Entre 2022-2023, menores ingresos por $2.300 millones impulsaron el déficit (cuadro). Los recaudos tributarios se redujeron en $945 millones y los petroleros en $1.886 millones. Lo insostenible de las cuentas públicas se evidencia, cuando los $19.174 millones de ingresos totales no alcanzaron para cubrir los $20.864 millones de gastos corrientes (cuadro).
También el déficit se expandió sin clemencia por el aumento de $2.033 millones en los gastos corrientes (PERMANENTES). El pago de sueldos creció en $564 millones. Recordemos que se aprobó el aumento de sueldos a los maestros sin financiamiento.
Además, se crearon cerca de 30.000 nuevos empleos públicos entre profesores, médicos, policías, guardias penitenciarios y otros. El pago total de sueldos alcanzó los $10.130 millones, esto es, consume toda la recaudación del IVA e impuesto a la renta. Existen 492.000 personas que cobran del presupuesto, es decir, el 2,9 por ciento de la población.
El gasto operativo el Estado en bienes y servicios creció en $165 millones. El gasto por las transferencias al IESS por el 40 por ciento de las pensiones de los jubilados creció en $500 millones. El gasto por el pago de intereses de la deuda externa, de multilaterales y bonos basura, aumentó de modo importante, en $798 millones. Mientras, el gasto de inversión se redujo y fue casi inexistente.
No resulta difícil inferir lo inmanejable de las cuentas públicas, cuando faltaron $5.747 millones para cubrir los $24.921 millones de gastos que tienen una perversa estructura. Los sueldos públicos $10.130 millones. El pago de bienes y servicios $2.098 millones, la mayoría en educación y salud. Las transferencias al IESS, ISSFA e ISSPOL, $3.083 millones.
Los bonos a los pobres $1.295 millones. El pago de intereses de la deuda interna y externa $3.190 millones. Las transferencias a Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales, $3.198 millones.
Para financiar el déficit, el pago de $4.500 millones de amortizaciones de la deuda interna y externa, y otros pasivos, se acudió a mecanismos que profundizarán los desajustes en el futuro. Las cuentas por pagar del presupuesto al cierre de 2023 fueron de $3.541 millones (cuadro), valor al que se agregan $1.000 millones de cuentas por pagar anteriores a 2023. Las cuentas por pagar al IESS fueron de $1.394 millones, a los Municipios y Prefecturas de $871 millones, a proveedores del Estado $767 millones. Inclusive parte de los sueldos de diciembre se pagaron en enero de 2024.
Contribuyeron a cubrir las inmensas necesidades de financiamiento, préstamos externos por unos $2.000 millones, del BID, BM, CAF, gobiernos y otros. Hasta el mes de octubre, el stock de los llamados convenios de liquidez (uso de los saldos de caja de empresas y entidades), alcanzó los $3.208 millones, esto es, se utilizaron más saldos de entidades en $1.139 millones.
Para cubrir los sueldos de noviembre y diciembre, se acudió a fondos de la CFN y otros. Aún no está claro que operaciones se realizaron con el Banco Central. También se solicitó el pago adelantado del impuesto a la renta de algunas empresas.
Se acudió a la emisión de deuda interna, su incremento neto (desembolsos menos amortizaciones) fue de unos $1.000 millones. Hasta octubre de 2023, la compra neta de bonos del Estado por el IESS fue de $1.175 millones, hasta diciembre esta cifra habrá aumentado.
Este organismo contribuyó a cubrir las necesidades de financiamiento en $2.569 millones, entre cuentas por pagar y bonos. Mientras, el fondo de pensiones sigue en declive, hasta unos $5.500 millones.
La reducción de los saldos del Tesoro por $945 millones (a diciembre fueron de apenas $135 millones), alivió las angustias para encontrar financiamiento de las cuentas públicas. Las reservas internacionales se redujeron hasta los $4.454 millones, producto de la salida de dólares al pagar el servicio de la deuda externa y compras públicas al exterior. Lúgubre bienvenida al 2024.
