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El dolor en el sistema público ecuatoriano de salud no es un signo de padecimiento, el dolor ni siquiera es un fin o un medio para ser considerado importante para la atención, el enfermo es un ente en desolación -ni siquiera es un ciudadano- que espera la lejana oportunidad de ser considerado paciente.

La escasez de fármacos ha estancado los tratamientos de pacientes con enfermedades catastróficas. Padres, hijos, hermanos de estos pacientes han padecido con ellos los efectos de esta gran deficiencia y han tenido que cargar con gran parte de los costos con tal de no dejar a la deriva a sus seres queridos. Hasta fin de año $132 millones saldrán del bolsillo de los usuarios por falta de medicinas.

Durante la gestión presidencial de Lenín Moreno, cuyo periodo finalizó en mayo, la Fiscalía General tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Como parte del proyecto transfronterizo 'Vigila la pandemia’*, el siguiente informe detalla varios de los casos emblemáticos, que implican a funcionarios, empresarios e incluso a los hijos del exmandatario ecuatoriano Abdalá Bucaram

Isidoro Ricardo Martínez Velásquez, no necesitó de ninguna empresa, su solo nombre fue una expresión de solvencia económica y ética que garantizaba la suscripción de un contrato de $9.9 millones, para la provisión de 2 millones de mascarillas quirúrgicas, a un precio de $4,98 la unidad. Así lo entendió la máxima autoridad de salud, en momentos en que médicos y enfermeras se contagabian y morían por falta de tapa bocas.

Un reciente informe de la Contraloría General del Estado revela que medicamentos para la lepra, tuberculosis y VIH fueron comercializados desde el año 2015 por el Ministerio de Salud pese a estar caducados. El examen especial confirma también la denuncia sobre falsos positivos y falsos negativos en las pruebas de VIH, así como la importación de medicamentos sin registro sanitario. La entidad de control responsabiliza a las exministras Margarita Guevara y Verónica Espinosa de no haber emitido una normativa que regule el proceso de control sanitario de los dispositivos médicos importados.

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