Wilman Terán: de jugador a peón en el tablero de la impunidad



Wilman Terán: de jugador a peón en el tablero de la impunidad

Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación29 diciembre, 202315min15225
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En menos de 15 días Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, pasó de ser el poderoso estratega que había llevado adelante una serie de incumplimientos en las distintas etapas del proceso de selección de magistrados, a perder su cargo y ahora estar acusado de facilitar a Leandro “El Patrón” Norero soluciones para su situación penitenciaria, recuperar sus bienes y liberar a sus familiares.

Tras el inicio del caso Metástasis, el 14 de diciembre, con un megaoperativo de 75 allanamientos en 7 provincias en el que participaron más de 900 personas, por el cual se le dictó prisión preventiva; ahora Terán acumula una segunda orden por el Caso “Independencia Judicial”. 

Terán permanece detenido en la Cárcel 4 de Quito, mientras la instrucción fiscal del caso Metástasis avanza y, paralelamente, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en el segundo proceso.

Los chats de Norero

En la audiencia de formulación de cargos por el Caso Metástasis, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, expuso un total de 14.000 fojas de los chats extraídos de los celulares del narcotraficante asesinado que permanecían en cadena de custodia en los que se demuestra su grado de influencia en las decisiones de jueces, fiscales, peritos, funcionarios judiciales, policías, autoridades del SNAI y abogados. 

Este caso es inédito en su dimensión por cuanto exhibe las relaciones entre el crimen organizado con las más altas autoridades del Estado para la obtención de favores y sentencias a la medida. La teoría del caso sugiere que Norero, tras su detención el 25 de mayo de 2022, montó una estructura delictiva a través de negociaciones mantenidas por sus abogados y operadores con jueces de primer nivel, de la Corte Nacional de Justicia, y del Consejo de la Judicatura para que actúen a su mandar. Así, Helive Angulo, Cristian Romero y Xavier Novillo integraban la cúpula de esta empresa criminal.

De la lectura de los chats del teléfono de Norero se reveló la conversación con su operador, Helive Angulo, alias “Estimado Larry”, en la que le informa al narcotraficante que ya está “en el despacho del juez”, negociando un habeas corpus a favor de sus hermanos. Adjunto al mensaje, alias “Estimado” envió un selfie en la oficina de su anfitrión. Entre otros detalles, se alcanza a ver en un anaquel un libro cuya leyenda reza: “Wilman Terán, libro civil y familia”. 

La estrategia original de Norero y su equipo consistía en que, mientras  interponían cinco habeas corpus simultáneos en varias unidades del país para distraer a la opinión pública y saturar al sistema judicial; en Cotopaxi se presentaba el mismo recurso, y se sobornaba a los jueces encargados de su trámite, Santiago Zumba y José Luis Segovia, para obtener la liberación de los hermanos de Norero: Israel Norero Tigua y Johanna Zambrano Tigua. Ahora ambos magistrados son procesados en el caso Metástasis y guardan prisión preventiva. 

Sin embargo, este plan les falló por “falta de argumentación” de Romero, su abogado, de tal suerte que Norero le ordenó que pida el dinero de vuelta a los jueces sobornados. De acuerdo con otro fragmento de los chats expuestos en la audiencia, Estimado aseguraba que les habían hecho varios pagos por $10.000, $40.000 y $70.000. 

Además de patrocinar a Norero en el caso por lavado de activos, Romero fue abogado de Jorge Glas en el caso Sobornos. Actualmente está prófugo y su despacho, en Riobamba, fue allanado durante la incursión de la FGE la madrugada del 14 de diciembre. El abogado era identificado en la red delictiva con el alias “Globalpax”. 

Romero intentó acercarse a la Fiscalía para obtener un procedimiento abreviado con una pena reducida a cambio de confesar su participación en la red delictiva del Caso Metástasis. La condición era que le impongan 20 meses en la Cárcel 4 de Quito. La Fiscal General, Diana Salazar rechazó esta petición y manifestó que la institución no se va a someter. “Él tendrá que someterse a las condiciones de la Fiscalía”, dijo en una entrevista a Radio Democracia.

Cristian Romero y el asesinado Harrison Salcedo, ambos abogados de Jorge Glas.

Debido a este primer fracaso, los ayudantes de Norero consideraron otras opciones y se decantaron por la Corte Nacional para que los jueces aprobaran un nuevo habeas corpus a través de un recurso extraordinario. Alias Estimado propuso esta idea en virtud de que tenía a varios jueces comprometidos porque cuando visitaban Manta “les han dado buen trato, entreteniéndoles con mujeres de buena presencia”. Entre los jueces a los que aludió estaban Byron Guillén y Walter Macías.

Así, contactó a Terán a quien lo conocían como “El Diablo”, por intermedio de Alex Palacios, entonces coordinador jurídico de la Corte Nacional y ex director Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, para que concediera, en su calidad de conjuez de la Sala de la Niñez, una acción de protección que buscaba la liberación de Israel Norero, hermano del capo del narcotráfico. 

Novillo, alias “Novi”, era otro de los abogados de Norero y el principal artífice de la coordinación de las ofertas de sobornos a funcionarios del sistema judicial del Guayas. Era el responsable de la oferta, negociación y pago de sobornos a cambio de favores judiciales en beneficio de Norero y su familia dentro los procesos penales por lavado de activos, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.

Novillo tiene antecedentes en la compra de jueces y servidores judiciales. En 2017, estuvo implicado en el pago de $300.000 a la ex fiscal Ángela Beltrán, a fin de conseguir el cambio del tipo penal y un proceso abreviado para los narcotraficantes Víctor Endara y Robinson Arroyo, implicados en el transporte de 600 kilos de cocaína con destino a EE.UU.

Esta fue la red criminal con la que Norero compró parte de la Función Judicial para obtener su impunidad. Ahora que se conoce el grado de putrefacción en las instituciones, corresponde empezar la depuración. Urge que el Estado corte su idilio con las mafias.

Una raya más al tigre: prisión preventiva por obstrucción de la justicia

Este 28 de diciembre del 2023, dentro del caso Independencia Judicial, el polémico juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, decidió acoger el pedido de Wilson Toainga, Fiscal General Subrogante, y ordenó prisión preventiva contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, actualmente recluido en la Cárcel 4 de Quito por su participación en el caso Metástasis. Ordenó lo propio para Xavier Muñoz, vocal del órgano colegiado también investigado por lavado de activos y recientemente capturado en Samborondón.

Audiencia por obstrucción de la justicia contra Wilman Terán, Xavier Muñoz, Maribel Barreno y otros procesados.

A la exvocal Maribel Barreno, también imputada por tráfico de influencias en el caso Vocales, el juez le dispuso medidas sustitutivas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. En cambio, contra Juan José Morillo, el Ministerio Público no formuló cargos.

Para Andrés Jácome Brito (secretario encargado del CJ), Katerine Edith Luna (subdirectora encargada de gestión de procesos del CJ), Marcela Alexandra Vaca, y Carlos Alfredo Garavi Naranjo (subdirector de control disciplinario de la dirección nacional de Asesoría Jurídica), el magistrado de la Corte Nacional de Justicia dictaminó prohibición de salida del país, presentarse de manera periódica ante un juez, y uso de grillete electrónico.

El Colegio de Abogados apunta a los jueces prorrogados

Si bien el concurso de jueces ya fue suspendido, el directorio del Colegio de Abogados de Pichincha exhortó a Álvaro Román, actual Presidente del Consejo de la Judicatura encargado, a que revoque la reforma al artículo 3 de la resolución 008-2021 con la que la administración de Terán extendió hasta 2030 el periodo de funciones de seis jueces nacionales escogidos para tres y seis años respectivamente. 

Uno de los magistrados favorecido con esta decisión fue justamente Luis Rivera, quien lleva el caso de Independencia Judicial y ha sido conocido por sus polémicas decisiones en los casos Singue, Dhruv y Reconstrucción. Rivera, junto al juez Byron Guillén  -con quien integra el Tribunal de Revisión del Caso Sobornos- están en la mira de la Fiscalía General del Estado por su presumible colaboración en la estrategia de defensa de Leandro Norero, el capo del narcotráfico asesinado en octubre de 2022 que tejió una red de delincuencia organizada con jueces, fiscales, funcionarios judiciales, policías y políticos a su servicio.

De izquierda a derecha, los jueces Luis Rivera y Byron Guillén.

El día en que se detuvo a los 31 acusados en el caso Metástasis, los despachos de ambos magistrados fueron allanados. La Fiscalía recaba indicios y no descarta incluirlos en el proceso. 

Con motivo de la investigación, este 28 de diciembre, Guillén concurrió a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria. A su ingreso a la matriz del Ministerio Público, el juez insistió en que, si bien lo mencionan en los chats de Metástasis, se habrían tomado su nombre y que no conocía ni a Norero ni a Helive Angulo. 

A esta diligencia también fue convocado el juez Rivera, pero se excusó porque debía evacuar las causas por obstrucción de la justicia contra Terán, Muñoz y Barreno, y por cohecho contra Xavier Vera Grunauer, exministro de Energía.

“Pedimos que esta resolución irregular e ilegal, es decir que esos jueces que fueron prorrogados con apenas dos votos de la Judicatura (Wilman Terán y Xavier Muñoz), se deje sin efecto”, declaró Anabel Guerrero, vicepresidenta del gremio de juristas.

Llegados a este punto, expertos jurídicos, gremios y la ciudadanía en general esperan que, mientras la administración de justicia condena a los responsables de beneficiar a Norero en todos los niveles (judicial, político, económico y penitenciario), la administración subrogante de Román adecente, en el corto plazo, a la Función Judicial y anule todas las decisiones arbitrarias que Terán tomó en pro de la impunidad de la mafia que contaminó al Estado.