Vientos de corrupción en el proyecto eólico Huascachaca



Vientos de corrupción en el proyecto eólico Huascachaca

Redacción Periodismo de Investigación30 marzo, 202224min6532
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El proyecto eólico mas ambicioso del país, llamado Minas de Huascachaca, destinado a generar 50 megavatios de energía limpia, adolece de sobreprecios y subdivisión de contratos; los protagonistas son ElecAustro que favoreció desde el inicio a la empresa china Dongfang que a su vez firmó contratos con terceros incluso antes de adjudicarse la construcción de la obra.

El proceso de contratación del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca estuvo direccionado desde su inicio. La empresa pública ElecAustro se encargó de crear las condiciones legales para que la firma china Dongfang Electric International, seleccionada para construir los molinos generadores de energía elija por su cuenta a sus subcontratistas y disfrace esos procesos con supuestos contratos de “alquiler de maquinaria”.

La empresa china llegó incluso a comprometer recursos con terceros por anticipado, nueve meses antes de firmar un contrato por USD 11,4 millones con ElecAustro.

¿Cómo se explica que una empresa extranjera anticipe sus contrataciones para una tarea que aún no le ha sido encargada por el Estado ecuatoriano?

Para Antonio Borrero Vega, gerente de ElecAustro y primo hermano del actual vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, la respuesta es simple: “Se arriesgaron”, dijo. “Eran los que naturalmente serian contratados”

Y así, naturalmente empezaron los problemas…

Preparando el terreno vía Régimen Especial

El proyecto Minas de Huascachaca comenzó a gestarse hace casi dos décadas, en 2003, con los estudios de pre-factibilidad que dieron paso -en 2008- a la compra e instalación de torres para medir el viento en la zona de impacto (entre Azuay y Loja).

Una vez superada esa etapa y con vientos a favor, en 2017 inició la primera fase del Proyecto con la construcción, mejoramiento y adecuación de las vías de acceso desde la intersección de la vía Girón – Pasaje, hasta la Comunidad Uchucay, en dos tramos por un total de 6,16 km.

El presupuesto inicial para la construcción total del parque eólico fue de USD 112 millones, financiados con fondos de ElecAustro y un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador por USD 54,9 millones.

Terminada la primera fase comenzaron los trabajos de interconexión, en lo que llamaron la Fase 2A que incluye la construcción y puesta en operación de la subestación Uchucay para receptar la energía generada; el levantamiento de una línea de transmisión a 138 kV.; y, la subestación de seccionamiento La Paz que conecta con la red nacional de energía.

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Actualmente está en proceso la última etapa de construcción, conocida como Fase 2B – Segmento 1, que consiste en la fabricación de los aerogeneradores, su entrega y manejo en puerto ecuatoriano, transporte al sitio del proyecto, montaje, instalación y puesta en marcha de los equipos, su operación y posterior mantenimiento.

Esta última etapa, pese a estar concebida como integral, fue segmentada para facilitar la firma de varios contratos.

Así lo confirmó la directora Jurídica de ElecAutro, Diana Andrade, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el 17 de marzo de 2022, ante el llamado de varios sectores económicos que denunciaron posibles actos irregulares.

“La fabricación de los aerogeneradores se realiza en territorio internacional y requería de un contrato. Los servicios conexos, al ser desarrollados en territorio ecuatoriano y tener una duración de más de 180 días (en el país), debía contar con una empresa nacionalizada en el territorio ecuatoriano. Por eso se concibió que debían hacerse uno, dos o tres contratos”, explicó.

De esta forma, la Fase 2B quedó dividida en dos partes: Un contrato por “Los Bienes”, por USD 45,7 millones, para la contratación de una empresa para que fabrique 14 aerogeneradores y los entregue en el Puerto Bolívar (El Oro); y, un segundo segmento para la contratación de los “Servicios Conexos”, por USD 11,4 millones, que incluye la descarga y manejo de los equipo en el puerto, su transporte desde el puerto a la zona de intervención, el montaje de los aerogeneradores, su instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento.

En Ecuador no se fabrican aerogeneradores por lo que ElecAutro lanzó una licitación internacional e invitó a nueve firmas internacionales. Se recibieron tres ofertas: Vestas, Nordex, y la firma china Dongfang Electric Internacional que, en marzo de 2020, se hizo con el contrato por USD 45,7 millones para la provisión de 16 aerogeneradores.

Dongfang Internacional fabricó los aerogeneradores y estos se enviaron vía marítima desde China el 21 de diciembre de 2021, en la embarcación “Taixing”. El 24 enero de 2022 el Ministerio de Energía anunció la llegada de los equipos a Ecuador, pero ya no eran 16 los aerogeneradores originalmente pensados, sino 14.

El mismo gerente de ElecAustro lo confirmó meses después ante la Comisión de Fiscalización: “Han llegado todos los equipos. Los 14 aerogeneradores”, dijo a la vez que destacó como un logro de su gestión la reducción del precio final del proyecto.

Para el contrato de los Servicios Conexos, la invitación internacional estableció en los pliegos de la mencionada licitación (página 5) una trampa: la empresa ganadora (entiéndase Dong Fang) podía escoger la empresa que realice los servicios conexos.

Es decir luego de la entrega de los equipos en puerto podría contratar, vía Régimen Especial y por medio de ElecAustro, a la empresa que el proveedor internacional elija para ejecutar esos servicios.

Dicho de otra forma. Si la empresa que fabricó los aerogeneradores condicionaba la garantía de los equipos a la contratación de una tercera empresa, entonces ElecAustro se comprometía a contratar directamente a la empresa que elija el fabricante, sin concurso, mediante la figura del Régimen Especial. Y así lo hizo.

Con los aerogeneradores entregados en Puerto Bolívar (El Oro), era momento de comenzar con la ejecución de los servicios conexos. Es en este punto que comenzaron los problemas.

Los servicios conexos

Mientras fabricaba los aerogeneradores, Dongfang Internacional tenía la tarea de buscar al “contratista especializado” o “exclusivo” que se encargara de los servicios conexos conforme lo estipulado en los pliego de la licitación internacional. Pero no solo buscó a esa empresa, en julio de 2020 la firma china creó en el país la Compañía Anónima Dongfang Electric Ecuador.

El principal accionista de esta empresa es su par internacional y responde ante la legislación ecuatoriana como cualquier otra empresa nacional, pese a estar constituida con capitales extranjeros y no contar en el país con capital humano, ni maquinaria, ni permisos para atender las exigencias de un proyecto eólico en construcción.

Según ElecAustro, no contar con los equipos no era un impedimento para contratar a esta nueva empresa constituida por Dongfang Internacional.

“La Ley de Contratación Pública no le exige a un contratista de obra que para hacer la calle tenga las volquetas, lo que le exige es que tenga la disponibilidad del equipo técnico al momento de ejecutar la obra ¿Cómo puede tener la disponibilidad del equipo? Lo compra, si tiene suficiente capital; lo alquila o, como le dije, un amigo le presta las volquetas”, explicó Andrade como directora Jurídica de ElecAustro, en entrevista exclusiva con pi.

“Si soy una empresa (internacional) y no tengo los equipos en Ecuador, la Ley no me prohíbe hacer contratos de provisión de equipos”, aseguro Andrade e hizo énfasis en que la provisión de equipos no equivale a una subcontratación.

“Lo que le interesa a ElecAutro es que si se pide una grúa, un camión, un cable o lo que sea, el proveedor responda: ‘Aquí está’. Si luego contratan a la empresa Montejo, Mamut o Noroccidental… a mí no me interesa con quien lo haga, sino que el rato que me den el servicio cuenten con el equipo técnico, porque a mí lo que me interesa es el servicio».

Pero Dongfang Ecuador no solo no contaba con los equipos, tampoco tenía experiencia del servicio de transporte en el país. Al respecto, el supervisor de Proyectos  de ElecAustro, Carlos Durán, comentó: “Si me preguntan si Dongfang tiene experiencia de transporte en el Ecuador, no la tiene. Ellos tendrán que ver cómo nos garantizan a nosotros con quién hacen el transporte, de tal manera que puedan sostener su garantía”.

ElecAutro declaró a DongFang Ecuador proveedor único y exclusivo de servicios, con base en una certificación emitida en junio de 2021 por el representante de DongFang Internacional. Luego, el 20 de julio de 2021 le adjudicaron vía Régimen Especial el contrato por servicios conexos, por USD 11,4 millones.

La ejecución del contrato no fue un problema para la firma china pues, en octubre de 2020 – nueve meses antes de la firma del contrato vía Régimen Especial con ElecAutro-, DongFang Ecuador ya había comprometido un 60% de recursos del contrato de servicios conexos con el Consorcio Santa Fe-Montejo, constituido en septiembre de 2020.

Se conoce que la empresa china puso a competir por el contrato a los Consorcios Santa Fe-Montejo y el Consorcio Noroccidental-Atlas, pero eligió a la primera de origen colombiano.

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Ambas partes firmaron un contrato por USD 7 millones para la prestación de servicios civiles acordando: el manejo en puerto de los aerogeneradores importados desde China, su transporte de carga pesada desde el Puerto Bolívar hasta la zona de los trabajos, en la parroquia Yuluc (Saraguro-Loja), además del levantamiento, montaje y cableado interno de los aerogeneradores. Es decir, se le encargó toda la Fase 2B – Segmento 1.

Entonces, ¿cómo se explica que una empresa extranjera anticipe sus contrataciones para una tarea que aún no le ha sido encargada por el Estado ecuatoriano? El gerente de ElecAustro, Antonio Borrero solo lo confirma: “En octubre de 2020, DongFang Ecuador hace un contrato para asegurarse entre ambos (con el Consorcio).

Anticipa un contrato que, cuando nos presentó a nosotros, le dijimos ‘esta tontería llévese’, porque todavía no tenían firmado el contrato con nosotros (para los servicios conexos)”, dijo en entrevista para este medio. “Eso es un problema entre privados”.

Lo que el gerente no dice es que el Consorcio Santa Fe-Montejo comenzó a trabajar de inmediato tras la firma de ese contrato pues, estipulado en el mismo documento figura la entrega de los estudios de la vía en un plazo de 90 días. Asimismo, detalla el pago de un anticipo del 15% del valor total del contrato previsto en noviembre de 2020. ElecAustro cuenta con los mencionados estudios.

Luego, en julio de 2021, después que ElecAustro le adjudicara vía Régimen Especial el contrato por servicios conexos a DongFang Ecuador, la firma china celebra un segundo contrato con el Consorcio Santa Fe-Montejo, bajo los mismos términos, pero por un monto de USD 6,7 millones y detallando que el anticipo del 15% debía pagarse en un plazo de 30 días posteriores.

Renuncia el Director de Fiscalización

En febrero de 2022, la Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Canatrape) denunció este caso ante la Presidencia y Vicepresidencia de la República. El día 22  de ese mismo mes, Nelson Chávez Vallejo, presidente del gremio, presentó el caso ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

El 17 de marzo fueron convocados los directivos de la empresa ElecAutro, los representantes de la empresa china Dongfang y del Consorcio Santa Fe-Montejo. Solo los primeros asistieron y presentaron su versión del caso, explicando los avances del Proyecto y los procesos de contratación.

Entre los convocados estaba el Director de Fiscalización del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca, Fabián Jaramillo. Su exposición duró más o menos 10 minutos, fue corta, y finalizó con una revelación contundente: “Es de dominio público que hubo contratos celebrados por DongFang por anticipado, pero a la Fiscalización no ha llegado oficialmente ningún documento”.

Agregó: “Solicité a ElecAustro que en caso de existir subcontratación se remita los documentos en donde esta se autorice y no he recibido hasta el día de hoy. La última vez que lo solicité oficialmente fue el 2 de marzo”.

Al día siguiente, Jaramillo renunció a su cargo y hasta el cierre de este reportaje no pudo ser localizado, ni en su número celular, ni en las oficinas de Cuenca, tampoco en la zona de construcción del parque eólico. El 18 de marzo, ElecAustro remitió un oficio a la Comisión de Fiscalización desestimando las declaraciones de Jaramillo.

En el documento de su renuncia, Jaramillo indica que le hubiese gustado quedarse en el cargo hasta la puesta en marcha del proyecto; sin embargo, decide dejar el cargo “pues asuntos de naturaleza distinta al ámbito técnico o de gestión -que han sido la razón de mi participación- han aparecido, queriendo involucrar a la Fiscalización en asuntos que nada tienen que ver con procesos contractuales propios de otras entidades involucradas”.

Imprecisiones y mentiras

Durante la comparecencia del gerente de ElecAutro y su directora Jurídica ante la Comisión de Fiscalización, y ante los micrófonos de este medio, ambos aseguraron que entre Dongfang Ecuador el Consorcio Santa Fe-Montejo solo existió una subcontratación por USD 900.000 para la asistencia en el montaje de los aerogeneradores.

También aseguraron que existen otros dos contratos entre la firma china y el Consorcio, pero solo para el alquiler de camiones y grúas. “Les arriendan las plataformas y los transportes. Arriendan las grúas y les piden que les ayuden en el ensamblaje», detalló Borrero.

Esto no se apega a la realidad. Durante una visita al Proyecto Huascachaca, nuestro equipo de investigación pudo constatar que aparte del personal técnico especializado chino o colombiano, los operarios, choferes de los camiones, incluso quienes descargan los equipos de las plataformas, son contratados por la empresa Montejo, lo que contradice la aseveración de que Dongfang solo alquiló los camiones.

Es más, el personal viste uniformes con logos de Montejo y declararon abiertamente que trabajan para esa compañía en jornadas de 30 días en campo y cuatro con sus familias.

Considerando esto, este portal solicitó al gerente de ElecAustro el desglose de los contratos entre Dongfang y el Consorcio, para conocer sus componentes, pero se negó a entregarlos asegurando “no están aprobados aún”.

Por otro lado, ElecAustro asegura que en Ecuador únicamente el Consorcio Santa Fe-Montejo contaba con los camiones y grúas para atender las demandas del proyecto; sin embargo, el Consorcio Noroccidental-Atlas, como parte interesada y que también ha denunciado irregularidades en el proyecto, si cuenta con maquinaria especial como los camiones, plataformas  y grúas con capacidad de carga superiores a 700 toneladas.

La evidencia de esto es que el manejo en puerto; es decir, la descarga de los equipos en Puerto Bolívar, la realizó el  Consorcio Noroccidental-Atlas y no Dongfang Ecuador (a través del Consorcio Santa Fe-Montejo) como se detalla en los contratos. Esto se dio porque ElecAustro no puede contratar directamente el manejo en puerto, quien está cargo del Puerto Bolívar es la concesionaria Yilport.

Yilport le negó a Santa Fe-Montejo la posibilidad de operar su maquinaria en el puerto, notificándolo al Consorcio el 13 de enero de 2022, alegando no contaban con los permisos de operación portuaria. Esta acción motivó el reclamo del mencionado Consorcio ante el Ministerio de Transportes, el 19 del mismo mes.

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Una acción de protección “improcedente”

Este caso fue presentado ante un juez constitucional en Azuay, a través de una acción de protección presentada por la Cámara de Transporte Pesado (Canatrape). La audiencia se cumplió el último 14 de diciembre y el magistrado señaló que no existe vulneración alguna respecto a derechos constitucionales.

La resolución fue apelada y la sentencia ratificada. Sin embargo, el 14 de marzo de 2022, el juez provincial de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay, Fernando Larriva González, puso en conocimiento de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que no fue notificado sobre la sentencia dentro del recurso de apelación y atribuye esta acción a Fernando Moreno Morejón y Martha Guevara Baculima, jueces de la Sala integrada para solventar y resolver la Acción de Protección presentada por el gremio de transportistas.

El asambleísta Fernando Villavicencio solicitó al Consejo de la Judicatura revise el caso y, de encontrar irregularidades, remitirlos a la Fiscalía General del Estado.