El expresidente Rafael Correa conoció de la grabación en 2012. El entonces comandante general de la Fuerza Aérea, Leonardo Barreiro, le entregó el audio al exmandatario antes de que este nombrase a Alonso Espinoza como comandante general de la FAE. Quienes conocen de cerca la historia dicen que, por este audio, Correa dio marcha atrás en su decisión de nombrar al “gran general de la Fuerza Aérea Alonso Espinoza” como lo llamó en 2011, en una sabatina, y en su lugar designó a Enrique Velasco.
En una comunicación enviada a este medio el 28 de agosto de 2018, el general Alonso Espinoza indicó que “jamás” ordenó seguir a Gabela, “el coronel Vargas declaró ante la Fiscalía y públicamente que jamás recibió orden de seguir a él o a nadie” y añade que no sabía que el ex comandante de la FAE estuviese investigando su patrimonio.
Entre 2007 y 2008, Gabela fue comandante de la FAE, se opuso a la compra de los helicópteros Dhruv por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador. Incluso desde 2006, Gabela fue partidario de un proceso de negociación de gobierno a gobierno, como una forma de alejar la presiones de los vendedores de armas, así lo dijo con su puño y letra.
Para Patricia Ochoa el móvil del asesinato de su esposo, son los helicópteros Dhruv, “pero la grabación entre el jefe de inteligencia y el general Gabela es muy clara. Ahí mi esposo también hace denuncias de ciertas irregularidades de determinado personal de la Fuerza Aérea. Creo que el general Gabela sabía algo más que lo dejó sentenciado…en esa conversación que tuvo”.
Ochoa recuerda con claridad que, en diciembre de 2011, el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011”. ¿Por qué el Consejo Supremo no judicializó el audio?
Ochoa señala que trataron de endilgarle el audio a ella, “desde la mismas Fuerzas Armadas querían hacer un show con esta grabación, querían que aparezca en mis manos o las de otras personas pero que no se diga que fueron ellos quienes la encontraron”.
En 2015, el Comité Interinstitucional (creado para investigar el asesinato del general), entregó a Correa el informe que indicaba que se había investigado el patrimonio de varios generales (entre ellos Alonso Espinoza y Rodrigo Bohórquez), las cuentas bancarias de las personas vinculadas al crimen y del fiscal que llevó el caso, René Astudillo; además de las inconsistencias entre el expediente fiscal y los productos entregados por el perito Roberto Meza.
El exministro de justicia y exministro del interior, José Serrano, dijo en su comparecencia ante la Comisión Ocasional que indaga el caso, que el perito Roberto Meza presentó “algunos productos”: “él entregó esos tres productos y fueron puestos a consideración del Comité Interinstitucional. Nosotros entregamos ese informe al señor presidente de la República y ese informe tenía un tema fundamental, que sea remitido a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las irregularidades o las dudas que habíamos encontrado de esa investigación”, aseguró Serrano. Este medio tuvo acceso a ese informe y detalla esas “dudas”.
El informe inicia con los detalles del contrato que firmaron en abril 2013, el Ministerio de Justicia y el perito Roberto Meza, por USD 78.000. Meza se comprometió a entregar “tres productos” en un plazo de 90 días.
El 11 de abril de 2013, Roberto Meza entrega el producto I que no era más que el cronograma y plan de trabajo. El 26 de abril de 2013, Meza entrega el producto II, “el mismo que en sus conclusiones determina que “basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada”.
El 15 de mayo de 2013, el administrador del contrato recibe el producto II: “Informe motivado que determina que el móvil del crimen, descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”.
Dos meses después, el 8 de julio de 2013, según información revisada por este medio, Roberto Meza entrega el tercer producto III, “mismo que es aprobado el 26 de agosto de 2013, por el administrador del contrato, luego de las aclaraciones y ajustes al informe “y certifica que “dicho informe no tiene firma de responsabilidad, y entre sus conclusiones constan: Hasta la presente fecha, la causa de la muerte de General Jorge Gabela Bueno habría sido producto de la delincuencia común, no siendo posible establecer el móvil real del crimen descartando al asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información como causales.
No hay relación de causalidad entre las denuncias efectuadas por el general Gabela en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación versus los hechos que derivaron en su muerte”, señala el informe.
El producto II concluye que el asesinato de Gabela sería consecuencia de la delincuencia organizada (además de señalar que las pruebas presentadas por familia están sustentadas) pero en la presentación que hizo el Comité Interinstitucional, en un informe general sobre el caso, presentado al presidente Correa, se sostuvo que en el tercer producto el crimen habría sido causado por delincuencia común y que no tiene nada que ver con las denuncias del general.
Este medio, está tratando de aclarar a qué se refiere ese informe general que presentó el Comité Interinstitucional cuando indica que el tercer producto fue recibido, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Línea de tiempo del Caso Gabela
A continuación una cronología de los acontecimientos más relevantes del Caso Gabela.
Aquí se encuentran detallados los acontecimientos por fecha:
2007
- Jorge Gabela Bueno fue nombrado comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
- El Comité de Adquisiciones de la FAE inició el proceso para la compra de helicópteros. Gabela se opuso a la compra de los Dhruv, de la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador.
Abril de 2008
- Jorge Gabela se retiró de la FAE.
- El general Rodrigo Bohórquez, sucesor de Gabela, concretó la compra. El 5 de agosto de 2008, el entonces ministro de Defensa Javier Ponce y el gerente de Sumil C.A., Juan Cortez Tamayo, gerente de Sumil C.A., representante en Ecuador de HAL, firmaron el contrato para la adquisición de siete helicópteros por $ 45.2 millones.
Octubre de 2009
- Cayó el primer helicóptero en la base aérea del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Gabela indicó a los medios de comunicación las razones por las que se opuso a la compra de los Dhruv.
- Empezaron para Gabela y su familia los problemas, enfrentamientos con los altos mandos de la FAE, incursiones a su hogar, demandas. Se conoce que era vigilado por orden de otros generales. Después se conocería una grabación en la que el general Gabela le dice al jefe de la inteligencia de la FAE, coronel Roberto Vargas que sabe de la disposición del general Alonso Espinoza de mandarlo a seguir.
Entre 2009 y 2015
- Se accidentaron cuatro helicópteros y los otros tres quedaron inoperativos. El entonces presidente dijo que la compra “fue una buena decisión con mala suerte”.
19 de diciembre 2010
- Jorge Gabela es asesinado a tiros en su domicilio. Después de 10 días hospitalizado murió.
Diciembre de 2011
- Se detuvo Derly David Salazar Vargas, alias “Francis” y Richard Párraga, sospechosos de ser los autores materiales del crimen. Cuatro días después fueron puestos en libertad, tras haber pagado, supuestamente, USD 20.000 al fiscal del caso René Astudillo Orellana, según confesó Párraga en la cámara de Gesell de la fiscalía. El fiscal Astudillo desmintió esa versión, indicando que Salazar Vargas no fue vinculado por él al caso Gabela.
- Paralelamente, según Patricia Ochoa el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011.
Diciembre de 2012
- Alias “Francis” fue asesinado en Guayaquil.
Abril de 2012
- El Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas sentenció a cinco hombres como autores materiales, cómplices y encubridores del crimen del general Gabela.
Octubre de 2012
- Rafael Correa creó el Comité Interinstitucional para investigar la muerte de Gabela.
10 de abril de 2013
- Roberto Meza firma contrato con el Ministerio de Justicia para investigar el asesinato del general Jorge Gabela, por USD 78.000.
11 de abril de 2013
- Meza entrega el Producto I (Plan de trabajo y cronograma)
26 de abril de 2013
- Meza entrega el Producto II, el mismo que concluye que el móvil del asesinato de Gabela fue por delincuencia organizada.
15 de mayo de 2013
- El administrador del contrato recibe el Producto II: “Informe motivado que determina el móvil del crimen descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”
8 de julio de 2013
- Roberto Meza entrega el Producto III. Entre sus conclusiones constan que la causa de la muerte del general “habría sido producto de la delincuencia común”. No se establece “el móvil real del crimen” y se descarta que las denuncias del general estén relacionadas con su muerte.
26 de agosto de 2013
- El informe es aprobado por el administrador del contrato, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Mayo del 2014
- Roberto Meza denuncia en redes sociales que, desde el Ministerio de Justicia, le pidieron que “elimine más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
2 de Julio de 2015
- El Comité entrega su informe a Rafael Correa y al entonces fiscal general, Galo Chiriboga.
Febrero 2015
- Un Producto III, de 94 páginas, es recibido por Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara
- Julio: Patricia Ochoa recibe el Producto III de 96 páginas sin firma ni sumilla
- Roberto Meza aseguró, en 2018, que entregó un producto III que tiene 130 hojas.
Junio de 2018
- La Contraloría General del Estado señala que no hay evidencia de que exista un tercer producto.
- El perito argentino Roberto Meza rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado. Meza señaló que la información entregada al Ministerio de Justicia es «totalmente falsa, pues no consta la sumilla ni la firma de él». Según Meza “Hay funcionarios, militares y vendedores de armas”.
¿Quién hizo los ajustes y aclaraciones?, ¿cuáles fueron esos ajustes?
Patricia Ochoa enfatiza que desde el 8 de julio hasta el 23 de agosto de 2013 “se seguían haciendo ajustes”. Agrega que se firmó “la entrega de acta de recepción el 3 de septiembre de 2013, pero según declaraciones, tanto del señor perito, como del ministro Lara, se seguían haciendo ajustes de forma y no de fondo. Eso es lo que siempre me ha preocupado y estamos hablando que el informe se entrega en septiembre de 2013 y le entregan a la familia un informe sin firma ni sumilla del perito Meza en julio de 2015.
En ese tiempo sucedieron muchas cosas…él hizo público los tres correos que le mandaron desde el Ministerio de Justicia a nombre del viceministro de justicia César Ochoa, en mayo de 2014, pidiéndole que eliminen más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
La existencia del tercer producto es un misterio. Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara, en declaración juramentada, señaló que recibió un tercer producto de 94 páginas, a la familia Gabela le entregaron uno de 96 sin firma ni sumilla y Roberto Meza habla de un producto III que tiene 130 hojas ¿Cuántos informes se han hecho? ¿Qué pasó en el Ministerio de justicia con el verdadero informe de 130 hojas? ¿Dónde está, por qué no aparece?, pregunta Ochoa.
“Yo estoy clara que existe ese tercer producto que dice el perito Meza. El perito sabe los nombres de los involucrados en el asesinato de mi esposo. Lo que ha dicho últimamente es que hay funcionarios, militares y vendedores de armas”, concluye la viuda del general.
Gabela tenía en la mira el patrimonio y movimientos bancarios de algunos Generales
El informe general del Comité interinstitucional fue presentado en un power point al presidente Correa. Incluyó información tributaria de Rodrigo Bohórquez Flores, Alonso Espinoza, Wendy Baquero (esposa de uno de los sentenciados).
En el caso de Bohórquez el documento sobre su información financiera concluye: “en control por inusualidad entre los valores acreditados en instituciones financieras con relación a los ingresos declarados por su cónyuge, Laura Mosquera (no declara impuesto a la renta por los años 2011, 2012 y 2013)”.
Sobre Espinoza Romero elaboraron un “Estructuramiento societario de relacionados”, allí se detalla que las empresas Minga S.A., Danielcom Equipment Supply S.A., Almara Corp. S. A., Refreshment & Beverage Servicios S.A., Oil Technology Oiltech S.A., Pacific Oil S.A., Corporación DFA S.A., Falcon Corporación Industrial S.A., están relacionadas directamente con él, su hijo Alonso Espinoza Vargas y con su ex esposa Eleana Dalila Vargas Guerra.
Contraloría: Responsabilidad Penal contra Espinoza
Existe un informe de 2015 con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que explica cómo adquirieron los Espinoza-Vargas la empresa Minga S.A., a través de su empresa Danielcom. 
Las irregularidades en la compra de Minga son más de una. Una fuente que ha pedido discreción total le dijo a este medio que el entonces contralor Carlos Pólit comentó “que varias semanas iba a visitarle el señor Alonso Espinoza Romero para evitar que le salga esta responsabilidad penal con respecto a Minga”. Espinoza, por su parte, niega que sea cierto.
La historia de Minga. En 1966, el dueño de Minga tramitó un crédito con la Corporación Financiera Nacional (CFN), dos años después, Minga cayó en mora. Su propietario puso en venta la empresa, María Fernanda Peñafiel la compró y canceló la deuda a la CFN.
El 30 de agosto de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dispuso la incautación de la empresa de servicios petroleros Minga S.A., al grupo Peñafiel (Banco de Préstamos), desde entonces pasó a ser administrada por el Estado mediante el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’.
En 2009, la AGD rechaza el pedido de desincautación de Peñafiel, argumentando que “no se ha presentado documentación que pruebe en forma fehaciente el origen lícito de los recursos y real propiedad de la empresa incautada”. Pedro Delgado Campaña, primo del expresidente Rafael Correa, era el administrador del Fideicomiso AGD-CFN.
La AGD ordenó el embargo del bien declarando que la compañía “es real propiedad de los accionistas del Banco de Préstamo S.A”. y resolvió que la totalidad del paquete accionario pase a ser de la AGD.
¿Cómo DANIELCOM se adueñó de MINGA?
La Contraloría General del Estado, en un informe con indicios de responsabilidad penal (DAAC-0302-2015) de 2015, indica que en 2011 la representante legal de Danielcom, sin ningún antecedente documental presentó una propuesta para la administración de las empresas Minga S.A., Pacific Oil S.A, Inmopetrosa S.A. y Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV.
En 2012, mientras Minga permanecía incautada, Elena Dalila Vargas Guerra fue nombrada como administradora temporal de la empresa por el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’. Para esa fecha, Vargas Guerra y su esposo Alonso Espinoza Romero, General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ya eran dueños de la empresa Danielcom Equipment Supply S.A.
Contraloría concluyó que antes de que Eleana Vargas Guerra (Danielcom) fuese nombrada como administradora de Minga, tuvo conversaciones con funcionarios del fideicomiso AGD. “Existieron reuniones con los ejecutivos de la empresa Danielcom Equipment & Supply S.A., sin que de esto exista evidencia documental de los puntos a tratarse previo a la suscripción del contrato de prestación de servicios de administración y operación de las empresas MINGA S.A. y PACIFIC OIL S.A.”.
¿Qué se trató en esas reuniones que menciona Contraloría?, le preguntó La Fuente a Espinoza Romero. Él asegura que el representante legal del Danielcom y gerente general “se acercó a el Fideicomiso AGD-CFN a pedir información sobre sobre la empresa Minga que era una de la opción de inversión de Danielcom pues se buscaba adquirir una propiedad que le permita dar servicio a sus clientes del área petrolera de manera oportuna”, indicó.
El organismo de control señala además que se suscribió el contrato para la administración de Minga sin ningún requerimiento y/o convocatoria, y que se incluyó “la primera y preferente opción de compra a favor de Danielcom Equipment & Supply S.A., inobservando el artículo 2 del Reglamento de negociación de bienes incautados que incluye: el concurso de ofertas en sobre cerrado al público, la pública subasta o subasta al martillo, la subasta en bolsa, la venta directa y la venta directa a través de corredores”.
Al respecto, Espinoza aclara que los procedimientos de la venta de Minga son “responsabilidad” del Fideicomiso AGD, y niega la conclusión a la que llegó Contraloría, pues afirma que la venta de Minga se la hizo mediante subasta pública observando lo dispuesto por la parte legal, no existió venta directa peor primera y preferente opción de compra derecho preferente”.
Este medio consultó a Espinoza si ¿tenía la intención Danielcom de adquirir Minga S.A. mucho antes de la firma del contrato de administración en el que Eleana Vargas fue nombrada como administradora por el Fideicomiso AGD? Él asegura que era una de las opciones de inversión de Danielcom, por esa razón “se pidió información y fue el Fideicomiso AGD quien solicitó que Danielcom administre la empresa minga para sanearla, pues estaba quebrada con causal de disolución”.
A la pregunta de si ¿Danielcom sabía que la compra de Minga S.A. era un hecho?, respondió que no, que lo que había era la decisión de participar en la subasta pública en la compra de Minga S.A.”.
El 15 de octubre de 2013, el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’, dispuso la subasta de Minga. En el proceso de venta, hubo un único oferente: Danielcom.
Paralelamente, la Superintendencia de Bancos pidió, a través del oficio No.SBS-2013-752, a la representante legal del Fideicomiso AGD-CFN, suspender el remate porque según análisis y estudios realizados por esa entidad, se había “demostrado la no vinculación del patrimonio de Minga”.
Compra con cheque de las Islas Cayman
Contraloría indica que el 9 de septiembre de 2013, Danielcom solicitó a la Corporación Nacional Financiera, la compra de CPG´s (línea de crédito) para la adjudicación del 100% de Minga, alegando que a la fecha existía un proceso de subasta convocado. Lo que no concuerda con lo dicho por la empresa oferente, pues el concurso de ofertas se publicó el 7 de octubre de 2013 y la solicitud de Danielcom fue presentada ante la CFN 28 días antes.
Espinoza señala que el departamento financiero de Danielcom conocía la realidad financiera de Minga “y se determinó cuál sería el precio máximo que se podía pagar en una subasta pública. Con esa información se pidió el préstamo a la CFN para poder apalancar la operación que se venía, obviamente el trámite en las entidades públicas es muy engorroso y demorado y por esa razón se intentó adelantar las gestiones respectivas”.
El pago por la compra se concretó así: un cheque por USD 99.217 del Banco Promérica, USD 89.500 adjuntados inicialmente a la oferta de compra y USD 706.282 provenientes del Banco de Préstamos Cayman.
Alonso Espinoza niega la afirmación de Contraloría calificándola de “falsa, irreal y tendenciosa” y asegura que “el valor de la compra lo pagó Danielcom con un préstamo de la CFN a 15 años”.
El valor para el remate de Minga fue fijado en USD 882.000. La familia Peñafiel señaló en su momento a la Contraloría que esta cantidad “dista de su valor real, debido a que solo en activos (vehículos, equipos y maquinaria), oficinas (en Quito) y campamento (25 hectáreas en Shushufindi), la empresa tiene el doble del valor del remate, sin contar con todos los contratos por eventos de miles de dólares que esta empresa tiene en ejecución”.
La Contraloría, por su parte, concluyó que la metodología usada para la valoración de la empresa “únicamente consideró los activos y pasivos de las compañías, sin evaluar otras variables relacionadas con la operación, que pudieron influir en el valor de venta del paquete accionario”.
La empresa Minga fue adjudicada a los dueños de Danielcom en 2013, es decir la que administró el bien por encargo de la AGD, pese a que la misma junta del fideicomiso AGD expidió la norma que prohibía a persona naturales o jurídicas relacionadas con Minga, participar.
“Danielcom accedió a un préstamo de la Corporación Financiera Nacional, esto se trató de un grosero e inescrupuloso peculado público, pues implica que el administrador de un bien incautado haya sido beneficiado con la adjudicación mediante subasta del bien que administra; que curiosamente su oferta haya sido la única y que para su pago se le haya concedido un crédito por parte de una entidad financiera del estado y, este se lo realice fuera de los cinco días de los cuales tenía la obligación de realizarlo de conformidad con la ley”, señalan los antiguos dueños de Minga.
Espinoza por su parte señala que estas afirmaciones son mal intencionadas, “pues habla de un peculado que no ha sido probado jamás pues nunca existió. los procedimientos de subasta pública no son responsabilidad del sector privado, sino del sector público”.
Otro hecho curioso sucedió durante el proceso de venta y cesión de las acciones de Minga a Danielcom: en 2011, Minga firmó un pagaré a la orden del Fideicomiso Mercantil AGD – CFN NO MÁS IMPUNIDAD por un valor de USD 300.000, en el proceso de venta de Minga, este valor no fue cobrado, Contraloría indica que, debido a la falta de gestión para el cobro, los valores se mantienen pendientes. Significa que ¿el Fideicomiso AGD vendió la empresa, pero se olvidó cobrar su deuda?
“Falso, la deuda consta en los balances como un pasivo de Minga S.A”, le dijo Espinoza a este medio.
Contraloría además detectó que, en 2013, la empresa administradora de Minga (Danielcom) dio de baja la obligación por USD 237.318 que esa empresa mantenía con Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador NV (STP), también incautada por el Estado.
En enero de 2015, la gerente general de Danielcom dijo a Contraloría que “acepta la obligación generada a favor de STP” y que “procederá a reversar el asiento contable”. La deuda fue pagada a STP en abril de ese año. Los antiguos dueños de Minga aseguran que fue imposible “acudir a la justicia” porque el mandato 13 impedía a los perjudicados iniciar acciones de protección y defensa.
Espinoza Romero señaló a este medio que, él es propietario del 25% de las acciones de Almara Corp. S.A., “a su vez Almara Corp. S.A. es propietaria del 95,01% de las acciones de Danielcom S.A., respecto a Minga: Danielcom es propietario de 0,5% de las acciones mientras que el 99,5% es propiedad de Fideicomiso Garantía Danielcom CFN”.
Relación de Pedro Delgado con los Espinoza – Vargas
Eleana Dalila Vargas y Alonso Espinoza eran cercanos a Pedro Delgado, como también lo fueron del ex presidente Rafael Correa, que llamó a Espinoza el gran general de la Fuerza Aérea. Existen reportes de diarios nacionales en agosto de 2012 que indicaron que , Vargas y Espinoza viajaron a Moscú e Irán, junto a Gastón Duzac como parte de la comitiva del Gobierno, integrada por altos funcionarios del Banco Central (Pedro Delgado en calidad de presidente), la Cancillería y la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), para “atender agendas acordadas en la visita del presidente de Irán a Ecuador”.
“Yo no viajé”, dijo Vargas a un medio de comunicación, sin embargo, reconoció que su hijo Alonso Espinoza Vargas y su esposo Francisco Avilés Merino sí viajaron a Irán con los funcionarios. Espinoza Vargas y Avilés Merino, indicaron a diario El Comercio que el “objetivo del viaje era buscar financiamiento o alianzas en Irán para fortalecer la situación financiera de Minga”.
Espinoza, aunque reconoce el viaje a Irán, niega que él o Eleana Vargas hayan sido cercanos a Pedro Delgado, y aclaró que el proceso de venta de las empresas lo hizo Kathia Torres “que estuvo al frente del fideicomiso AGD-CFN”.
Danielcom fue constituida en marzo de 1995. Su objeto social es la “comercialización, exportación, importación, compra venta, distribución de insumos químicos industriales”. Sus administradores son Eleana Dalila Vargas Guerra y Alonso Fernando Espinoza Vargas. Sus accionistas son Eleana Vargas Guerra y Almara Corp S.A. esta última de propiedad de Alonso Espinoza Romero (exesposo de Vargas Guerra) y Eleana Vargas y de los hijos de ambos: Alonso Fernando, María Alejandra y María Raquel Espinoza Vargas.
La situación financiera de Danielcom Equipment & Supply mejoró poco después del primer año del gobierno de Rafael Correa, así lo evidencian sus declaraciones de impuestos: hasta antes de 2007 no declaraba más de USD 8.000 en impuesto a la renta y cero dólares por salida de divisas. A partir de 2009, sus declaraciones de impuestos superaron los USD 100.000 y las salidas de divisas los USD 224.000 en 2012.
Según el Servicio de Compras Públicas (Sercop), entre 2008 y 2011, Danielcom Equipment firmó contratos por USD 744.739, en 2015, se adjudicó alrededor de USD 900.000 en contrataciones y entre 2016 y lo que va de 2018, se adjudicó USD 2.3 millones.
El manejo económico de Minga S.A. no ha estado al margen de la polémica. En 2017, Pedro Delgado, (quien como presidente del Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’ vendió Minga a Danielcom), denunció que, dentro de la trama de corrupción en Petroecuador, había un sistema para burlar el sistema de contratación en la estatal petrolera. Según reseña el portal Milhojas, Delgado indicó que “el mencionado desvío de recursos se dirigió a favorecer “a un club de negociadores del Estado”.
Antes de que Minga fuese confiscada por el Estado, esta había firmado contratos con Petroecuador, según Delgado se hicieron pagos a favor de quienes hicieron posibles esas negociaciones, entre ellos altos funcionarios del Gobierno y de Petroecuador.
El 30 de noviembre de 2009, la estatal petrolera, bajo la modalidad de contratación directa, adjudicó a Minga un contrato por USD 6.1 millones para la compra, montaje, pruebas y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones centrales Auca, Sacha y Shushufindi.
El 8 de enero de 2010, se suscribió un contrato modificatorio, con una cuantía que subió a USD 6.241.805,8, pero con otro cambio que se introdujo en la cláusula décimo segunda, referente a la forma de pago, al establecer que la importación de los equipos que se requerían para ejecutar el contrato será realizada por Petroproducción, “mediante la apertura de una Carta de Crédito en términos CFR (Esmeraldas-Ecuador), a favor del beneficiarlo que señale la contratista, por $ 4′ 491.726,55”, señala Milhojas.
Se incluyó además el formulario No.3 que ordenaba que el pago “se realizará mediante carta de crédito abierta a Minga Equipment & Supply Co., Inc. (MESCO), una empresa constituida en EE.UU. y que no fue la que firmó el contrato original con Petroproducción, lo que significó que sobre la base de una proforma emitida el 15 de diciembre de 2009 por MESCO a Petroproducción, se emitió una orden de pago por $4,5 millones, el 12 de mayo de 2010 y Petroecuador justificó este pago en base a un adendum del contrato (formulario 3), sin firmas, sin estar debidamente notariada.
Delgado aseguró que el excontador de Minga le informó que Petroecuador y MESCO habían operado de esta manera para cubrir los pagos prometidos a quienes firmaron los contratos originales con Minga.
Galo Chiriboga archivó el caso
En 2012, el exasambleísta Cléver Jiménez denunció que el Banco Cofiec otorgó a Minga un préstamo por casi $400 mil, supuestamente ese dinero no ingresó a las cuentas de Minga. Jiménez también reveló que durante la administración de Danielcom en Minga, hubo supuesto exceso en un contrato para la confección de uniformes. Jiménez señaló que Danielcom era la proveedora de equipos y materiales de Minga. “La administradora es la que le vende los equipos a su propia administrada”, dijo Cléver Jiménez.
Estas denuncias, así como el informe con indicios de responsabilidad penal en contra de quienes participaron en la venta de Minga a Danielcom, fueron archivadas por el entonces fiscal general de la nación Galo Chiriboga.
Hasta el momento nadie ha vinculado las relaciones de Danielcom con Odebrecht ni los contactos que mantuvo con uno de sus principales ejecutivos: Claudemir Simoes Dos Passos.
“Fue una de las muchas empresas suplidoras de bienes y servicios de Odebrecht, incluso ahora estamos con algunos cobros de obligaciones pendientes a dicha institución, por facturas no pagadas”, respondió Alonso Espinoza cuando La Fuente le preguntó qué tipo de negocios hizo con la constructora brasileña.
El pedido de eliminar páginas enteras del informe
Este medio tuvo acceso a la información que está en poder de la Asambleísta Jeanine Cruz en la cual se revela que “observacionesfinalesobservaciones@outlook.com” es el correo electrónico desde el que se pidió la eliminación de páginas y anexos del informe que elaboró el perito Roberto Meza sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela.
El 22 de abril de 2014, el perito había recibido otra comunicación en la que le informa que el “viceministro de Justicia, Augusto Ochoa, requiere comunicarse urgentemente” para realizar una “presentación del caso Gabela”.
Esta información consta en una presentación que hizo Roberto Meza el 14 de agosto pasado, a la Comisión del Legislativo que analiza el caso. En aquella, aparece el correo de Outlook pidiendo eliminar las páginas.
Ochoa es hijo de Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, y fue viceministro entre marzo y junio del 2014, en la gestión de Ledy Zúñiga, negó que haya pedido eliminar partes del informe.
