Inadmisión de 23 pruebas en el Caso Villavicencio: ¿Afectará la sentencia final?



Inadmisión de 23 pruebas en el Caso Villavicencio: ¿Afectará la sentencia final?

Redacción La Fuente - Periodismo de Investigación7 julio, 20248min1180
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El anuncio de que los jueces a cargo de juzgar a los autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio desestimaron 23 de las 41 pruebas presentadas por Fiscalía, levantó las alertas sobre la firmeza del caso.  Luego de siete intensas jornadas en las que se desarrolló la audiencia de juzgamiento, este viernes 5 de julio, la decisión de los jueces fue no admitir estas pruebas por considerarlas “reiterativas o impertinentes”. 

¿Pero cuáles fueron las pruebas desestimadas y qué peso tenían en la teoría del caso? Estas incluían un certificado del CNE, copias certificadas de otros procesos penales por delitos de receptación y tráfico ilegal de armas, así como formularios de custodia. 

Pese a ello, las defensas técnicas de la viuda y las hijas de Fernando Villavicencio, coinciden en que esto no afectará la sentencia final en contra de los autores materiales de este magnicidio.

A pesar de estas decisiones judiciales, la determinación de los abogados de la familia Villavicencio es firme: llevar a los responsables materiales a la más dura sentencia con agravantes para estos procesados, y esperan que esto pueda dar paso a las preguntas más importantes: ¿Quién ordenó, planificó e incluso financió el vil asesinato de Fernando Villavicencio 

Los abogados de los procesados piden tiempo 

Durante los siete días de la audiencia de juzgamiento en contra de cinco autores materiales y cómplices del magnicidio de Fernando Villavicencio, testimonios y pruebas desnudan por un lado, un plan milimétricamente estructurado por parte de los delincuentes y, a la par, una serie de fallas en la investigación, especialmente en la escena del crimen.

Foto tomada de redes sociales.

El pasado viernes 5 de junio, en la que hubiera sido la última jornada de la audiencia de juzgamiento, los abogados de los procesados han pedido tiempo para reunirse con sus clientes y resolver si declararán o se acogerán al silencio. A lo que los jueces han accedido posponiendo la audiencia para el viernes 12 de julio. 

Tanto este diferimiento como la inadmisión de algunas de las pruebas presentadas por Fiscalía generaron incomodidad tanto en familiares de la víctima como en la opinión pública. 

Las pruebas que fueron desestimadas fueron calificadas como repetitivas

Sin embargo, Nathalya Salazar, abogada de las hijas de Fernando Villavicencio, ha expuesto que las pruebas que no fueron admitidas por los jueces no son de mayor importancia, sino que han sido calificadas como impertinentes o repetitivas. 

Y que “no afectarán al resultado deseado por parte de sus defendidas. Las penas máximas, que puedan evidenciar sin titubeos la participación de estos procesados en la autoría  material del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio”. 

En relación con la solicitud de diferimiento de la última jornada, Salazar enfatizó que «los abogados quieren tener un contacto y una comunicación con sus clientes para poder asesorarles». Explicó que este es un acto legal que responde al artículo 76 de la Constitución y aunque reconoce las limitaciones que pueden existir en el proceso legal, subraya que es un hecho que los procesados serán condenados.

Sarauz: Jueces «tenían el derecho de negarlas»

Verónica Sarauz, en una entrevista reciente, expresó su preocupación por el desarrollo del juicio tras la suspensión de la audiencia y el rechazo de una parte de las pruebas presentadas por la fiscalía. 

Según Sarauz, «tenía el tribunal todo el derecho de negarlas» y espera que en la próxima sesión «la justicia cuide con mano dura en la responsabilidad de cada una de estas personas» implicadas en el asesinato de Fernando Villavicencio. 

Además, subrayó la importancia de perseguir tanto a los autores intelectuales como a la policía por su rol en la custodia del fallecido.

En cuanto a la investigación fiscal, Sarauz mantuvo una postura firme al afirmar que su opinión «no ha cambiado en absolutamente nada» a pesar de los testimonios y pruebas presentadas durante la semana. Criticó severamente el descarte de 23 pruebas por parte del tribunal, argumentando que esto revela deficiencias significativas en el proceso investigativo. 

Para Sarauz, estos fallos son evidencia de una investigación incompleta que aún deja muchas preguntas sin responder, incluyendo la responsabilidad de entidades como el SNAI y la complicidad de individuos que gestionan servicios ilegales desde las cárceles.

No obstante, en su conclusión durante las audiencias finales, Hugo Espín, abogado de Sarauz, no dudó al afirmar la inevitabilidad de las condenas para los acusados. 

Reconoció que aunque ha habido situaciones que se abren a la posibilidad de dudas o negligencias, en la investigación, la contundencia de las pruebas presentadas vuelve ineludible la sentencia para los autores materiales y destacó la urgencia de estructurar la fase de debate y los alegatos finales con precisión. 

Enfatizó en que la verdad y la justicia requieren continuar recabando información para preparar nuevas denuncias.