LOS NEXOS DEL MAGNATE PETROLERO CON LA REVOLUCIÓN

¿Quién es este personaje? En los 90 estaba quebrado y hoy es un auténtico magnate.

El abogado Joffre Campaña, en marzo de 2018 presenta una denuncia de su cliente, Enrique Cadena Marín, el Zar petrolero, en contra de Fernando Villavicencio. Esta acción se inicia por supuesto delito de falsificación y uso de documento falso. Por esa razón este medio se vio forzado a eliminar algunos reportajes que vinculaban directamente a Cadena con la intermediación petrolera en el Ecuador. En la denuncia contra Villavicencio se señala que “El señor Enrique Cadena Marín no tiene relación alguna con la comercialización del petróleo vendido por Petroecuador a Petrochina, por lo que solicito que, previo el cumplimiento de las garantías del debido proceso se sancione con todo el rigor de la ley al denunciado, por el uso doloso de documentos falsos, conforme lo he expresado” El 19 de diciembre de 2018, después de la investigación correspondiente, la Fiscalía General del Estado decide archivar la denuncia impuesta por Cadena Marín en contra de Fernando Villavicencio. Con esta, son cuatro demandas penales de Cadena en contra de Fernando Villavicencio archivadas, incluyendo una en Perú. A continuación realizamos el relanzamiento de una de las notas en cuestión.

LOS NEXOS DEL MAGNATE PETROLERO CON LA REVOLUCIÓN

Los papeles de panamá comprobaron que este oscuro empresario es quien está detrás del mayor negocio que se hace con petróleo ecuatoriano: la intermediación. ¿Quién es este personaje? En los 90 estaba quebrado y hoy es un auténtico magnate. Gran parte de la respuesta está en sus excelentes contactos con la Revolución Ciudadana.

CADENA FUE DEMANDADO POR ESTAFA

Como un vulgar estafador. Así describió Arnold Brinkmann a Enrique Cadena, durante el juicio que interpuso en su contra a fines de los 90. Y está claro que Brinkmann conocía muy bien a Cadena. Juntos arrancaron en un negocio de bebidas gaseosas, apoyados en la confianza de sus vínculos familiares. Ambos quiteños. Brinkmann era dueño de la planta que embotellaba la marca de gaseosas Fruit y estaba casado con Carmen Cadena, hermana del oscuro empresario. Pero nada evitó el posterior rompimiento.

Según documentos judiciales obtenidos por La Fuente, Brinkmann demostró que su propio cuñado le falsificó la firma, para obtener de manera fraudulenta una cesión de derechos de la empresa que habían creado juntos: Qüin Cola. Dicho emprendimiento naufragó en medio de la crisis financiera de 1999 y Cadena buscaba a toda costa deshacerse del problema. No lo logró. Qüin Cola desapareció del mercado dejando una deuda de más de un millón de dólares, que persiguió a Cadena hasta que los tribunales de la nueva justicia correísta lo absolvieron, en el 2013.

Con este antecedente, se puede decir que Cadena tuvo una fallida etapa como empresario en la década de los 90. Pero comenzó a levantar vuelo durante el gobierno de Alfredo Palacio, en el 2006. Fue allí cuando la transnacional italiana Via Advisor (Viadvi) obtuvo la concesión para operar a la estatal de telecomunicaciones Telecsa-Allegro, duramente cuestionada por su manejo ineficiente que lo condujo a la extinción dejando un pasivo al Estado de $ 220 millones. Sin embargo, solo un año después, la concesión terminó al descubrirse un millonario fraude. Viadvi compró cien mil equipos celulares de tecnología obsoleta, a una empresa vinculada a ella misma, en la que también tenía participación Enrique Cadena. Las investigaciones de la Contraloría General del Estado y diario El Universo, detectaron que las operaciones fraudulentas se hicieron en las oficinas de una empresa de Cadena en Guayaquil, donde operaba una red de empresas de papel –en su mayoría asentadas en Panamá– que se beneficiaron de jugosos contratos con el Estado.

Por aquellos tiempos era normal ver a Enrique Cadena pasear junto a Carlos Pólit, quien se convertiría luego en Contralor del Estado, durante el régimen correísta.

De las telecomunicaciones, el año 2006, Cadena dio un salto al mundo del petróleo, de la mano de Taurus Petroleum, se adjudicó los cargamentos de crudo Napo del bloque 15, caducado a Occidental. Sus contactos con el presidente Alfredo Palacio y con miembros del Consejo de Administración de Petroecuador, le dieron un banquete de bienvenida: 100 mil barriles diarios fueron transportados por Cadena Marín hasta las refinerías ya contactadas con antelación. Así ingresó Cadena al comercio de crudo. Antes ya había tenido algunos intentos fallidos a través de la empresa Projector ahora vinculada al lobby con Noble Américas y Petredec. Pero, el apogeo lo alcanzará con sus contactos en el gobierno revolucionario.

Enrique Cadena Marín (izquierda) un empresario quebrado hasta el año 2007, con la Revolución Ciudadana, se convirtió en el operador de Taurus Petroleum. Cadena ha logrado acumular una de las mayores fortunas del país, sus negocios se extienden a varios lugares del mundo. Su domicilio está en Miami.

Al año siguiente, 2007, llegó el Gobierno de Rafael Correa y el escándalo de Viadvi era una piedra en el zapato. No obstante, a pesar de las denuncias presentadas por asambleístas, las evidencias mostradas y la promesa de encarcelar a los responsables, la justicia sobreseyó a Cadena y sus socios, en una trama de sobornos a jueces que se analizará en otra entrega. Como saldo final, el Estado ecuatoriano perdió 15.6 millones de dólares, devenidos de la compra de celulares obsoletos, que hasta ahora se siguen pagando.

CADENA EN PELUCOLANDIA

Luego de fracasar en el negocio de bebidas gaseosas y superado el escándalo de los celulares obsoletos, Enrique Cadena encontró un nuevo socio para sus emprendimientos: Jorge Guzmán Baquerizo, hijo de Jorge Guzmán Ortega, quien fuera Superintendente de Bancos entre el 17 de junio de 1999 y el 31 de enero del 2000, acusado de complicidad en el delito de peculado por aprobar la asociación de los bancos Filanbanco y La Previsora, que llevó a la quiebra del primero. En su momento, Guzmán Ortega tuvo orden de prisión por este caso, aunque también fue sobreseído en el marco de la nueva justicia correísta.

Cadena y Guzmán Baquerizo se asociaron en la empresa Broadnet, firma que obtuvo el visto bueno de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) para la venta de productos celulares, telefonía fija e Internet a todas las operadoras registradas en el país, así como a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Es decir, un negocio millonario. Guzmán Baquerizo junto Andrés Cadena Vedova, hijo de Enrique Cadena, representan a la firma Denarii Systems, vinculada a importantes negocios de manejo de dinero electrónico y telecomunicaciones en USA y otros países.

Pero para Cadena, su nuevo socio también significó un puente hacia el jet set guayaquileño y los negocios off shore. Jorge Guzmán Baquerizo está casado con Fiorella Tabacchi, hermana de Doménica Tabacchi, actual vicealcaldesa de Guayaquil. Y según los documentos filtrados en los Panamá Papers, el hermano de esta, Francesco Tabacchi, es director y presidente de Lions Gate Assets Corporation, creada el 9 de agosto de 2010, por el estudio jurídico Mossack Fonseca; mientras que su suegro, Werner Moeller, es tesorero y director de EastWard Services Corp., creada el 5 de marzo de 2004, y de Kinton International S.A., inscrita el 6 de junio del 2000, también con la ayuda del cuestionado bufete panameño. Doménica Tabacchi está casada con Heinz Moeller Gómez, hijo de Heinz Moeller Freile.

De hecho, en la boda del nuevo socio de Cadena con la hermana de la actual Vicealcaldesa de Guayaquil, realizada el 9 de mayo del 2010, queda a la vista una pista de lo que serían los negocios futuros. Fue un matrimonio por lo alto, que mereció la cobertura de las revistas de espectáculos y las secciones sociales de los principales medios de comunicación porteños. Y precisamente una de esas fotos muestra a Guzmán Baquerizo compartiendo con Jaime Baquerizo Escobar, ficha clave de los negocios petroleros que se aproximaban.

CADENA, PAREJA, BAQUERIZO Y EL NEXO CON ÁLEX BRAVO

Diario El Universo comprobó, gracias a los Papeles de Panamá, que las denuncias de Fernando Villavicencio, realizadas desde el 2009 en diversas apariciones públicas y en su libro “Ecuador: Made in China”, estaban en lo correcto. Los negocios entre Ecuador y el país asiático, que supuestamente eran de estado a estado, realmente no eran más que una cortina para encubrir el negocio de la intermediación con petróleo ecuatoriano. En estas cuestionables negociaciones sobresale la figura de Jaime Baquerizo Escobar (Oil Services & Solutions OSS), el compañero de fórmula de Cadena en sus millonarios negocios con los recursos del país.

En febrero del 2014, Arkdale Investment Limited, empresa de servicios petroleros constituida en las islas Bahamas, firmó un convenio con Girbra S.A., creada en Panamá, para que sea su representante comercial. A simple vista es una negociación común y corriente, de no ser porque Girbra S.A. pertenece a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, mientras que Arkdale Investment es propiedad de Jaime Baquerizo Escobar, uno de los grandes contratistas de la petrolera estatal ecuatoriana. Esta información se pudo conocer gracias al escándalo de los Panamá Papers. Una de las cláusulas del convenio de representación entre Arkdale y Girbra es que, por cada contrato que consiga Girbra, (Alex Bravo) la empresa recibiría 600 mil dólares y el 10% del monto del contrato. Esta relación será clave para entender una serie de adjudicaciones en Petroecuador a empresas vinculadas, durante el mandato de Bravo.

Como se ha destacado, Arkdale Investment, de Baquerizo Escobar es propietario de Oil Services & Solutions (OSS), compañía que en los últimos años ha firmado no menos de 15 contratos con Petroecuador, por más de 30 millones de dólares, directamente. Pero hay algo más que une a Baquerizo Escobar y al exgerente de Petroecuador. Sus empresas off shore fueron constituidas con intermediación del abogado Carlos Mata Hanze, un nombre bastante frecuente en los Panamá Papers. De hecho, Mata Hanze es el mismo intermediario de Nescar Shipping Ltd., la empresa panameña de Enrique Cadena.

Los negocios de Cadena a través de OSS de los hermanos Baquerizo Escobar generaron apetecibles dividendos: altas sumas de dinero son transferidas desde las cuentas de Naparina y Breiton Capital & Shipping, empresas de Cadena, a las cuentas de Jaime Baquerizo en el banco Wells Fargo de Miami-Florida.

APUNTABA A INVERTIR EN LOS CAMPOS MADUROS

La compañía OSS contratista de Petroecuador, representa a la compañía BASF.

Al finalizar el 2015, el entonces gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli y el exgerente de Logística de la refinería Esmeraldas, Alex Bravo Panchano, adjudicaron un contrato para la provisión de catalizador por $21.8 millones a la compañía Basf, cuya representante en Ecuador es Oil Services & Solution (OSS), del socio de Alex Bravo, Jaime Baquerizo Escobar. Esta adjudicación fue cuestionada por cuanto existió una oferta inferior a la de Basf.

No son coincidencias. Baquerizo Escobar tiene relación directa con Enrique Cadena. Documentos en poder de Focus revelan varias comunicaciones entre ambos personajes, sobre temas comerciales en común. Es un vínculo que lleva algunos años, que ha permitido al dueño de Arkdale Investment asesorar a Cadena en varios negocios petroleros. Por ejemplo, existe un informe de mayo del 2012, sobre inversiones en los campos petroleros “Joyas de la Corona“, en los que Cadena Marín y Baquerizo Escobar, a través de OSS, proponían ingresar para financiar su operación. Concretamente eran los campos Auca, Cuyabeno, Libertador y Shushufindi, cuyos contratos de servicios específicos fueron adjudicados a las transnacionales Halliburton y Schlumberger.

EL SALVAVIDAS DEL AMIGO DE RAFAEL CORREA

Camilo Samán uno de los tesoreros de campaña de Rafael Correa, debió recurrir a su amigo Enrique Cadena para cancelar sus deudas y lograr posesionarse como gobernador del Guayas.

Camilo Samán ha sido pieza clave en el Gobierno. Amigo personal de Rafael Correa desde las aulas universitarias, fue el tesorero de su campaña en el 2006. Tal vez como premio a su lealtad, el Mandatario lo designó como primer Gobernador del Guayas de la Revolución Ciudadana, luego como miembro de los directorios de la Comisión de Tránsito del Guayas y de Pacifictel, así como Presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Pero a ninguno de esos cargos hubiera accedido de no ser por la ayuda de una persona: Enrique Cadena.

La historia empieza con Comesa, empresa textil creada en 1975, por Juan Samán Abud y Muntaha Salem, padres del exgobernador del Guayas. A pesar de haber sido próspera en una época, la empresa familiar no soportó el embate de la crisis de 1999. Años después, en agosto del 2004, se produjeron acciones legales contra Comesa, por incumplir un convenio de pagos suscrito un año antes. La entidad demandante era Filanbanco, en manos del Estado, que inició un juicio contra Camilo Samán, su esposa y sus padres por mora en el pago de 123.420 dólares.

El tiempo transcurrió. Luego del embargo de algunos bienes y varias diligencias judiciales, se fijó para el 16 de noviembre del 2006, como fecha para el remate de tres bienes de la familia Samán, valorados en 134.926 dólares. Sin embargo, la única oferta fue la del propio Filanbanco, que ofertó las dos terceras partes del valor inicial, es decir, 89.951 dólares. Los bienes pasaron a esta entidad, pero la deuda todavía no estaba totalmente cancelada, quedando un saldo de más de 30.000 dólares por pagar.

En enero del 2007, a pocos días de que Rafael Correa asumiera el cargo de Presidente de la República, el padre de Camilo Samán pagó el resto de la deuda. Lo hizo con un cheque de la empresa Decorplan por 3.803 dólares y certificados de depósito a nombre de Gilbert Jara, cedidos a Comesa, por 35.273 dólares. La representante de Decorplan a la fecha fue Marcia Montalvo León, asesora del ex legislador de Alianza País, Juan Carlos Cassinelli. Gracias a ello, Samán pudo ser designado Gobernador del Guayas el 16 de enero de ese año, es decir, al día siguiente de que su amigo Correa asumiera el cargo.

No obstante, la huella de Enrique Cadena quedó en evidencia. Gilbert Jara, quien cedió sus certificados de depósito para cancelar la deuda de Samán, no era más que un empleado de Naparina Corp., una de las tantas empresas de Cadena, aunque quizás la más emblemática.

LA ORDEN DE ARRIBA

Carlos Pareja suscribió cerca de 80 contratos por un monto superior a 1300 millones de dólares en la Refinería Esmeraldas. Todos los contratos fueron motivados por Alex Bravo y aprobados por la fiscalizadora Worley Parsons/Azul.

De acuerdo con documentos en poder de Focus, en noviembre del 2012, Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y entonces gerente de Refinación de Petroecuador, decía estar impedido de realizar negocios con Enrique Cadena. Pero, según Alberto March, dueño de la empresa Spartan e inversionista en las empresas de Cadena, el motivo era que había llegado una orden desde arriba, en el sentido de “no negociar nada” con su cuestionado socio.

Sin embargo, Cadena no creía en esa versión y más bien pensaba que Pareja Yannuzzelli era “uno de los voceros de las calumnias” en su contra. No olvidaba la “arremetida del loco que ama”, en referencia a una serie de tuits del expresidente Abdalá Bucaram, aparecidos entre agosto y septiembre de ese año. En esos mensajes por Twitter, que Bucaram llamaba “LocoLeaks”, se decía que Cadena era dueño de mansiones, autos de lujo, yates y otros bienes, pero sobre todo quedaban al descubierto sus negocios petroleros, que incluían triangulaciones con el Gobierno de Irán. Para Cadena, la fuente de los comentarios de Bucaram había sido Pareja Yannuzzelli.

Caupolicán Ochoa Neira, abogado del presidente Rafael Correa, es el defensor de Gustavo Jurado, accionista de Spartan, empresa vinculada a Enrique Cadena Marin.

Sin embargo, a diciembre de ese mismo año, la situación cambió totalmente. Según comunicaciones, el propio Pareja Yannuzzelli apoyaba un proyecto con March para la desulfurización de crudos en la Refinería y varias otras inversiones de Cadena en el sector petrolero. Poco a poco, a través de una bien estructurada red de empresas, entre las que se cuentan a Talber, Vision Products, Gisis, Global Fluids, Gadere, Crudesan, Spartan, Parceshi, Clearprocces, OSS, así como con la ayuda de funcionarios públicos aliados, Cadena se insertó en una amplia gama de negocios con el sector público ecuatoriano.

Uno de los socios de Alberto March en Spartan y Clearprocess (vinculada con proyectos mineros) es Gustavo Jurado, quien enfrenta varios procesos penales. En un allanamiento a una de sus propiedades se encontró una gran cantidad de armas de grueso calibre. El jurista que defendió a Jurado en este caso el año 2015 fue Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Rafael Correa y del ministro del interior José Serrano. Este tema merecerá un reporte especial de La Fuente.

EMPLEADO DE CADENA RELACIONADO CON SINOPEC

Durante el periodo 2011 a 2013, de la mano de su hombre de confianza, Luis Fernando Uribe, empleado suyo en Naparina y asesor de la empresa china Sinopec (según constan en ciertas comunicaciones dirigidas al Ministerio de Industrias), Cadena llevó adelante varias propuestas de negocios con el Gobierno. Desde la refinación de aceites usados, mejoramiento de spry oil, reutilización de aceites, desulfurización de crudo, diésel y nafta, hasta una importante participación en la construcción de la planta de Úrea, propuesta presentada por Sinopec, entre otros. Las entidades públicas que abrieron las puertas a las empresas de Cadena fueron no solo Petroecuador, sino también los ministerios de Industrias, Coordinador de la Producción, Ambiente y hasta el Banco Central.

SPRY OIL PARA BANANO, NEGOCIO REDONDO

El spry oil es un aceite se utiliza para combatir enfermedades del banano. En marzo del 2011, la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador hizo un llamado de atención a las autoridades, debido a que este insumo, producido en la Refinería de La Libertad, no cumplía con las especificaciones técnicas nacionales e internacionales. Era necesario optimizarlo.

Con este antecedente, funcionarios de los ministerios de Industrias, Coordinador de Productividad y de Agricultura emprendieron la tarea de encontrar una solución. Este aceite agrícola estaba destinado a tratar a las 230.000 hectáreas de banano en producción que existían en ese momento en el país.

Cadena aparece en escena. El hombre clave fue un funcionario público y socio suyo: Juan Bertero quien era Gerente de Biocombustibles del Ministerio Coordinador de la Producción, durante la gestión del ministro Santiago León, pero al mismo tiempo accionista de Vision Products y Global Fluids, empresas de Cadena.

El estudio jurídico de Juan Carlos Cassinelli, aparece relacionado con compañías de Enrique Cadena, además su asesora Marcia Montalvo León (Decorplan) pagó parte de una deuda de Camilo Samán con recursos de Naparina, la empresa de Cadena.

En primera instancia, Vision Products fue la escogida por Cadena para que participara en los contratos con Petroecuador, pero hubo problemas debido a que uno de los accionistas era Bertero, lo que le impedía participar. Entonces se decidió por Talber, empresa que Cadena había comprado en el 2008 al estudio Cassinelli & Valero, propiedad de Juan Carlos Cassinelli, amigo de Rafael Correa, quien ha sido asambleísta y actualmente es Ministro de Comercio Exterior.

En Talber se nombró como representante legal a Fernando Uribe, empleado de Naparina Corp, empresa de Cadena. No hubo cabos sueltos. Las acciones de Bertero quedaron a nombre de Uribe para que no figurara. Y por si acaso, se pretendió desvincular a Talber de Cadena, utilizando otra dirección. Entre tanto, la empresa Global Fluids, propiedad de Bertero, fue considerada como la proveedora de la máquina desulfurizadora en Petroecuador, la misma que mejoraría el spray oil. Todo quedaba en manos de Cadena y su círculo.

Desde dentro del Ministerio de la Producción, Bertero emitió los informes favorables para que se entregara el contrato a Talber. El 29 de mayo de 2012, a través del Informe 12087, Bertero se dirigió al Director de Infraestructura, Logística y Servicio para la Industria, recomendando la contratación de la empresa vinculada a él mismo. El contrato fue adjudicado.

Talber se comprometía a bajar el spry oil de 7.000 ppm de azufre a 500 ppm de azufre, cumpliendo así las normas técnicas. En ese momento se hablaba de una inversión de 8 millones de dólares, en un periodo de cinco años. La idea era procesar 7 millones de galones de este aceite por año, con un precio para la venta de 1,3 dólares.

Pero la participación de Cadena no quedó ahí. Talber también es la empresa que hizo la oferta para en la refinación de aceites usados, otro de los proyectos estrellas del oscuro empresario. Para este proyecto de refinación, Talber se alió con la empresa Gadere, que lleva varios años en el mercado, por lo que en octubre del 2012 se inició la calificación dentro del Ministerio del Ambiente. En este proyecto se actuaba bajo la asesoría de María Pía Bosch, una persona muy cercana al ministro León.

CADENA: EL PIONERO DE LA BILLETERA ELECTRÓNICA

Pero un contrato que no prosperó con el Gobierno de Rafael Correa, fue el que la empresa Alternet System, en asociación con Denarii Systems, propiedad de Cadena, suscribió el 31 de marzo de 2011, con el Banco Central de Ecuador. El objetivo era lanzar el Sistema de Pagos y Transacciones Móviles. Se trataba de un proyecto para levantar una plataforma tecnológica que conectara el sistema financiero con las compañías de telefonía móvil del país, para que los ciudadanos realicen pagos a través de su teléfono celular. Un año después, cuando el sistema estaba instalado y en fase de prueba, el contrato fue suspendido por acuerdo de ambas partes. No hubo explicaciones de por medio. Y un par de meses después, el Banco Central seleccionó a una nueva firma para ejecutar el proyecto de billetera móvil: Scanbuy, liderada el argentino Gastón Duzac aunque esa ya es otra historia.

Pero en el 2012, Denarii Systems sí logró culminar un contrato con el Gobierno, esta vez a través de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Denarii le vendió una solución tecnológica para recaudar los aportes de los afiliados en el exterior. La meta era que el IESS lograra afiliar a 80 mil personas, a través de un sistema que prometía incentivos y hasta una tarjeta de crédito. El contrato fracasó. Sólo se logró la adhesión de 1.100 personas, aunque el anticipo de 3 millones de dólares fue cobrado puntualmente por Denarii. En septiembre del mismo año, la Fiscalía abrió una investigación en contra del director del IESS, Ramiro González, que nunca prosperó.

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