En entrevista con La Fuente-Periodismo de Investigación, la jueza Enma Tapia explica las razones para emitir medidas a favor de Wilman Terán. Asegura que se le violentaron derechos humanos y que no le debe favores.
‘El Diablo’ Wilman Terán, ex juez y ex presidente del Consejo de la Judicatura, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, consiguió su traslado de la Cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel 4 (mínima seguridad). Su ‘mudanza’ será en las próximas horas.
Este miércoles 17 de julio, el hemiciclo de la Asamblea Nacional se convirtió en una suerte de auditorio en el cual un histriónico Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, presentó su “obra de teatro”, aupado por los legisladores de la Revolución Ciudadana. En ella, se declaró como un hombre inocente y víctima de varios actores judiciales.
Los engranajes para recuperar el Consejo de la Judicatura, por parte del correísmo, se volvieron a poner en movimiento, desde dos claros flancos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó un informe en el cual se recomienda archivar el juicio político contra el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la vocal suspendida de ese organismo, Maribel Barreno.
A la correísta presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, no le ha importado dejar sin piso la credibilidad o institucionalidad de este organismo con tal de darles una mano a un par de personajes allegados a su organización política.
En menos de 15 días Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, pasó de ser el poderoso estratega que había llevado adelante una serie de incumplimientos en las distintas etapas del proceso de selección de magistrados, a perder su cargo y ahora estar acusado de facilitar a Leandro “El Patrón” Norero soluciones para su situación penitenciaria, recuperar sus bienes y liberar a sus familiares.
En un operativo sin precedentes denominado Metástasis, la Fiscalía encabezada por Diana Salazar llevó a cabo más de 75 allanamientos, involucrando a 30 ciudadanos entre jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura, del SNAI entre otras instituciones, en una investigación que revela una estructura criminal de gran envergadura “enquistada en todos los niveles del Estado ecuatoriano”.
En la actual situación de la justicia ecuatoriana, las palabras de Villavicencio resuenan: “la impunidad es la raíz del mal”, y desde este llamado nos adentramos en un complejo y doloroso juego estratégico donde los delincuentes se desplazan por el tablero legal con la fluidez de las piezas en el ajedrez, y las medidas judiciales se asemejan más a movimientos calculados que a medidas contundentes que beneficien a la ciudadanía.