El decreto ejecutivo 883, que provocó el mayor movimiento social del país desde 1959, nunca buscó eliminar el subsidio de los combustibles para el poderoso “sector naviero nacional que incluye al camaronero y pesquero atunero”. El decreto de Lenín Moreno, inequitativa e injustamente, no tocó la compensación de 70 centavos de dólar por galón que reciben esos empresarios amparados en el decreto ejecutivo 619 y el acuerdo interministerial 0001-2019, firmados por el presidente y sus ministros Pablo Campana, Carlos Pérez y Richard Martínez, en diciembre de 2018 y enero de 2019, respectivamente.