petroleo

Con el argumento de que "el mundo nos ha fallado" el régimen de Rafael Correa y la asamblea nacional, en octubre de 2013 abrieron las puertas para el ingreso de los taladros petroleros al bloque 31 y al ITT, en el corazón del Yasuní. Tres años después de que ofrecieron generar ingresos por USD 8.290 millones en el B31 con base a reservas de 118.4 millones de barriles, la realidad es al revés, el mundo resultó engañado, los asambleístas cometieron un error de cálculo del 97%. El bloque 31, económicamente está colapsado.

Trasferencias por USD 22,8 millones, autorizadas presuntamente por dos ecuatorianos, uno de ellos vinculado al Vicepresidente de la República, fueron denunciadas por el legislador Andrés Páez. El asambleísta envió una carta al presidente Correa para que se investigue de dónde estos dos ecuatorianos sacaron esos montos para depositarlos en dos bancos en paraísos fiscales. El vicepresidente Glas reaccionó casi tres semanas después de que la información circulara. Calificó de infundadas las denuncias, de pasquín al listado de transferencias y amenazó con juicios a quienes afecten su reputación.

Esta es la historia de cómo se firmó el contrato minero con Ecuacorriente, los cuestionamientos a este convenio hechos por la Contraloría y las acciones y omisiones de funcionarios y funcionarias de los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa para imponer concesiones mineras en territorio shuar, lugar donde fue asesinado el líder antiminero, José Tendeza.

A Raúl Sendic, candidato vicepresidencial de Uruguay, junto a Tabaré Vásquez, por el movimiento izquierdista Frente Amplio, del presidente José Mujica, le salpicó la “maldición“ del petróleo. Un cuestionado convenio de canje de crudo por derivados entre Ancap/Trafigura/Petroecuador que involucra USD 6.400 millones, empezó a pasar las primeras facturas, en medio de la campaña electoral. El escándalo ampliamente cubierto por la prensa uruguaya, hace referencia al libro Ecuador Made in China, y a una carta remitida al gobierno uruguayo y a varios legisladores de ese país.

Lo que debía ser un contrato revolucionario para la explotación petrolera ecuatoriana terminó en un fiasco, a pesar de los viajes de funcionarios del Estado invitados por la petrolera Ivanhoe a conocer una novedosa tecnología que nunca se llegó a aplicar en los campos del país.

El gobierno inauguró uno de sus proyectos emblemáticos, la planta de gas en tierra, cuyo tiempo de ejecución es casi el mismo de la "revolución": siete años. En el 2007, el precio referencial de la obra era de USD 97 millones, pero fue adjudicada sin licitación en USD 263 millones. Al final, el país acabó pagando USD 570 millones, una cifra superior en USD 473 millones a la adjudicación. Se estima un retraso de tres años, pues debió entrar en operación el año 2011.

Uno a uno los casos en los cuales el Ecuador ha reconocido más de USD 800 millones a las petroleras privadas transnacionales por concepto de indemnizaciones. ¿A quién beneficia el milagro petrolero ecuatoriano?