EEUU SE QUEDA CON LA PLATA DE LA CORRUPCIÓN ECUATORIANA

Así de claro: mientras el dueño de NoLimit purga una condena por lavado en Estados Unidos, su empresa sigue haciendo negocios con Petroecuador y contratando en la refinería de Esmeraldas.

EEUU SE QUEDA CON LA PLATA DE LA CORRUPCIÓN ECUATORIANA

Nadie sabe para quien delinque. La expresión encaja como anillo al dedo para definir la tragedia ética, económica y judicial del Ecuador. Decenas de delincuentes de cuello blanco, forjados al calor de la corrupción correísta, escaparon del país llevándose grandes fortunas, pensando que en el paraíso del capitalismo (EEUU) podrían gozarlas libremente y entrar al refinado mundo de la burguesía socialista del siglo 21.

Pero la suerte les jugó una mala pasada. La justicia americana tomaba nota desde hace rato de las revelaciones que algunos periodistas realizábamos en Ecuador, principalmente sobre los negociados en Petroecuador. Todo ello mientras fiscales y jueces ecuatorianos alimentaban la impunidad y perseguían a los periodistas.

El cartel de nuevos ricos se asentó en la Florida junto a los chavistas. Allí empezó a comprar propiedades con catálogo y a lavar millones en una diversidad de negocios. Hasta que la justicia les puso la mano encima: los principales artistas del club de los “magníficos” que manejaron la trama sórdida de repotenciación de la Refinería Esmeraldas, cayó en prisión y decenas de millones de dólares robados a los ecuatorianos pasaron a engordar las cuentas de recuperación judicial de los Estados Unidos. La mafia se quedeba en la calle y con los bolsillos vacíos.

No se pongan alegres, esos recursos nunca volverán al país, por una sencilla razón: el Estado ecuatoriano fue parte de la trama mafiosa y nada puede reclamar. En un reciente proceso abierto en Houston, Petroecuador solicitó ser considerado parte de la causa y los jueces le respondieron que la empresa pública ya era parte, pero de la delincuencia organizada. Así de brutal. Por eso tiene sentido la frase: “nadie sabe para quien delinque”.

Un reciente fallo del Tribunal del Distrito Sur de la Florida -en contra de José De La Paz, accionista de la empresa Nolimit contratista de Petroecuador-  se convierte en una cátedra sobre delincuencia organizada: Los delitos de cuello blanco son más “racionales, fríos y calculados” que los crímenes repentinos de pasión, por tanto, merecen un castigo “apropiado” que sirva como disuasivo para quien comete la falta. A menudo quienes cometen “crímenes económicos” calculan la ganancia financiera y el riesgo de pérdida, y en muchos casos se ha condenado a los delincuentes de cuello blanco a “pequeñas multas y a penas de prisión escasas o nulas”, lo que crea la impresión de que delitos como estos “son punibles sólo con una pequeña multa que puede ser cancelada como un costo de hacer negocios”.

“Estados Unidos considera que el soborno de funcionarios públicos extranjeros es un delito grave. La conducta de este acusado, pagar sobornos para obtener y retener contratos con Petroecuador, y el uso de las empresas de EE.UU. y cuentas bancarias en los Estados Unidos para distanciar a su empresa ecuatoriana de estos pagos, socavaba el estado de derecho en los Estados Unidos y el Ecuador y ayudó a perpetuar un sistema grotesco de soborno que involucró a Petroecuador. El castigo apropiado para tales crímenes servirá como un disuasivo efectivo”, puntualizó el Tribunal de Florida. Luego de este pequeño prólogo, pasemos a un nuevo relato de mafias criollas.

El “esquema corrupto y omnipresente” de Petroecuador

En 2015, el portal Focus Ecuador publicó varios reportajes que revelaron que en la estatal ecuatoriana Petroecuador operaba un “grotesco” sistema de corrupción, liderado por un poderoso grupo de funcionarios (entre ellos los exgerentes Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo Panchano, José Icaza, Michael Manzano, Arturo Escobar Domínguez, René De Mora, Marcelo Robalino, Cristian Cevallos, Ramiro Carrillo, Marcelo Reyes López) que manejó a conveniencia propia los contratos para la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas (REE).

Buena parte de los contratos fueron a manos de empresarios que habían pagado millonarios sobornos para adjudicarse las obras.

Cuatro años después de la publicación periodística, la justicia estadounidense dice que en Petroecuador operó un “esquema corrupto omnipresente”.  Que tanto funcionarios como contratistas ayudaron a “perpetuar un sistema grotesco de sobornos”. “Petroecuador estaba repleto de malos actores que buscaban beneficiarse personalmente de sus posiciones y de la confianza del público”, pero esos “malos actores” “dependían de contratistas corruptos para permitir que operara el sistema de corrupción”, dijo en abril de 2019, el Gobierno de Estados Unidos, durante el juicio que entabló en contra de José Luis De La Paz Román, dueño de la empresa NoLimit, contratista de la Refinería Esmeraldas, que entre 2012 y 2016, entregó sobornos por $8,25 millones a Marcelo Reyes López y otros funcionarios de Petroecuador, con el fin de obtener y retener contratos con esa institución. El Tribunal de Florida dijo que De La Paz usó “compañías y cuentas bancarias de los Estados Unidos para pagar los sobornos porque sabía que lo que estaba haciendo era criminal y quería ocultar cualquier conexión entre estos pagos ilegales y NoLimit”.

Pero el esquema corrupto no se limitó a los sobornos. Había otras formas de sacar provecho y disimular la corrupción. Por ejemplo, las contratistas se agrupaban entre ellas para participar en la presentación de ofertas: en un “concurso” ganaba la una, en otro la suerte le llegaba a la siguiente; además se conformaron consorcios donde se incluyeron a empresas sin trayectoria, menos aún sin solvencia económica y tecnológica. Geinco, Oil Services, Nolimit, Tesca, Legadoil, Heflin, Galileo Energy, Reyten, Jorge Vivar, MMR Group, Poweron”, fueron algunas de las empresas beneficiadas, según el reportaje de Focus.

Además, los contratos tenían sobreprecio, los costos de las obras aumentaban su valor cada año y los contratos complementarios superaban, la mayor parte de las veces, a los contratos originales. Muchos de esos acuerdos estaban dirigidos a empresas nacionales, relacionadas con compañías offshore, vinculadas al director del proyecto de Rehabilitación de la REE, Alex Bravo Panchano y a sus socios nacionales.

En la actualidad, NoLimit se encarga de la reparación de la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería Esmeraldas.

En Ecuador, el caso se hizo público en 2016. Hasta hoy, la justicia ecuatoriana no ha logrado identificar a todos los responsables del asalto a la Refinería, tampoco tiene una cifra exacta del monto del perjuicio y mucho menos ha recuperado el dinero que le fue arrebatado al país y que hoy reposa en cuentas de paraísos fiscales que pertenecen a los exfuncionarios.

Estados Unidos recupera para sí el dinero de la corrupción en Petroecuador

Aunque se desconoce cuánto suman todas las sanciones monetarias impuestas por Estados Unidos a los exfuncionarios y excontratistas de Petroecuador, ese país ha recogido mucho más de lo que ha podido recuperar Ecuador.

Solo por la sentencia impuesta a José Luis De la Paz (NoLimit) Estados Unidos recibirá, como mínimo, 2.062.500 y cualquier propiedad que haya sido obtenida con dinero proveniente de los sobornos. Es decir, la suma puede subir.

En junio de 2019, las autoridades ecuatorianas anunciaron que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) remataría 15 bienes recuperados de la corrupción de Petroecuador, sin embargo, las propiedades suman apenas $ 5 millones. A inicios del 2019, la Procuraduría indicó que había recuperado $37.000 de las cuentas de Álex Bravo. Así como leen: 37 mil dólares.

Estados Unidos también lleva la delantera en cuanto a sentenciados por la corrupción de Petroecuador. Inició juicios que culminaron con las sentencias de los excontratistas Juan Baquerizo (Oil Services & Solutions), Ramiro Luque (Galileo Energy), de los exfuncionarios Marcelo Reyes López, Arturo Escobar Domínguez y el intermediario José Larrea. En ese país, todos reconocieron ser parte de la red de sobornos de Petroecuador.

 

El país norteamericano también detuvo a Armengol Cevallos, subcontratista de Petroecuador, por haber montado un esquema de sobornos en el que movió alrededor de $ 4,4 millones a favor de tres exfuncionarios de la estatal. En octubre de 2019, el ecuatoriano estadounidense Frank Chatburn se declaró culpable de participar en el esquema de lavado de dinero y sobornos de Petroecuador. Meses antes (junio de 2019) había sido detenido en Estados Unidos, José Raúl de la Torre Prado, exfuncionario de Petroecuador y sobrino del actual contralor Pablo Celi de la Torre, acusado del delito de lavado de dinero recibido por los sobornos de la estatal ecuatoriana. En noviembre de este año, se declaró culpable.

NoLimit entregó $8,25 millones en sobornos a los “magníficos”

José Luis De La Paz Román y su hermano Fernando Andrés, tenían 33 y 31 años, respectivamente, cuando llegaron, con su empresa NoLimit C.A. a la Refinería Esmeraldas.

Una compañía sin experiencia, que no lograba despuntar económicamente. Según el Servicio de Rentas Internas, hasta antes de 2011, NoLimit declaraba $0 en impuesto a la renta, en 2012 declaró $ 6.461 y en 2013, luego de su primer contrato con Petroecuador, firmado el 4 de diciembre de 2012, por $ 35. 5 millones, declaró $ 322.532 en impuestos.

La justicia norteamericana dice que para conseguir los contratos –que suman más de 100 millones- la empresa pagó $ 8,25 millones en sobornos a las autoridades de Petroecuador y usó empresas y cuentas bancarias norteamericanas para ocultar el origen de los sobornos.

El 24 de enero de 2019, José Luis De La Paz Román se declaró culpable de conspiración para violar la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe el soborno a funcionarios de Gobiernos extranjeros con el propósito de influir en cualquier acto de decisión de esa persona con el fin de obtener o retener negocios en favor de quien hace los pagos.

Por ese delito fue condenado a 36 meses de cárcel y a devolverle a ese país la cantidad de, por lo menos, $2.065.500 o cualquier propiedad que haya sido obtenida con dinero de las coimas, que podrían superar el monto antes mencionado: “el acusado acuerda dar su consentimiento para la entrada de órdenes de decomiso de tales bienes y para un fallo monetario igual en valor al monto total de los ingresos que obtuvo como resultado de estar involucrado en el delito de la condena”, dice uno de los documentos con fecha del 16 de abril de 2019, al que este medio tuvo acceso.

“El acusado realizó estos pagos de sobornos para obtener y mantener lucrativos contratos con Petroecuador. Él utilizó las compañías y cuentas bancarias de los Estados Unidos para realizar los pagos de los sobornos (…) él estaba consciente de que estaba cometiendo un acto criminal y quería ocultar cualquier conexión entre estos pagos ilegales con NoLimit”, dijo el 4 de abril de 2019, el Tribunal del Distrito Sur de Florida en un documento de respuesta a la apelación de disminución de la sentencia que hizo De La Paz Román.

Luego de que se hizo pública la corrupción de Petroecuador (2016), la justicia ecuatoriana investigó a Álex Bravo por el delito de tráfico de influencias.

Mecanismo de un soborno

Según la justicia norteamericana, antes de que NoLimit ganara su primer contrato, en diciembre de 2012, hubo varias reuniones entre Marcelo Reyes López, entonces coordinador general de contratos, José Luis De La Paz y uno de sus socios, para discutir cómo él podría ayudar a la empresa quiteña a obtener un contrato con Petroecuador.

Reyes era un funcionario poderoso en Petroecuador. Sin su autorización no se firmaba ningún contrato de importancia. Él propuso a un intermediario para que coordinase cualquier acuerdo con los directivos de la petrolera ecuatoriana.

Como resultado de estas gestiones, Petroecuador entregó, en diciembre de 2012, de forma directa a NoLimit, un contrato por $ 35.5 millones para la modernización del sistema de sellado, planes api, renovación y up grade de bombas y la ejecución de servicios complementarios en la refinería Esmeraldas.

Luego de la adjudicación de ese contrato y del primer desembolso de fondos de Petroecuador a NoLimit, en febrero de 2013, el mismo intermediario dio instrucciones a De La Paz sobre cómo transferir los sobornos –que ascendieron a $ 4.6 millones- a cuentas en el extranjero.

El dinero fue repartido a tres empresas de Miami, Estados Unidos, a través de tres pagos realizados el mismo día (13 de febrero de 2013). En el primero transfirió $ 1.314.733 desde una compañía norteamericana a la cuenta de una empresa en Miami, Florida que se presume pertenecía a funcionarios de Petroecuador. Hizo un segundo pago, usando el mismo método y por la misma cantidad, a una segunda compañía, también con sede en Miami. Finalmente, desde una compañía norteamericana, controlada por él, transfirió $ 2,000,000 a la cuenta bancaria de una tercera compañía en los Estados Unidos.

El Tribunal de Florida dice que los sobornos fueron financiados desde NoLimit, “sin embargo, en un esfuerzo por ocultar el origen de los pagos”, De La Paz hizo que se hicieran a través de una empresa de Estados Unidos.

“El acusado entendió que el propósito de estos pagos era pagar sobornos a Reyes y otros funcionarios de Petroecuador que tuvieron influencia sobre los negocios de la empresa del acusado con Petroecuador. Se utilizaron los pagos que el demandado realizó a las cuentas bancarias con sede en los EE. UU. en parte, para comprar bienes inmuebles para Reyes en el Distrito Sur de Florida”, indica el documento.

En marzo de 2016, el portal Focus Ecuador publicó el reportaje Los nuevos ricos, los petroricos que reveló la cercana relación que mantenían Marcelo Reyes y Jorge Vivar, otro contratista de la Refinería Esmeraldas, quien se adjudicó alrededor de $70 millones en contratos.

El portal descubrió que Vivar nombró a la esposa de Reyes como administradora de una mansión, ubicada en una zona exclusiva de Quito, y le dio permiso para remodelarla. En ello gastaron casi $300.000. Reyes López pagó el valor de la remodelación en efectivo. La publicación reveló que el mencionado funcionario tenía ingresos no justificados, que sacó dinero del país, constituyó, entre 2014 y 2015, dos empresas (O&G International y Waveland Apartments, LLC) en Florida, Estados Unidos, y poseía varias propiedades en sitios exclusivos de la capital.

El Gobierno norteamericano señala que, a finales de 2015, José Luis De La Paz volvió a hacer pagos irregulares por un total de $3,65 millones a compañías offshore.

Explica que con la ayuda de Arturo Escobar Domínguez, a la fecha exfuncionario de Petroecuador, José Luis De la Paz se acercó a “un funcionario de Petroecuador con autoridad sobre los contratos” para solicitar la liberación de los fondos contractuales que Petroecuador debían a la empresa (para esa fecha, NoLimit ya había firmado otro contrato por $44.7 millones con Petroecuador).

Esa autoridad le dijo al contratista que a cambio de que Petroecuador pagara los valores pendientes y otorgara más negocios a su compañía, él tendría que, nuevamente, pagar sobornos.  En respuesta, De La Paz y sus “co-conspiradores”, accedieron e hicieron cuatro pagos entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

Al igual que en 2013, financió los pagos con NoLimit y utilizó una empresa con sede en los EE. UU. y cuentas bancarias de ese país para hacer los pagos en un esfuerzo por ocultar el origen de los sobornos.

El 9 de diciembre de 2015, trasfirió desde una compañía norteamericana 900,000 a una compañía de bienes raíces en Miami, FL.

El 18 de diciembre de 2015, envió $ 1,500,000 a la misma compañía de cierre de bienes raíces en Miami, Florida.

El 8 de enero de 2016 transfirió 1,025,000 a una compañía que se encarga de bienes raíces.

El 14 de enero de 2016, usó una empresa norteamericana de la cual él tenía el control para transferir $ 225,000 a una cuenta de fideicomiso de bienes raíces en Miami.

Parte de los pagos efectuados por José De La Paz fueron para comprar un condominio en el Distrito Sur de Florida en beneficio de un entonces alto funcionario de Petroecuador.

Solicitud de reducción de la sentencia

De La Paz Román solicitó al sistema de justicia estadounidense que le disminuyera la sentencia alegando que en compromiso por colaborar con el Gobierno, se declaró culpable y asumió la responsabilidad del delito de soborno.  Dijo que el Gobierno exageró su mala conducta y por tanto se le estaba aplicando una norma demasiado dura.

Pidió la libertad condicional argumentando que era un hombre de familia devoto y decente, que su familia había pasado por momentos trágicos y que debía mantener a tres niños y estar al cuidado de su hijo disléxico y de su suegra enferma.El tribunal le respondió que su situación familiar no tenía méritos extraordinarios para que la sentencia sea modificada.

También indicó que si bien él se había declarado culpable y había expresado remordimiento por su “conducta criminal” –que continuó durante varios años- era un “hombre de negocios experimentado que buscó sacar provecho de sus pagos corruptos y participó voluntariamente en un comportamiento criminal. Él mismo hizo pagar sobornos por más de 8 millones de dólares a través de empresas y cuentas bancarias que él y sus socios en Nolimit controlaban.

Además de hacer estos pagos de soborno, el acusado también mantuvo fondos ilegales en efectivo, casi como un banquero casero para un entonces-alto funcionario del gobierno en Ecuador”. El Tribunal le recordó que estuvo “comprometido con el contratista Juan Baquerizo en un intento de soborno que fue frustrado sólo por la detención de un alto funcionario de Petroecuador antes de que los sobornos pudieran ser consumados”.

Estos hechos sugieren, según Estados Unidos, que De La Paz “no tuvo uno o dos lapsos de juicio momentáneos durante los cuales cometió delitos”, “él estaba dispuesto a realizar pagos indebidos (…)  de diversas maneras a fin de promover sus intereses comerciales”.

El Tribunal de Distrito Sur de Florida explicó que, si bien funcionarios de Petroecuador le exigieron entregar coimas, eso no le exime de culpa, pues él aceptó entregar los sobornos.  El Gobierno le dijo que él no era una víctima de las circunstancias, como sugirió, “sino un participante activo en un esquema corrupto omnipresente”, que estaba lleno de “malos actores” que buscaban el beneficio personal, pero que esos “malos actores” dependían de contratistas como él para permitir que el sistema de corrupción operara.

El dueño de No Limit también se quejó de que, otros exfuncionarios y excontratistas de Petroecuador, juzgados en Estados Unidos, como Juan Baquerizo, Marcelo Reyes y Arturo Escobar Domínguez recibieron reducciones mayores de sentencia. Dijo que ese país no los persiguió por el “espectro total de sus crímenes”.

El Gobierno norteamericano le recordó que los tres se declararon culpables del delito de lavado de dinero y que por ello Marcelo Reyes recibió 53 meses de prisión, Arturo Escobar 48 meses y Baquerizo de 36 meses de cárcel.

“El gobierno no está de acuerdo con la sugerencia del acusado de que los contratistas son menos culpables que los funcionarios públicos, como Reyes y Escobar. Esa opinión implica que los contratistas fueron víctimas impotentes de las circunstancias a merced de los caprichos de los funcionarios públicos corruptos.

Si bien los funcionarios de Petroecuador realmente buscaron extraer el pago de sobornos, como se señaló anteriormente, el esquema de soborno criminal y lavado de dinero no habría tenido éxito si no hubiera sido por la participación de empresarios como el acusado.

El argumento del acusado de que es menos culpable que Baquerizo tampoco es convincente. La cantidad de sobornos que el acusado canalizó a través del sistema bancario de los Estados Unidos para beneficiar a los funcionarios de Petroecuador fue de $ 8.25 millones, mucho más que las cantidades de pérdida atribuibles a Baquerizo.

En particular, el gobierno rechaza la insinuación contenida en el memorándum de sentencia del acusado de que el gobierno no procesó a Reyes y Baquerizo por el alcance total de sus crímenes. El gobierno intentó responsabilizar a Baquerizo y Reyes por los pagos ilegales atribuibles a ellos sobre los cuales el gobierno tenía jurisdicción “y que el gobierno podía probar fácilmente en el juicio en el momento de sus condenas” y añade que la referencia de De la Paz a un artículo de prensa que señalaba a Baquerizo de haber hecho pagos indebidos adicionales “no solo no está respaldada, sino que también es completamente irrelevante porque el artículo describe un supuesto plan que involucra al hermano de Baquerizo, Jaime, no a Juan Baquerizo”.

Presos en EEUU y premiados en Ecuador

Mientras la justicia de Estados Unidos, no solo encarceló a buena parte del club de los magníficos, sino que, les quitó sus bienes y fortunas mal habidas, la justicia ecuatoriana, en el caso de Nolimit, no solo ha archivado procesos judiciales y perdonado otros, sino que, el gobierno del presidente Lenín Moreno y las autoridades de Petroecuador, les entregaron nuevos contratos a una empresa cuyo accionista se ha confesado culpable de entregar sobornos.

Así de claro: mientras el dueño de NoLimit purga una condena en Estados Unidos, su empresa sigue haciendo negocios con Petroecuador. Hace poco terminó de instalar 14 bombas y válvulas de succión y descarga en la unidad FCC de la Refinería Esmeraldas.

Actualmente, busca nuevos contratos para instalar 113 bombas que le vendió a la refinería en la época de Álex Bravo Panchano y Carlos Pareja Yannuzzelli y que permanecen embodegadas en esa planta petrolera. NoLimit también tiene intereses comerciales en la Refinería La Libertad.

Además, este medio pudo confirmar que Carla Panchano, hermana de madre de Bravo, continúa desempeñando un alto cargo en NoLimit.

 

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