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En mayo de 2022, un hombre llamado Fernando Villavicencio publicó una fotografía.
Para quien no supiera quiénes eran los retratados, esa fotografía no tenía nada de particular. Había sido tomada junto a una piscina, en Miami, en casa de un empresario ecuatoriano llamado Xavier Jordán: el agua, unos muebles, unos señores pasando la tarde. Uno de esos señores era Ronny Aleaga, por entonces asambleísta de Revolución Ciudadana, el partido político del expresidente Rafael Correa.
Nada de eso, en sí mismo, era un delito. Un legislador puede ir a nadar a donde quiera.
Pero Villavicencio tenía la costumbre de hacer preguntas. Había sido periodista antes que legislador, y todavía habría de ser candidato a la presidencia; llevaba años poniéndoles nombre y apellido a los negociados entre la política y el crimen organizado. Con aquella fotografía convirtió una tarde ajena en un asunto de todos: qué unía a esos hombres, hasta dónde llegaban sus tratos.
Jordán era, para entonces, un prófugo de la justicia ecuatoriana, acusado de corrupción en los contratos de insumos médicos de dos hospitales de Guayaquil, en plena pandemia. Aleaga, presionado, emitió un comunicado: había ido a esa piscina porque su novia era pariente de Jordán; con las actividades de Jordán, dijo, no tenía relación alguna. El comité de ética de su partido lo sancionó con una amonestación escrita.
Después la policía incautó los teléfonos de un narcotraficante llamado Leandro Norero, alias «El Patrón», y la fotografía empezó a revelar lo que la cámara no había alcanzado a captar.
Villavicencio lo resumía en una frase: «No hay crimen organizado sin poder político».
Quince meses después de publicar la fotografía, lo mataron de un tiro en la cabeza.
Lo mínimo que hay que saber
Ecuador es un país pequeño, encajado en el noroeste de América del Sur entre Colombia y Perú. Tiene unos dieciocho millones de habitantes y desde el año 2000 su moneda es el dólar de Estados Unidos. Durante décadas gozó, entre sus vecinos, de una reputación casi aburrida: ni guerrilla ni carteles con nombre propio; el lugar tranquilo entre los dos mayores productores de cocaína del mundo. Le decían «la isla de paz». Y lo decían en serio.
Ese país ya no existe. En pocos años pasó de una de las tasas de homicidios más bajas de la región a una de las más altas. Coches bomba. Motines en las cárceles con cientos de muertos. Alcaldes asesinados, y un candidato a la presidencia. Puertos en manos de bandas locales y extranjeras que mandan droga a medio mundo. La «superautopista de la cocaína», según The New York Times a finales de 2025. Este texto cuenta cómo ocurrió y, sobre todo, a quién le convenía que ocurriera sin ruido.
Para seguir la historia hacen falta cuatro presidentes.
Rafael Correa gobernó de 2007 a 2017. Economista, carismático, de izquierda. Su movimiento se llama Revolución Ciudadana y sus partidarios, correístas. Desde que dejó el poder vive en Bélgica. En Ecuador lo aguarda una condena por corrupción que él llama persecución política. Con el Atlántico de por medio sigue siendo, de lejos, el hombre que más pesa en su partido.
Lenín Moreno gobernó de 2017 a 2021. Había sido vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, y fue Correa quien lo eligió para sucederlo; de él se esperaba continuidad. La continuidad duró meses: Moreno rompió con quien lo había elegido, convocó en 2018 una consulta popular que acabó con la reelección indefinida y dejó que las investigaciones sobre la década anterior siguieran su curso. En abril de 2020, con Moreno en el Palacio de Carondelet, un tribunal condenó a Correa y a Jorge Glas, su vicepresidente entre 2013 y 2017, a ocho años de cárcel por cohecho, que es como la ley llama a los sobornos. Para el correísmo, Moreno es desde entonces el nombre de la traición.
Guillermo Lasso, banquero, conservador, gobernó de 2021 a 2023, menos de lo que le tocaba. Acorralado por un juicio político —cuyo fundamento las cortes desecharían más tarde— echó mano de un mecanismo constitucional con nombre de novela negra, la «muerte cruzada», que le permitió disolver la Asamblea Nacional y adelantar las elecciones.
Daniel Noboa ganó esas elecciones a finales de 2023. Tenía treinta y cinco años y un apellido: el de su padre, Álvaro Noboa, magnate del banano, que se presentó cinco veces a la presidencia y perdió las cinco. En abril de 2025 fue reelegido frente a Luisa González, la candidata de Correa.
Conviene, además, distinguir dos instituciones. La Fiscalía investiga los delitos y acusa ante los jueces; cuando «vincula» a alguien a un proceso, lo convierte en sospechoso formal, que no es lo mismo que condenado. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, organiza las elecciones y cuenta los votos.
Hasta ahí el andamiaje.
Lo que este texto puede decir
Sobre la mesa hay libros de periodistas, expedientes de la Fiscalía, un informe policial, testimonios y transcripciones de conversaciones rescatadas de teléfonos celulares. Antes de abrirlos conviene decir cuánto dan de sí.
Dan para seguir hilos concretos: quién habló con quién, quién giró un cheque, quién ordenó que se dijera tal cosa. No dan para demostrar que hay un solo jefe detrás de todos los episodios, ni un mismo pacto, sin costuras, que vaya de la guerrilla colombiana de los años 2000 a unos mensajes de WhatsApp de 2025. Para eso harían falta otra investigación y otras pruebas. Este no es ese texto.
Lo que hay es una hipótesis, y como hipótesis hay que leerla: cuando ciertas personas necesitan que la justicia no las alcance, y esa protección depende de cuánto manden en el Estado, volver al poder deja de ser una ambición y se vuelve una necesidad práctica, de esas que no admiten espera. Si eso es así, el adversario es cualquiera que estorbe, y cambia de nombre con los años. Lo que lo vuelve peligroso no es lo que piensa sino lo que puede tocar: intereses, negocios, mecanismos de protección. La ideología viene después, si es que viene.
Lo que sigue va en el orden en que ocurrió.
I. El ministerio de Serrano
Las advertencias llegaron mucho antes que los expedientes.
En El juego del camaleón, el periodista Arturo Torres rastreó la mano de las FARC en la vida política ecuatoriana. La guerrilla colombiana llevaba medio siglo en guerra con su propio Estado y había pagado buena parte de esa guerra con cocaína. Torres reunió entrevistas y documentos sobre aquella penetración y sobre sus tratos con el narcotráfico. Las conexiones entre el poder y el crimen organizado ya tenían una historia que contar cuando el país todavía se felicitaba por su tranquilidad.
Francisco Huerta Montalvo fue más lejos. Había presidido la comisión que investigó lo de Angostura: en marzo de 2008, aviones colombianos bombardearon un campamento de las FARC plantado en territorio ecuatoriano, cerca de la frontera; allí murió Raúl Reyes, el número dos de la guerrilla. Hubo crisis diplomática, hubo comunicados. Y quedó una pregunta más incómoda que los comunicados: cómo había podido acampar allí una guerrilla extranjera sin que nadie, al parecer, se diera cuenta.
En 2018, en una entrevista con FocusEcuador, Huerta dijo que «el correísmo mantenía un nivel de connivencia con el narcotráfico». La tan celebrada tranquilidad tenía, según él, una explicación poco agradable: la falta de violencia podía convivir con acuerdos de tolerancia y protección. Una Pax Narca. Angostura, sostuvo, había dejado ver una penetración imposible sin cómplices en las instituciones de seguridad y en lo más alto del gobierno.
El mecanismo que describía era sencillo. Un negocio criminal podía prosperar mientras no agitara demasiado la superficie de la vida pública. La calma no era lo contrario del arreglo: era una de sus cláusulas. Vista así, obligaba a revisar una ecuación que había resultado cómoda: menos violencia a la vista, menos poder criminal.
Las anécdotas abundaban. Leandro Norero —El Patrón, el de los teléfonos— tomó parte en la política de pacificación de bandas de Rafael Correa: hay fotografías suyas con el expresidente, y se lo vio sentado en mesas de diálogo del gobierno.
En 2014, la Policía Antinarcóticos del aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, detuvo a dos ecuatorianos a punto de embarcar hacia República Dominicana. Se habían tragado un kilo de cocaína envuelta en látex. Confesaron que un hombre les había ofrecido 4.000 dólares por el viaje. El hombre era Leandro Norero. Un juez de ese país pidió prisión preventiva para él; la justicia nunca lo alcanzó. Tres años después, en 2017, Norero acompañaba a Jorge Glas, entonces vicepresidente de Correa, en un acto político. También de eso hay fotografías.
La tesis recibió después un aval desde arriba, el del entonces presidente Lenín Moreno: «Teníamos paz porque se permitía el paso de droga». Lo dijo cuando la violencia, sobre todo en la frontera con Colombia, empezaba a crecer al ritmo de las incautaciones de cocaína.
Una investigación publicada en La Fuente, The Pax Narca Files, miró una parte menos visible de esa superficie: los números. Toda muerte violenta pasa por las manos de un médico legista, que la clasifica. Anotada como «homicidio», entra en la estadística criminal. Anotada como «muerte violenta de intención no determinada» —cuando, supuestamente, no se sabe si fue un accidente, un suicidio o un asesinato—, queda fuera. En 2014 se registraron 1.070 homicidios y 1.353 muertes violentas de la otra clase: por primera vez en la historia estadística del Ecuador hubo más muertos de intención no determinada que asesinados. La investigación documentó ese y otros indicios de que los homicidios se contaban de menos, y puso en cuestión el uso de esa categoría en unos años que incluyen la gestión de José Serrano al frente del Ministerio del Interior, la cartera que manda sobre la policía. Serrano fue ministro de 2011 a 2016. En marzo de 2025, un informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional recogió las denuncias y llamó a comparecer a las exautoridades. La discusión había llegado al escaparate de toda política de seguridad: las cifras con las que anuncia su éxito.
Una anomalía en las cifras no señala por sí sola a un culpable ni cuenta quién pactó con quién. Deja dos preguntas, eso sí: qué violencia quedó fuera del relato oficial, y a quién le convenía esa versión del país. La paz tenía reverso. Había que darle la vuelta.
De aquel ministerio hay un retrato minucioso. En La revolución malograda. El correato por dentro, Mónica Almeida y Ana Karina López describen una institución en la que la policía se modernizaba al mismo paso que se concentraba el poder. Entre 2012 y 2016, según las autoras, el Ministerio manejó 1.145 millones de dólares y la Policía recibió 5.863 millones. En diciembre de 2013 la plantilla del ministerio rondaba las 1.500 personas. Veinticinco asesores trabajaban solo para el despacho del ministro.
Un presupuesto y una nómina de ese tamaño llevan otra contabilidad, que no figura en ningún balance: la de las lealtades.
Serrano exigía resultados. Cada lunes, a las seis de la mañana, repasaba casos e índices delictivos con los comandantes de distrito. La caída de los homicidios fue su credencial política: la cifra que enseñaba. Años después, las investigaciones sobre cómo se registraban las muertes violentas pondrían en duda esa misma cifra.
En el ministerio trabajaba una directora administrativa llamada María Paula Christiansen. Serrano le había dado, escriben Almeida y López, «plena capacidad» para administrar contratos; es decir, para decidir dónde se gastaba el dinero. Las autoras cuentan 216 contratos de emergencia —un procedimiento de excepción que permite comprar sin concurso público— por 330 millones de dólares entre octubre de 2013 y diciembre de 2015. Cuando empezaron las investigaciones sobre esa gestión, Christiansen se mudó a Miami y abrió una cadena de spas: Mint Wellness Center.
Conviene guardar el nombre y las cifras. Christiansen va a reaparecer hacia el final de esta historia, dando instrucciones, y para entonces ya sabremos de dónde viene: del aparato que administraba la seguridad del país y, con ella, su dinero.
II. El cheque y la casa
Después apareció el cheque.
Llevaba fecha del 13 de enero de 2018, un importe de 230.000 dólares y, en la referencia, dos palabras: «Spa Store». La beneficiaria era Christiansen, la de los spas de Miami. Lo firmaba Jorge Chérrez, un empresario al que apodaban «El Mago», señalado en las investigaciones sobre el saqueo del Isspol.
El Isspol es el fondo de pensiones de la Policía Nacional: el dinero con el que se jubilan los policías del Ecuador, los mismos sobre los que mandaba el ministerio de Serrano. Sus reservas fueron a parar a inversiones que acabaron por vaciarlas, y de los ahorros de los agentes desaparecieron cientos de millones de dólares. Del Isspol se sigue hablando en presente.
El 22 de noviembre de 2021, Serrano compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el comité que interroga a funcionarios y exfuncionarios. Villavicencio, que había pasado del periodismo a la Asamblea y seguía haciendo preguntas, mostró el cheque y sostuvo que con ese dinero se habrían pagado los spas de Miami.
Christiansen habló de una «persecución infame». El cheque, dijo, estaba fuera de contexto.
Aquí hay que ser exactos. Nada de lo que cita este texto establece que ese dinero saliera de lo sustraído al Isspol. Tampoco hay un contrato que diga qué se entregaba a cambio. Lo que hay son tres cifras, y conviene leerlas seguidas. Los funcionarios ecuatorianos declaran su patrimonio al entrar en el cargo y al salir. Christiansen declaró 50.000 dólares al entrar y 11.709 al salir. Meses después recibía un cheque por 230.000.
El vínculo de Serrano y Christiansen con Xavier Jordán, el dueño de la casa de la piscina, tenía además una dirección. Según los registros de propiedad de Miami-Dade recogidos por Diario Expreso, Serrano y Christiansen vivían en una casa de The Mansions, una urbanización de Doral, un suburbio de Miami donde viven latinoamericanos con dinero. La casa era de Doral Asset 1 LLC, una sociedad presidida por Jordán. Más de 1.100 metros cuadrados. Un valor comercial por encima de los 2,1 millones de dólares.
Hay, además, una conversación del 11 de julio de 2024. Está en el informe policial sobre quién ordenó matar a Fernando Villavicencio. En ella, Christiansen confirma que está en casa y comparte su ubicación, que corresponde a esa propiedad. Se la manda a Andrés Proaño, el actual marido de Verónica Sarauz, la exesposa de Villavicencio.
III. Los gemelos fantásticos
Mientras tanto, el resto de la historia se iba escribiendo en unos teléfonos que nadie había abierto todavía.
Eran de Leandro Norero, El Patrón, el de las fotografías con Correa y con Glas. La policía se los había incautado al detenerlo, en mayo de 2022. En octubre de ese año, Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi, en uno de esos motines que ya empezaban a parecer rutina.
Cuando los peritos abrieron los aparatos encontraron, según la Fiscalía, conversaciones sobre sobornos, beneficios judiciales y funcionarios públicos al servicio de una organización delictiva. Al expediente le pusieron Metástasis. El nombre era menos una metáfora que una descripción: jueces, fiscales, policías y funcionarios de prisiones aparecían trabajando para un narcotraficante. En enero de 2024, Xavier Jordán —la piscina, la casa de Doral— fue vinculado al proceso. En el lenguaje de la acusación, tenía «funciones de coordinación y gestión dentro de la red».
Norero y Jordán se hablaban con la familiaridad de los socios. Entre ellos eran «los gemelos fantásticos».
Una investigación de La Fuente sobre el dictamen acusatorio recoge que Jordán habría puesto sus empresas para lavar dinero: para darle apariencia legal a fondos que no la tenían. También habría acudido a contactos políticos para silenciar las denuncias de Villavicencio. En esas gestiones aparecía Ronny Aleaga, a quien la Fiscalía identifica con el alias «El Ruso».
El hombre de la piscina.
La organización que describe el caso Metástasis tenía gente con acceso a juzgados, a cárceles y a otras dependencias del Estado. La Fiscalía la presentó como una estructura montada para que Norero evadiera a la justicia. El lenguaje oficial decía:
… los dispositivos celulares con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada –entre otras actividades ilícitas– al narcotráfico) habría montado su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.
Fiscalía General del Estado. Caso Metástasis.
La impunidad tenía trámites. Tenía intermediarios, y tenía gente encargada de que un juez diera paso a una cosa y no a otra.
Entre los beneficiarios de esos trámites estaba Jorge Glas, el vicepresidente de Correa, el mismo al que Norero había acompañado en un acto político en 2017, y que lleva años entrando y saliendo de la cárcel por condenas de corrupción. Según los chats del caso Metástasis, Jordán —bajo el alias «Dady Yanky»— le pidió a Norero ayuda para conseguir la libertad del exvicepresidente.
En el mismo intercambio se hablaba de matar a Fernando Villavicencio. «Ya tengo los gatos para FV / Voy a poner desde el lunes inteligencia», le escribe Norero a Jordán. Los gatos, en esa jerga, son sicarios.
El habeas corpus de un exvicepresidente y la muerte de un hombre que hacía preguntas cabían en la misma conversación. Sin cambiar de tono.
Aquí es donde la palabra «impunidad» adquiere una escala exacta. Para un grupo con esas necesidades, influir en el Estado vale más que cualquier afinidad ideológica.
IV. Una pregunta en una papeleta
En febrero de 2023, el presidente Lasso convocó una consulta popular. Había que responder «Sí» o «No» a ocho reformas. Una de las preguntas proponía permitir la extradición de ecuatorianos acusados de delitos ligados al crimen organizado transnacional.
La Constitución prohibía entregar nacionales a otro país. A un narcotraficante ecuatoriano se lo podía juzgar en Ecuador, donde la maquinaria judicial, ya lo hemos visto, se dejaba comprar. No se lo podía mandar a una cárcel federal de Estados Unidos, donde esa posibilidad desaparecía. La extradición amenazaba con quitarle al negocio su seguro más valioso.
Hélive Angulo, un operador de Norero, declaró después que el dinero del narcotraficante financió, a través de Ronny Aleaga, la campaña por el «No».
Hasta ahí llega el testimonio; la contabilidad completa está por reconstruir. Y el calendario pide atención: Norero murió en octubre de 2022 y la votación fue en febrero de 2023. Para probar ese financiamiento habría que decir cuándo se entregó el dinero y por dónde pasó.
El interés, en cambio, era fácil de reconocer: impedir un cambio legal que iba a encarecer el negocio.
Ganó el «No» en las ocho preguntas. Millones de personas votaron en contra por razones que nada tienen que ver con esta historia: desconfianza en el gobierno, hartazgo. Eso no convierte a ningún elector en cómplice. Y estos antecedentes, por sí solos, tampoco prueban una operación para derribar a Lasso.
Lo que sí dejan ver es que una decisión de gobierno pone en movimiento intereses que desbordan la discusión electoral, ese lugar donde aparentemente se juega todo.
Aquella vez la amenaza llegó impresa en una papeleta. Tenía forma de pregunta. La siguiente tendría nombre y apellido.
V. El 9 de agosto
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023.
Era candidato a la presidencia en las elecciones anticipadas que la «muerte cruzada» de Lasso había provocado. Lo mataron a la salida de un colegio del norte de Quito, donde acababa de cerrar un acto de campaña, once días antes de la votación. Un país entero lo vio en video.
Había mostrado el cheque y había publicado la foto de la piscina. Había puesto a la vista relaciones que sus protagonistas preferían fuera de la conversación pública. Los chats de Metástasis, todavía sin leer, guardaban la respuesta a sus denuncias: gestiones para desacreditarlo, atribuidas en parte a Aleaga, y aquella frase sobre los gatos.
A los sicarios que dispararon los capturaron. En octubre estaban todos muertos, en cárceles del Estado. Quedaba la otra pregunta: quién había dado la orden. En el proceso por la llamada autoría intelectual, la Fiscalía señaló más tarde a José Serrano, el ministro, y a Xavier Jordán, el gemelo fantástico de Norero, como presuntos responsables, entre otras personas. Los dos negaron las acusaciones.
Resolver esa imputación exige pruebas de participación en el crimen. Una foto junto a una piscina o la escritura de una casa no las sustituyen. Pero ambas están entre los más de 140 elementos de convicción que presentó la Fiscalía.
VI. Lo que los teléfonos ya sabían
En diciembre de 2023, cuatro meses después del asesinato, el país empezó a leer los teléfonos de Norero.
Fue entonces cuando la foto de la piscina consiguió lo que le faltaba, un contexto con documentos, y cuando la frase de Villavicencio —»No hay crimen organizado sin poder político»— dejó de sonar a exageración y empezó a parecerse a una descripción administrativa: quién llamaba a quién, cuánto costaba cada gestión, en qué juzgado.
Lo que el país supo en diciembre ya existía en agosto. Y el año anterior. Villavicencio vigilaba la red al mismo tiempo que la red funcionaba.
VII. La tinta mágica
En abril de 2025 la papeleta volvió a aparecer, con otra función.
Daniel Noboa acababa de ser reelegido y Luisa González, la candidata del correísmo, acababa de perder. Días después de la derrota, Rafael Correa, desde Bélgica, le mandó a María Paula Christiansen —la del cheque, la de la casa de Doral— un documento titulado «Informe fraude Inkswap», con fecha del 22 de abril. Describía una tinta capaz de pasar el voto de una candidatura a otra al doblarse el papel, borrando de paso la marca original. Un fraude de «última generación», decía Correa. En las redes sociales le pusieron otro nombre, menos solemne: «la tinta mágica».
Christiansen preguntó qué se podía hacer con eso.
La respuesta tenía la brevedad de un telegrama: «Difundir. Que Noboa sea un presidente ilegítimo».
Faltaba un objeto modesto: una papeleta con la que probar la teoría. Conseguirla, escribió Correa, era «la misión». Ella respondió: «Ok entendido, ya estamos en eso».
El orden importa: la pericia era todavía un encargo por cumplir. La ilegitimidad, en cambio, ya tenía instrucciones de reparto.
El intercambio está en las transcripciones del teléfono de Christiansen, periciado dentro del caso MagnicidioFV, el que investiga quién ordenó matar a Villavicencio; el mismo expediente del que salió la conversación de julio de 2024. Son más de 600.000 páginas; esta conversación ocupa las fojas 53961 a 53975. El documento completo es un catálogo de encargos con un fin que los propios chats reconocen: desgastar al gobierno de Noboa y, si se podía, desestabilizarlo. Con Correa, el fraude, y también una demanda de 2009 contra Álvaro Noboa, el padre, por presunto abuso sexual. Con Xavier Jordán, a partir de la foja 67420: el caso PROGEN, unos contratos públicos, un video sobre bebés muertos, unas grabaciones sobre chalecos antibalas. Los asuntos cambian de piel, pero algo permanece idéntico de una conversación a otra: la disposición a convertir cualquier cosa en munición, fuera cierta o no.
Ese documento es, sobre todo, una ventana, y como toda ventana muestra una habitación, no la casa entera. Estos fragmentos no prueban que todas las denuncias sean falsas, ni permiten reconstruir, por sí solos, un organigrama con mando único. Pero en el episodio de la «tinta mágica» el propósito no necesita adjetivos: había que difundir la ilegitimidad del presidente mientras todavía se discutía, en voz baja, cómo conseguir la papeleta que lo demostraría.
La elección, mientras tanto, tenía sus cifras. Según el CNE, el que cuenta los votos, Noboa obtuvo 5.870.618, el 55,63% de los válidos. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos informó que las actas cotejadas coincidían. Tampoco encontró inconsistencias en su revisión aleatoria de las actas cuestionadas. Reconoció manchas aisladas, hechas al doblar las papeletas y resueltas por lo general respetando la voluntad del elector, y no vio ningún mecanismo sistemático de anulación contra una candidatura. Señaló desigualdades en las condiciones de la contienda, y añadió una advertencia expresa: «en ningún caso deben ser interpretadas como fundamentos para alimentar narrativas de fraude o manipulación de resultados».
La distinción es todo. Una mancha exige una explicación; un fraude capaz de cambiar una elección exige demostrar un mecanismo, su logística, su escala. Entre ambos extremos hay un trabajo de prueba que ninguna consigna, por elocuente que sea, puede ahorrarse. La premisa acaso contenía una gota de verdad. La conclusión exigía un océano de fe, en el peor sentido de la palabra.
VIII. La oficina de Miami
Con Xavier Jordán el vocabulario cambia. Ya no es el de la táctica y la estrategia: es el de una empresa en horario de oficina.
Jordán anuncia que les ha llegado información sobre una mujer de veintidós años con supuestos contratos millonarios, entre ellos uno de limpieza por cerca de dos millones de dólares. Christiansen contesta: «necesitamos subir de nivel de producción».
Él la apremia: «Actívese». Y el intercambio se cierra con una promesa casi escolar: «ya me aplico a leer».
Para el caso PROGEN, que investiga la corrupción en la compra de generadores eléctricos, Christiansen trae otra propuesta: «tengo una idea macabra». Consiste en conseguir que Fabián Calero, entonces gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, «suelte todo» contra el gobierno y sus ministros. «Dos frentes de corrupción les desbaratan», escribe.
La frase merece leerse dos veces. El daño que podría hacer Calero ya está calculado; lo que se espera que revele no aparece en esas líneas. Primero se mide el efecto. Después se busca el contenido.
En la agenda hay también un video sobre unos bebés muertos. «Hay que hacer el video que nos hace falta de la zona 8 y hablar de los bebés fallecidos», escribe Jordán. Christiansen pregunta si lo hacen al día siguiente y se ofrece: «yo te hago sin lío».
Que esas muertes había que investigarlas y contarlas no lo discute nadie, y este texto tampoco. Lo que el intercambio deja ver es dónde le encontraban sitio a la tragedia —en una lista de pendientes, entre dos encargos— y quiénes se repartían el trabajo.
Están, además, los chalecos antibalas. Alguien grabó desde la calle, frente a las instalaciones de High-End Defense, una empresa de Florida que había vendido chalecos a la policía ecuatoriana. Las grabaciones se hicieron antes de que se hiciera pública una denuncia sobre la supuesta mala calidad de esos equipos. En su informe de descargo, la empresa sostuvo que las filmaciones se hicieron desde el auto de la esposa de José Serrano, y que fueron difundidas después por el periodista Andersson Boscán. El informe policial del caso MagnicidioFV atribuye esas grabaciones a Christiansen.
Cuando la denuncia salió al aire, Jordán le pidió a Christiansen una noticia de TC Televisión. Ella le mandó el enlace y escribió: «Sí nos metieron cámaras». Era la reacción de quien había preparado una noticia y comprobaba que había salido.
En los chats con Rafael Correa aparece otro asunto: una demanda de 2009 contra Álvaro Noboa, el padre del presidente, por presunto abuso sexual. Christiansen propuso darle circulación aunque ella misma daba el caso por prescrito, esto es, fuera del plazo en que podía llevarse a juicio. Esa apreciación jurídica es de ella; este texto no la establece. En sus cálculos, la limitación que reconocía dejaba todavía margen para sacar provecho político: le envió a Correa un formato de denuncia contra el padre del presidente.
De estos fragmentos no se desprende qué se comprobó después ni qué llegó a publicarse. Los contratos había que investigarlos. Lo de PROGEN, también. El gobierno tenía que responder por cualquier denuncia con sustento. Nada de eso está en discusión.
Lo que queda documentado es otra cosa, y no menor: una coordinación que elige temas, reparte tareas y calcula de antemano el efecto de cada uno sobre el poder.
Ahí está el hallazgo, y es más incómodo que una mentira. La propaganda eficaz no necesita inventarlo todo. Le basta con apropiarse de un hecho verdadero y exigirle una conclusión que ese hecho todavía no puede sostener.
IX. «Que la viuda haga relajo»
También estaba en disputa el significado del 9 de agosto.
Verónica Sarauz es la exesposa de Fernando Villavicencio. Como tantas víctimas de crímenes políticos, se convirtió en una voz pública. Esa voz tiene un peso propio.
En los chats, Christiansen le reenvía a Correa una publicación de Sarauz que acusa a Noboa y a la entonces fiscal general, Diana Salazar, de ocultar la verdad sobre el crimen. Salazar dirigía la Fiscalía y había impulsado el caso Metástasis.
Otros mensajes muestran contacto directo entre Christiansen y Sarauz, y la circulación de información privada sobre las hijas de Villavicencio, incluidos sus domicilios:
También muestran gestiones de apoyo a José Serrano ante la justicia migratoria de Estados Unidos, de la que dependía que pudiera quedarse en el país. En esas gestiones habría intervenido Sarauz con el envío de un documento, a condición de que Christiansen lo mantuviera en reserva.
El 19 de agosto de 2025, Jordán le escribió a Christiansen cinco palabras, quizá sabiendo perfectamente el vínculo entre las dos: «Que la viuda haga relajo».
La frase prueba lo que prueba: que Jordán pidió eso, y a quién se lo pidió.
El informe policial sobre quién ordenó matar a Villavicencio lee estos intercambios de la siguiente manera:
La comunicación directa [de María Paula Christiansen] con SARAUZ PEÑARANDA VERÓNICA ALEXANDRA (viuda de Fernando Villavicencio) no fue de carácter fortuito. La evidencia sugiere que se buscaba obtener información de primera mano sobre los pasos legales de la familia Villavicencio. Christiansen intentó ganar la confianza de la viuda para actuar como un canal de «información privilegiada», cuya verdadera finalidad era sembrar dudas y desviar la atención de los nombres de JOSÉ SERRANO y XAVIER EDMUNDO JORDÁN MENDOZA como presuntos autores intelectuales.
Informe policial de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General (UNIF)
El informe, además, incluye a Sarauz en uno de sus organigramas de la estructura que habría operado en la fase de encubrimiento.
La disputa, en el fondo, es por la dirección de la mirada. A quién debe mirar un país. De quién debe sospechar. A quién tiene que dejar de hacerle preguntas.
Y en ese terreno hay un beneficio que se cobra antes de cualquier elección: desacreditar a una fiscal, o a un periodista, rinde de inmediato. La protección puede empezar mucho antes de llegar al poder. Puede empezar por cambiarles la reputación a los que investigan.
X. Volver, para estar a salvo
Una fotografía junto a una piscina. Los presupuestos de un ministerio. Un cheque de 230.000 dólares. Los teléfonos de un narcotraficante muerto. Unos mensajes sobre una tinta mágica.
Cada pieza pertenece a su momento y llega hasta donde llega.
Puestas una al lado de la otra, muestran lo que ninguna muestra sola. Exfuncionarios, operadores políticos y personas que la Fiscalía vincula a una organización criminal vuelven a coincidir: en un proceso judicial, en una elección, en una campaña de desgaste. Cambian los asuntos. La cercanía no.
La impunidad es la explicación más económica de esa insistencia. Cuando conservar la libertad, el patrimonio o la reputación depende de mantener influencia sobre el Estado, volver al poder deja de calcularse como ambición y empieza a calcularse como supervivencia. Volver, para estar a salvo. Una victoria electoral promete acceso a decisiones y nombramientos. Mientras esa victoria llega, deslegitimar a las autoridades que estorban va ablandando a martillazos la resistencia al regreso.
El derecho a fiscalizar al poder sigue entero, gobierne quien gobierne. Nada de lo anterior convierte cada crítica a Noboa en una conspiración, ni a cada opositor en un cómplice. De esa distinción depende todo lo que este libro sostiene: una denuncia fundada en pruebas y una conclusión que sale a circular por encargo nacen en lugares distintos, y se las reconoce por el lugar donde nacen.
En los chats del teléfono de Christiansen, Noboa es el destinatario de una operación concreta dentro de una historia que lo excede. La misma lógica puede volverse contra cualquier gobierno, cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier periodista. El apellido de quien ocupa la presidencia importa menos que lo que estorbe.
Visto así, el episodio de la «tinta mágica» deja de ser risible. En el disparate cabe una disputa concreta: quién va a tener autoridad para investigar, a quién se va a proteger, cuánto va a poder saberse. Para quien necesita impunidad, esas preguntas deciden el porvenir.
El mensaje de Correa muestra la lógica en miniatura. La papeleta todavía faltaba, pero la ilegitimidad ya tenía orden de difusión. A la prueba se le había reservado una tarea modesta: llegar después y dar la razón.
Mientras este artículo se escribía, dos de los hombres de esta historia cambiaron de dirección.
José Serrano fue deportado de Estados Unidos el 29 de agosto de 2026. Está preso en El Encuentro, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.
El 8 de septiembre, agentes del ICE detuvieron a Xavier Jordán. Espera su deportación en el Winn Correctional Center, en Winnfield, Luisiana. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional lo describió como «un extranjero ilegal criminal con arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado», con «una orden de arresto por crimen organizado desde su país de origen, Ecuador», y dijo que permanecerá detenido hasta que lo deporten.
La fotografía sigue ahí. El agua, los muebles, unos señores pasando la tarde. El dueño de la casa espera en una celda de Luisiana a que lo devuelvan. El hombre que la publicó lleva tres años muerto.
