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La esperanza del país de duplicar su producción petrolera que ahora es de casi $500 mil barriles diarios puede esfumarse si uno de sus mayores pozos pasa a manos de una compañía que nunca ha producido un solo barril de crudo y que presenta, como sus credenciales, un proceso de exploración en curso en Colombia, varios otros proyectos en etapa de investigación y menos de 6 meses de operaciones en Ecuador.

Las investigaciones que este portal realizó entre 2021 y 2022, que concluyó con la publicación del reportaje Cacería y extinción de las tortugas gigantes de Isabela, permitió al equipo de pi. mantener sendas conversaciones con funcionarios de la Dirección del Parque Nacional Galápagos DPNG, quienes de distintas maneras entregaron información a este medio de comunicación.

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El paro indefinido de junio de 2022 no responde únicamente a una protesta indígena o ciudadana, sino también a una estrategia política y narcodelictiva con otros fines perversos; y, que de forma coincidente, estos hechos ocurren posteriormente a la lucha frontal contra el narcotráfico que ha liderado el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, en la cual, entre otros duros golpes al régimen delictivo establecido, se produjo la detención de uno de los presuntamente mayores narcotraficantes del país y por supuesto la develación de amistades y reuniones cercanas entre asambleístas y personajes políticos con prófugos inmersos en corrupción hospitalaria, peculado, enriquecimiento privado no justificado, entre otros.

“Hubo como más de 30 muertos, disculpe la palabra, pero había gente que moría, cogían y envolvían con sábanas, a los familiares les daban $10.000 o $5.000 mil dólares y enterraban como a perros”. Migrantes y comuneros empobrecidos murieron sepultados después ingresar a orificios de 8 o 10 metros de profundidad hechos con las retroescavadoras para batear.

Daniel Salcedo Bonilla, enjuiciado en 4 procesos penales y sentenciado en dos de ellos con condenas que suman 17 años por actos de corrupción cometidos en plena crisis sanitaria, construyó un entramado empresarial en medio de vínculos con políticos y con autoridades del sistema de salud pública; acumuló dinero en cuentas bancarias, bienes y acciones por $4 millones.

El área administrativa de la Asamblea Nacional funcionaría holgada y eficientemente solo con 184 plazas, pero en ese poder del Estado en la nómina de marzo del 2021, hasta la salida de César Litardo como presidente, había 1319 funcionarios, entre los trabajadores legislativos y la planta administrativa.

Quien lidera las estrategias electorales de la campaña de Andrés Arauz y Carlos Rabascal es el hombre de los 12,3 millones de dólares.

Un informe reservado en poder de Periodismo de Investigación, elaborado por la inteligencia del Estado, con base a información brindada por colaboradores del correísmo, deja al descubierto la recomposición de la disuelta Senain, el cuerpo de inteligencia de ese gobierno que ha empezado a operar de forma clandestina, con el objeto de enfrentar las elecciones presidenciales de febrero de 2021 y atentar contra objetivos electorales y otros identificados con los códigos DTR (detractores) y TRD (traidores), entre los que se destacan la fiscal del Estado Diana Salazar y la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint.

Un médico de la provincia de Cañar dice haber sido deshonrado por un mensaje en la red social twitter que lo señala a él y su familia como poseedores de carnés de discapacidad. El demandante tuvo la coincidente suerte que el caso cayó en manos de un juez que también obtuvo un carné de discapacidad. El autor del mensaje de twitter, ahora demandado, es el periodista Fernando Villavicencio. Así, en ese mundillo de discapacidades se cocinó un nuevo engendro persecutorio en contra del periodismo y la libertad de expresión.

El gerente de Terminal Portuario de Manta (TPM) Samuel Franco junto al abogado Roberto Barriga dialogaron vía telemática con Periodismo de Investigación sobre el proceso de delegación del puerto, las observaciones de Contraloría, las inversiones y las presiones de grupos sociales contrarios al operador privado.

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