Hacker español contratado para atacar al Gobierno y a Villavicencio fue parte del equipo que espió a Julian Assange



Hacker español contratado para atacar al Gobierno y a Villavicencio fue parte del equipo que espió a Julian Assange

Redacción Periodismo de Investigación16 junio, 20228min2261
Redacción Periodismo de Investigación16 junio, 20228min2261
Screenshot_20220616-195956_WhatsAppBusiness
Como parte de una estrategia correista de silenciar a quienes develan la corrupción se han realizado campañas sucias con poderosos troll centers para desviar la atención de la responsabilidad de Aleaga y Aguiñaga en los últimos casos de corrupción. Entre esas enmarañadas acciones se encuentra el ataque contra el asambleísta Fernando Villavicencio y las redes de nuestro portal Periodismo de Investigación.

Ramón Devesa González es el “experto en ciberinteligencia” contratado por el correísmo para atacar al Gobierno de Guillermo Lasso y a Fernando Villavicencio, a través de la difusión de contenidos y videos con noticias falsas.

Esto como parte de la estrategia correísta para desviar la atención de las revelaciones sobre el legislador correísta Ronny Aleaga, y la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga.

En días pasados, el asambleísta Villavicencio hizo pública una fotografía tomada en Miami, Estados Unidos, en la que Aleaga aparece disfrutando los placeres del dinero y el poder con tragos y en una piscina, junto con Xavier Jordán Mendoza, prófugo de la justicia por un proceso legal de asociación ilícita en 2020.

También circuló una fotografía de Marcela Aguiñaga junto a Xavier Jordán Mendoza y se conoció que Aguiñaga vivió en el edificio “Quo” y que fue “vecina” de Daniel Salcedo, sentenciado por peculado en el caso hospitales, y de Julio César Quiñónez, exasambleísta de Alianza País.

El medio digital La Posta, incluso, aseguró que la expareja sentimental de Aguiñaga era socio de Xavier Jordán.

“Estos ataques contra el gobierno y mi persona son financiados por Xavier Jordán y orquestados por el correísmo, con el prófugo Rafael Correa a la cabeza. Sé que Juan Pablo Jaramillo Dávila, operador de Jordán, mantuvo reuniones en el extranjero para organizar estos ataques”, asegura Villavicencio.

Jaramillo es un activo participante del correísmo que también hizo negocios en los hospitales, especialmente los de Guayaquil. En septiembre de 2018, obtuvo un contrato por $ 507.200 para la provisión de insumos médicos para el área de Urología del hospital Los Ceibos.

Dos meses después, obtuvo otro en el Teodoro Maldonado Carbo por $ 938.969 para suministrar equipamiento para terapia respiratoria. Este contrato fue examinado por la Contraloría General del Estado, quien en sus conclusiones determinó que el presupuesto de la mencionada contratación tenía sobreprecio.

El legislador explica la implementación de la campaña de difamación, el correísmo buscó a Podemos y sus sociedades de “consultoría política” que operan desde hace años en varios países de América Latina, y para las que trabajan exempleados de UC Global y el mismo Devesa González como informático.

Ramón Devesa González, originario de Cádiz, España, es un exempleado de la empresa de seguridad española UC Global SL, famosa en el Ecuador por haber hecho vigilancia al margen de las leyes británicas a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, por orden del Gobierno de Rafael Correa.

Esta misma compañía dio protección y vigilancia a Correa y su familia en Bélgica y su hija en Francia. Seguridad que se mantiene hasta la actualidad.

De la relación laboral con UC Global, Devesa conserva una estrecha relación con Ernesto Julián Ruiz Alonso y Ángel Molina, dos extrabajadores de esa compañía, que en su momento fueron escoltas de Rafael Correa. Luego Ruiz Alonso y Molina se hicieron con el servicio de la empresa.

Devesa trabaja para R5 Personal and Corporative Services, empresa administrada por Alonso y Molina que también ha sido contratada por el partido español Podemos para obtener toda la información referente a la seguridad del partido, que estaba en poder del antiguo equipo informático de la organización política.

Se conoce que la estrategia de difamación en contra de Villavicencio se ejecuta a través de la empresa española Areani Consulting S.L., de propiedad de Devesa, que mantiene contacto semanal con el prófugo Rafael C. y le da el servicio y gestión, mediante controles parentales, instalados en los ordenadores que usan a diario.

Otra empresa usada por Ramón Devesa es Oliver Law Integral ServiceS.L., que fue creada para fines políticos. Devesa está involucrado en una causa en España que investiga a Podemos por la presunta financiación ilegal de ese partido. Se le investiga por falsificación de pruebas para favorecer al partido político en una investigación que se lleva en un Juzgado en Madrid.

Se conoce que Ramón Devesa estuvo en Ecuador con el objetivo de vender información sobre UC Global y el espionaje a Julian Assange en Londres a la Inteligencia ecuatoriana. En el país dictó cursos de “hacking ético” al Servicio de Protección Presidencial y de “Inteligencia de Fuentes Abiertas” al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Actualmente trabaja con el nuevo correísmo, en campañas de desprestigio con el objetivo de causar agitación social, desprestigiar las instituciones democráticas y generar opinión pública en contra de Villavicencio.

Villavicencio asegura que ya está en marcha la campaña de difamación y hace alusión a videos que circulan en internet sobre la Corporación Financiera Nacional en el que se le acusa de formar parte de la “mafia de CNT” y a campañas que defienden a Xavier Jordán.

El legislador señala que pondrá el caso en conocimiento de los Gobiernos de Bélgica y España y solicitará que se realicen las investigaciones correspondientes, “elevaré un reclamo al Gobierno de Bélgica porque las actuaciones de Rafael Correa, quien goza de asilo político, vulneran los principios del asilo; también solicitaré al Gobierno de España que realice una investigación a estas empresas y a Ramón Devesa que están ofreciendo servicios a un prófugo en contra del Gobierno ecuatoriano y de un legislador”.