El blanco y negro de la consulta popular 



El blanco y negro de la consulta popular 

Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación17 abril, 202429min1567
Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación17 abril, 202429min1567
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El próximo 21 de abril, los ciudadanos ecuatorianos enfrentarán una decisión trascendental en las urnas: la Consulta Popular convocada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Esta consulta busca abordar una serie de enmiendas constitucionales y plebiscitarias que podrían tener un impacto significativo en diversos aspectos de la vida nacional.

La Consulta Popular en Ecuador ha generado un intenso debate, dividido entre aquellos que ven en sus propuestas un paso necesario hacia la seguridad y la justicia, y aquellos que expresan preocupación por posibles abusos o insuficiencias en su implementación. Tras una exhaustiva revisión de las 11 preguntas que conforman esta consulta, es crucial entender las diferencias entre votar a favor («Sí») o en contra («No») de cada una de las propuestas.

Tomado de la página web oficial del CNE

Esteban Ron Castro, experto en administración pública y enfoque constitucional compartió sus reflexiones en una entrevista exclusiva para el programa Rebeldes sin Pausa. Así mismo este medio realizó una entrevista a Fulton Serrano, ex gobernador de El Oro, economista y emprendedor.

Esteban Ron Castro. Foto tomada de redes sociales.

Esteban Ron, observa cada pregunta con la lupa del análisis detallado. Para él, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, aunque necesario para enfrentar el crimen organizado, debe ser balanceado con garantías de respeto a los derechos humanos. Para el experto, varias son preguntas positivas, algunas tendrían cierto riesgo a la hora de ejecutarlas, por lo que la ciudadanía y la comunidad jurídica deberían estar pendientes de dicha ejecución. Finalmente, encuentra dos preguntas (uso de armas confiscadas y extinción de dominio) a las cuales las califica de inoficiosas.

Fulton Serrano

Fulton Serrano, desde su experiencia como economista y exgobernador, insiste en la urgencia de medidas drásticas para contrarrestar el flagelo criminal, priorizando la eficacia sobre las precauciones. Por otro lado, ve en estas enmiendas una oportunidad de reactivar la economía, enfocándose en el reconocimiento del arbitraje internacional como una señal de apertura al flujo de inversiones extranjeras.

Así, en el fragor de la Consulta Popular, dos visiones se entrelazan y se distancian, tejiendo el tapiz de la democracia ecuatoriana con hilos de debate y divergencia. En esta encrucijada histórica, cada voto cuenta.

Preguntas de enmiendas constitucionales

Las preguntas están divididas en tres bloques. La pregunta A, que en sí misma constituye el primer bloque, se erige como la consulta de salida tras una exhaustiva propuesta de reforma en la Asamblea Nacional, reflejando así una iniciativa legislativa que se gestó durante el mandato de Guillermo Lasso.

A. Apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional:

Se plantea permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Actualmente ya es posible dicho apoyo, pero solo bajo Estado de Excepción, de forma cooperativa y colaborativa “cuando se pierde el control interno y cuando el abastecimiento policial no da para hacer una contingencia efectiva”.

La propuesta no es un proyecto a lo Bukele, asegura Esteban Ron. En el caso de que ganara el Sí, el Gobierno, en Estado de calamidad, podría pedir el contingente de las Fuerzas Armadas y con ello se concretaría un posible uso de la letalidad a lo interno. Sin embargo, surge la pregunta sobre cómo se evitarán los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos en este proceso o la criminalización de la protesta.

Ron, no cree que se pueda dar una “hipermilitarización”, pero el Estado debe presentar los justificativos y resultados sobre la participación militar. Para el experto una cosa es el terrorismo y otra la protesta social, por lo que no se podría calificar de terroristas a los grupos protestantes.

Fulton Serrano argumenta enfáticamente sobre la necesidad de una colaboración más estrecha entre las fuerzas armadas y la policía para enfrentar el crimen organizado. Afirma: «La fuerza pública necesita herramientas para hacerle frente al crimen organizado».

Esta declaración subraya la urgencia de dotar a las autoridades de los recursos adecuados para contrarrestar una amenaza que considera estructural y de larga duración. Su enfoque destaca la importancia de abordar la situación con seriedad y realismo, rechazando soluciones simplistas y reconociendo la complejidad del desafío.

Por otro lado, critica la falta de sinceridad de los políticos sobre la verdadera magnitud del problema, al afirmar: «Es ridículo pensar que con un estado de excepción se termina el problema».

Esta observación sugiere una necesidad de liderazgo más honesto y transparente en la formulación de políticas de seguridad, donde se reconozcan las dificultades inherentes y se busquen soluciones a largo plazo en lugar de respuestas temporales.

Para Ron es notable cómo la pregunta A, aunque no tiene iniciativa presidencial, actúa como un anzuelo para el electorado, reflejando la percepción generalizada de que la consulta popular constituye una última medida de salvación frente a preocupaciones como la inseguridad.

Segundo bloque de preguntas enmienda constitucionales

Las preguntas de la B a la E conforman el segundo bloque y se presentan como referéndum sobre enmiendas constitucionales, abordando temas como la extradición, judicaturas especiales, arbitraje internacional y nuevo régimen laboral. Estas interrogantes plantean decisiones fundamentales sobre la estructura y funcionamiento del sistema legal ecuatoriano.

B. Extradición de ecuatorianos, una medida disuasiva

La propuesta B busca permitir la extradición de ecuatorianos. Actualmente está prohibida la extradición de ecuatorianos al exterior, pero sí se puede pedir la extradición de un ecuatoriano, que esté en otro país, a fin de que regrese al Ecuador.

En el análisis de Ron Castro comenta que aunque el proceso puede ser engorroso, como todo lo que caracteriza a la justicia en el Ecuador, la extradición puede ser una “buena medida de prevención del delito”, especialmente para narcotraficantes, narcoterroristas, quienes hayan cometido delitos de lavado de activos o incluso delitos sexuales.

En Ecuador existe una toma de la justicia por parte de estos sectores, pero en EEUU, no lo podrían lograr. Una vez aprobada la pregunta, el Gobierno debe buscar a pares para firmar este tipo de acuerdos. Uno de estos países podría ser EEUU.

Fulton Serrano por su parte respalda firmemente la necesidad de permitir la extradición de ecuatorianos, afirmando: «La extradición es una herramienta útil que se ha venido utilizando en países como Colombia y México desde hace años.» La extradición puede ser una estrategia disuasiva y efectiva para enfrentar el crimen organizado, al garantizar que los delincuentes no puedan quedar en impunidad al enfrentarse a sistemas de justicia más fuertes, como el de EEUU.

Asegura: «Es una herramienta disuasiva para quienes quieren entrar en el crimen organizado, ya que tiene una institucionalidad más fuerte». Aquí, enfatiza la importancia de medidas contundentes respaldadas por una estructura legal sólida para combatir la impunidad y la corrupción asociadas al crimen organizado.Su apoyo a esta medida sugiere una comprensión de la complejidad de la delincuencia transnacional y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra ella.

Sin embargo, Serrano también reconoce las preocupaciones potenciales sobre la soberanía nacional y los derechos humanos alrededor de la extradición. Su posición demuestra un equilibrio entre la necesidad de combatir el crimen organizado y garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean violados en el proceso de extradición.

C. Establecimiento de Judicaturas especializadas en materia constitucional:

La propuesta plantea la creación de Judicaturas especializadas en materia constitucional. Actualmente, en Ecuador todos los jueces pueden pronunciarse sobre este tema, que está relacionado con la concesión de acciones de protección, habeas corpus, entre otros.

Es que en el país ha habido un abuso de este tipo de recursos. En este sentido, una manera de evitar dicho abuso sería a través de crear judicaturas y jueces especializados en materia constitucional y que conozcan estas medidas. Sería dotar de seguridad jurídica al sistema, comenta Estaban Ron.

Pero se debe hacer una selección muy rigurosa de los jueces. Esta última etapa podría resultar compleja y hasta decepcionante si se toma en cuenta procesos similares previos.

Fulton Serrano respalda la propuesta: «Es importante que existan estas judicaturas especializadas, es necesario el apoyo a esta medida ya que implica una comprensión de la complejidad de los casos constitucionales y la necesidad de jueces con experiencia y conocimiento”, comenta.Serrano refleja la preocupación por la integridad del sistema judicial, sugiriendo que la especialización podría mejorar la calidad de las decisiones judiciales y fortalecer el Estado de Derecho.

D. Reconocimiento del Arbitraje Internacional:

Se propone reconocer el arbitraje internacional como método para dirimir conflictos comerciales, especialmente en el tema de inversiones. La idea es que si llega a existir un conflicto entre el país y un inversionista extranjero, pueda llevarse la disputa a un tribunal internacional.

Para Esteban Ron el Ecuador ha preferido dirimir en el propio país. «Esto, internacionalmente, se ve pésimo».comenta. De ganar el Sí, el riesgo país podría bajar, podría haber mayor inversión. La manera de evitar que Ecuador pueda sufrir reveses en estos tribunales sería procurar que los contratos salgan muy bien y no sean perjudiciales para el paìs. Este arbitraje puede generar en el tema internacional una mayor confianza a los inversionistas.

Así mismo, Serrano cree que el ingresar a un sistema internacional de arbitraje el Ecuador mejorará su calificación ante la inversión extranjera. Afirma: «Es una tristeza que no podamos captar por tantos problemas estructurales que tenemos en nuestro país como la corrupción y a la inestabilidad jurídica». Destaca la urgencia de abordar los problemas sistémicos para fomentar un clima favorable a la inversión extranjera y al desarrollo económico sostenible.

E. Contratos Laborales a Plazo Fijo y por Horas:

Esteban Ron comenta que se busca enmendar la Constitución para permitir contratos laborales a plazo fijo y por horas. La pregunta cuestiona que si el votante está de acuerdo con que haya contrataciones por horas a personas que no tienen trabajo, lo cual resulta positivo. Sin embargo, hay temor de una posible precarización del trabajo.

Se han dado casos de empresas que cierran y vuelven a contratar a empleados y en este sentido se podría precarizar. Se necesita un riguroso control por parte del Estado, pero existen dudas de la capacidad del Ministerio de Trabajo para cumplir esta tarea.

Fulton Serrano, criticó las leyes laborales obsoletas de Ecuador, argumentando que limitan la capacidad de las empresas para contratar y crecer. Sostiene: «El mejor plan social es un trabajo, también es la mejor forma de retirar o sacar del alcance de las garras del crimen organizado a los jóvenes». Esta cita subraya su visión sobre el empleo como una herramienta crucial tanto para el desarrollo económico como para la prevención del crimen.

Las 6 preguntas restantes de Consulta Popular

El tercer bloque comprende las preguntas plebiscitarias, orientadas hacia consultas abiertas sobre asuntos de interés público. Aquí se establece un vínculo directo con la acción ejecutiva, ya que se espera que las leyes resultantes de estas consultas sean reformadas con los anexos enviados por el presidente Noboa en un plazo de 60 días.

F. Control de Armas en los alrededores de Centros de Rehabilitación Social:

Una de las preguntas busca permitir que las Fuerzas Armadas realicen control de armas en alrededores, vías cercanas a centros de rehabilitación social. Es una pregunta que complementa la pregunta A (colaboración de Fuerzas Armadas con Policía) para darle potencia. De ganar el SÍ, no atentaría contra los derechos humanos y podría evitar los amotinamientos, opina Ron.

Por su lado, Serrano aboga por un mayor control en las vías y accesos para combatir el crimen, especialmente en el contexto de la proliferación de armas de fuego. Expresa su desconcierto ante posibles oposiciones a esta medida: «No entiendo cómo alguien podría oponerse a eso». Esta declaración enfatiza su postura enérgica a favor de medidas de seguridad más estrictas para proteger a la sociedad.

G. Incremento de Penas para Delitos Específicos:

Se propone aumentar las penas para delitos como terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros. Todas estos delitos tienen penas privativas de libertad van entre 25 y 35 años. Sin embargo, cuando existe un Estado en el que nadie cree en la justicia, la subida de penas, ya no es una herramienta preventiva, comentó Esteban Ron.

En cambio para Fulton Serrano: «Esta es la oportunidad de la ciudadanía de manifestarse en contra del crimen». El experto apoya la subida de penas como una oportunidad para oponerse al crimen en todas sus formas, desde los sicarios hasta los delincuentes de cuello blanco. Además destaca el poder y la responsabilidad de la ciudadanía en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.

H. Cumplimiento Íntegro de Penas dentro de Centros de Privación de Libertad:

Esta pregunta plantea que las personas privadas de libertad, condenados por los delitos mencionados en la anterior pregunta, cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social, sin posibilidad de medidas sustitutivas. Para Ron es una pregunta más interesante que la previa, pues genera un efecto de prevención. En todo caso, resulta complementaria a la anterior, y podrían generar en conjunto un efecto contingente de seguridad.

Serrano rechaza la posibilidad de reducción de condena para delitos graves como financiar el terrorismo o el narcotráfico. Declara: «Esta gente debería cumplir la pena completa». Esta afirmación refleja su postura firme en la necesidad de una justicia más severa y efectiva para combatir la impunidad y proteger a la sociedad.

I. Tipificación de tenencia ilegal de armas de las Fuerzas Armadas:

Esta propuesta busca tipificar el delito de tenencia ilegal de armas. Se presume que hay robo de armas en las fuerzas del orden en el Ecuador. En su análisis Ron resalta que esta resulta una medida preventiva.

Serrano critica el uso de medidas sustitutivas para delitos graves, como la posesión ilegal de armas, argumentando que socavan la credibilidad del sistema judicial y la seguridad pública. Afirma: «Hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que comenzar a enfrentarlas con la fuerza que merecen ser enfrentadas» y realiza un llamado a una respuesta más contundente ante la criminalidad.

J. Destino de armas decomisadas:

Finalmente, se plantea destinar armas decomisadas a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Si bien parecería una opción para darle un uso a dichas armas,Ron dice que existe duda tanto sobre la calidad, como sobre el manejo de estas armas, para las cuales los miembros de la Policía y Militares no tienen entrenamiento.

Serrano apoya el uso eficiente de los recursos incautados para fortalecer a las fuerzas de seguridad y la administración pública. Él sostiene: «Es evidente las necesidades que existen en este país como para darnos el lujo de que material que podría servir para fuerzas armadas o policía se malogre en bodegas sin ser utilizado». Aquí, destaca la importancia de aprovechar al máximo los recursos disponibles para mejorar la seguridad y el bienestar de la sociedad.

K. Simplificación del proceso de Extinción de Dominio:

La última pregunta busca simplificar el proceso de extinción de dominio. Actualmente la Ley de Extinción de Dominio ya fue modificada por la Asamblea, considera Esteban Ron. Esa ley determina que pase de manera automática al Estado.

Fulton Serrano resalta el valor de la extinción de dominio como herramienta para combatir tanto la criminalidad organizada como la corrupción política. Afirma: «No solo te permite luchar contra la impunidad de los criminales y mafiosos sino también contra la impunidad de los políticos corruptos». Esta declaración muestra la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra la delincuencia y la corrupción, promoviendo la justicia y la rendición de cuentas.

¿Consulta popular o concurso de popularidad ?

Tanto las opiniones de Esteban Ron Castro como las de Fulton Serrano subrayan la necesidad de que los ciudadanos se informen adecuadamente sobre cada una de las preguntas planteadas y reflexionen sobre sus implicaciones antes de emitir su voto.

Ron Castro hace hincapié en la importancia de la vigilancia ciudadana y la atención de la comunidad jurídica en la ejecución de las propuestas, mientras que Serrano destaca cómo las decisiones tomadas en las urnas pueden tener un impacto significativo en áreas como la seguridad, la economía y el empleo. Esto alerta sobre la responsabilidad de cada votante en contribuir activamente al proceso democrático y en asegurar un futuro mejor para el país.

En un contexto donde las decisiones políticas pueden moldear el rumbo de una nación, el voto informado se convierte en un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, segura y próspera.

La percepción de la Consulta Popular como un termómetro del sentimiento anti-correísta o como un supuesto respaldo al presidente Daniel Noboa (convocante) es un aspecto relevante a considerar.

Aunque cada pregunta debe ser evaluada por sus méritos individuales y no como un referéndum sobre un partido político específico, es innegable que gran parte de la opinión pública ve esta consulta como una oportunidad para combatir las mafias políticas y para impulsar cambios en la dirección del país.

De ganar el Sí, el resultado reflejaría un deseo generalizado de reforma y renovación en la esfera política, donde los ciudadanos buscan medidas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, el sí reflejaría un clamor popular por cambios significativos en el panorama político ecuatoriano.

Desde una lectura política, el Sí también podría llegarse a interpretar como un apoyo al propio presidente Daniel Noboa; el No, en cambio como un rechazo a Noboa y apoyo al correísmo.

En última instancia, cada votante tiene la responsabilidad de contribuir activamente al proceso democrático para asegurar un futuro mejor para todos. ¿Ya sabes cómo vas a votar este domingo? Tu elección marcará la diferencia en el destino de Ecuador.