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Los engranajes para recuperar el Consejo de la Judicatura, por parte del correísmo, se volvieron a poner en movimiento, desde dos claros flancos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó un informe en el cual se recomienda archivar el juicio político contra el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la vocal suspendida de ese organismo, Maribel Barreno.
Entre tanto, en estos días se libra una batalla en el ámbito judicial para instalar la audiencia de formulación de cargos en contra de estos mismos personajes por el caso independencia judicial. Además Terán acaba de tener un revés al habérsele negado, este miércoles, un hábeas corpus para salir de La Roca.
Desde la Asamblea y la Función Judicial se busca rescatar a un procesado por obstrucción a la justicia y por delincuencia organizada, que aparece en los chats de Leandro Norero, negociando sentencias en la Corte Nacional e involucrado en excarcelar a Jorge Glas de manera fraudulenta.
¿Pero será posible que también desde el Ejecutivo, se vea como una buena idea, apoyar este proceso de impunidad?
Torpes y groseros movimientos que los ponen en evidencia
Las jugadas y contrajugadas para adueñarse nuevamente el Consejo de la Judicatura y, a través de él, tener un mejor control de los jueces que decidan sobre casos emblemáticos, se van haciendo más claras. Los actores se repiten y tienen vinculaciones entre sí.
Así, este 5 de julio se hará un quinto intento para instalar la audiencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial, en el que justamente están involucrados Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz. En este caso, ¿la quinta será la vencida?. Hay dudas aún.
Estos diferimientos buscan ganar tiempo
Es que en el libreto que se escribe en la pugna por tener el control de la Judicatura, lo que se busca con todos estos diferimientos es ganar tiempo y, posiblemente liberarse del juez que lleva la causa. El juez incómodo es Julio César Inga, quien coincidencialmente también fue recusado por la defensa de Jorge Glas en el Caso Reconstrucción de Manabí.
El ex vicepresidente, que ahora se encuentra en La Roca, ha sido acusado de peculado en este caso. Sin embargo, el pedido les fue negado.
El ex fiscal Paúl Pérez Reina, abogado de una de las asesoras de Barreno, fue quien pidió recusación del juez. Pérez Reina es recordado porque fue nombrado fiscal general en 2018 y llevó a cabo varios casos emblemáticos. Entre ellos, el secuestro de Fernando Balda, en el cual llegó a vincular penalmente a Rafael Correa. Sin embargo, solo estuvo seis meses en su cargo y renunció, dejando varios casos pendientes.
Si Terán y Barreno quedarán exculpados, el cálculo sería que Barreno regresará a la Judicatura. Estaría acompañada por un delegado del recientemente nombrado defensor Público, Ricardo Morales, a quien también se le achacan raíces correístas.
Otra ficha en el tablero sería Mario Godoy, integrante de la terna que envió el presidente de la Corte para ser parte de este organismo. Sorprendentemente Godoy es pareja sentimental de Dolores Veintimilla, abogada de Barreno. Así todo queda entre amigos.
Desde la Comisión de Fiscalización, que cada vez se ve más mermada en su institucionalidad, el haber aprobado el archivo del juicio político a Terán y Barreno, es la otra bandera de alerta.
Resulta inverosímil el trato diferenciado, a conveniencia, que se ha dado a los tres actores involucrados en el mismo caso. A dos los liberan de responsabilidad política, pero se mantiene el juicio contra Xavier Muñoz, ex vocal, quien se acogió a un proceso de cooperación eficaz, y se declaró culpable por los delitos de lavado de activos y obstrucción de la justicia, dentro del Caso Independencia Judicial.
En sus declaraciones Muñoz involucró a Terán y Barreno en el complot para destituir indebidamente al juez Walter Macías; e incluso relató la reunión que mantuvo con el ex presidente Rafael Correa, en la cual este le ofreció respaldo político a cambio de apoyar todas las acciones de Terán.
Una Comisión de marionetas
El informe tuvo cuatro votos a favor (todos de la bancada correísta) y cuatro en contra. El voto decisivo lo debía tener el asambleísta de ADN, Lenin Alvarado, quien participó de la sesión virtual desde el Consulado ecuatoriano en Queens, por encontrarse en una delegación oficial del propio Legislativo.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre (correista), basándose en la Ley de la Función Legislativa que permite que se reciban votos virtuales solo desde el territorio nacional, argumentó que no tiene la autorización del titular de la Asamblea para permitirle votar. Y, además, le advirtió a Alvarado que si votaba, la Contraloría podría tomar acciones en su contra.
Alvarado por su parte solicitó se tome en cuenta que al tratarse de una sede diplomática nacional, se encontraba en territorio ecuatoriano. Y que la convocatoria de última hora, pese a ser legal, no le dio el tiempo suficiente para retornar al país.
No obstante, la presidenta de la Comisión decidió usar el voto dirimente (facultad de voto del presidente de la Comisión cuando existe un empate). El cual fue determinante para aprobar el informe final.
Esta Comisión, liderada por Pamela Aguirre, que ahora impide a un asambleísta en funciones dar su voto por encontrarse fuera del país (en una sede diplomática nacional) fue la misma que permitió que el prófugo de la justicia Ronny Aleaga (presumiblemente desde Venezuela), pretenda dar declaraciones durante la comparecencia de la Fiscal General, Diana Salazar. Este bochornoso evento sucedió el 13 de mayo pasado, y ya había dejado un profundo mal sabor de boca en la ciudadanía.
Entre tanto, la actuación de Lenín Alvarado de ADN arroja dudas sobre la actuación del Ejecutivo. Incluso, según los análisis de Roberto Aguilar y Martín Pallares, podría interpretarse como un espaldarazo del Gobierno a estas jugadas. Se critica que Alvarado habría argumentado que sí estaba en territorio ecuatoriano (Consultado de Queens), pero que existiría información sobre que estaba en Las Vegas, acudiendo a la Copa América. También se le observa que no haya principalizado a tiempo a su asambleísta alterna , para evitar esta situación. Para estos periodistas, el Gobierno está pisando en territorio minado: vendiéndole el alma al diablo.
Frente a lo actuado por la Comisión de Fiscalización, el pleno de la Asamblea tendrá que decidir si aprueba el informe de la Comisión o continúa con el juicio político en contra de los tres ex funcionarios del Consejo de la Judicatura. La ciudadanía estará pendiente de la actuación de los legisladores, que cada vez muestran menos respeto por la legalidad y le hacen el juego a los corruptos.
Otro intento fallido de Terán por salir de La Roca
Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, continuará en la cárcel de La Roca en Guayaquil, tras la decisión del tribunal de la Corte Nacional de Justicia que consideró improcedente su solicitud de habeas corpus.
Durante la audiencia del 3 de julio, Terán expresó que su vida está en riesgo en La Roca mientras se desarrollan los casos Independencia Judicial y Metástasis. Denunció que no ha recibido una computadora para preparar su defensa y optó por exponer su situación personalmente en lugar de hacerlo a través de su abogado.
Afirmó que en La Roca está aislado y sufre tratos crueles, inhumanos y degradantes, como solo salir al patio 20 minutos cada dos días. También mencionó padecimientos psicológicos y pérdida de visión que afectan su capacidad profesional.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) negó las acusaciones de Terán, asegurando que se le garantiza seguridad y ha recibido la atención y facilidades necesarias y las visitas regulares de su abogado.
La abogada del SNAI afirmó que La Roca es uno de los centros de privación de libertad más seguros del país y pidió al tribunal mantener a Terán en esa prisión por su seguridad.
El tribunal resolvió que no se han violado sus garantías y rechazó su solicitud de defenderse en libertad. El juez Iván Larco indicó que Terán tiene acceso a ventilación, luz, una cama, una celda individual y recibe visitas. Además, el tribunal instó al SNAI a tomar medidas para evitar cualquier incidente y garantizar los derechos de Terán, incluyendo proporcionarle equipos, internet y un espacio adecuado para preparar su defensa.
