Los 30 no tienen rostro, eran esclavos de la minería ilegal que se quedaron ahí para siempre, murieron aplastados o golpeados por piedras por conseguir unos gramos de oro para sus lacayos.  Y ahí los enterraron, rápido, sin tanto trámite, y luego los mineros ilegales compraban el silencio de las familias a cambio de oro o unos cuantos miles. Nadie veló a esos muertos, solo asistieron como testigos el río Jatun Yaku y Yutzupino en la provincia de Napo.

A este testimonio tuvo acceso el asambleísta nacional Fernando Villavicencio, un relato conmovedor que resulta una fotografía vívida de cómo opera la delincuencia organizada en torno a la minería ilegal en el Napo. Una verdadera mafia.

Aunque la minería ilegal se asentó mucho antes en Yutzupino, El Ceibo, Naranjalito, Silverio Andi y Pioculin, el voraz festín minero inició en junio del 2021, cuando un señor de nombre Édison, un minero colombiano, entró con una máquina a la playa de Yutzupino y sacó 1,5 kilos de oro. Son colombianos los que alquilan las máquinas de los “peces gordos” que minan en la zona a través de testaferros. Después, se desató el caos.

Fuente: Facebook de Napo Ama la Vida.

Llamaron a operadores de Yantzaza, San Lorenzo, Lago Agrio, Ibarra, Los Rios; de todos los rincones se unieron al desfile progresivo y nocturno de retroexcavadoras, motores de succión, matracas y bateas listas para desangrar el sector de Yutzupino.

Los mineros se tomaron 70 hectáreas al margen del río Jatun Yaku en menos de cuatro meses. Los comuneros de la zona (familias Cerda Andi, Cerda Mamallacta y Cerda Alvarado y otros) cobraban primero un peaje de uso de la playa de $500, luego $1000 y como el negocio se volvió rentable, la tarifa por el paso de la maquinaria llegó a los $2000.

Aunque los mineros ilegales y su ejército de esclavos operaban todo el día, durante las noches, las playas del Yutzupino, que corresponden a las concesiones de la empresa china Terraearth, Confluencia y El icho, se convertían en hervideros humanos. Cada persona que ingresaba al sector a batear pagaba $1 diario. En el día llegaban entre 2 mil y 3 mil personas; en la noche, el descontrol, arribaban hasta 5 mil bateadores.

Por cada matraca se cobraba $5 el día. Tenían de todo. En el sitio se instalaron puestitos donde se compraba el oro a $43 el gramo. Hasta se abrió un cabaret donde había menores de edad y mujeres migrantes que bajaban a las playas a buscar clientes.

Trabajaban en medio de máquinas inmensas, galones de mercurio, codeándose con montañas de arena y piedra que terminaba aplastando a algunos. “A una señora de Loreto se le cayó el material pétreo, casi como 8 metros cúbicos, tuvieron que bajar dos excavadoras para cavar y sacar el cuerpo de la señora; la llevaron a Loreto”.

Al despacho del asambleísta Fernando Villavicencio llegó la noticia que entre las máquinas decomisadas en el Operativo Manatí hay varias de gobiernos locales como Yantzaza, Esmeraldas y que maquinaria de Johny Terán, prefecto de Los Ríos, operaba en Yutzupino. Así es, según la fuente protegida, las propias autoridades locales pusieron sus retroexcavadoras a trabajar a través de testaferros.

El alcalde de Arosemana Tola, Isaías Pasochoa sería minero ilegal. Jonh Pasochoa, su hermano, tenía tres maquinas, algunas de ellas habrían sido incautadas en el operativo del 13 de febrero del 2022. La fuente también apunta al alcalde de Archidona, Andrés Bonilla, que puso maquinaria y al alcalde de Tena, Carlos Guevara, que cobraría coimas del 5% y 10% de la producción neta para no controlar la actividad minera.

Al igual que Guevara, el asambleísta del Napo, Washingtong Varela, tendría máquinas en Yutzupino; “yo tengo dinero, tenga la máquina pero ándate tú en vez mío, pero el man cobraba”, dice la fuente.

La prefecta del Napo, Rita Tunay, estaría involucrada en el negocio, pues con su consentimiento la maquinaria de la prefectura realiza minería ilegal de oro aluvial en sus propias minas de material pétreo. Incluso, se ha visto en Yutzupino carros de la institución abasteciendo diesel.

“Todo es un complot ahí. El señor Cesar Espíndola, el hijo trabajaba en ARCOM, hasta él tiene metido máquinas ahí en Yutzupino”. Hasta los Gutierrez tendrían máquinas ahí, comenta.

“Los peses gordos se encuentran en el Tena, llegaron en camionetas, en Land Rover, en Toyotas del año, vidrios polarizados y andan sin placas”. Los responsables de esta catástrofe siguen campantes, frente a la inobservancia del gobernador del Napo, Wilfrido Villagomez, que durante su administración permitió que más de 200 máquinas trabajen en Yutzupino, en sus narices. La fuente del sector afirma que el Gobernador también recibía su tajada.

Lo cierto es que los $2000 que se cobraba por la entrada de cada máquina, multiplicado por las más de 200 que llegaron a trabajar en el sitio cada día, no se quedó en manos de los humildes recaudadores de las comunidades. Ahí solo quedó plantado un cementerio, y un desastre ambiental sin precedentes. Entonces, ¿a dónde se fue la plata de los peajes?

La concesionaria de la zona del desastre, Terraearth, denunció apenas en julio del 2021 la invasión de minería ilegal, pero muchos años antes la empresa china permitió operaciones ilegales en sus concesiones, de otros, que aquellos que sí controlaban. Cuando emergió la fiebre del oro, el negocio se les fue de las manos, y todos cayeron a disfrutar del festín; menos los 30, a ellos ya se los tragó la tierra.

Minería legal e ilegal, sin línea divisoria

En Napo existen 146 concesiones mineras de oro aluvial, según el catastro minero 2019, de la cuales la mayoría omiten sus responsabilidades ambientales, por el alto costo de remediación.

Al menos 45 de ellas fueron otorgadas sin cumplir con la consulta ambiental, ni la consulta previa libre e informada, según denunció el abogado Andrés Rojas durante una audiencia de la acción de protección presentada por colectivos sociales el 12 de octubre del 2021.

Además, según un examen especial hecho por Contraloría DNA6-0051-2018 (período entre el 13 de febrero de 2015 y el 30 de septiembre de 2017), varias concesiones en Napo fueron otorgadas de manera ilegal, con normativa derogada.

Este informe da cuenta que la entonces ARCOM y el Ministerio de Minería aprobaron concesiones sin cumplir parámetros técnicos mínimos; además detectó violación a la normativa ambiental

La provincia ícono del turismo ecológico fue repartida como un catastro minero de 31.521 hectáreas. El saldo es crudo, el desastre irreparable. Además del río Yutzupino, en el cantón Arosemenatola, el río Chimbiyaku, también murió; el río Blanco, Poroto e Ila están en agonía.

Los grandes afluentes del río Napo: el Jatun Yaku, Misahuallí, Anzu, Huambuno y Tuyano son los más afectados.

El geógrafo alemán Holger Michler, durante una de las audiencia de la acción de protección antes mencionada superpuso el mapa minero en el mapa hídrico del cantón Carlos Julio Arosemena Tola y Tena, y evidenció que todas las fuentes de recarga hídrica y de captación de agua de la provincia se encontraban comprometidas por las concesiones.

A la provincia de Napo la fiebre del oro le llegó hace 25 años, pero en los últimos dos, se concretó un desastre ambiental sin precedentes. El río Yutzupino murió por causa de la minería ilegal y la tapiñada minería legal. La devastación de la zona se aceleró desde octubre del 2021, pero solo las organizaciones ciudadanas de la provincia de Napo se activaron en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

El fiscal provincial, Alejandro Rojas; el gobernador, Wilfrido Villagomez; el Ministerio del Ambiente, la ARCERNNR y los alcaldes de varios cantones de la provincia, en cómplice silencio.

En Napo, la delgada línea que separa la minería legal de la ilegal se esfumó hace rato. En la zona del desastre, en donde el Ministerio de Gobierno desde el 13 de febrero del 2022 ha decomisado unas 124 retroescavadoras, 79 motores de succión de agua, 3375 galones de combustible y embases con químicos se ubican dos de las concesiones de la empresa china Terraearth Resourses S.A.: Confluencia (cód. 400408) y El Icho (cód. 400402).

Estas concesiones son parte del “proyecto minero Tena” y no han podido pasar a su fase de explotación “legal” debido a que sus estudios de impacto ambiental eran fraudulentos y antitécnicos. Este proyecto minero que cuenta con una extensión de 7125 hectáreas de concesión se paralizó, pero la minería ilegal se instaló para quedarse.

Los chinos sembraron un infierno

Las concesiones Confluencia, Talag, El Icho, Anzu Norte de Terraearth no tienen permisos ambientales, dice el informe de Contraloría de 2018. La empresa china no podía explotar esas minas ubicadas en el sector Yutzupino, El Ceibo, Naranjalito y Pioculin, pero dejaron el arca abierta a la minería ilegal durante años; luego, ellos les compraban el oro, según el legislador Fernando Villavicencio.

Todo iba bien hasta que otros mineros y sus propios trabajadores se percataron de la rentabilidad del negocio y llegaron como una plaga las máquinas de todo el país a desangrar el río Jatun Yaku y el Yutzupino.

El río Yutzupino no fue sentenciado a muerte desde junio del 2021, cuando el número de máquinas y esclavos mineros se multiplicaron exacerbadamente, son varios años de operaciones de minería ilegal en suelo concesionado. Con la venia de la empresa Terraearth, que tiene dichas  concesiones desde 2001, los mineros ilegales hicieron su agosto. Los chinos de Terraearth se hicieron los de la vista gorda y denunciaron de forma tardía a las autoridades competentes, porque el negocio se les había salido de las manos.

El 7 de febrero del 2020 la FOIN (Federación de Organizaciones Indígenas del Napo) y otras organizaciones sociales reaccionaron ante la pretensión del inicio de la explotación del “proyecto minero Tena” por parte de Terraearth, en sus concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, y demostraron que sus estudios de impacto ambiental tenían graves errores metodológicos, la desaparición de la vida acuática del río Yutzupino y la presencia de sedimentos producto de la actividad minera.

También el estudio científico de la Universidad Ikiam del mismo mes y año, da cuenta de los niveles elevados de metales pesados en río Yutzupino, 1000 veces por encima de la norma. Estos hallazgos solo demuestran que las concesiones la empresa china ya fueron explotadas hace mucho tiempo atrás. ¿Dónde estaba Terraearth?

En un comunicado dirigido al despacho del asambleísta Fernando Villavicencio, la empresa Terraearth presentó evidencias de que su primera denuncia sobre la presencia de frentes mineros ilegales en sus concesiones Anzu norte, EL Icho y Confluencia, fue recién el 7 de julio del 2021. Luego vino una lluvia de quejas, en noviembre y diciembre del 2021, hasta enero y febrero del 2022 al Ministerio del Ambiente, la ARCERNNR, Fiscalía, Gobernación y Presidencia de la República.

El 24 de noviembre del 2021, Terraearth presentó ante la ARCERNNR un amparo administrativo para denunciar brotes de minería ilegal y señala como sospechosos a Galo Edison Palacios, Italo Campoverde, Edison Alberca, Wilson Andi y Leison Bayoles, sospechosamente sus propios exoperadores mineros. Esta empresa china minó ilegalmente en el Yutzupino hace rato. Según una fuente que prefirió el anonimato por temor a represalias, varios de sus trabajadores aliados prefirieron meterse en el negocio del oro por su lado. Esto habría causado las denuncias de Terraearth.

Otro que se independizó de la trama china es César Espíndola, que junto a Wilson Ortíz, fueron acusados por Terraearth de “mineros ilegales y dueños de máquinas excavadoras, plantas de lavado y equipo de minería”, recién en noviembre del 2021

José Moreno, uno de los rostros visibles de la lucha antiminera del Napo, ha recibido amenazas de muerte de parte de autoridades locales y lleva a cuestas una demanda interpuesta por Terraearth por haber revelado su modus operandi. En el caso de Yutzupino, la tardanza de la denuncia de Terraearth se debe a que los mismos chinos son los que promueven la minería ilegal en sus propias concesiones, para explotar sin regulación, sin rostro, y librarse de todos los saldos de remediación ambiental. Luego “los legales” culpan a los ilegales del desastre.

Al final no hay responsables, solo la muerte de los ríos y decenas de esclavos. Así también han operado en sus concesiones en el cantón Arosemena Tola.

¿Cómo es que sucedió este desastre de magnitud apocalíptica?. ¿Por dónde paseaban los alcaldes, jueces, fiscales, la prefecta y las entidades de control mientras 30 personas fueron aplastadas y el oro era saqueado de Yutzupino?. ¿Se desviaron del camino? ¿Las autoridades locales y de otras provincias tienen realmente su tajada en el negocio? De lo que sí se tiene constancia es del rosario de denuncias se han registrado en la fiscalía del Napo y exhortos a las autoridades de control y a los alcaldes, pero esos clamores fueron guardados en algunos archivadores empolvados.

El fiscal del Napo Alejandro Arias “les dejó en visto” a todos

Desde noviembre del 2021, varios colectivos ciudadanos y representantes de comunidades han emprendido acciones en fiscalía, además una acción de protección, para intentar parar el ecocidio que vive la provincia del Napo. Pese al clamor de las organizaciones, la fiscalía provincial del Napo ha mutado en cómplice silente de los mineros legales e ilegales. La prueba es la escasa celeridad en las investigaciones y las pocas sentencias condenatorias en la última década.

Según información recabada por el asambleísta Fernando Villavicencio, en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), de enero 2010 a lo que va del 2022, se registran 121 causas sobre delitos relacionados con la minería ilegal y daños al ecosistema. ¡Oh sorpresa!: la mayoría siguen se quedaron en investigación previa, en total 97. Sí, en 12 años. En más de una década se registra que la mayoría de las causas han sido archivado: 32 archivos aceptados, 28 solicitudes de archivo. Por esos delitos solo hay 14 sentencias condenatorias.

El número más alto de investigaciones previas sobre actividad ilícita de recursos mineros se registra en 2021.  De las 121 causas llevadas por fiscalía solo 17 llegaron a juicio y lo interesante es que el 2020, 2021 y 2022, cuando se volvieron recurrentes las denuncias por los daños producidos por la minería, se registran cero juicios.

Las estadísticas de Fiscalía reflejan a simple vista la lentitud con la que avanzan las investigaciones y la avalancha de denuncias registradas a partir del 2016, con picos en en el 2021. 121 causas llevadas por la fiscalía y aún no caen los cabecillas que con la minería han condenado al Napo a convertirse en un desierto. La fiscalía participa de la fiesta minera, cuando realiza sus “operativos pantalla” contra mineros ilegales, pero como están explotando dentro de concesiones legales, los fiscales se van y “aquí no ha pasado nada”.

El fiscal provincial de Napo,  Alejandro Arias Escobar, parece un engranaje del círculo de impunidad local cuando se trata de atacar al crimen organizado en torno a la minería ilegal. Alejandro Arias le dejó en visto el 4 de agosto del 2020 a uno de sus agentes fiscales, Diego Segovia, cuando éste le dijo por escrito: “la única persona que ignora esta realidad es USTED señor fiscal provincial. No se entiende un doble discurso de su parte (…) y hoy tiene una rara urgencia por seguir con el “juego” de realizar operativos, de los que los fiscales tenemos más de una “novedad” puesta en su conocimiento”. El fiscal Arias lo ha ignorado de manera olímpica.

La comunicación del agente Segovia destaca que en Napo los operativos de control minero no funcionan, ni ARCOM (hoy ARCERNNR) ni Senagua y el ministerio del Ambiente. “Que no cumplieron con los procedimientos para el otorgamiento de concesiones mineras, así como también no existió consulta previa en las comunidades”.

Un año después, en otra comunicación del 13 de diciembre del 2021, el mismo agente fiscal Diego Segovia, acusa al fiscal provincia de Napo de negligente. El agente alertó al fiscal Alejandro Arias que en Yutzupino existe grupos de mineros ilegales que explotaban oro a gran escala las 24 horas. “Habrían ingresado un aproximado de 80 personas y 60 máquinas tipo retroescavadoras, en igual sentido se conoce que producto de la remoción de tierras que se produce en el sector se estarían produciendo deslizamientos, con la probabilidad de que puedan quedar sepultadas personas”.

Finalmente el agente fiscal pide que se sugiera a la autoridad competente se llame a un estado de excepción y un operativo militar para impedir la devastación. Nuevamente, el fiscal Arias, “en visto”.