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Entre junio y agosto de 2013, la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) gastó USD 110.984,20 en la Operación Caminito, un proyecto de identificación de vulnerabilidades de las altas autoridades del país y de seguridad electrónica de las 
instituciones del Estado (en realidad el objetivo era identificar a: supuestos hackers que pretendían dañar la infraestructura tecnológica del Estado; a “posibles actores” que hacían espionaje contra el país y a los sitios web que publicaban información en contra de las altas autoridades del Gobierno del expresidente Rafael Correa). De esa cifra, más de USD 90 mil dólares fueron pagados a un informante apodado “El Ruso” (Eduard Soler), por compra de información que permitiría identificar a quiénes querían afectar la “seguridad integral del Estado” y los “intereses nacionales”.
En un informe de 2014, la Contraloría General del Estado concluyó que “El Ruso” nunca existió, que no hay informes sobre los resultados de Caminito y que quien solicitó y recibió el dinero para la operación, fue Pablo Romero Quezada, a la fecha titular de la Senain. Desde el 1 junio hasta el 31 de agosto de 2013, la Senain gastó USD 13.3 millones de dólares, en 51 operaciones.
“Caminito” una operación fraudulenta
La Operación Caminito surgió porque la Senain creía que una red de hackers estaba realizando operaciones de inteligencia para perjudicar la “seguridad integral del Estado y los intereses nacionales”. Sospechaba que “posibles actores estarían llevando a cabo acciones de espionajes contra el país”, además de que querían identificar qué sitios webs “realizaban publicaciones contras altas autoridades del Estado, así como archivos con información confidencial”. Supuestamente, lograron reclutar a uno de los “disidentes”, a quien compraron “información relacionada a acciones llevadas a cabo con el objetivo de afectar al estado ecuatoriano”.
Entre la compra de información, de dispositivos USB, pagos de viajes, hoteles y otros viáticos, la operación Caminito alcanzó, en tres meses, los USD 110.984,20. En el informe con indicios de responsabilidad penal intervención respecto del uso de los “FONDOS PÚBLICOS PERMANENTES DE GASTOS ESPECIALES”, la Contraloría señala que, dentro de Caminito, crearon la “Operación Itinerario”, en la que gastaron USD 63.621,90.
Para justificar este gasto, la Senain dijo que esa cantidad había sido pagada al informante Eduard Soler, alias “El Ruso”, por información de “interés operativo” entregada en un “medio magnético”, relacionada con “posibles actores que estarían llevando a cabo acciones de espionaje contra el país”, y que esto “permitió detectar y tomar acciones correctivas en referencia a las vulnerabilidades de las altas autoridades del país, así como la seguridad electrónica de las principales instituciones del Estado”. “Entregué al Sr. denominado El Ruso la suma de USD 63.321,98 por concepto de información de interés operativo”, dice el recibo de pago de la Senain. Sin embargo, Contraloría señala que el documento “no especifica el sitio de entrega del valor y tampoco existe un informe que identifique el procedimiento empleado para efectuar el pago y recibir la información”
“El Ruso”, un beneficiario fantasma
El informante apodado “El Ruso” nunca existió, según el informe de Contraloría; y la ausencia de informes sobre las actividades y resultados de Caminito, hacen presumir que ésta tampoco existió, fue un invento como gran parte de las operaciones registradas y pagadas con gastos especiales de la Senain, según sostienen personas que trabajaron en la entidad. Entre 2009 y 2017 la Senain recibió recursos por 284 millones de dólares.
Según información de la misma Secretaría, “El Ruso” era Eduard Soler, un ciudadano español, que durante toda la operación se identificó únicamente con un pasaporte. La Contraloría señala que el pasaporte que Soler usó para cobrar los pagos, era falso. La embajada española en Ecuador, aseguró al organismo de control que “el número de libreta de pasaporte que aparece en la fotocopia aportada no se corresponde con la persona que figura como titular en la misma”, dice el documento firmado por el entonces embajador Víctor Fagilde.
Tampoco coinciden las firmas del pasaporte con la registrada en los recibos de pagos que supuestamente firmó Soler. “Es posible establecer que el pasaporte que sirvió como identificación de la persona que recibió el dinero en calidad de informante, no es real y por lo tanto no existe la certeza que de que el monto entregado a cambio de la información (…) tenga el debido sustento”, asegura la Contraloría. Los cursos y talleres que forman parte de la formación académica y militar de Soler tampoco existen: los certificados de esas actividades tienen tachados los nombres del participante y la fecha. El organismo de control indica que eso impidió conocer si “dichos documentos corresponden al informante”. 
En julio de 2013, pagaron otros USD 10.000,00 a “El Ruso”, a cambio de información, al igual que en el primer pago, señalaron que era información de “interés operativo” y no ofrecieron mayores detalles. El 7 agosto de 2013, compraron, nuevamente, información a Soler por USD 10.787,77. Similar al caso anterior: no especificaron cuáles fueron las actividades descritas, ni el valor que acordaron con el informante, además, quisieron justificar viajes al exterior que no tenían nada que ver con Caminito.
Dos días después, entregaron USD 19.500,00 a “El Ruso”. Justificaron es ese pago diciendo que era por la información recibida y por viajes que realizaron los agentes para encontrarse con Soler en Uruguay. Las irregularidades son las mismas en todos lo pagos: la firma del pasaporte de “El Ruso” no coincide con las de los recibos de pago, y no se conocen detalles de la información recibida por la Senain.
Contraloría también observó USD 988,45 atribuidos a viajes y hospedajes en Montevideo, lugar hasta donde viajó Walter Xavier Olaya Silva, agente de la Senain, a encontrarse con El Ruso para recibir dos memorias USB con información de carácter secreto. El organismo de control indica que no se conoce qué cantidad se le entregó a “El Ruso”, pues no hay el recibo del valor que se pagó, y concluye: “no existe sustento documental para el viaje realizado por el señor Olaya a la ciudad de Montevideo, ni evidencia de que el informe presentado por el citado servidor sea real, ni que la información haya sido entregada por el informante, así como de los resultados obtenidos por la misma”.
La Contraloría también apunta a Juan Lozano, a la fecha coordinador de gastos especiales, Cecilia Santillán Berrones, coordinadora de contrainteligencia y a Walter Olaya Silva, agente operativo, por autorizar pagos sin el debido sustento.
Este informe lo conoció en septiembre de 2014, el entonces fiscal general Galo Chiriboga, quien dispuso que el 29 de octubre de ese año, se recepte las versiones libres de Carlos Pólit, Pablo Romero y Cecilia Santillán. La diligencia no pasó de allí.
Pólit, en su calidad de Contralor, rindió su versión ante el fiscal el tres de octubre de 2014, en la que confirmó la existencia del informe con responsabilidad penal en contra de Pablo Romero Quezada y otros, además precisó que dicho informe fue remitido al fiscal Chiriboga el 26 de septiembre del mismo año.
Tres años después, en enero de 2017, la Fiscalía emitió una orden de prisión, con “fines investigativos”, en contra de Romero, la cual fue revocada sin que medie justificación alguna. Un año después de que Romero abandonara el Ecuador, el 31 de mayo de 2018, la jueza Daniella Camacho, dispuso una nueva prisión preventiva para Romero, esta vez por su participación en el secuestro del político Fernando Balda. Actualmente, se encuentra prófugo en España.
Las irregularidades de la operación Caminito fueron confirmadas en otro informe de Contraloría de 2016, en esa fecha el ente de control hizo un nuevo análisis a los “Fondos Públicos Permanentes de Gastos Especiales” de la Senain y examinó las cifras presentadas por Pablo Romero Quezada, entre el 1 de septiembre de 2013 y el 10 de marzo de 2014.
Ese informe estableció que “CATO”, “OBAN” y “WALDO”, los sobrenombres que usaron Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, recibieron sueldos indebidos y solicitaron pagos no justificados a nombre de la Comisión 30S por un valor parcial de $ 84.285 dólares, aunque el informe de Contraloría establece un monto total de USD 206.889.
Según Contraloría, Baca, Bonilla y Guzmán recibieron USD 5.500,00 cada uno por concepto de sueldos correspondiente al mes de febrero de 2014, pese a que el decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa, estableció que los miembros de la mencionada comisión ejercerían el cargo de manera gratuita.
Además de eso, según la nota EL PECULADO DEL FISCAL, publicada en este portal y en el portal Milhojas, el nuevo examen determinó que en la operación Caminito se realizó un pago a un ciudadano español, Eduard Soler, por USD 41.500 por concepto de compra de información. Los pagos se realizaron en Montevideo, Uruguay, pero resultó que Soler no existe y ello fue certificado por la embajada de España. A esa fecha el caso generó ácidas reacciones del entonces fiscal Carlos Baca y del contralor Pablo Celi, quienes negaron la existencia del informe.
Responsabilidad civil culposa
En el informe de 2014, la Contraloría, además, resolvió confirmar la responsabilidad civil culposa de USD 49.484,37 en contra de Pablo Romero.
De Caminito solo se conoce que gastaron USD 110 mil dólares en tres meses. Hasta la fecha, no hay informes que indiquen cuáles fueron los resultados de esa operación, tampoco hay detalles de la información secreta que se compró, ni las actividades que se realizaron. De “El Ruso” no hay rastro. Si el informante nunca existió, ¿quién cobró el dinero por la venta de información a la Senain? Las evidencias no dejan dudas: Pablo Romero era “el Ruso”.
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amanda