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El Ecuador cerró el 2023, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (Unodc), con una tasa estimada de 44 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Esta cifra duplica a la tasa de muertes registrada en 2022, que cerró en 25, 9 por cada 100 mil habitantes.
Ya en los primeros días de 2024, la violencia criminal escaló precipitadamente a niveles inéditos; con secuestros de guías penitenciarios, policías asesinados, atentados con explosivos, coches bomba y asaltos armados a medios de comunicación.
Esto obligó al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar un conflicto armado interno con el que identificó a 22 grupos terroristas como objetivos militares a neutralizar.
En ese marco, la Fundación Konrad Adenauer presentó el libro Economías Criminales, elaborado por los exministros del Interior, Patricio Carrillo y María Paula Romo, el exdirector de la cárcel de Cotopaxi, Mario Carrillo, y el catedrático Santiago Andrade Mayorga.
Este estudio es una radiografía del delito cuyo enfoque no es una mera imposición represiva, sino una inversión en el bienestar colectivo con una mirada multidimensional.
El Estado enfrenta un enemigo que lo supera
En su exposición, María Paula Romo explicó la enorme desventaja que tiene el Estado frente a la superioridad logística, operativa y económica que poseen los grupos terroristas.
En consecuencia, Romo cree que la seguridad nacional es un asunto que atañe a todo el Ecuador, al margen de cualquier adhesión política. En el prólogo del estudio se insiste en esta idea:
Todos nosotros, como ciudadanos, tenemos un rol que desempeñar en la construcción de una sociedad libre de la amenaza de las economías criminales.
Según la exministra, este es un diagnóstico que invita a la reflexión de toda la ciudadanía y un llamamiento a la acción de las autoridades para combatir a estructuras mafiosas sofisticadas.
La desconfianza en el Estado es abrumadora
En esa línea, Santiago Andrade explicó que la debilidad institucional propició que 9 de cada 10 ecuatorianos, al término de 2023, desconfíen del Estado.
Por ello, dijo, es necesario una reestructuración tendiente a generar un nuevo modelo de seguridad pública integral para depurar la presencia del crimen organizado en los distintos niveles de la sociedad ecuatoriana.
En este sentido, el involucramiento ciudadano y la participación de la sociedad civil, de acuerdo con Andrade, es fundamental para generar estos cambios.
De lo contrario, concluyó, el Estado continuará inmerso en esta espiral de progresivo desgaste.
Las mafias tienen un portafolio criminal diversificado
Patricio Carrillo explicó que la presencia militar y policial en las calles no basta para enfrentar a los grupos terroristas. Para el exministro del Interior, los excesos cometidos por la fuerza pública contra jóvenes marginales pueden deshumanizar a la ciudadanía.
La sed de sangre y balas, dijo, sólo abona a la descomposición del tejido social. Además, continuó, el operativo de incautación de 22 toneladas de droga en el Estero Lagarto, en Vinces, demuestra que se requiere de una comprensión holística sobre la multiplicidad de delitos que convergen en un mismo caso: tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, testaferrismo, etc.
Estos grupos mafiosos, según Carrillo, se atomizaron y actualmente están fuera de control. Sin un liderazgo que los cohesione, le corresponde al Estado neutralizarlos en toda su dimensión.
Uno de los primeros pasos a seguir en esa dirección, de acuerdo con el exministro, sería la militarización de las cárceles mediante un cuerpo de élite que tome el control de los pabellones para evitar la reunificación de grupos terroristas y desmantelar las redes de planificación de delitos que operan desde las celdas.
Estos y otras aportes incluidos en Economías Criminales pretenden orientar el marco de acción de las autoridades contra el terrorismo desde un enfoque transversal.
