Ecuador: Inicia la guerra contra el terrorismo

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Ecuador: Inicia la guerra contra el terrorismo

Contenidos La Fuente12 enero, 202426min
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Las revelaciones del Caso Metástasis fueron el detonante de la grave crisis de seguridad de los últimos días. La Fiscal General, Diana Salazar, advirtió que la arremetida del crimen organizado sería brutal y ese mal presagio se cumplió.

Aunque el Gobierno Nacional se atribuye el mérito de la ofensiva de los grupos delictivos por la supuesta ejecución de su Plan Fénix, lo cierto es que la extracción de Fabricio Colón Pico de la cárcel de Riobamba, para evitar su traslado a La Roca, desató esta ola de violencia sin precedentes en el sistema penitenciario y las calles del país. Colón Pico fue detenido el 5 de enero luego de que la Fiscal General lo acusara de planificar su asesinato.

Conatos de incendios, amenazas de bomba, amotinamientos en las cárceles, secuestro de guías penitenciarios, asesinato de policías, el escape del “Capitán Pico” junto a otros reos, coches incinerados, ataques con artefactos explosivos, detonaciones de puentes peatonales e incursiones armadas en canales de televisión al aire, son algunos de los violentos episodios vividos estos últimos días en el territorio nacional.

En respuesta a la escalada de violencia, el Presidente Daniel Noboa tomó una medida inédita: declarar el conflicto interno armado (CIA) y reconocer a 22 organizaciones delictivas que operan en el país como objetivos militares a neutralizar. Tan prometedor como suena, no obstante, el Gobierno no ha precisado el alcance, los objetivos y la proyección de la decisión adoptada. Por todo ello, La Fuente-Periodismo de Investigación consultó la pertinencia de la medida con tres expertos en seguridad.

Existe unidad de propósitos y un respaldo unánime de la ciudadanía a la acción policial y militar para recuperar la paz. Esa es, hoy por hoy, la causa movilizadora que une a todo el Ecuador bajo un mismo grito de guerra.

Una medida necesaria, pero peligrosa

Daniel Pontón, catedrático de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y experto en seguridad, cree que la declaratoria de guerra interna es extrema y aumenta las expectativas de la ciudadanía sobre el restablecimiento del orden.

Según Pontón, la disposición es oportuna en la medida en que se identifican objetivos militares y se implementan lógicas de guerra para neutralizarlos, no obstante, también es peligrosa porque se requiere precisión sobre los blancos a contrarrestar y la proporcionalidad de la respuesta militar frente a la magnitud de la amenaza y sus actividades conexas.

“El problema es que todo lo que el gobierno considere que aúpa, abona, coadyuva a todas estas actividades son declarados objetivos de guerra. Y por más que uno pueda decir que eso está bien, todos sabemos cómo funciona la situación penal en este país”.

El catedrático alude a la entrevista de Noboa en radio Canela en la que advirtió, entre otras cosas, que aquellos jueces, fiscales y miembros de la Policía y FF.AA. que se confabulen con estas estructuras criminales, serán tratados con el mismo rigor.

De acuerdo con Pontón, extender la denominación de “objetivo militar” a la corrupción, convierte a los delitos contra la eficiencia de la administración pública, por ejemplo, en delitos contra el Estado, por lo que los imputados serían juzgados en calidad de terroristas.

A pesar de que el Decreto Ejecutivo 111 enlista a 22 organizaciones delictivas, continúa el experto, estos grupos están dispersos en todo el territorio nacional y no se tiene una clara delimitación de las circunscripciones en las que operan. 

Además, en algunas zonas del país existe un fuerte vínculo de relacionamiento social con la población civil, que convierte a los elementos de las organizaciones criminales en miembros aceptados de la comunidad. 

Para Pontón, esto puede derivar en que las personas que defienden a los delincuentes también sean consideradas objetivos militares y puedan ser neutralizados o, en el mejor de los casos, juzgados como terroristas.

La intervención de las FF.AA., dice Pontón, ya era necesaria, no obstante, una estrategia de esta naturaleza aplicada en un país como el nuestro, con una profunda debilidad institucional es peligrosa. 

Por ello, el catedrático sugiere que el Gobierno Nacional debe acompañar las acciones de la fuerza pública con reformas institucionales, sobre todo en el ámbito judicial para reducir la alta tasa de impunidad. La Consulta Popular, en consecuencia, debe apuntar en esa dirección.

Una medida desesperada

Luis Córdova, Director del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, reconoce la existencia de grupos criminales armados vinculados al narcotráfico y que emplean tácticas de índole terrorista, sin embargo, cree que por su falta de entrenamiento en el manejo de armas, a diferencia de agrupaciones paramilitares como las FARC o el ELN, no pueden ser consideradas organizaciones propiamente terroristas.

El experto en seguridad tilda de irresponsable a la disposición de Noboa porque implica “patear hacia adelante algo que no va a resolver nada”.

En ese sentido, Córdova asegura que la sola presencia de los militares en las calles disuadirá a los grupos delictivos. Por ello, sugiere el experto, para compensar esa carencia de resultados inmediatos en el corto plazo, existe el riesgo de que las Fuerzas Armadas incurran en excesos contra personas que no intervienen en los actos terroristas y ni siquiera forman parte de estas células delictivas.

“Entonces, para mostrar trofeos ante la ciudadanía, puede haber un peligroso riesgo de que comencemos a ver muchos falsos positivos. Y ese es un peligro porque, mientras estamos embelesados en esta guerra del gato contra el ratón, el crimen organizado sigue carcomiendo las estructuras institucionales”, dijo.

Precisamente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, anunció, el 10 de enero, que 329 terroristas -de Los Lobos, Tiguerones y Choneros- fueron detenidos y otros cinco fueron abatidos tras las primeras 24 horas de vigencia de la declaratoria de conflicto interno armado. También, en audiencia de formulación de cargos, se dictó prisión preventiva contra 11 terroristas por la violenta incursión en TC Televisión e internamiento contra dos menores de edad que formaban aparte de este grupo.

Hoy, 11 de enero, trascendió un video de Fabricio Colón Pico en el que le expresó al Presidente Noboa su predisposición de entregarse a las autoridades, siempre y cuando le garantice que “no le va pasar nada”. 

Noboa salió al paso y reaccionó en una entrevista a FM Mundo: “Si se quiere entregar nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales; las condiciones las pone la gente de bien, las condiciones las pone la familia ecuatoriana, pone el Gobierno, pone el Estado, no las ponen los criminales”, sentenció.

Entre otros resultados, las FF.AA. reportaron que se detuvo a alias Chiquito, presunto cabecilla de los Tiguerones, en el sector Bendición de Dios, en Esmeraldas. También informaron se aprehendió a 14 sospechosos vinculados a Los Lobos mientras merodeaban en actitud sospechosa por los alrededores de la cárcel de Cotopaxi.

Cuatro presuntos terroristas más fueron detenidos en el sector de Frailejones, en Carchi, con un revólver, municiones y droga en su posesión. Además, se dictó prisión preventiva contra alias “Canito”, otro cabecilla de Los Lobos acusado del asesinato de los dos policías en Nobol, Guayaquil. Y, en Ibarra, otros siete presuntos integrantes de esa misma agrupación criminal fueron detenidos con tacos de dinamita peruana.

Pese a estos resultados preliminares, para Córdova, en tanto las FF.AA. y la Policía Nacional no se sometan a un verdadero proceso de depuración que remueva de sus filas a los elementos infiltrados del crimen organizado, cualquier “estrategia guerrerista” será insuficiente. Hay que atacar, dice el experto en seguridad, el flujo de capitales ilícitos y el contrabando; de lo contrario el Ecuador seguirá mordiéndose la cola.

Una medida no planificada: el Plan Fénix se crea sobre la marcha

El Presidente Noboa incorporó la declaratoria de conflicto interno armado al paquete de medidas que componen su supuesto plan de seguridad. Originalmente, regía un estado de excepción con toque de queda para retomar el control de las cárceles y las calles, sin embargo, la cantidad de eventos delictivos en la madrugada del pasado martes 9 de enero rebasó la capacidad de respuesta de la Policía.

El clímax de esta violencia terrorista ocurrió con el asalto y toma de rehenes en TC Televisión mientras el equipo de periodistas transmitía el noticiero vespertino en vivo. Tras horas de pánico y angustia, finalmente las unidades tácticas de la Policía sometieron a los 18 terroristas implicados y rescataron a los trabajadores de la televisora.

En ese marco, Noboa expidió el Decreto 111 con el que autoriza la participación de las FF.AA. para la neutralización de las organizaciones criminales. 

Los primeros resultados de la medida, para Hugo Espín, experto penal y analista en temas de seguridad, demuestran la poca planificación que respalda su ejecución.

“No se sabe cuáles son los objetivos, cuál es la métrica, cuáles son las apreciaciones que tiene el Estado. No ha habido autoridades del Gobierno que hayan salido a explicar el alcance de esta medida y qué es lo que se espera”, explicó.

Además, según el experto, a pesar de que la medida rige desde el 9 de enero, la situación en las cárceles no ha mejorado, pues 158 guías penitenciarios y 20 empleados de cocina y funcionarios administrativos continúan secuestrados por los PPL’s en las cárceles de Turi, Latacunga, Machala, Ambato, Loja, Esmeraldas y Azogues.

El SNAI guarda silencio frente a la angustia de los familiares de los rehenes y tampoco desmiente la veracidad de los videos que circulan en redes sociales en los que se retrata la ejecución a tiros de algunos agentes de seguridad penitenciaria, mientras otros yacen colgados de cuerdas.

La Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador (Asorpen) presentó una acción de protección contra Luis Zaldumbide, director del SNAI, para que salve inmediatamente la vida de quienes están secuestrados y son torturados por los convictos.

Para Espín, la recuperación de estos centros de reclusión es urgente y las autoridades no deben perder más tiempo en procesos de negociación para el rescate de rehenes, ya que esto abre la puerta a que los grupos delictivos continúen imponiendo su voluntad y legitimen su agenda criminal frente al poder del Estado.

Finalmente, el experto cree que del éxito de esta medida depende el restablecimiento de la paz en el país, no obstante, continúa, si no existen objetivos claros y los sistemas de inteligencia no funcionan adecuadamente para determinar los blancos de alto perfil y de oportunidad para la acción de cada fuerza de tarea, todo será una pérdida de tiempo. 

Es más, se correría el riesgo de que los GDO’s se fortalezcan y desplieguen una reacción criminal todavía más violenta.

Unidad por la seguridad

El exministro del Interior, Patricio Carrillo, enfatiza la necesidad de definir una agenda de seguridad integral que incluya políticas de defensa, fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, una reforma al sistema penitenciario y colaboraciones con la política interior y exterior.

«Todo esto en conjunto es lo que hoy debe llamar al gran diálogo nacional», destaca Carrillo. En un país fragmentado, la unidad, según Carrillo, es esencial para superar la creencia errónea de que la crisis es solo un problema de personas e instituciones, y transitar hacia el entendimiento de que es un problema estatal.

En lo que respecta al SNAI, Carrillo cree que es “una institución cedida a las organizaciones criminales”. Por ello, sugiere que es necesaria una revisión exhaustiva, desde la estructura hasta la gestión disciplinaria, para sanear a las instituciones del cáncer de la corrupción. 

El exministro del Interior, sin embargo, considera importante brindar oportunidades de rehabilitación para aquellos que han cometido delitos menores, reconociendo que existe un grupo susceptible de reinsertarse en la sociedad. 

Este mecanismo, naturalmente, excluirá a quienes se resisten a rehabilitarse. Por consiguiente, se requiere la implementación de un «régimen disciplinario especial» como posible solución para estos PPLS.

Carrillo, asimismo, apunta a que el sistema de beneficios penitenciarios «es el más corrupto por intimidación o corrupción». Así, los Privados de Libertad (PPLS) tienen un control total. La posibilidad  de beneficios por buena conducta, reubicación estratégica y salidas anticipadas abre la puerta a una corrupción sistémica que socava la efectividad del sistema.

Para el exministro del Interior, la propuesta de utilizar la fuerza como medio urgente para restablecer el orden público, respaldada por decretos ejecutivos y la declaración de conflicto interno, refleja una postura contundente. 

No obstante, Carrillo aclara que la «legítima defensa privilegiada», como parte de la declaratoria de conflicto interno armado (CIA), no supone un «gatillo fácil», sino la autorización a los uniformados para que cumplan su deber bajo protocolos estrictos.

Más allá de la amenaza de la cárcel o el cumplimiento de penas, Carrillo explica que la verdadera disuasión radica en la pérdida económica y en la capacidad del Estado de imponerse a través de la fuerza letal. Esta perspectiva destaca la necesidad de replantear no sólo las sanciones, sino también las herramientas utilizadas para mantener el orden y la seguridad en el país.

Actores no estatales beligerantes: la puerta a la impunidad

Tras la exposición de motivos y los considerandos, el artículo 4 del Decreto 111 identifica a 22 grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas y “actores no estatales beligerantes”.

 

Esta última denominación genera ciertas dudas, toda vez que otorga a las bandas delictivas el estatus de combatientes y reviste ciertas garantías del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para, por ejemplo, garantizar una amplia amnistía al término de los enfrentamientos.

Este beneficio se encuentra establecido en el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Esta norma, precisamente, regula algunos aspectos de los conflictos internos armados bajo ciertas consideraciones.

El numeral citado reza que: “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.

Sin embargo, para que esto sea aplicable, la naturaleza del conflicto debe cumplir ciertas características, a saber: que se desarrollen entre las FF.AA. de un Estado y las fuerzas disidentes bajo el liderazgo de un mando responsable, y que este grupo armado organizado pueda realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

De acuerdo con Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esa declaración si les brinda cierta protección a los GDO’s bajo el DIH.

“La ventaja es que haciéndolo se facultó a las FF.AA. a usar la fuerza sin progresividad y bajo actividades militares. Si me lo preguntan a mí, poniendo en una balanza, era necesario hacerlo”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que la Asamblea Nacional, una vez que finalicen las hostilidades, aplique indiscriminadamente amnistías en favor de los delincuentes que sean capturados y procesados en calidad de terroristas, Alarcón cree que podrían hacerlo incluso sin que tengan rango de combatientes.

“Para ser amnistiado no necesitas estatus alguno. La Asamblea puede hacerlo siguiendo el procedimiento establecido. Hasta violadores han amnistiado”, dijo.

Por ahora, esa es sólo una sospecha. Tras una reunión a puerta cerrada del Consejo de Administración Legislativo (CAL), la Asamblea resolvió dar su respaldo a la Policía Nacional y las FF.AA. a través de la adopción de indultos y/o amnistías “para garantizar la tarea de estos estamentos”.

En esta dura crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, la unidad nacional es fundamental. La Policía, las FF.AA. y el sistema de justicia deben trabajar articuladamente para garantizar el pronto retorno de la paz. 

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