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El pasado jueves 15 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional discutió un proyecto reformatorio al Código Orgánico Integral Penal (COIP) compuesto por 87 artículos. El tratamiento de la propuesta legal inició el 28 de diciembre, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso la unificación de 38 iniciativas para el efecto.
Fernando Cedeño, asambleísta del correísmo que preside la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, es su proponente. El informe elaborado en la mesa legislativa fue aprobado por unanimidad (con los votos del correísmo, Partido Social Cristiano, ADN y Gente Buena), sin embargo, al término del feriado de Carnaval, varios académicos, miembros de la bancada de Construye y la propia fiscal general, advirtieron la pretensión de meterle la mano a la justicia.
El espíritu de la norma, supuestamente, consistía en endurecer penas de crímenes execrables, tipificar nuevos delitos y eliminar beneficios penitenciarios, no obstante, la inclusión de una nueva causal para la procedencia del recurso de revisión, – a la medida del expresidente prófugo, Rafael Correa- además de la eliminación de la reserva de la información de investigaciones previas, revivió las sospechas de que la agenda de impunidad continúa operando en la Asamblea.
En ese marco, ningún miembro de la comisión asumió la responsabilidad de haber consentido la aprobación de las reformas al COIP que, en apariencia, serían inofensivas, pero que en el fondo ocultan su verdadero propósito: instituir el ser campanero de las mafias y abrir la puerta a la impunidad total en el país.
¿Más fichas de Metástasis? La espuria triangulación de Jordán, Núñez y Cedeño
Los chats del caso Metástasis que se conocieron en diciembre pasado revelaron -entre otros temas- un plan de difamación en contra de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial asesinado el 9 de agosto a la salida de un mitin. El plan ideado por el capo Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022 y Xavier Jordán, actualmente prófugo, tuvo el apoyo de varias figuras del correísmo.
La Fuente Periodismo de Investigación ya reseñó las distintas etapas de esta estrategia que involucra, al menos, a tres miembros del correísmo: Ronny Aleaga, alias El Ruso, la ex legisladora Patricia Núñez y el mismísimo Fernando Cedeño.
El 3 de septiembre de 2022, el portal El Venezolano News publicó una noticia falsa respecto a una supuesta red de corrupción, para la venta de fármacos con sobreprecios al Estado, conformada por Villavicencio y 10 de sus familiares.
Esa misma noche, dos hombres a bordo de una motocicleta hicieron cuatro detonaciones en la puerta de la casa de la familia de Villavicencio para amedrentarlo por sus denuncias relacionadas a la narcopolítica.
En ese momento, Fernando Villavicencio lo denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) y advirtió que el miedo no ganará esta batalla.
Cinco días después, el 8 de septiembre de 2022, Aleaga presentaba una denuncia en la Fiscalía contra Villavicencio por delitos de odio, violación a la intimidad y calumnia.
El 13 de septiembre de 2022, asimismo, Núñez compartió la convocatoria a los medios de comunicación con motivo de la presentación de la denuncia contra Villavicencio.
Tu mismo pana te delató, te llegó la hora, publicó Núñez en tono amenazante en su cuenta de X (antes Twitter).
💁🏻♀️Tu mismo pana te delató, te llegó la hora.
CASO RE-AN-S2021-014 "FISCALIZADOR"
super “amiguis” de Guillermo Lasso. 🐷💰#CasoVillavicencio#VillavicencioCorrupto#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/1nkQy7ISbd— Patricia Nuñez Ch (@patynunezCh) September 14, 2022
Precisamente, ese mismo día Jordán le contó a Norero que en dicha convocatoria mete a 10 familiares del ex candidato asesinado.
Si te fijaste bien en la convocatoria de mañana. Le meto a 10 familiares. Esos hps tiene que estar que se cagan, dijo el prófugo a su amigo narco, al tiempo que adjuntó al mensaje el enlace de la convocatoria publicada por la ex legisladora Núñez.
Por cómo lo explica, parecería que Jordán en persona habría diseñado la citación a los medios para que Núñez la difundiera.
Al día siguiente, el 14 de septiembre de 2022, Cedeño, acompañado de Pamela Aguirre, actual presidenta de la Comisión de Fiscalización, presentó la denuncia ante el Ministerio Público contra Villavicencio.
En la rueda de prensa que concedió, Cedeño explicó que denunció a Villavicencio por supuestos delitos de tráfico de influencias, testaferrismo, asociación ilícita y declaración fraudulenta al Servicio de Rentas Internas (SRI). Toda esta información, según dijo, constaba en un informe desclasificado del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) que el portal El Venezolano News publicó.
Al cabo de dos días, el 16 de septiembre de 2022, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que desmintió la existencia y veracidad del documento en el que se basó la denuncia de Cedeño contra Villavicencio.
No existe ni consta en los archivos del CIES, ni en los de algún otro organismo del Estado, un documento que, de forma y de fondo, tenga siquiera relación alguna con aquel denominado como CASO RE-AN-S2021.014 FISCALIZADOR, aclaró el organismo.
COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa: pic.twitter.com/FPNbpdilcv
— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) September 16, 2022
En una tensa entrevista el 13 de febrero de 2024, la periodista Gisella Bayona le preguntó a Cedeño si recordaba las declaraciones emitidas por Villavicencio, el pasado 21 de septiembre de 2022, tras la denuncia que el correísta presentó en su contra.
En ese entonces, Fernando Villavicencio había señalado que Cedeño era de armas tomar porque mató a una persona y estuvo preso. Además, advirtió que la inmunidad parlamentaria no ampara la falsificación de documentos públicos y que por eso tiene que preparar su traje naranja para acompañar a Jorge Glas.
El señor Villavicencio, luego de que yo presenté una denuncia en contra de él, en función de una notitia criminis que salió en un medio de comunicación llamado El Venezolano News, yo puse una denuncia en la Fiscalía que no prosperó y que luego del fallecimiento del señor simplemente se truncó, respondió evasivamente.
🔊En #NotiMundoALaCarta, el asambleísta de la @RC5Oficial y presidente de la Comisión de @JusticiaAN, @Fcedenor23, rechazó una denuncia en su contra que hizo #FernandoVillavicencio, en 2022, por falsificación, uso doloso de documento público y fraude procesal.
"Yo sufrí un… pic.twitter.com/bEb5FaumYK
— NotiMundo (@notimundoec) February 16, 2024
Pese a que Bayona trató de interrumpir a Cedeño para que responda su cuestionamiento, el correísta abandonó precipitadamente la entrevista.
Efectivamente, a Cedeño se le impuso, el 14 de mayo de 1986, una pena de cinco meses de prisión correccional por el asesinato del ciudadano John Ludovico Mieles Abril. El occiso era compañero de aula del correísta en el Colegio Nacional Olmedo.
A pesar de que en su momento Cedeño aseguró que no participó en el crimen, el hermano de la víctima, Iván Mieles Abril, lo desmintió. En declaraciones concedidas a Diario La Hora, Mieles aseguró que Cedeño envidiaba a su hermano por ser un estudiante y deportista destacado.
Además, Cedeño tampoco contestó la pregunta de la periodista en relación con el uso de información falsa para interponer una denuncia maliciosa y temeraria en contra de Villavicencio.
La información completa del caso fue expuesta por Villavicencio en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).
Allí, asimismo, demuestra la cercana relación entre Juan José Cedeño Ponce, hijo del asambleísta correísta, con Carlos Bernal, ex secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción de Manabí, juzgado por peculado junto a Jorge Glas y prófugo de la justicia.
Correa convirtió al Estado en un negocio familiar
El asambleísta Cedeño ocupó varios cargos durante el gobierno de Correa. Algunos de ellos fueron: coordinador general de Promoción y Gestión Interinstitucional en la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, asesor de Despacho 3 en el Ministerio de Defensa Nacional, gerente institucional de Transición de las Instituciones Educativas Militares Emblemáticas en el Ministerio de Defensa Nacional, director general de Promoción y Gestión Interinstitucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como gerente institucional de Transición de las Instituciones Educativas Militares Emblemáticas en el Ministerio de Defensa Nacional.
Además, fue vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el periodo 2010-2015 y presidió esa misma institución entre 2013 y 2015. Lo curioso es que al igual que él, su esposa e hijos también se vincularon a la función pública durante los años de mayor apogeo del correísmo.
Así, Juan José Cedeño Ponce, su hijo, de acuerdo con su declaración juramentada patrimonial, trabajó en la Procuraduría General del Estado (PGE), en 2012, como asistente de abogacía 2.
Sin embargo, el detalle de este registro no está disponible en el sitio web de la Contraloría General del Estado. De igual manera, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, Cedeño Ponce trabajó como asesor de despacho en el Parlamento Andino, entre mayo y octubre de 2021. Esta información tampoco consta en el repositorio de la Contraloría.
De lo que sí hay sendas evidencias audiovisuales es de su fraterna relación con el exsecretario de la Reconstrucción de Manabí, el prófugo Carlos Bernal.
El propio Villavicencio señaló la amistad entre ambos. En su trino, incluso, adjuntó una imagen de la Comisión Nacional Anticorrupción en la que se denuncia que Cedeño Ponce estaba junto a Bernal, su amigo prófugo, en California.
En su perfil de Facebook, Cedeño Ponce compartió varias fotografías de los recorridos realizados por las autoridades del gobierno de Correa en las fechas posteriores al terremoto del 16 abril de 2016.
Por ejemplo, el 24 de octubre de 2016, a propósito de la visita a Portoviejo del excanciller prófugo, Ricardo Patiño, el abogado compartió en su cuenta una publicación en la cual, en una de las fotografías, aparece sentado junto a él y Bernal.
Bernal, quien vive en Miami, Estados Unidos, actualmente tiene una orden de difusión roja de la Interpol para su localización y captura. Esto como parte de su llamamiento a juicio por el delito de peculado que se desprende del caso Reconstrucción en el que la Fiscalía investiga una estructura criminal que desvió los fondos recolectados por la Ley de Solidaridad en obras que no eran urgentes para la reactivación de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto.
Según la fiscal general, Diana Salazar, la recaudación alcanzó los $1.600 millones.
Por este mismo caso, Jorge Glas escapó de la justicia y se refugió en la Embajada mexicana en Ecuador. En esa sede diplomática tramita la obtención de un asilo político.
Pero eso no es todo; Tanya Ponce Cañarte, esposa de Fernando Cedeño y madre de Juan José, trabajó en la Dirección de Asuntos y Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 2011 y 2013, con un sueldo de $1.412 mensuales. Esta información consta en el distributivo de personal de la Cancillería de mayo de 2013.
En su cuenta de X (antes Twitter), Ponce se autodefine como revolucionaria 100%, defensora de la Revolución Ciudadana.
— Tanya Ponce Cañarte (@CanarteTanya) May 28, 2023
La última publicación compartida en su perfil corresponde, precisamente, a la rueda de prensa que el correísmo dio el pasado 15 de febrero desde la Asamblea Nacional, con motivo de las polémicas reformas al COIP.
Quien sí tiene una trayectoria en el sector público casi tan amplia como la de Cedeño Rivadeneira es Shaskya Jasodhara Cedeño Ponce, su hija.
Según sus declaraciones patrimoniales juramentadas, ingresó en 2016, como asistente de despacho, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Luego, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2017, fue analista técnica de la dirección de fortalecimiento de actores en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. En este rebuscado puesto ganó $6.623 mensuales.
Este periodo comprende los primeros meses de gobierno del expresidente Lenín Moreno y su ruptura con el correísmo. Ya en 2018, Shaskya se incorporó al personal docente de la Universidad Técnica de Manabí, con un sueldo inicial de $4.992 mensuales, sin embargo, entre 2021 y 2023 su salario fluctuó entre los $1.400 y los $1.000 al mes; una considerable reducción a sus cuantiosos ingresos.
El asambleísta Cedeño también trabajó en ese centro de estudios en 2017 y 2020, respectivamente. Fue su Procurador General.
Shaskya también trabajó un corto periodo en el Municipio de Quito, como Directora Zonal de Desarrollo Social y Económico, con un sueldo de $2.400.
Su última declaración refiere que, hasta el 10 de enero de este año, trabajó en el GAD del cantón San Vicente, Manabí, como Directora de Desarrollo Económico y Social. En ese cargo percibía $2.600 mensuales.
Cedeño y su familia, al igual que otras tantas dinastías revolucionarias, son vivo testimonio de las retribuciones obtenidas a cambio de la absoluta subordinación al caudillo prófugo.
El correísmo introdujo la impunidad con tiempo de sobra y sin objeciones
El 19 de enero, en la Sesión ordinaria Nro.2023-2025-016 de la Comisión de Justicia, se recibió la comparecencia de expertos en materia de derechos de niños y adolescentes.
Cedeño fue el único asambleísta que asistió presencialmente a la mesa legislativa. El resto, al parecer, concurrió por medios telemáticos, pero con sus cámaras desactivadas, lo que daba una sensación de completa ausencia.
Durante la primera hora de sesión, únicamente el presidente de la comisión y Pierina Correa, ambos de la Revolución Ciudadana, intervinieron en el debate.
Transcurridos los primeros 47 minutos, el socialcristiano Vicente Taiano apareció por unos breves instantes a través de zoom, sin embargo, pocos segundos después se esfumó.
Luego de más de una hora y media de exposiciones de los comparecientes, José Agualsaca, otro legislador correísta que forma parte de la comisión, y quien tiene como alterna a Raisa Vulgarín, solicitó el uso de la palabra y propuso dos cambios medulares al proyecto reformatorio.
Vulgarín fue señalada por Fernando Villavicencio (pocos días antes de su asesinato), como parte del círculo de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro y quien tendría vínculos con el narcotráfico y el lavado. Vulgarín sería la novia de Camilo Burgos y en chats Nicolás Petro y Day Vásquez, su esposa, hablaban de transportar millones de pesos colombianos con ayuda de Raisa y otros cercanos.
Entre tanto, el primero de los cambios propuestos por Agualsaca era la inclusión de dos nuevas causales para la procedencia del recurso de revisión, que excluyen la presentación de nuevos elementos probatorios y recogen, con carácter vinculante, los pronunciamientos de comités de derechos para la absolución de delincuentes sentenciados; mientras que el segundo es una disposición general para que la Corte Nacional de Justicia restablezca los derechos políticos del sentenciado al que se halle inocente en un plazo máximo de 45 días.
Es decir, ajustes a la norma que buscarían el perdón de la pena de Correa y su habilitación para participar en las elecciones de 2025.
Las observaciones van en dos caminos; uno sobre la inclusión de nuevas causales del recurso de revisión, correspondiente al artículo 658 (del COIP), incisos 4 y 5. Y la otra es la disposición general sobre la aplicación de decisiones y recomendaciones internacionales, explicó el asambleísta.
Seguidamente, Cedeño confirmó que los cambios sugeridos por Agualsaca serían acogidos y clausuró la sesión agradeciendo a los asistentes. Al cierre de la sesión, los únicos que encendieron sus cámaras fueron los legisladores correístas.
La Fuente Periodismo de Investigación intentó contactar al asambleísta Taiano para saber por qué respaldó la aprobación del informe para segundo debate, pese a la existencia de estas incongruencias, como él mismo las denominó, no obstante, hasta el cierre de esta edición no respondió.
En cambio, según el legislador de Gente Buena y también miembro de esta comisión, Fernando Jaramillo, estos cambios fueron una especie de carnavalazo del correísmo.
Posiblemente nos metieron a última hora las reformas. Justamente estas nunca fueron socializadas, ni discutidas, contó.
Esto no es cierto, ya que en la sesión en la que se discutió y aprobó el informe para segundo debate, se dio lectura íntegra a la propuesta de reformas, incluyendo los artículos 72, 79 y la Disposición General Única.
Jaramillo, aun así, cree que pudieron ocurrir dos cosas al interior de la mesa legislativa: o bien el correísmo incluyó estos cambios a última hora (escenario que también se descarta porque las recomendaciones fueron propuestas y acogidas el 19 de enero), o bien cambiaron el informe.
El asambleísta, asimismo, reconoce que no pudo asistir a todas las sesiones por el tratamiento de otras iniciativas legales, como la extinción de dominio, pero asegura que delegó a su asesor en su reemplazo.
Mi asesor fue todos los días que convocaron a la comisión. Ellos trabajaban mientras nosotros estábamos en el Pleno y había temas que obviamente nos sentábamos a discutir con mi asesor en la noche, explicó.
Por el momento, el proyecto con este enfoque de impunidad para el correísmo permanece en pausa hasta nuevo aviso. Mientras tanto, el gobierno guarda silencio y el PSC no termina de definir su postura. Una vez que la sesión se reanude, ambas fuerzas políticas deberán decidir si trabajan por el país o lo someten a merced de la delincuencia.
