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El 16 de diciembre del 2016 el gobierno de Rafael Correa concretó el último de los contratos lesivos para el país. Fue la delegación del puerto de Manta a manos de la empresa chilena Agencias Universales S.A., Agunsa, por un periodo de 40 años. Desde que esa empresa atracó en Manta recibe millonarias ganancias sin realizar mayores inversiones; de hecho por contrato no está obligada de aumentar el número contenedores a movilizar en la terminal portuaria y eso provocará el aislamiento de la provincia con el resto del mundo. Contraloría General del Estado entregó un informe que enumeró decenas de irregularidades en la delegación del puerto a privados.