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¿Cómo un gobierno intenta callar a un periodista? Utilizando la estructura del Estado. Días antes de la revelación de los Inapapers, en 2018, el círculo presidencial de Lenin Moreno decidió armar su defensa atacando a uno de los autores de la investigación. Desacreditado el mensajero, anulado el mensaje, se habrá pensado. Se lo planeó en las altas esferas de Carondelet y se lo ejecutó con la asesoría de Inteligencia del CIES y la dócil obediencia del SRI. Pero nada pudo detener la publicación del reportaje que desnudó el primer gran acto de corrupción en el que aparece involucrado Moreno y su entorno familiar. La Fiscalía continúa investigando y pronto habrá novedades.

La iniciativa transfronteriza 'Vigila la pandemia', que investiga el uso de fondos públicos y potencial corrupción en la lucha contra la pandemia del Covid-19, presenta su sitio virtual donde se puede encontrar especiales, reportajes, visualizaciones y otros materiales informativos que ayuden a los ciudadanos de Latinoamérica a conocer cómo usan los gobiernos estos millonarios recursos más allá del discurso oficial. Hasta el momento, en el proyecto colaborativo participaron periodistas de nueve medios de comunicación, de siete países, con el liderazgo de Convoca.pe.

En estos tres países de América Latina, las investigaciones oficiales por la compra y comercialización supuestamente ilegales de insumos básicos para hacer frente al Covid-19 alcanzan, al menos, los 533 expedientes en distintas instancias. Avanzan en grados muy diferentes, los alcances son disímiles y en algunos casos con debilidad a la hora de enfocarse en autoridades de máximo rango o responsabilidad. Por otra parte, en Venezuela se registraron 40 detenciones pero sólo de civiles o en casos menores. Las autoridades de ese país no han informado el destino de los detenidos ni el estado de las indagaciones, hasta el momento. ¿Cuáles son los patrones comunes de las irregularidades detectadas en estas naciones? Presunto abuso de poder en distintos estamentos de los Estados y hechos que apuntan a beneficiar a empresas privadas en detrimento de los fondos públicos.