Así, México cuenta sus desaparecidos con horror y vergüenza. Las cifras oficiales hablan de entre 120.000 y 130.000 personas. Pero las organizaciones de derechos humanos consideran que hay entre 200.000 y 300.000 desaparecidos en ese país hermano. ¿Cuántos son en realidad? 

Nadie lo sabe. Esa es precisamente la herida: el silencio estadístico, el ocultamiento, la falta de verdad. 

Según el reporte de la RED Lupa, hasta 2024 la cifra de personas desaparecidas es de 120.000.  Esta cifra es el resultado de un aumento sistemático en el tiempo. Es un 6,3% más que en 2023. Entre tanto, 2023 se registró un crecimiento de 7,3% con respecto a 2022.  

Solo entre 2018 y mayo de 2024 se concentra el 48% de los casos de personas desaparecidas.  El año en el que se reporta el mayor número de personas desaparecidas fue 2023 con 10.315 casos. Aún no se conocen los datos finales del 2024, pero se calcula que de seguir la tendencia, podría superar esta cifra.

El siguiente gráfico muestra la evolución de desapariciones en México, en los últimos tres años:

“La cifra oficial ya habla de alrededor de 130.000, pero la realidad es que la cifra negra (la que no se registra) es desastrosa”, afirma con crudeza la ex senadora Mariana Gómez del Campo. En su voz no hay ambigüedad ni eufemismo: hay hartazgo. Hay duelo colectivo.

Al hablar de las desapariciones, Mariana no se queda en las cifras. Nos obliga a mirar el dolor humano detrás del número: “Si te pones a pensar, no estás hablando solo de una simple cifra. Estás hablando de miles de familias que se quedan sin sus seres queridos. De jóvenes, de mujeres, que se quedan sin cumplir sus sueños”.

Entre tanto, Sandra Romandía advierte que la expansión de los cárteles no solo es territorial, sino también del catálogo de delitos que cometen para maximizar sus ganancias.

“Los grupos criminales han pasado de dedicarse solo al tráfico de drogas a cometer hasta 22 delitos distintos”, explica Romandía. Esta voracidad ha impulsado su crecimiento más allá de las fronteras mexicanas, con estrategias empresariales que incluyen la diversificación de actividades ilícitas y el establecimiento de franquicias criminales en distintos países.

Uno de los factores clave en esta expansión es el cambio generacional dentro de los cárteles.

“Muchos de los nuevos líderes del narcotráfico alcanzaron a ir a la universidad o recibieron cierto acceso a educación. Han aprendido a ver el crimen como una empresa con potencial global”, señala la periodista. 

Sin embargo, la clave de su éxito radica en la debilidad institucional de los países donde operan. “Nuestra querida América Latina tiene gobiernos débiles que permiten la operación de estos grupos criminales. La falta de desarrollo económico y la ausencia de estado de derecho son un caldo de cultivo perfecto para su expansión”, sostiene Romandía.

Antes, el narcotráfico tenía como objetivo principal el mercado estadounidense, pero con el tiempo, las organizaciones criminales vieron una oportunidad dentro de su propio país. “Se rompieron códigos internos como el de no vender drogas, como el cristal, en México. Hoy, los carteles han implementado estrategias de enganchamiento de jóvenes, barrio por barrio, como si fuera una franquicia”, detalla Romandía.

Este modelo de expansión ya se replica en otros países de la región. “Guatemala, por ejemplo, es una frontera abierta. No hay filtros, el cruce es casi invisible. Y lo mismo ocurre con otros países donde los carteles han encontrado territorios fértiles para sus operaciones”, advierte.

La presencia de cárteles mexicanos en Ecuador, Argentina, Panamá y otros países demuestra que el crimen organizado ya no reconoce fronteras.

La lección de México y Colombia es clara: sin instituciones sólidas ni estrategias contundentes, la región seguirá siendo territorio fértil para la expansión del narcotráfico.

Desapariciones y cifras maquilladas: la realidad que ocultan los gobiernos

En medio de discursos oficiales que presumen la reducción de homicidios, las cifras de desapariciones en México siguen en aumento, lo que contradice la realidad que el gobierno intenta mostrar. 

La periodista Sandra Romandía advierte que esta aparente disminución de homicidios esconde una verdad aterradora.

«Mientras presumen que han bajado el 15% de homicidios, si revisamos, vemos un aumento del 30-40% en desapariciones, dependiendo del periodo analizado. Eso nos habla evidentemente de que algo no nos está cuadrando y que nos están queriendo ver la cara de algún modo», afirma Romandía.

Según la RED Lupa, el problema no afecta a todos los estados por igual. Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León concentran casi la mitad de los casos de desaparición a nivel nacional.

En contraste, Campeche, Tlaxcala, Yucatán y Aguascalientes presentan las cifras más bajas. Sin embargo, Tabasco, que solía estar en esta lista, registró un incremento del 80% en 2024.

En una entrevista exclusiva para La Fuente – Periodismo de Investigación, la senadora mexicana Lilly Téllez señala directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a su partido, Morena, como los responsables de la catastrófica expansión del narcoterrorismo en el país.

«México es una fosa. Es una tragedia», sentenció la legisladora, al referirse al escandaloso número de desaparecidos que, bajo la administración de AMLO, escaló a 125.000 víctimas.

«El gobierno de Morena está desesperado por ocultar las cifras de asesinatos, por eso han pasado a clasificar a los muertos como ‘desaparecidos’. No están bajando los homicidios, están escondiendo los cuerpos«, denunció.

Los más vulnerables: jóvenes y mujeres

El problema no solo radica en las cifras oficiales, sino en los métodos que los cárteles han perfeccionado para ocultar la magnitud de la violencia. Según Sandra Romandía, una de las estrategias es el reclutamiento forzado de jóvenes a través de falsas ofertas de empleo en redes sociales. «Montan una empresa en una ciudad, hasta rentan locales para reclutarlos y se los llevan. No vuelven a ver sus familias», explica.

Otro patrón identificado es el «levantón» al azar de jóvenes en las calles, como ha ocurrido en Sinaloa tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. «Si no trabajan con ellos o intentan escapar, es la muerte», explica.

Si ser desaparecido en México es una condena, ser mujer lo convierte en una sentencia aún más cruel. Las desapariciones con fines de trata, explotación sexual y feminicidio han alcanzado niveles alarmantes.

Las desapariciones de mujeres han aumentado significativamente, sobre todo en Tabasco (+138%), Oaxaca (+26%) e Hidalgo (+25%).

En México, la desaparición de niñas y mujeres alcanza cifras escalofriantes y sigue en ascenso. Solo cinco estados —Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México— concentran el 52.3% del total de estos casos a nivel nacional. 

Lo más preocupante es que el rango de edad más afectado está entre los 15 y los 19 años, un grupo altamente vulnerable que, en muchos casos, cae en redes de trata, explotación o violencia familiar. 

Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, en al menos cinco estados se registró un aumento superior al 20% en el número de niñas y mujeres desaparecidas, lo que evidencia una tendencia sostenida y preocupante de violencia de género invisibilizada por la impunidad.

El machismo estructural refuerza la indiferencia del Estado. Muchas de estas mujeres son vistas como estadísticas, y en el mejor de los casos, sí aparecen sus nombres, pero solo como fichas de búsqueda que pronto serán olvidadas. Detrás de cada desaparición femenina hay una historia de impunidad, de violencia normalizada y de un Estado que elige mirar hacia otro lado.

Para la senadora Lilly Téllez, el gobierno de Morena no solo ha sido incapaz de frenar la violencia, sino que está coludido con quienes la perpetran.

«En México hay una guerra del crimen organizado contra los ciudadanos; pero el gobierno, en lugar de defenderlos, los ha entregado. Hay un baño de sangre porque la presidencia no quiere combatir a los grupos criminales. ¿Por qué? Porque Morena le debe al crimen organizado haber llegado al poder», sentenció Téllez.

Sus declaraciones no son una simple denuncia: retratan un país convertido en un campo de exterminio donde la impunidad es la norma y la ley ha sido reemplazada por la voluntad de los cárteles.

«México ocupa el puesto 140 de 180 países en corrupción. Desde que Morena llegó al poder, el país se ha vuelto aún más corrupto. Aquí no desaparecen personas por casualidad: desaparecen porque el Estado no cumple su función más básica, que es garantizar la seguridad».

La senadora asegura que en la mayoría de los casos, los desaparecidos en realidad han sido asesinados y sus cuerpos nunca serán encontrados.

«El gobierno de Morena ha dejado a los ciudadanos a merced del crimen organizado. No hay búsqueda real de los desaparecidos porque no hay intención de encontrarlos. México se ha convertido en un campo de exterminio sin fosas oficiales».

Por su parte, Romandía nos cuenta, en sus anécdotas periodísticas, que el encubrimiento de homicidios también ocurre en los enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden. «Se reporta que murieron 10 personas del crimen organizado, pero varias fuentes coinciden en que en esos enfrentamientos hay muchos más muertos, aunque no se informe de ello públicamente».

Uno de los casos más impactantes documentados por su equipo ocurrió en Sonora. «En Puerto Peñasco hubo un enfrentamiento brutal. Después, con retroexcavadoras, recogieron los cadáveres y los tiraron en fosas dentro del desierto. No los han podido encontrar», revela.

Desaparición, una sentencia a convivir con la impunidad

La crisis de desapariciones en México es también un reflejo del fracaso absoluto del sistema de justicia. Con miles de cuerpos enterrados en fosas clandestinas y decenas de miles de denuncias archivadas, las fiscalías han demostrado ser incapaces o cómplices.

Las familias de los desaparecidos han tenido que convertirse en investigadores, peritos y buscadores de fosas ante un Estado que no tiene voluntad de encontrar a sus muertos. Cada colectivo de madres rastreando el desierto con picos y palas es una prueba de la renuncia del gobierno a su deber más básico: garantizar la vida y la justicia.

En México y en Ecuador, la desaparición es una sentencia a convivir con la impunidad, impuesta sin juicio ni condena formal. Es el limbo donde se encuentran quienes han sido arrancados de la realidad y las familias que los buscan en una espiral de dolor y burocracia inútil. Es la herida que no cierra porque el Estado no quiere que cierre.

Las tendencias muestran un problema en crecimiento y una falta de acciones contundentes por parte del Estado.

Los datos exigen una revisión profunda de las políticas de prevención y búsqueda. Mientras tanto, las familias siguen buscando justicia, resistiendo en un país donde la desaparición se ha convertido en una tragedia cotidiana.

Mientras la impunidad reine, México, al igual que Ecuador seguirán siendo naciones donde la muerte no siempre deja cuerpos, pero siempre deja ausencia. Y en esa ausencia, el eco de miles de voces seguirá resonando, exigiendo justicia en un país que parece haberla olvidado.

Las lecciones que deja  México

Hoy, las portadas de los medios de comunicación que hablan de México no invitan al turismo ni a la inversión. No celebran la cultura, la ciencia ni la democracia. “Tristemente, las notas no hablan de un México próspero… Es muy difícil que un empresario decida dejar su dinero en un lugar en donde el crimen organizado se ha apoderado de las instituciones”, sostiene Mariana Gómez del Campo.

 “Primero, a mí me da muchísima pena, ¿no? Que estemos tú y yo en esta entrevista y que me digas que México ha sido maestro. Me encantaría decir que mi país ha sido maestro en cosas positivas”, responde con tristeza cuando le preguntamos por qué ha sido tan difícil desmantelar la relación entre crimen organizado y política.

El modelo mexicano del crimen organizado ha dejado de ser solo un espejo lejano. Hoy es un manual de estrategias violentas que se exporta al sur del continente. Así lo advierte Renato Rivera, analista de crimen organizado y seguridad, quien plantea que la violencia que azota al Ecuador responde a un aprendizaje estructural de prácticas criminales importadas, especialmente desde México.

“México es un caso de estudio, pero no por las razones que quisiéramos”, explica Rivera. Allí, la violencia ya no es un instrumento selectivo entre grupos rivales, como suele esperarse en contextos de disputas criminales. “Lo que vemos es una violencia que no distingue. No busca eliminar al adversario, sino infundir terror como forma de posicionamiento”, afirma.

Esta violencia indiscriminada —de la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y antes los Zetas han sido pioneros— no solo apunta a rivales, sino a la población civil. El crimen organizado ya no compite por territorio: lo coloniza a través del miedo. Es lo que algunos especialistas han bautizado como insurgencia criminal, una lógica más cercana a la guerra que al delito común.

En este modelo, los cadáveres no siempre aparecen. En cambio, las cifras oficiales muestran una reducción de homicidios que, en palabras de Rivera, podría esconder una verdad más siniestra: el aumento de desapariciones. “Es una manipulación perversa de la data: desapareces a la víctima, pero también desapareces el crimen de las estadísticas estatales”, señala.

El CJNG ya opera en Ecuador. Lo hace sin desplegar sus estructuras completas, sino a través de emisarios y alianzas con grupos locales. “Hay una lógica de subcontratación”, explica Rivera. Los grupos ecuatorianos no son necesariamente parte orgánica de los carteles, pero actúan como sus operadores logísticos: movilizan droga, protegen cargamentos, lavan dinero y abren rutas.

Sin embargo, esta suerte de tercerización del crimen, no significa que Ecuador quede al margen del modelo mexicano. Todo lo contrario. Lo preocupante es el aprendizaje criminal que empieza a replicarse. Rivera pone un ejemplo simbólico y perturbador: el uso de la figura de la Santa Muerte. “No es parte de la cultura ecuatoriana” pero ya empieza a ser apropiada por sicarios y bandas criminales para dotarse de legitimidad y cohesión simbólica, indica.

Aunque considera que por ahora la mayoría de grupos delincuenciales no están buscando imponerse en territorio, como sí se hace en México. Rivera menciona que algunos grupos ecuatorianos podrían estar adoptando prácticas de desaparición forzada, especialmente en zonas donde hay conflictos por minería ilegal. “Los Lobos, por ejemplo, muestran indicios preocupantes”, advierte, al señalar posibles desapariciones ligadas a la resistencia de comunidades campesinas o indígenas.

¿Y el Estado?

Frente a esta realidad, la respuesta estatal ha sido débil, ineficaz y reactiva. La falta de una caracterización criminal seria —que identifique capacidades, intereses y modus operandi de cada grupo— limita toda política pública. “No se puede diseñar política criminal sin información. Y sin investigación criminal, no hay justicia ni seguridad”, concluye Rivera.

El espejo mexicano no solo refleja el horror, sino también el costo de mirar hacia otro lado. En Ecuador, aún estamos a tiempo de romper ese ciclo. Pero para ello se necesita tener autoridades que no estén dispuestas a pactar con las mafias, así como una acción estatal con más inteligencia que fuerza bruta, más investigación que espectáculo, y sobre todo, más voluntad que excusas.