Estos patrones estadísticos, en su conjunto, apuntan consistentemente a una crisis previamente encubierta con profundas y preocupantes implicaciones para los derechos humanos y el Estado de Derecho en Ecuador. La evidencia acumulada exige una seria consideración y un debate público urgente sobre este crítico período en la historia reciente del país.

1. El aumento de muertes violentas de intención indeterminada

Durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), mientras la tasa de homicidios reportada disminuía, la tasa de muertes violentas clasificadas como «de intención indeterminada» alcanzó niveles sin precedentes no vistos desde al menos 1999. Estas muertes violentas, que incluyen casos donde la información disponible es insuficiente para distinguir entre accidentes, suicidios y homicidios, sugieren un patrón de subregistro que podría estar ocultando una realidad más perturbadora: un posible esfuerzo gubernamental para encubrir un aumento en los homicidios relacionados con el tráfico de cocaína.

2. El cierre de la Base de Manta y las incautaciones de cocaína

La marcada divergencia entre las tasas de homicidios en declive y el aumento de muertes violentas de intención indeterminada durante la presidencia de Correa, pensé, era poco probable que fuera mera coincidencia. La proximidad de Ecuador a Colombia y la presencia de cárteles de la droga sugerían un vínculo con las tendencias de incautación de cocaína. Esto se refuerza con la existencia de quiebre estructural en 2010 después del cierre de la base de Manta, con una caída del 75% en promedio en las incautaciones de cocaína. Esta fuerte disminución apuntaba a esfuerzos antinarcóticos debilitados que potencialmente envalentonaron a los traficantes, con consecuencias mortales.

3. Correlación entre ambas variables

Parecía existir una correlación intrigante entre los cambios en las tasas de incautación de cocaína y las muertes violentas de intención indeterminada en Ecuador de 2010 a 2018, inmediatamente después del cierre de la Base Aérea de Manta en 2009. Los datos revelaron un patrón consistente con la hipótesis de que las disminuciones en las incautaciones de drogas indican una falta de aplicación antinarcóticos: cuando las incautaciones de cocaína disminuían, las tasas de muertes violentas de intención indeterminada aumentaban, y viceversa.

Es importante notar que esta curiosa relación entre las variables no se observa en el período anterior de 1999-2007, lo que refuerza la hipótesis de que existía un vínculo entre el narcotráfico y este tipo de muerte después del cierre de la base.

4. La correlación a nivel provincial

Para abordar la posible naturaleza espuria de la correlación debido a los datos nacionales limitados, realicé el análisis a escala provincial. Mi premisa era que las estimaciones anteriores deberían ser más contundentes en áreas donde el narcotráfico es más intenso. Eso es precisamente lo que encontré después de crear un mapa de calor del nivel de significación estadística de esta correlación. Además, descubrí que este mapa de calor coincide notablemente con las rutas de cocaína recientemente reveladas por la inteligencia policial, proporcionando una «triangulación» de una fuente externa confiable e independiente.

5. De la correlación a la identificación causal

En mi análisis titulado «Rastros del polvo blanco», aproveché 252 observaciones a nivel provincial entre 2007 y 2018 para intentar estimar el efecto causal de la salida de Estados Unidos de la Base de Manta en la tasa de muertes violentas de intención indeterminada. Para ello, implementé un modelo cuasi-experimental de Diferencias en Diferencias (DiD), que compara provincias altamente expuestas al narcotráfico (Tratamiento) versus aquellas con baja exposición (Control). Los resultados del modelo estadístico indican que tal evento (la clausura de la base de Manta en septiembre del 2009) resultó en un aumento del 75.48% en esta tasa para el año inmediatamente posterior del 2010 en las provincias del grupo Tratamiento (β = 0.562, p = 0.036). El modelo estadístico incluye efectos fijos por provincia, neutralizando diferencias estructurales entre ellas, y controla tendencias temporales comunes, minimizando el riesgo de sesgos por variables omitidas, por lo cual se presenta como un efecto causal. Este efecto se invierte con el tiempo, lo que sugiere la apertura de nuevas rutas de narcotráfico en la Amazonía.

Adicionalmente, realicé una serie de pruebas para verificar los supuestos clave del estimador DiD (tendencias paralelas, con coeficientes de interacción grupo-año para 2008 y 2009 no son significativos, con p > 0.72), así como pruebas de falsificación (mediante la asignación aleatoria de un tratamiento placebo, cuyos resultados no muestran efectos significativos, p > 0.05 para todos los años, lo que sugiere que el efecto observado en el modelo principal dista de ser espurio) y utilizando errores estándar robustos (de tipo HC1 agrupados por provincia, ajustando por heterocedasticidad y correlación dentro de las provincias).

6. Patrones geográficos y temporales

Pero quizás la evidencia más convincente de la posible ocultación de homicidios relacionados con el narcotráfico radica en la concentración geográfica y temporal de las muertes violentas de intención indeterminada. Como mostré en mi análisis titulado «El antropófago», estas muertes se agrupan en provincias y años específicos, coincidiendo con caídas en las incautaciones de cocaína – un patrón que es difícil de atribuir a eventos aleatorios, tales como las muertes accidentales.

Por ejemplo, nótese el contraste entre las variaciones anuales en 2009 (antes de la partida de la Base de Manta) versus 2010 (después de la partida).

O el contraste entre 2012 y 2013, año en que las incautaciones de cocaína cayeron abruptamente de nuevo.

Además, las muertes accidentales oficialmente registradas, como las fatalidades de tráfico, muestran una distribución relativamente uniforme a lo largo del tiempo y el espacio, lo que sugiere aún más que la inusual concentración de muertes violentas subreportadas puede ser el resultado de un esfuerzo por ocultar homicidios relacionados con el narcotráfico.

7. La magnitud del subregistro de muertes violentas

Durante un período de 12 años de 2007 a 2018, identifiqué que se desconocen las circunstancias exactas de la muerte de 7,379 ecuatorianos, un alarmante promedio de 615 muertes por año o 1.7 por día. Cada una potencialmente representa un crimen sin resolver. Estas cifras revelan una posible violación masiva y sistemática de los derechos humanos y una impunidad generalizada en Ecuador.

8. El aumento de otros indicadores preocupantes

8.1. La trata de personas: El comercio humano en las sombras

El fenómeno de la trata de personas, particularmente de niños, representa una de las más graves y escalofriantes dimensiones de la crisis que enfrentó Ecuador durante este período. Los datos revelan un patrón profundamente perturbador que coincide cronológicamente con los cambios en la política antinarcóticos y la hipótesis del establecimiento de la «Pax Narca».

Entre 2011 y 2013, Ecuador registró un aumento sin precedentes en los casos de trata infantil, superando en un alarmante 69.57% el promedio latinoamericano según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta estadística no representa simplemente un número; detrás de cada caso hay un niño o adolescente arrancado de su familia, privado de su libertad y sometido a condiciones inhumanas desde explotación hasta abuso sexual.

El inmediato y drástico aumento de la trata infantil tras el cierre de la Base de Manta sugiere una conexión con el fortalecimiento de las redes criminales transnacionales en el territorio ecuatoriano. Las organizaciones de narcotráfico, al establecer rutas y redes logísticas para el tráfico de drogas, frecuentemente diversifican sus actividades ilícitas para incluir la trata de personas, aprovechando la misma infraestructura criminal y los mismos puntos de vulnerabilidad fronteriza.

Un caso emblemático que ilustra las posibles conexiones entre el poder político y este flagelo fue el de Pablo Aníbal Izquierdo, pediatra y asesor presidencial entre 2011 y 2013. Su detención por transmisión e intercambio de material de abuso sexual infantil, con víctimas de entre 8 y 12 años, ocurrió precisamente durante el período en que las estadísticas de trata infantil alcanzaron su punto más crítico. La coincidencia temporal es, cuanto menos, inquietante, y plantea interrogantes sobre posibles redes de protección a criminales que podrían haber operado desde las altas esferas del poder.

La magnitud real de este fenómeno probablemente excede por mucho las estadísticas oficiales, considerando el bajo índice de denuncia característico de estos crímenes y los posibles esfuerzos institucionales por minimizar su visibilidad pública. Cada caso no reportado o no investigado adecuadamente representa una doble victimización: primero por los tratantes y luego por un sistema aparentemente diseñado para ignorar su sufrimiento.

8.2. Las desapariciones: Los ausentes que interpelan al Estado

El fenómeno de las desapariciones constituye quizás el indicador más desgarrador y a la vez revelador de la penetración del crimen organizado en el tejido social ecuatoriano durante el período analizado. Entre 2009 y 2014, Ecuador experimentó un incremento absolutamente extraordinario en las denuncias de personas desaparecidas: un aumento de 2.5 órdenes de magnitud, un patrón que trasciende cualquier explicación basada en factores socioeconómicos convencionales o cambios demográficos.

Este patrón escalofriante evoca inmediatamente paralelismos con la situación en México, donde, según documentó The New York Times, «Casi 100.000 personas han desaparecido… sus familias buscan pistas entre los muertos.» La diferencia fundamental radica en que, mientras en México este fenómeno ha sido ampliamente documentado y reconocido como una consecuencia directa del control territorial ejercido por los cárteles, en Ecuador permaneció relativamente invisibilizado, protegido por un manto de aparente estabilidad y discursos oficiales de éxito en materia de seguridad.

Una reciente investigación de la revista Plan V da cuenta de que el panorama es quizá mucho peor. Allí se recoge lo siguiente:

Juan Pablo Albán, defensor de DD.HH. y experto en prevención de desapariciones forzadas, recuerda que entre 2011 y 2013 hubo más de 17.000 denuncias y 4.500 casos no resueltos. Y que entre 2014 y 2018 se registraron más de 48.000 denuncias de desapariciones, 48.633 para ser más exactos. En su análisis, al ponderar estos números con la población de Ecuador, resulta que la problemática de las desapariciones forzadas es mayor que la de México, el país de la región que, en teoría, es el más conflictivo en este ámbito.

El dolor de las familias de los desaparecidos se ve exacerbado por la respuesta institucional que recibieron durante este período. Testimonios recogidos de asociaciones de familiares, como ilustra el caso de David Romo, desaparecido en mayo del 2013, describen obstáculos burocráticos sistemáticos, investigaciones superficiales, rápido archivo de casos, sugerencias de que los desaparecidos estarían involucrados en actividades ilícitas o, como el caso de David Romo, incluso bromear con que «quizá se lo llevaron los Marcianos», son narrativas no solamente revictimizantes sino que bien podrían haber servido el propósito de desviar la atención de posibles conexiones con el crimen organizado.

La formación de colectivos como la «Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador» (ASFADEC) en el año 2012 representa no solo una respuesta al dolor compartido, sino también un acto de resistencia civil frente a la indiferencia institucional. Estos grupos, conformados principalmente por madres, esposas y hermanas de desaparecidos, han documentado meticulosamente cada caso, creando un registro paralelo que contrasta dramáticamente con las estadísticas oficiales.

El aumento exponencial de desapariciones coincidente con el período de la supuesta «Pax Narca» constituye una de las evidencias más contundentes de que la aparente paz y reducción de homicidios oficiales ocultaba una realidad mucho más oscura: la de un estado que posiblemente había cedido espacios de control territorial y social a organizaciones criminales, con consecuencias devastadoras para los sectores más vulnerables de la población.

Reflexiones finales

La evidencia estadística sugiere consistentemente que la expulsión de los Estados Unidos de la Base de Manta en 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, impactó significativamente la actividad criminal organizada. Los patrones inusuales de concentración geográfica y temporal de muertes violentas de intención indeterminada en puntos calientes de narcotráfico, que difieren marcadamente de los patrones de muerte accidental, son difíciles de atribuir solo a otros factores.

La trata de personas y las desapariciones no constituyen fenómenos aislados, sino manifestaciones interconectadas de un mismo sistema de violencia e impunidad. Representan la faceta más cruel y deshumanizante de la presencia del crimen organizado en territorios donde el Estado ha abdicado de su responsabilidad fundamental de proteger a sus ciudadanos.

En su conjunto, la evidencia cuantitativa indica la existencia de una «Pax Narca» en Ecuador de 2010 a 2018 — una hipótesis que ya había sido conjeturada cualitativamente en años anteriores: desde Francisco Huerta, vocero de la Comisión de Angostura de 2009, quien afirmó que «No lo puedo probar, pero los hechos están demostrando que aquí el narcotráfico penetró con bendición oficial»; hasta Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, quien aseguró que «las FARC operaban en Ecuador bajo la autorización de Rafael Correa»; e incluso el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, quien reveló que durante el gobierno de Rafael Correa «teníamos paz porque se permitía el paso de droga».

Las cifras reveladas en esta investigación han sido lo suficientemente alarmantes y verificadas para que el presidente Daniel Noboa haya ordenado una auditoría integral de los datos sobre homicidios y violencia del crimen organizado, abarcando desde 2010 hasta 2023. Este paso, que incluye la solicitud al INEC para investigar «el manejo, procesamiento y obtención de los datos sobre homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas», refleja la gravedad de las revelaciones presentadas.

Solo enfrentando la verdad sobre su pasado reciente puede Ecuador esperar construir una sociedad verdaderamente libre, justa y democrática.