PETROCHINA

El abogado Joffre Campaña, en marzo de 2018 presenta una denuncia de su cliente, Enrique Cadena Marín, el Zar petrolero, en contra de Fernando Villavicencio. Esta acción se inicia por supuesto delito de falsificación y uso de documento falso. Por esa razón este medio se vio forzado a eliminar algunos reportajes que vinculaban directamente a Cadena con la intermediación petrolera en el Ecuador. En la denuncia contra Villavicencio se señala que “El señor Enrique Cadena Marín no tiene relación alguna con la comercialización del petróleo vendido por Petroecuador a Petrochina, por lo que solicito que, previo el cumplimiento de las garantías del debido proceso se sancione con todo el rigor de la ley al denunciado, por el uso doloso de documentos falsos, conforme lo he expresado” El 19 de diciembre de 2018, después de la investigación correspondiente, la Fiscalía General del Estado decide archivar la denuncia impuesta por Cadena Marín en contra de Fernando Villavicencio. Con esta, son cuatro demandas penales de Cadena en contra de Fernando Villavicencio archivadas, incluyendo una en Perú. A continuación realizamos el relanzamiento de una de las notas en cuestión.

Presuntos tráfico de influencias o conflicto de intereses, por la presencia de Cristina García, la hija del procurador, en el estudio Jurídico Ferrere que patrocina a Schlumberger. El contrato con la multinacional petrolera, calificado como el contrato más “humillante“ de la historia, fue suscrito por el régimen de Rafael Correa y sigue generando polémica. Se espera que Petroamazonas exhiba el anexo “e“ aún oculto para la ciudadanía. Esto y más en la presente entrega investigativa.

Retrasos en la entrega de obras, extensiones de contratos, explosiones, gasolinas fuera de especificación, 115% de incremento en el contrato de construcción de tres tanques para almacenamiento de combustibles y el alquiler de un buque extranjero para almacenar estos mismos derivados son algunos de los rubros que hay que sumarle a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, un proyecto que el 2008 costaba USD 187 millones y que hasta el 2017 acabará desbordando la cifra de USD 1500 millones.

¿Cuáles serían las supuestas causas que motivaron a las autoridades ecuatorianas, para adoptar la decisión de "proteger" los recursos económicos en un paraíso fiscal, considerando que tanto el decreto ejecutivo 1793 de junio de 2009, como el Código Monetario y Financiero, cuestionan la contratación con empresas domiciliadas en esos países, así como la utilización de territorios offshore como destino de recursos financieros?