fiscalía General del Estado imputó a 14 personas por presunto peculado en la adquisición irregular de 100.000 kits de pruebas para Covid-19 durante la emergencia sanitaria. El contrato se firmó por 4.2 millones de dólares.

A los siete primeros procesados, entre ellos el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla y el gerente general del Salumed S. A., Alejandro Vinelli, les formuló cargos el 13 de noviembre de 2020, con más de 50 elementos de convicción. Se los investigó por la compra presuntamente irregular.

Casi tres meses después, otras siete personas, entre las que se encuentran el alcalde de Quito, Jorge Yunda, así como Ximena Abarca, Linda Guamán y Marco Rubio, fueron vinculados al proceso penal el 16 de febrero de 2021, según Fiscalía, con más de 35 nuevos elementos de convicción, entre los cuales están dos informes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado.

A ellos se los vinculó porque terminaron de mutuo acuerdo el contrato, cuando lo que correspondía, según Fiscalía, era la terminación unilateral y la ejecución de garantías contractuales. Esto porque todos sabían que en el contrato constaba la compra de PCR Polimerasa, pero la empresa entregó RT-LAMP.

La instrucción fiscal concluyó el 18 de marzo de 2021 y Fiscalía ya pidió a la Corte Provincial de Pichincha que fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio.

 

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