Negligencia



Negligencia

Lorena Piedra 24 febrero, 20227min1480
Lorena Piedra 24 febrero, 20227min1480
nota portda
Lo que parecería ser una serie de eventos desafortunados, vinculados a la seguridad interna del país, ha sido la característica de las primeras semanas del 2022. Tales hechos ponen en la palestra una reflexión sobre la vida del país y las consecuencias del manejo negligente de las instituciones de seguridad; una condición que Ecuador viene arrastrando hace al menos diez años.  

A inicios de enero la cifra de muertes violentas superó la del año pasado. A esto se suma que el volumen de droga incautada en enero y febrero del 2022 se duplica en relación al mismo periodo de 2021.

Agregamos como un caso que prueba la recurrencia de la situación deteriorada de la seguridad que experimenta el país, una de las ya acostumbradas refriegas dentro de un centro de privación de la libertad, con disparos y detonaciones.

Hecho que implica que aún no se adquiere la capacidad de controlar el acceso a armas dentro de complejos penitenciarios, y que para Ecuador es un problema que ya dista de ser atípico.

Lo mencionado anteriormente ya es grave, pero no había logrado tener el efecto provocado por el conocimiento masivo de dos hechos que  hacen ostentación del ejercicio de violencia en una misma semana.

El primer evento dos cuerpos humanos colgados bajo el puente de Durán. El segundo que la cabeza y las manos de un hombre fueran abandonados en la terminal portuaria de Puerto Bolívar.

El país experimenta lo que erradamente es caracterizado como una “ola de violencia”, y nada más equivocado que definirlo así. Nos enfrentamos -utilizando un término con el que estamos lo suficientemente relacionados por lo que implica- a: ‘una nueva normalidad violenta’.

¿Por qué no es una ola?, porque al menos hace diez años, desde una serie de instancias de seguridad, se advirtió sobre la penetración de estructuras de delincuencia organizada en el territorio nacional; no sólo eso: también sobre su capacidad de influencia real en instancias encargadas de garantizar la seguridad integral. Las alertas existieron pero las autoridades decidieron esconderlas por debajo de la mesa. Esto sucedió bajo la justificación de que “no es políticamente rentable reconocer hechos de semejante calibre”.

De hecho, cuando el Ejecutivo o los ministros de Estado lo reconocen, lo primero que se pone en peligro es su capacidad de preservar sus cargos. Es incorrecto hablar de una “ola”, porque la muerte de autoridades ejecutada por sicarios, y relacionada con denuncias de narcotráfico, o vinculada con estas estructuras, forma parte de las noticias nacionales desde el año 2014.

Porque la sinrazón del diseño de los elefantes blancos que constituyen los centros de detención en el país y, las consecuencias de lo insuficiente de ésta fallida ejecución de política pública también fueron de conocimiento de las autoridades hace más de siete años. Otra razón reside en el escalamiento de la violencia, del surgimiento de sectores dentro de centros urbanos donde el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia quedó para el cuento.

Es incorrecto manejar el discurso de una ola de violencia, porque, con excepción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las demás instituciones con competencias en la seguridad padecen de una inestabilidad crónica, desde reglas de funcionamiento, hasta funcionarios, ya que desde el 2008 no han parado de tener diversas modificaciones.

¿Quién gana con todo esto? Las estructuras de delincuencia organizada, porque a diferencia del Estado que no ha sido capaz de plasmar de manera coherente una política pública, estas estructuras sí funcionan de forma articulada, para desgracia de nuestra ciudadanía.

Señalar con el dedo a los actuales encargados de direccionar la política pública, convirtiéndolos en los únicos responsables de la escalada de violencia, que llegó para quedarse, no aporta en nada a cambiar esta situación.

Lo único que logran las propuestas de reemplazar a un ministro por otro, es enraizar y profundizar el mismo mal que arrasó la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano frente a esta problemática: la inestabilidad.

No sirve de nada que la misma persona esté encabezando el poder ejecutivo si cambia los representantes de los ministerios cada tres meses, o cada año. Ninguna política pública puede ser implementada de manera exitosa en esas condiciones.

Supuestas iniciativas no son más que otra de las expresiones a través de las cuales se valora más la renta política de las acciones, dejando completamente por fuera de la ecuación a la mayoría de los ecuatorianos.

Los efectos del manejo negligente de las instituciones de seguridad en el Ecuador. Todas éstas múltiples consecuencias que sufrimos de manera cotidiana, y a diferentes niveles, se pueden reducir en un resultado concreto: el deterioro de la calidad y las condiciones de vida para los ecuatorianos.

¿Qué quiere decir eso? Que la posibilidad de realizar actividades habituales, y esenciales para nuestra vida y la de nuestras familias, es en concreto lo que ya se encuentra afectado de manera importante. Efecto, que se presenta de manera más profunda en los sectores de la población con menor capacidad de protegerse.

Esos ecuatorianos, que habitan fuera de los quintiles más altos de la población, seres humanos con ninguno o limitado acceso a la justicia, en situación de desempleo, o trabajo bajo condiciones fuera de la ley, porque simplemente no tienen otra opción para procurarse ingresos. Un sector que por décadas ha sido invisibilizado por el Estado y sus políticas públicas.