Y que lo robado ya no sea un buen negocio… Amén



Y que lo robado ya no sea un buen negocio… Amén

Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación7 enero, 202429min1873
Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación7 enero, 202429min1873
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La ley de Extinción de Dominio, un arma legal que, en teoría, ayuda al Estado a recuperar lo robado, actualmente no tiene ningún peso en Ecuador. Tras el desmantelamiento de esta Ley y su escasa aplicación, esta tarea queda en letra muerta.

La impunidad parece ser el plato principal de aquellos políticos corruptos, glosados, procesados y prófugos, así como de los delincuentes comunes y de cuello blanco, que ven en Ecuador un terreno fértil para sus fechorías. 

Esta ley debería ser una herramienta destinada no solo a castigar el enriquecimiento ilícito derivado del crimen organizado y la industria del soborno, sino a desmantelar la estructura económica que sostiene a la actividad delictiva. 

Ante esta indefensión, evocamos un rezo colectivo: que robar en Ecuador ya no sea un buen negocio. Amén.

Una ley vigente que no se aplica

La Ley de Extinción de Dominio en Ecuador está en vigencia desde enero de 2021, sin embargo resulta ineficaz para la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente. O al menos eso se concluye al no existir ni un solo bien confiscado por esta vía. 

No obstante, en octubre de 2023, la Fiscalía anunció que la Unidad para la Investigación Patrimonial sobre Extinción de Dominio ha empezado su labor con dos casos provenientes de sentencias por delitos de cohecho y concusión.  

Lamentablemente casos con sentencia condenatoria, como Sobornos 2012-2016, o en etapa de juzgamiento, como el de lavado de activos en contra de Leandro Norero y sus deudos, no han llevado a procesos de comiso o recuperación de lo robado.

Así ocurrió con la mansión de Riberas del Batán y otro inmueble en La Puntilla, Samborondón, que el exmagistrado Ángel Lindao -actualmente procesado en el caso Metástasis- devolvió a Norero. En todo caso, la decisión de Lindao fue revocada por la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, mediante una apelación presentada por Inmobiliar.

Este patrón de comportamiento fue evidenciado por el embajador estadounidense Michael Flitzpatrick, en diciembre pasado, al expresar que estas dinámicas permiten que grupos delictivos y mafias del narcotráfico continúen “lavando su plata y su cara” en el sistema financiero sin enfrentar consecuencias. 

El embajador Fitzpatrick criticó fuertemente la gestión de activos incautados en Ecuador, señalando que, en un periodo de cuatro años, solo se recuperaron $6 millones de activos ilícitos, mientras que $134 millones en multas penales permanecen sin cobrarse. 

De manera contundente, afirmó que estas cifras no solo son risibles, sino que representan una omisión grave en la lucha contra el crimen organizado. 

La advertencia de Flitzpatrick sobre la necesidad de reformas a la legislación para combatir el lavado de dinero ha caído en oídos sordos, ya que entre las prioridades de la mayoría legislativa del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo, no consta el tratamiento y aprobación de esta reforma. 

Al momento, la bancada de Construye presentará una propuesta de reforma a la ley y, por cuerda separada, el presidente Noboa ha ensayado pequeños esfuerzos para promoverla.

La tibieza de la mayoría legislativa sólo afianza las sospechas de la sociedad civil respecto a los alcances de este acuerdo por su virtual pretensión de cuidarle la retaguardia a las mafias, opinan expertos consultados.

Justamente, la propuesta de reforma a la Ley de Extinción de Dominio que ya presentó la fiscal Diana Salazar, en octubre del 2022, acaba de ser enviada junto con otras 38 iniciativas, a un proceso de unificación para ser parte del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso de unificación lo llevará adelante la  Comisión de Justicia, presidida por Fernando Cedeño (RC). 

Resolución del CAL que unifica la reforma a la ley de Extinción de Dominio con 38 reformas al COIP. VER PDF

La resolución coloca en la misma posición de relegación las reformas destinadas a garantizar la seguridad ciudadana, combatir el narcoterrorismo y fortalecer el Sistema Penitenciario, lo que refuerza la percepción de una falta de compromiso para enfrentar las amenazas a la sociedad.

Tibieza y parches del Gobierno de Noboa

A pesar de las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre el fortalecimiento de las capacidades operativas de la UAFE y la promoción de la Ley de Extinción de Dominio, la realidad parece contradecir sus afirmaciones. 

El 13 de diciembre de 2023, el Gobierno ecuatoriano anunció el establecimiento de la «Unidad de Investigación Conjunta en Materia de Defraudación Tributaria y Lavado de Activos» como medida contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Sin embargo, esta iniciativa, que involucra a la UAFE, el SRI y al Ministerio de Gobierno y del Interior, genera escepticismo debido a la falta de detalles concretos sobre su funcionamiento y alcance real.

En paralelo, se implementó una pequeña reforma al último inciso del artículo 53 de la Ley de Extinción de Dominio, incluida en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada el pasado 19 de diciembre de 2023. 

El texto, de no más de dos líneas, concluye que: “Con la sentencia o su inscripción no se extinguirá por ello la responsabilidad tributaria a que haya lugar respecto de los bienes cuyo dominio se extingue”, apuntando a mantener la responsabilidad tributaria incluso después de la transferencia de bienes al Estado. 

Expertos encuentran a esta reforma introducida en la ley tributaria insuficiente, redundante y alejada del propósito central de la norma: privar a los delincuentes de los beneficios obtenidos ilícitamente.

Además, el Gobierno plantea una Consulta Popular, incluyendo una pregunta relacionada con reformas a la Ley de Extinción de Dominio.

En este sentido, el anexo de la novena pregunta sugiere que, en caso de ser aprobada, Noboa remitirá en un plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Extinción de Dominio para que la Asamblea lo apruebe en el término de 60 días.

Estas medidas del Gobierno, aunque presentadas como esfuerzos significativos en la lucha contra la corrupción, han suscitado desconfianza ciudadana. 

En su primer mes en funciones, el Primer Mandatario ha demostrado sus prioridades. Por ejemplo, Glas escapó en medio de la algarabía futbolera de Noboa y sus Ministros. 

Mientras el exvicepresidente sentenciado por los casos Odebrecht y Sobornos evadía una disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su versión libre y voluntaria, a propósito del caso Reconstrucción de Manabí, el Presidente celebraba en la ceremonia de premiación de Liga de Quito.

Ese inocente descuido, con cierto tufo a complicidad, coadyuvó a la huida de Glas y la presentación del pedido de asilo político en México, actualmente en análisis de la sede diplomática. 

Este gesto, aunado a la suspensión y archivo de cuatro juicios políticos pendientes para acelerar el trámite del juicio contra Diana Salazar, así como la intempestiva ausencia de Henry Kronfle para que Viviana Veloz presidiera la sesión en la que, con la abstención del Gobierno, no se autorizó el enjuiciamiento penal de Glas por peculado, -pese a que esa resolución no tiene efecto jurídico- exhibe de cuerpo entero el retrato de un interés de impunidad común.

Germán Rodas Chaves: no hay expectativas sobre las reformas a la Ley 

En lo que respecta a la aprobación de reformas que repotencien a la Ley de Extinción de Dominio, Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), confiesa que no tiene ninguna expectativa.

Rodas Chaves expresa su escepticismo ante la actual Ley de Extinción de Dominio, señalando sus deficiencias y sugiriendo que ciertos sectores políticos podrían estar obstaculizando su eficacia, revelando así posibles complicidades con prácticas corruptas.

En la entrevista realizada por este medio, Rodas advierte sobre el riesgo de que el discurso conciliador del presidente Daniel Noboa conduzca a un acuerdo político que garantice la impunidad de actores vinculados a casos de corrupción. 

Destaca la importancia de la ciudadanía y la vigilancia constante sobre las acciones de la Asamblea Nacional, especialmente en respuesta a las revelaciones graves de la Fiscalía.

El coordinador de la CNA resalta la necesidad de dar prioridad y urgencia al trámite y aprobación de reformas a la Ley de Extinción de Dominio desde el oficialismo. 

Hace hincapié en que la participación activa de la sociedad es fundamental para evitar que el actual acuerdo legislativo encubra a la delincuencia organizada en diversas esferas.

Luis Verdesoto: la extinción de dominio es una amenaza carnal contra el narcotráfico

Luis Verdesoto, exsecretario de la Política Pública Anticorrupción, en una entrevista con  La Fuente – Periodismo de Investigación señala la responsabilidad de ciertos sectores parlamentarios en la postergación de legislaciones clave como la Ley de Lobby, la Ley de Conflicto de Intereses y, especialmente, la Ley de Extinción de Dominio. 

Verdesoto considera que la extinción de dominio es crucial para enfrentar al narcotráfico, ya que no solo quita la propiedad, sino también el dominio sobre los bienes, evitando que operen con impunidad.

El exsecretario sostiene que el retraso en la aprobación de esta ley se debe a conexiones entre la política y las mafias del narcotráfico, infiltrando operadores encubiertos en instituciones clave. 

Esta infiltración desde dentro obstaculiza la implementación de herramientas jurídicas eficaces contra el lavado de dinero, destacando la absurda exigencia de una sentencia ejecutoriada en la ley actual.

El caso emblemático de la conexión entre políticos y narcotraficantes lo protagonizan, precisamente, Leandro Norero y Ronny Aleaga, alias «El Ruso», quien fungía como operador parlamentario según los chats del caso Metástasis. 

Verdesoto destaca la necesidad de detectar y eliminar a estos operadores, llevándolos fuera de la política y, preferiblemente, a la cárcel.

El exsecretario anticorrupción señala que el actual acuerdo que conformó la mayoría en la Asamblea es endeble y posee una arquitectura secreta, generando incertidumbre sobre su dirección futura. 

A pesar de este panorama desfavorable, sugiere que la sociedad ecuatoriana debe oponerse a la potencial pretensión de impunidad.

Verdesoto, además, resalta que la banca internacional y los organismos multilaterales establecen parámetros normativos que incluyen la necesidad de abordar temas como la Ley de Extinción de Dominio.

Aunque no son condicionalidades estrictas, son requisitos para la apertura de nuevos créditos y deben ser atendidos, especialmente dada la situación actual del país.

Esta exigencia legal, sin embargo, no parece tener futuro en un parlamento cuya primera fuerza política tiene una agenda de franca oposición a instrumentos jurídicos que garanticen el uso eficaz de los recursos del erario nacional y combatan los delitos contra la eficiencia de la administración pública, dice.

Una herramienta a medio estrenar

El proyecto de extinción de dominio, presentado por el exfiscal General Carlos Baca Mancheno en 2017, incorporó propuestas de Johanna Pesantez, Iván Granda y Fabricio Villamar en 2019. 

Solo las propuestas de Baca Mancheno y Villamar fueron calificadas, unificándose en un solo proyecto aprobado con 131 votos a favor y una abstención de Marcela Aguiñaga.

El expresidente Lenín Moreno vetó parcialmente la ley, objetando aspectos constitucionales como la imprescriptibilidad y la retrospectividad. La Corte Constitucional acogió parcialmente estas objeciones, eliminando la retrospectividad y estableciendo un techo de 15 años de prescripción desde la adquisición del bien.  

La ley, tras modificaciones, se enfoca en destinar recursos obtenidos de lo decomisado a gobiernos autónomos descentralizados, salud, educación, investigación, ciencia, tecnología e innovación.

Alejandro Zavala: “El correísmo desmanteló esta ley”

El consultor político Alejandro Zavala expresa su coincidencia con la idea de que las reformas a la ley de extinción de dominio han experimentado retrasos debido a agendas internas en la Asamblea, vinculadas con grupos narcoterroristas que incluso financian campañas electorales. 

Destaca la desmantelación de la ley vigente por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Marcela Aguiñaga, afiliada al correísmo.

Fabricio Villamar: “el problema no es la norma, sino su falta de aplicación”

Fabricio Villamar, ex legislador y proponente del proyecto de extinción de dominio en Ecuador ahora en vigencia, le cuenta a La Fuente – Periodismo de Investigación que, a pesar de ajustes a la ley, su espíritu se mantiene, enfocándose en la prescripción y el alcance temporal. Villamar explica que el enfoque retroactivo fue eliminado para aplicar la ley a casos posteriores a su expedición.

La ley establece un proceso dividido en dos etapas: la investigación patrimonial previa, a cargo de fiscales especializados de la unidad de extinción de dominio, y la fase judicial sustanciada por jueces especializados en delitos relacionados a corrupción y crimen organizado.

La Procuraduría General del Estado es parte procesal y actúa en representación del Estado. Junto a la Fiscalía, ambas instituciones pueden solicitar medidas cautelares durante la investigación.

Después de esta fase, la Procuraduría puede presentar la demanda, seguida del juicio, la sentencia y los recursos de apelación y casación respectivamente.

En caso de comiso, el Servicio de Administración de Bienes Especiales, entidad creada con la ley, maneja los activos, a través de un comité directivo integrado por delegados del Ejecutivo, de la Función Judicial y de Transparencia y Control Social.

La monetización de bienes requiere una sentencia ejecutoriada y un informe pericial para establecer el precio base. Los fondos obtenidos se destinan mayormente a programas de desarrollo infantil y erradicación del trabajo infantil.

Villamar subraya que el problema no es la norma, sino su falta de aplicación por la Fiscalía y la Procuraduría, destacando la ausencia de demandas dos años después de la vigencia de la ley. 

No obstante, esto contrasta con lo expuesto por la Fiscal General, quien anunció, el 12 de octubre de 2023, el inicio de las labores de la Unidad para la Investigación Patrimonial sobre Extinción de Dominio a raíz de dos sentencias por cohecho y concusión respectivamente.

Tal y como está planteada la ley, más allá de las críticas que ha recibido, aún no ha sido aplicada. La bancada de Construye, sin embargo, ya plantea reformas para, según dicen, simplificar el proceso de extinción de dominio.

Construye prepara un proyecto de extinción civil de dominio para atacar la economía criminal

La propuesta de reforma de Construye resalta como un intento de contrarrestar la inacción legislativa y aborda la necesidad de dotar al país de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia de manera decidida.

La exministra de Gobierno y líder del Movimiento Construye, María Paula Romo, aseguró en diálogo con La Fuente – Periodismo de Investigación, que, pese a la desfavorable conformación de la Asamblea, parte de su agenda legislativa comprende la presentación de un proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio y el tratamiento de las leyes de inteligencia y contrainteligencia pendientes.

“Tenemos ya (el proyecto), incluso desde antes de la instalación de la Asamblea. Hemos estado trabajando en esa agenda. Fue una parte central de nuestro plan y de nuestra propuesta legislativa durante la campaña, tanto en el lado de los asambleístas como del lado de la candidatura de Fernando Villavicencio y luego de Cristian (Zurita)”, explicó.

Jorge Peñafiel, asambleísta de la Lista 25, explica su propuesta de reforma para la Ley de Extinción de Dominio en Ecuador. La iniciativa busca separar la responsabilidad penal del imputado de la titularidad del dominio sobre bienes presumiblemente obtenidos mediante operaciones financieras irregulares para lavar capitales ilícitos. 

La propuesta destaca la autonomía de los patrimonios, independientemente de la culpabilidad o inocencia de los involucrados.

La reforma simplifica el proceso, identificando los recursos en los patrimonios investigados y reconociendo su origen ilícito para proceder con la extinción de dominio, incluso si los imputados son declarados inocentes en el proceso penal. Para evitar la dependencia de un fiscal, juez o secretario, se propone la creación de un ente autónomo bajo el control político de la Asamblea Nacional.

La propuesta también contempla fortalecer la capacidad institucional de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para un rol preventivo autónomo respecto a la Policía Nacional. 

Se destaca la importancia de un informe de la UAFE que declare la ilicitud del origen de los fondos, lo cual será fundamental para la acción de extinción civil del dominio, independientemente del proceso penal.

Jorge Peñafiel subraya la necesidad de medidas de resarcimiento y compensación para aquellos que adquieran bienes de buena fe, pero cuyo origen ilícito se demuestre. 

Peñafiel espera que la propuesta de Construye cuente con el respaldo necesario para su aprobación, a pesar de la escepticismo sobre el apoyo de la mayoría legislativa centrada en la agenda económica gubernamental y coqueteos con la impunidad del correísmo.