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Decenas de grupos de la sociedad civil han expresado alegría por el nombramiento de Carolina Andrade Quevedo como próxima secretaria de seguridad ciudadana y gestión de riesgos del Municipio de Quito. Universidades, ONGs, académicos han celebrado la designación del nuevo alcalde Pabel Muñoz que la presentó en su cuenta de Twitter como politóloga y magíster en Ciencia Política con experiencia en Inteligencia Estratégica, Seguridad Pública y del Estado.

Inicio esta reflexión con la pregunta de cajón: ¿por qué el rediseño de la inteligencia ecuatoriana es una tarea de todos?

La Secretaría Nacional de Inteligencia desvió fondos de gastos especiales a la campaña de segunda vuelta de Lenin Moreno y Jorge Glas, con autorización de Rafael Correa y la operación de Rommy Vallejo. El informe de la Senain, al que accedió este portal registra millonarias cifras que incluyó pago de telefonía celular de Lenin Moreno y su familia, la entrega de cientos de miles de dólares a Santiago Cuesta para cubrir encuestas e incluso la movilización al estadio Atahualpa y el ataque al candidato Guillermo Lasso, en un partido de fútbol de la selección nacional.

Este medio accedió a uno de los informes reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) elaboró sobre las actividades de Fernando Villavicencio Valencia, entre 2015 y 2016. Se trata de un informe que confirma la veracidad de las investigaciones publicadas por el periodista y evidencia con claridad la capacidad de seguimiento que tenía la Senain contra los ciudadanos. Expresiones como “miembro de CIA”, “opositor”, “ataques al presidente”, son lugares comunes utilizados por los agentes en el documento. Abuso de poder, violación a la intimidad, poca inteligencia y el gasto de mucho dinero público en el seguimiento son otras conclusiones a las que llegamos.

Un informe reservado en poder de Periodismo de Investigación, elaborado por la inteligencia del Estado, con base a información brindada por colaboradores del correísmo, deja al descubierto la recomposición de la disuelta Senain, el cuerpo de inteligencia de ese gobierno que ha empezado a operar de forma clandestina, con el objeto de enfrentar las elecciones presidenciales de febrero de 2021 y atentar contra objetivos electorales y otros identificados con los códigos DTR (detractores) y TRD (traidores), entre los que se destacan la fiscal del Estado Diana Salazar y la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint.

Antes de convertirse en uno de los brazos ejecutores del espionaje durante el régimen de Rafael Correa Delgado, el exsecretario de la Senain, Pablo Romero Quezada, debió pasar varias pruebas de confianza. La amistad con los hermanos Raúl y Ricardo Patiño Aroca, lo catapultó en 2007 al umbral del escenario de las grandes hazañas del correísmo. En 2008, Romero ya se estrenó en el mecanismo de los sobornos, un sistema criminal que luego se convertiría en una verdadera industria con el caso Arroz Verde. Según documentos revisados, en 2008, Gustavo Texeira, ejecutivo de Odebrecht, entregó a Pablo Romero, 600 mil dólares (que en clave llamaron llantas), cuando ocupaba un importante cargo en el proyecto Baba. Tras la extradición de Romero, Periodismo de Investigación actualiza esta investigación publicada en 2017.

El pasado 6 de septiembre de 2019, la fiscal General Diana Salazar Méndez, llamó a declarar a los primeros 13 investigados en el marco de la indagación previa en contra del ex presidente Rafael Correa, de su ex secretario jurídico Alexis Mera, de la ex presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira y otros 37 acusados del delito de robo calificado (robo de información), como consecuencia del ilegal allanamiento al despacho del enconces legislador Cléver Jiménez y al domicilio del periodista Fernando Villavicencio, en navidad de 2013, incursión realizada bajo una falsa acusación de hackeo a la correspondencia del gobierno. En febrero de 2018, la Corte Nacional de Justicia, declaró la inocencia de los acusados y ahora Villavicencio contrademanda con una acción penal que podría sumar otros años de prisión a los otrora poderosos líderes de Alianza Pais

El exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero Quezada, sabe demasiado como para estar preso. Romero abandonó el país el 24 de abril de 2017 y desde entonces no ha regresado, el destino actual es España. Salió por la frontera luego de que se revocara una orden de prisión en su contra emitida el 27 de enero del mismo año por el juez Luis Enríquez a petición del entonces fiscal Galo Chiriboga. A esa fecha el caso no pasó de un titular de prensa que daba cuenta de la orden de captura, las razones se mantenían en reserva. Ahora se sabe que el tema en investigación era por un informe con responsabilidad penal remitido por el Contralor Carlos Pólit, denominado Operación Caminito, un expediente de inteligencia fraudulento en el que el jefe de la Senain cobró dinero a nombre de un falso informante conocido como “El Ruso”. La Fuente tuvo acceso a toda la información hasta hoy manejada en reserva.

Una fuente de la embajada de Ecuador en Londres le confió a este medio que Julian Assange pretendió, antes de las elecciones de 2017, filtrar información comprometedora del gobierno de Rafael Correa, nunca lo hizo y aún se desconocen las razones de la decisión. Lo que sí queda claro es que el asilo político de 2012 habría sido parte de un acuerdo para suspender nuevas filtraciones como aquellas de 2010 que dañaron la imagen del régimen de Correa. Así se manejaron la información y el silencio como trofeos de negociación. Seis años después, Assange promueve acercamientos y acuerdos al más alto nivel y con ese objetivo juega nuevamente con la información y el silencio. A nivel global se ensayan contactos con personalidades influyentes en el gobierno de Donald Trump, mientras desde Ecuador se anuncia el compromiso del presidente Lenin Moreno de avanzar un acuerdo con el gobierno británico. El desenlace parece inminente, aunque se demore un poco, se descubrirá el precio del silencio.

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