Roberto Barriga es abogado de Terminal Portuario de Manta, la empresa privada que opera, desde enero de 2017, el Puerto Internacional de esa ciudad. En este diálogo explica las acciones que TPM tomó luego de conocer las observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado. Aclara además temas de importancia como las inversiones de 50 millones que el operador ha realizado en el puerto y la falsa creencia de que el puerto no sería manejado por Agunsa Chile.

Reconoce la presencia de grupos opositores a la actual gestión privada, que serían los mismos que antes manejaron el puerto, dice.

El examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado (CGE) en abril de 2019 sobre el proceso de delegación del puerto de Manta a Agunsa fue el puntal para la emisión de otro examen, esta vez un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) aprobado el 12 de junio pasado.

Entre la emisión de uno y otro informe hay 14 meses de diferencia, fue un tiempo suficiente para que Agunsa justificara los hallazgos de la CGE, sin embargo eso no sucedió: si no lograron justificar en un año las irregularidades es claro que no podrán hacerlo ahora.

No conocemos la emisión de un informe con responsabilidad penal, si lo hay no tiene que ver con TPM, pero el informe anterior lo conocemos y hemos dado respuesta a las observaciones y actuaciones de ciertas autoridades que no tienen que ver con el desempeño de TPM y Agunsa.

¿No existió un estudio que dé viabilidad al proyecto para delegar el puerto y la entrega del puerto se basó en un estudio de la propia Agunsa?

Un proceso de delegación inicia por iniciativa privada o pública. Si es iniciativa pública es un estudio de la propia autoridad y saca un concurso basado en ese estudio. Si es privada, en nuestro caso Agunsa, es una iniciativa privada, que pasó un estudio de viabilidad jurídica que lo hace el Estado. Esa viabilidad claro que existió, hay una declaratoria que se consideró viable jurídica, técnica y económicamente.

Hay que decir que la iniciativa de Agunsa se basa en una ya elaborada por la APM, que anteriormente sacó varios procesos, fueron dos proyectos fallidos. En base a todas las experiencias anteriores y muchas de las cifras y se basan en la iniciativa de la autoridad pública.

CGE señala que no hubo estudios complementarios que determinen la viabilidad económica del proyecto, quiere decir que los estudios fueron para la delegación no se concluyeron y que no hubo una propuesta de desarrollo económico para el promotor público.

Es una de las recomendaciones que hace Contraloría, ella manda a la APM hacer un análisis de costos y gastos y desde el punto de vista privado entendemos que no hace sentido que Autoridad Portuaria de Manta, que antes ingresaba 8 millones y gastaba 9 millones, y que ya no tiene ese gasto del manejo del Terminal Internacional, siga manteniendo costos tan altos. Puede que luego del terremoto los ingresos se hayan visto afectados y reducidos. Una de las recomendaciones a APM es hacer un estudio para ver su sostenibilidad económica. TPM no es parte de la administración pública, pero entendemos, por notas de prensa, que ese es uno de los problemas.

Lo que dice Contraloría es que APM haga un estudio de viabilidad económica y luego se siente con ATM y trate de negociar un mecanismo de solución para las dos partes

Según CGE el Decreto Ejecutivo de Excepcionalidad 897, del 26 de septiembre de 2011, sobre el cual se basó el proceso de delegación, partía de la resolución anterior: la 87-14, en la que se planteaba la figura de concesión para los servicios de infraestructura y facilidades del puerto de Manta a empresas privadas o de la economía popular y solidaria. Sin embargo, dice GCE que se cambió el contexto legal del proyecto y ello implicaba la declaratoria de excepcionalidad que no sucedió.

El Estado se reserva determinados servicios estratégicos, entre ellos los puertos, porque solo el Estado puede brindar servicios portuarios. La única excepción que permite la ley es que por razones excepcionales pueda delegar la prestación de estos servicios a terceros. El Puerto de Manta tiene una declaratoria fundamentada en el hecho de que el Puerto no ha recibido inversiones importantes en X cantidad de años y declaró la excepcionalidad del puerto, no es una declaración de excepcionalidad para un determinado concurso. Solo declarada la excepcionalidad la autoridad puede analizar los proyectos y desde allí es que salen dos procesos fallidos y un tercero que acogió la iniciativa de uno de los interesados.

El error es creer que un decreto de excepcionalidad tiene que incluir los términos de un determinado proceso, la ley no lo establece y sería un error porque no se puede emitir términos sin esa declaratoria.

CGE dice que Agunsa debe encargarse del incremento del manejo de contenedores en la terminal portuaria pero que no estableció cual sería el destino de los recursos logrados, eso parece un descontrol de las acciones del operador.

Es una de las cosas positivas del informe de Contraloría, de las pocas, porque es un informe antitécnico. Una de las cosas que si acertó es que el contrato no establece la obligación del delegatario del manejo de un número específico de contenedores,  no lo incluyó no porque esté mal hecho, sino porque es imposible exigirle a un terminal un determinado número de contenedores porque la carga no la controla el terminal sino los exportadores e importadores.

En uno de los procesos fallidos se incluyó ese término y quienes participaron se retiraron, antes del terremoto. No se puede obligar a bananeros a sacar carga y a los importadores a meter carga por allí. Es uno de los problemas que tiene otro puerto en el país, por mas inversión que ha realizado.

El operador además debe cumplir con un sinnúmero de obligaciones mínimas y entregar un puerto funcional independientemente si mueve o no contenedores; el riesgo es que si mañana se seca la carga el que asume el riesgo es del operador privado.

¿Quiere decir que los términos anteriores a la firma del actual contrato de delegación eran por demás ambiciosos?

En los procesos anteriores los términos eran sobre dimensionados para la realidad, es un tema técnico. Pedir inversiones que no van de la mano con la carga que existe tuvo como consecuencia que se declare fallidos los procesos, porque nadie presentó una oferta, porque no era técnicamente viable.

¿Entonces su propuesta fue basada en términos mínimos de operación?

No se puede hablar de términos mínimos porque una de las premisas partía de un movimiento importantísimo de contenedores y carga relacionados al proyecto de la Refinería del Pacífico. Ahora Agunsa debe hacer inversiones sin esa refinería, en los análisis de demanda en el tercer año debíamos ver la carga de ese proyecto. Por eso no se puede hablar de mínimos. La realidad es que la inversión realizada cumple con equipamiento y servicios. Dentro del contrato no estaba previsto la construcción de un edificio para la policía antinarcóticos, cuando TPM entra al puerto no había control, fue TPM que propuso inversión adicional para la policía antinarcóticos, pensando en la carga contenerizada.

El comando de guardacostas, que hace poco la inauguramos, fue otra inversión no obligatoria.

Durante los primeros 32 años de delegación, Agunsa debe invertir un promedio de 1,7 millones de dólares anuales, será el 32% del total y desde ese año en adelante la inversión será de $117`209.000,00 en apenas 8 años, es decir 14,6 millones por año, pero hay una trampa que establece que Agunsa no está obligada a aumentar el número de contenedores como tráfico comercial del puerto, por tanto si no aumenta, no hay inversión.

Existe error en la apreciación de Contraloría porque no son 117 millones de inversión, en realidad suman 270 millones; la realidad sobre el año 32 se ha basado en el estudio que tenía APM, se presentó como obligación las proyecciones del manejo de carga.

TMP no puede manejar la carga, no podemos obligar a bananeros o camaroneros salir por Manta, han habido iniciativas de hacer puertos regionales, TPM no ha participado de ellas; la gente hoy, sobre todo importadores, decide por dónde sale su carga. Lo que hacemos es que tenemos un puerto funcional en que la falta de gestión y de inversión no sea un impedimento. Hasta antes de PTM no venían buques portacontenedores porque no había ni inversión en grúas.

Pero lo que se ha confundido es el estudio de demanda, la inversión actual en el muelle no tiene sentido porque sería dejar con menos espacio a atuneros, etc., para montar unas grúas que no son necesarias para los niveles de carga que se manejan hoy.

En realidad, en tres años se han invertido 50 millones y las inversiones restantes se tienen que hacer en función de las necesidades de carga.

Uno de los cambios de las bases del concurso permitieron que ustedes puedan reducir el monto del capital para constituir TPM de 35 millones de dólares a 10 millones de dólares sin fundamentos técnicos, económicos ni jurídicos. CGE dice que el capital propio representa una garantía de la capacidad de la gestora privada de responder por sus obligaciones con terceros ante posibles eventualidades que enfrente. Si esas obligaciones sobrepasaran los $10 millones, ¿cómo van a responder?

La pregunta parte de una premisa de cambio de las bases. Esto parte de una iniciativa privada, con la postura técnica, jurídica y económica; posteriormente la ley dice que se puede modificar la propuesta hasta un 25%. Si los cambios son superiores a ese porcentaje se desnaturaliza la propuesta, básicamente ya no sería una iniciativa privada y tendría que iniciarse una iniciativa pública.

Pese a que se calificó la viabilidad técnica se intentó desnaturalizar el proceso por personas que están atrás con intención de que el Puerto nunca desarrolle, son los que siempre han controlado el puerto con la intención de declarar el proceso fallido.

TPM tiene mas capital social que los delegatorios de otros puertos del país, pero lo curioso es el argumento: polemizaban que con 50 millones no tenían certeza que se cumpliría; la realidad es que con 10 millones de capital social ya hemos invertido 50 millones.

El capital social no es relevante para la garantía, es decir, en caso de incumplimiento de contrato, que es a lo que refiere la pregunta, no solo que se puede ejecutar las inversiones, sino que se puede perseguir, en el arbitraje en Bogotá, a Agunsa Chile.

¿Existió transferencia de la participación de Agunsa Chile a los operadores ecuatoriano?

Eso es un ataque directo a uno de los ejecutivos ecuatorianos y ello es marcadamente falso, solo debe entrar en la página de la Superintendencia de Compañías, marcar a TPM y ver que el 70% es inversión extranjera directa de Agunsa Chile. Es decir, la mayoría es inversión de la empresa chilena, que es una empresa presente en Ecuador desde 1995.

La empresa como en todas partes del mundo, tiene socios locales que son minoritarios. Agunsa no solo tiene TPM, también varias empresas en el país. Agunsa es mas grande que el Puerto de Manta y mucho más que todos los puertos que tiene en el continente.