El informe se ancla en información muy reciente, generada el pasado 21 de octubre de 2020 y explica cómo los actores principales de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia – Senain, se han reconstituido en un grupo de acción estratégica en favor de la candidatura de Andrés Arauz.
La Senain fue disuelta en 2018 por disposición del presidente Lenín Moreno, luego de haberse determinado la existencia de operaciones ilegales durante el régimen de Rafael Correa, en su reemplazo se conformó el Centro de Inteligencia Estratégica – CIES.
El informe asegura que se ha conformado una estructura de seguridad, inteligencia y contrainteligencia al servicio del ex Secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. La finalidad es proporcionar seguridad en las operaciones electorales del binomio Arauz – Rabascall y “acceder u obtener información personal o institucional de varias autoridades del Estado Ecuatoriano y personas particulares, con fines de exposición, extorsión e intimidación”.
Que Rommy Vallejo, el oficial que manejó el poder de la inteligencia en el gobierno de Rafael Correa, sea llamado en tiempos de campaña electoral a brindar seguridad a quienes son sus amigos y protectores no es ninguna sorpresa. Sin embargo, el informe tiene rasgos inquietantes. Dice que el 20 de octubre hicieron contacto con una fuente humana, “perteneciente a la organización política Centro Democrático Lista 1”.
Dice la fuente que quien brindó la información trabaja con Santiago Díaz, un ex asesor de la extinta Senain y supuesto jefe de un grupo de choque denominado «LOS POPEYES». Según la fuente, Díaz cumplía disposiciones del expresidente Rafael Correa Delgado, ahora prófugo de la justicia, luego de ser sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho agravado.
Esa fuente cercana a Santiago Díaz informó que Vallejo, hace aproximadamente tres semanas (inicios de octubre) convocó a su equipo de ex colaboradores y les comunicó las actividades de seguridad electorales del binomio Arauz – Rabascall. También les anunció la estructuración de un equipo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, es decir el “levantamiento de información sensible y personal o institucional de personas incluidas en dos listas denominadas DTR y TRD. Las primeras siglas (DTR) responde a los detractores de Correa y su gobierno. La segunda (TDR) a los traidores.
Para lograrlo buscan activar las relaciones con todos los simpatizantes de la Revolución Ciudadana que se encuentren en los círculos de interacción personal o profesional de quienes son parte de las dos listas.
No será una tarea difícil si se considera que buena parte del servicio público que colabora con el presidente Lenín Moreno tiene su origen en el gobierno de quien fue jefe y amigo.
De lo inquietante al temor
El informe estatal evidencia a quienes acompañan a Rommy Vallejo y tal como está en la lista se trata de la línea dura del correísmo. Varios de ellos acusados de dirigir operaciones de espionaje, persecución, allanamientos e incluso el secuestro de opositores, como se demostró en el caso Balda.
Está el ex director de inteligencia de la policía, Santiago Mena, primo de Rommy Vallejo, quien está a cargo de la planificación de actividades de obtención de inteligencia y operaciones de contrainteligencia paralelas.
También es nombrado el coronel en servicio pasivo Francisco Saavedra (alias Cura), que también se encargaría de las operaciones de inteligencia paralelas, e identificación de círculos cercanos personales o profesionales de los funcionarios y personas constantes en las listas antes referidas. Saavedra fue dado de baja hace pocos meses de la policía.
El capitán de policía en servicio activo Jorge Cortez Pepinos, que fue asesor de contrainteligencia y actualmente encargado de operaciones de contrainteligencia paralelas, desinformación y vínculo con medios digitales pagados, generadores de opinión afines a la «Revolución Ciudadana», dice el informe.
Les acompañan Santiago Díaz (encargado de los grupos de reacción y seguridad civil del ex presidente. Víctor Hugo Beltrán, actual jefe del grupo «POPEYES». Alejandro Cisneros, ex asesor de inteligencia. Paulina Vázquez que fue asesora de gastos especiales de la Senain, actualmente encargada del manejo financiero de operaciones paralelas.
Es parte de ese equipo el coronel de policía Santiago Olmeda, ex director de gastos reservados de la Senain y Silvia Burgos, que fue jefe de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República.
Financiamiento
El informe dice que por comentarios de Santiago Díaz, se sabe que las operaciones se financian con el aporte de empresarios, entre los que se menciona a la empresa SEMEG, propiedad de Carlos González Osorio. Información de inteligencia detectó una relación cercana entre la compañía Semeg y Rommy Vallejo. La empresa de González tiene entre sus accionistas a Cossey, una firma domiciliada en el paraíso fiscal de Panamá.
También se habría entregado recursos económicos en efectivo a Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa y candidato a asambleísta del movimiento Centro Democrático, por la provincia de Pichincha. Jarrín fue mencionado recientemente en un audio por el también candidato correísta Bolívar Armijos, de haber entregado $200 mil al ex agente Raúl Chicaiza para que cambie su versión en el caso Balda.
El informe dice que esos recursos tienen el objetivo de “contratar a grupos de reacción y choque que simulen ser ciudadanos espontáneos, que inhabiliten, maltraten, acosen, hostiguen a personas no simpatizantes de Centro Democrático, así como montar la estructura de inteligencia y contrainteligencia para la obtención de información denominada sensible”. Nada diferente a lo vivido en el gobierno de Correa.
Los detractores y los traidores
La fuente de este informe de seguridad dio cuenta de las listas DTR y TRD.
“La que correspondiente a detractores, se nombra a la ministra María Paula Romo con el código «Bala»; la fiscal general Diana Salazar con el código «Impulso»; el secretario Juan Sebastián Roldán con el código «Torero»; la presidenta del CNE Diana Atamaint con el código «Oriental»; el procurador Íñigo Salvador con el código «Gaviota»; el secretario de inteligencia Juan Sebastián DeHowitt con el código “Juanes»; los periodistas Andersson Boscán con el código “Gatsby»; Fernando Villavicencio con el código «Soplón» y Carlos Vera con el código «Candado».
El listado «TRD» o traidores incluye a Pablo Celi con el código «Danzante»; César Litardo con el código «Fluvial»; Paul Granda con el código «Morlaco»; Johana Pesántez con el código «Jurista»; María Fernanda Espinoza con el código «Julia»; José Serrano con el código «Goliat»; Iván Granda con el código “Dumbo»; y, Andrés Michelena con el código «Difusor».
Finalmente, dice el informe de seguridad que se han iniciado actividades con ex agentes operativos de la extinta Secretaría de Inteligencia, y estaría por concretarse la contratación de expertos informáticos para acceder a la información privada de los miembros de las listas, así como atentar contra la infraestructura tecnológica del Consejo Nacional Electoral, con el objeto de manipular el sistema de conteo de votos y realizar o simular fraude electoral.
La sórdida historia de la Senain
La extinta Secretaría Nacional de Inteligencia – Senain, operó como la policía política de Rafael Correa Delgado, al mejor estilo de la Stasi alemana. Manejó un millonario presupuesto cercano a los 50 millones de dólares anuales, los cuales en su mayoría se destinaban a compra de equipos de interceptación y a espionaje. La Contraloría investiga la desaparición de varios de esos equipos que según fuentes confiables estarían en manos del correísmo.
Se estima que entre 2009 y 2016, la entidad destinó más de 300 millones de dólares para sus operaciones de inteligencia y contrainteligencia, bajo la figura de gastos reservados. En 2018, el presidente Lenín Moreno dispuso la desaparición de la entidad que fue reemplazada por el CIES. Meses antes de su extinción, Rommy Vallejo debió renunciar al cargo tras acusaciones de haber realizado escuchas al presidente Lenin Moreno.
En la memoria oscura de la Senain se cuentan acciones de inteligencia y contrainteligencia a nivel nacional e internacional, como las ejecutadas en la embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange, cuyo costo bordeó los 6 millones de dólares. La mano de la Senain también se extendió a operaciones de seguimiento, espionaje y secuestro de opositores al régimen correísta, como ocurrió con Fernando Balda, Galo Lara, Cléver Jiménez, como parte de una lista cercana a 200 operativos. Uno de los pocos casos investigados llevó a prisión al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, acusado del secuestro de Balda.
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