El caso metástasis confirmó que las investigaciones de Villavicencio eran ciertas y mostraban, con toda crudeza, la dramática penetración del crimen organizado en las instituciones. No es coincidencia que estos siniestros personajes son los mismos que vigilaban y debatían sobre la vida de Fernando Villavicencio. Es por esto que la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, resolvió incluirlos en la investigación de autores intelectuales que continúa afinando los detalles sobre los responsables de este asesinato.

Crónica del delito

A 11 días de la primera vuelta electoral, el ajetreo en la campaña se intensificó. Villavicencio iba y venía de ciudad en ciudad. Recorría los barrios, asistía a encuentros con medios de comunicación, foros en universidades y eventos masivos.  A su retorno de una entrevista en Ecuavisa, el 9 de agosto tenía que presentarse en el coliseo del Colegio Anderson, en Quito, aproximadamente a las 16h30.

Aproximadamente a las 18h12, luego de pronunciar la que sería su última alocución frente a sus simpatizantes, Villavicencio fue emboscado por 5 sicarios de nacionalidad colombiana -de los 7 primeros implicados en el hecho- que dispararon en seis ocasiones contra el cristal del asiento posterior de la camioneta doble cabina en la que se movilizaba.

Al cabo de 8 minutos de un intenso intercambio de balas entre los agentes que resguardaban al político alauseño y los ejecutores de su asesinato, el enfrentamiento cesó con un saldo de trece heridos, entre ellos la asambleísta Gissella Molina y tres policías, y el sicario Johan David Castillo López, alias “Ito”, abatido por la Policía con 9 tiros en el cuerpo en la escena del crimen.

Villavicencio fue trasladado inmediatamente a la Clínica de la Mujer con un impacto de bala en su cabeza y un pulso muy débil. Los médicos le proporcionaron reanimación cardiopulmonar (RCP), pero falleció 15 minutos después. 

Mientras tanto, Ito fue llevado a la Unidad de Flagrancia de la Mariscal donde también falleció. 

Según el exministro del Interior, Juan Zapata, ese procedimiento -por el que la Policía ha sido duramente cuestionada- está en investigación. “No podía llevarse a la misma casa de salud donde fueron trasladadas las víctimas porque se amplificaba el riesgo. 

No se sabía si podían llegar más personas a quizá terminar lo que lastimosamente habían planificado, por lo tanto eso se encuentra en investigación, pero ese procedimiento fue inclusive coordinado con el ECU911”, aseveró.

Una rápida captura

Sorprendentemente para las 21h30 del mismo 9 de agosto ya habían sido apresados seis de los gatilleros que participaron en el magnicidio tras varios allanamientos en inmuebles ubicados en zonas del sur y suroeste de Quito; específicamente en Monjas, Argelia Baja, Conocoto, San Bartolo, Guamaní y La Ecuatoriana. 

Entre los indicios recabados en las redadas, se hallaron un vehículo reportado como robado, una maleta que contenía un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cuatro cajas de municiones y dos cargadores de fusil, además de dos motocicletas.

En tanto, el expresidente Guillermo Lasso convocó al gabinete de seguridad y a las máximas autoridades del Estado para anunciar un nuevo estado de excepción por 60 días, la continuidad de las elecciones extraordinarias sin modificaciones en su calendario y, sobre todo, la solicitud al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para que coopere con las autoridades nacionales en la investigación del magnicidio. 

En la madrugada del 10 de agosto, en cambio, se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los seis sicarios. Se les imputó el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 numerales 9 y 10 del Código Orgánico Integral Penal que reza:

“La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años” si se produce durante concentraciones masivas o si es perpetrado contra un dignatario o candidato a elección popular.

La fiscal del caso presentó 22 elementos de convicción levantados en la escena del crimen y en los allanamientos. Entre ellos, por ejemplo, constaban las versiones de algunos testigos, los indicios levantados por criminalística, (el arma con la que se cometió el atentado, las 61 vainas 9 milímetros y tres vainas 2-23), análisis de las cámaras de seguridad, pericias balísticas y el protocolo de autopsia; este último determinó que las vainas calibre 2-23 encontradas en el lugar del asesinato coincidían con el fusil hallado en los allanamientos.

En mérito de lo expuesto, el juez de flagrancia dictó prisión preventiva contra los seis sicarios, en calidad de autores materiales directos.

El asesinato de los asesinos

Permanecieron recluidos, inicialmente, en la Unidad de Flagrancia, luego en la cárcel de Cotopaxi, después en la Cárcel de máxima seguridad La Roca -donde también fue trasladado Adolfo Macías, alias “Fito”, el 12 de agosto tras un megaoperativo en la Cárcel Regional- y, finalmente, en el pabellón 7 (controlado por los Fatales) de la Penitenciaría del Litoral donde fueron asesinados el 6 de octubre, en la víspera del cierre de la instrucción fiscal.

Por otra parte, el 13 de agosto, una delegación del FBI arribó al país y delineó la estrategia de cooperación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre el 7 y el 8 de septiembre, asimismo, en las postrimerías de los primeros 30 días de instrucción fiscal, la Policía desplegó varios operativos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo para capturar a 7 personas más, presuntamente vinculados con el asesinato. 

Dos de ellos fueron arrestados en allanamientos al sur de Quito, los otros cuatro fueron detenidos mediante la ejecución de boletas de captura en las cárceles de El Inca (Quito) y (Cotopaxi) Latacunga, y el séptimo sospechoso fue apresado en Chimborazo.

En la audiencia de vinculación y formulación de cargos, la fiscal del caso detalló los elementos de convicción con los que justificó su incorporación al proceso. 

A través de técnicas de vigilancia y seguimiento, interceptaciones telefónicas, entrevistas, pericias de secuencia de imágenes, barrido de cámaras, entre otras, se determinó que la orden para matar a “Don Villa”, como era conocido por sus amigos y seguidores, salió desde la cárcel de Latacunga a través de mensajes y llamadas de WhatsApp provenientes del celular de Carlos Angulo, PPL relacionado al grupo delictivo Los Lobos.

Por si fuera poco, Laura Castillo Velin, alias “Laura”, otra de las vinculadas al proceso, también guardaba cercanía con Johan Castillo, el sicario colombiano abatido por el equipo de seguridad de Villavicencio, dos meses antes del hecho. 

El 17 de junio, ambos, junto a tres personas más, fueron detenidos por la Policía en la zona de Guayllabamba, parroquia del norte de Quito, por incurrir en el delito de porte y tenencia de armas ilegales. Laura Castillo y los otros tres implicados no fueron procesados y Johan Castillo incumplió, como parte de las medidas sustitutivas impuestas en su contra, la presentación periódica ante el juez.

Sicarios con camino recorrido

Según recoge El Espectador, los siete sicarios colombianos -incluyendo a alias Ito- tenían antecedentes penales en Colombia y Ecuador. 

Andrés Manuel Mosquera Ortiz, originario de Cali, en 2018 cumplió una sentencia de cuatro años de prisión por fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones; José Neider López Hitas tenía antecedentes por hurto en menor cuantía; Adey Fernando García García, también de Cali, fue procesado por fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones, y homicidio agravado. 

También fue acusado de violencia contra servidor público, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y por concierto para delinquir agravado; Camilo Andrés Romero Reyes fue enjuiciado por el delito de receptación; Jules Osmín Castaño Álzate tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y hurto en menor cuantía; Jhon Gregore Rodríguez Gomgora no registra antecedentes por las autoridades colombianas, pero fue detenido, junto a otro de los sicarios, por un hecho violento y un juez le dictó medidas sustitutivas que incumplió el mismo día del asesinato.

En cuanto a los otros siete imputados, Erick Marcelo Ramírez Párraga y Víctor Alonso Flores están procesados por receptación al encontrarse en su poder un auto y una motocicleta reportados como robados. Carlos Edwin Angulo Lara fue detenido, junto a otros sospechosos, el 31 de enero de 2022 y, tres meses después, fue sentenciado a 54 meses de prisión por tráfico de armas, drogas y receptación. 

Según la información recuperadas por las pericias practicadas al celular de Johan Castillo, Angulo fue quien ordenó, desde su celda, el asesinato de Villavicencio. José Leonardo Montaño Cuadro registra detenciones por robo, asociación ilícita, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Alexandra Elizabeth Chimbo Farinango no registra antecedentes penales adicionales a la causa por asesinato. Oscar Andrés Fierro Flores tiene antecedentes por robo y dos acciones penales abiertas por alimentos.

En lo que concierne a Laura Dayanara Castillo Velin, era monitoreada por agentes investigadores desde enero de 2023, pues pertenecía a una célula delictiva -asociada con Los Lobos, quienes le proveían de marihuana y pasta base de cocaína- que se dedicaba al tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos en el sur de Quito, en los distritos Eloy Alfaro y Quitumbe, y en el Valle de los Chillos.

Además, desde el 2 de septiembre pasado alias Laura tenía una orden de prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada. Sobre la base de la indagación por ese proceso, los agentes a cargo interceptaron las comunicaciones de Laura y descubrieron que ella disponía el expendio de droga, robo y adquisición de armas de fuego. No obstante, lo más grave es que esas escuchas telefónicas revelaron la planificación de un atentado contra Villavicencio.

Sorpresas

El exministro del Interior, Juan Zapata, explicó que este grupo de delincuencia organizada (GDO) estaba bajo vigilancia de la Policía por una investigación relacionada a tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Por ello, pese a que sabían que se planificaba un atentado contra Villavicencio, no podían actuar porque el operativo se ceñía a otro tipo penal. 

Un día antes de perpetrar el atentado, un automóvil blanco, reportado como robado, recorrió las inmediaciones del colegio Anderson entre las 23h00 y las 23h30, de acuerdo con lo captado por las cámaras del sector. Ese mismo vehículo fue utilizado por Laura horas antes del asesinato de Villavicencio para movilizarse desde el sur capitalino hacia Conocoto, escoltada por dos motocicletas; una de ellas, abandonada en la zona del tiroteo.

Por otro lado, Carlos Angulo, quien dio la orden de asesinar a Villavicencio desde prisión, presentó dos pedidos de habeas corpus a mediados de septiembre y octubre respectivamente, pero ambos fueron negados. La última acción que interpuso fue una apelación a la prisión preventiva, pero se desistió minutos antes de efectuarse la audiencia.

La última sorpresa llegó el 21 de noviembre, cuando Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, anunció la postergación de la audiencia preparatoria de juicio contra los seis sospechosos que quedan vivos. La diligencia se llevará a cabo el 19 de diciembre a las 09h30. Según parece, el diferimiento se debe a que Laura Castillo y Carlos Angulo cambiaron de abogado.

Este 18 de diciembre, faltando pocas horas para la nueva audiencia se notificó a los familiares de Villavicencio que esta se posterga una vez más. Se llevará a cabo el 6 de febrero de 2024, por una petición de diferimiento de Laura Castillo Velín.

En medio de un ambiente de zozobra a partir del operativo metástasis aparecen nuevos elementos a la investigación, chats e información de que la red de delincuencia organizada liderada por el difunto Leandro Norero tenía en la mira a Villavicencio, sacude a la opinión pública. Aunque no eran desconocidas las vinculaciones entre Norero, Javier Jordàn y Anderson Boscán ahora son innegables y esta información promete ampliar el panorama de investigación.

Las sanciones a la cápsula de seguridad

El 18 de mayo, tres meses antes del asesinato, el Capitán Cristian Cevallos, responsable de la cápsula de seguridad, solicitó a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional (DINPRO) la asignación de agentes de refuerzo, vehículos y armas largas por el incremento de amenazas a Villavicencio.

Los primeros días de agosto insistió en su petición y requirió a sus superiores el envío de unidades tácticas, operativas y de inteligencia para que escolten al excandidato presidencial durante sus traslados de campaña, pero tampoco obtuvo respuesta.

Según el exministro del Interior, Juan Zapata, la línea de mando de la Policía Nacional está dividida en distintos canales de comunicación y filtros que revisan la pertinencia de las solicitudes de armamento y protección. En el último nivel de esta jerarquía se encuentra el titular de la Cartera de Estado.

“Lo que a mí me corresponde es, cuando llega un análisis de riesgo, disponer inmediatamente a la Policía Nacional que cumpla con esa disposición. El análisis de riesgo es el que determina la logística, el número de policías, inclusive patrullajes o botón de pánico. Eso es un tema operativo que no cae en el ámbito de mis competencias. No es que el Capitán Cevallos tenía que solicitar a mí. No soy su órgano inmediato superior”.

Pese a eso, la Dirección de Asuntos Internos le abrió dos expedientes disciplinarios a Cevallos. 

Uno de ellos concluyó con una sanción pecuniaria en su contra, al encontrarse inmerso en una falta disciplinaria cometida mientras aún vivía Villavicencio. Esta solo habría sido notificada, en dos ocasiones, después de su muerte, el 1 y el 28 de septiembre de 2023.

Periodismo de Investigación envió un requerimiento de información a la Dirección de Comunicación de la Policía Nacional para conocer los avances en el trámite administrativo contra Cevallos, pero, hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

El armamento solicitado con meses de anticipación llegó al día siguiente del asesinato. Según Zapata, la responsabilidad de ello recae en los jefes de la DINPRO, la Dirección Nacional de Inteligencia y el excomandante General, Fausto Salinas. Consultado sobre si las sanciones administrativas impuestas a Cevallos se extendieron a sus superiores, el exministro aclaró que eso se resolverá en el campo penal, sin perjuicio de responsabilidades administrativas.

“La Fiscalía por eso mismo ha citado a dar versión a todos quienes tienen la línea de mando operativa. Y si en la parte administrativa se observan también incumplimientos administrativos, nosotros tenemos los investigadores que sabrán hacer lo que corresponde”, precisó.

Sin embargo, lo más grave es que ni el capitán Cevallos ni el cabo segundo, Jorge Trujillo, estaban cualificados para la protección de dignatarios o personas importantes. Villavicencio tenía un perfil de riesgo del 98%.

El informe de la hoja de servicio de la cápsula de seguridad de Villavicencio incluye todos estos antecedentes. Ese documento lo emitió la Dirección Nacional de Inteligencia y tenía el carácter de reservado. Por ello, se solicitó a la FGE que se levante la confidencialidad. La Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado lo ejecutó y puso en conocimiento sus pormenores.

“Yo no me quiero adelantar sobre si ellos no tenían la experticia. Lo que pasa es que yo no puedo revelar algo que está bajo reserva en Fiscalía, pero la investigación se está dando. Yo tengo gente de seguridad que está conmigo. No soy yo quien determina si ellos están en la capacidad o no, porque yo entiendo que lo mandó el organismo correspondiente”, contó Zapata.

Asimismo, el procedimiento de los servidores policiales durante el tiroteo también se encuentra en investigación, puesto que alias Ito, el sicario que atentó contra Villavicencio, recibió 9 impactos de bala en el cuerpo, fue linchado por la gente y lo trasladaron a la Unidad de Flagrancia en estado crítico.

“Quien podrá determinar si es que hubo o no (un uso desmedido de la fuerza) no soy yo, será la justicia, pero también tenemos que entender que hay sicarios que vienen con armas largas, con explosivos, con granadas, no pretendan tampoco que la Policía les reciba con flores”, expresó.

La investigación avanza con dudas sobre la idoneidad de la respuesta de la cápsula de seguridad contra los sicarios, su grado de experticia para el resguardo de Villavicencio y las conductas omisivas del Alto Mando Policial ante los reiterados requerimientos de más y mejor equipamiento para su protección. Todo indica, por ahora, que la cuerda se romperá por el lado más débil.

Amigos desde 2008

Pablo Orellana, su amigo y miembro del Cuarto de Guerra en la campaña, recuerda que cuando se enteró que Villavicencio se candidatizaría a la Presidencia le dijo:“este es tu  momento”, pues no había otra persona capaz de llevar las riendas del país en medio de la grave crisis de seguridad.

Un día antes del asesinato, el 8 de agosto, Orellana acompañó a Villavicencio a la FGE a entregar la que sería su última denuncia sobre presuntas irregularidades en la negociación y adjudicación de contratos petroleros. Almorzaron juntos, se trasladaron al aeropuerto de Quito con destino a Guayaquil por las entrevistas agendadas en Ecuavisa a la 07h00 y en Radio Sucre a las 08h00, y una pequeña rueda de prensa.

“No le pude acompañar a Ecuavisa, pero ya nos vimos en Radio Sucre. Luego de eso, Fernando fue a recoger sus cosas y fuimos al aeropuerto. No tenía programado realmente viajar con Fernando a Quito el miércoles, porque era un mitin y ya había otras personas que le iban a acompañar allá, pero Fernando me pidió que le acompañara para una reunión y un almuerzo con dos personas, entonces decidí acompañarlo”, recapituló.

Lo que sí le pareció extraño a Orellana es que desde el martes 8 de agosto, Villavicencio se movilizaba en Quito en una camioneta doble cabina “normal y corriente” y que no parecía encontrarse en buen estado. Ese vehículo fue el mismo en el que subió el día en que fue asesinado a la salida del mitin. 

“No estaba el blindado en Quito porque Fernando se estaba movilizando entre Quito y Guayaquil, y como era a veces viaje de ida y vuelta, decidieron que el blindado se mantenga en Guayaquil. Yo realmente no decidía, sino que había un equipo de logística y seguridad”, comenta.

Ya en Quito, a pocos minutos del fatal mitin en el Anderson, Villavicencio no iba a ir si no había asistencia. El asistió porque, según cuenta Orellana, el evento  ya se había aplazado y ya no quería quedar mal.

Villavicencio, una vez que recibió la confirmación telefónica de que el coliseo estaba lleno, les pidió a estas dos personas que lo acompañaran al mitin para luego continuar con su reunión. No formaban parte del equipo de campaña, pero trabajaban en el ámbito de la comunicación política y las relaciones públicas. 

El mitin

“Llegamos al mitin y no vi nada extraño. Eso sí, Fernando pidió que no durase más allá de 30 minutos el evento, porque no quería alargarse, pero finalmente el evento duró hora y cuarto, si no es más”, contó.

A la salida del mitin, la camioneta doble cabina estaba estacionada con el conductor adentro y las dos personas con las que se reunió Villavicencio en el asiento posterior.

“Intenté subirme en la camioneta, pero ya estaba llena porque Fernando había pedido que esas dos personas se suban con él y después pasó lo que pasó. Yo al darme cuenta, me di la vuelta y empezó la balacera. Yo estaría a tres metros de Fernando. Calculo que serían unos 100 disparos que escuché por todo lado. En algún momento pensé que eran fuegos pirotécnicos. Cuando me levanté, la camioneta ya no estaba ahí. El blindado llegó 5 minutos después de lo que pasó. De ahí fuimos a la clínica y cuando llegué Fernando ya había fallecido”, relató. 

“Fernando nunca fue notificado de algo. Realmente yo nunca me enteré de que había una alerta, sino Fernando no hubiese ido. Tengo que confiar en el equipo de seguridad porque él confiaba en su equipo de seguridad”, sostiene.

Orellana menciona que los escoltas de Villavicencio solicitaron en reiteradas ocasiones apoyo al GOE para el resguardo, pero que en muchas ocasiones simplemente no llegaban. 

“Había ocasiones en que la Policía no le daba lo que necesitaba. No tenían carro, no había gasolina. Para mí eso era negligencia. Si había una persona que tenía más del 90% de riesgo, no nos podían decir que un día sí hay y otro día no hay, peor aún en plena campaña electoral”.

Cuando estos pedidos no eran atendidos por las autoridades, según comentó Orellana, el equipo debía suplirlo con gestión propia. Ya sea con un dinero extra para la gasolina o a través de la empresa privada.

“El blindado que Fernando normalmente utilizaba, fue una gestión mía. Se hizo a nivel de unos amigos y se pudo conseguir ese carro blindado. El auto ya estaba con Fernando, si no me equivoco, unos tres meses. Era nivel 4, tenía todas las garantías, pero entenderá usted que Fernando tenía un solo blindado. Ahí necesariamente tenían que buscar otro vehículo”, aseguró.

Tres días antes del asesinato, llegó un segundo blindado, pero primero tenía que pasar la revisión para estar operativo. La Policía nunca les proveyó de un auto con esas características.

“No fue nada fácil conseguir ese blindado. Ese carro normalmente estaba en Quito. Lo que pasa es que ya vinieron los cierres de campaña y ya las movilizaciones eran mucho más seguidas. Entonces ya no daban los tiempos para llevar el carro a otro lado”.

Tampoco existían los anillos de seguridad que Fausto Salinas, excomandante de la Policía Nacional, dijo que resguardaban a Villavicencio. 

“El día que yo estuve en la clínica yo me di cuenta que gente de la Policía se acercaron, entraron directo donde Fernando estaba en esa camilla ya fallecido. Entonces yo fui atrás porque ellos cerraron esa cortina que divide las salas de emergencia y vi que le estaban tomando fotos a Fernando”, recordó.

Según recuerda Orellana, uno de los que fotografió el cuerpo, sin dar ninguna explicación, era Salinas. Inmediatamente, el Director de la clínica prohibió el ingreso al cubículo. Hasta la fecha, se desconoce con qué fines se tomaron esas fotografías.

El primer y el último día con Villavicencio

Periodismo de Investigación conversó con una de las personas -quien pidió la reserva de su identidad- con las que Villavicencio se reunió horas antes de su asesinato.

¿Cómo conociste a Fernando Villavicencio?

La oportunidad de departir la tuvimos ese mismo día. Nosotros estábamos en algunos chats de campaña para esa candidatura. Pero personalmente lo conocimos ese día.

¿La reunión tenía como propósito algún tipo de asesoría para el cierre de campaña?

No. Algunas otras personas ya estábamos formando parte de la campaña de él y haciendo asesorías en territorio. Hablamos, sobre todo, del análisis político de la campaña.

¿Ustedes entraron al evento con Fernando?

Sí, claro que sí.

¿Notaste algo raro en el coliseo?

Había humo y olía a pólvora. Pensé que arrojaron pirotecnia porque ya estaba disipándose.

¿La camioneta estaba con el conductor?

Sí, el policía Cañizares estaba dentro del vehículo cuando empezaron los disparos.

¿Y a la salida, una vez dentro del vehículo, sufriste alguna herida producto del tiroteo? 

No, gracias a Dios no. La otra chica sí sufrió una herida en la parte posterior de la cabeza.

¿Dentro de la clínica viste a algún Policía tomando fotos?

No, pero luego encontré videos de una persona que había grabado todas la camillas que estaban en emergencia. Yo estaba en uno de esos cubículos, pero yo no recuerdo cuando esa persona pasa por adelante y filma. Ese video nos llegó enseguida, entonces yo pregunté quién había filmado y uno de los médicos que estaba me dijo que fue un policía. 

¿Cómo fue la atención en emergencia?

Quien atendió a Fernando fue un doctor externo. Yo lo comenté en mi versión. Los médicos y las enfermeras de la clínica estaban en shock. 

¿En qué estado llegó Fernando a la clínica?

Inconsciente, por eso creo que fueron muchos más disparos.

¿Qué secuelas ha dejado en ti esta tragedia?

Te cuestionas si es mejor dejar la política, dejar la valentía. Tienes un conflicto de pensamientos porque quieres seguir luchando, pero también te da miedo. He tratado de alejarme como para ya no estar saturándome, porque duele, duele mucho. Realmente duele el corazón. Cada vez que hablo de esto es volver a recordar el momento. 

Además, también tengo miedo a las motocicletas. No lo puedo superar todavía. No he salido en mucho tiempo, pero eso sí te queda. Te recuerda ese momento. Me dejó un sabor amargo saber que el camino correcto conlleva estos riesgos. Es duro de entender. 

Memoria y responsabilidad

Tamia Villavicencio abre su corazón, destacando el dolor y la reflexión profunda que ha marcado estos 3 meses y medio desde la trágica pérdida de su padre. 

La evocación de su figura como «padre amoroso, periodista, gran orador y político» resalta la diversidad de roles que desempeñaba, subrayando la magnitud de su ausencia.

Tamia, al expresar sus pensamientos sobre la posible prevención del asesinato de su padre, apunta directamente a una responsabilidad compartida. Critica la falta de calificación de los policías encargados de su seguridad y señala la ausencia de medidas preventivas, cuestionando la actuación de la Policía Nacional evidenciando la negligencia antes, durante y después del magnicidio.

“Los policías no estaban calificados para protegerlo y aún así siguieron en sus cargos, tantas veces que se pidieron refuerzos, nunca se le proporcionó un auto blindado, la lista de negligencias por parte de la policía es algo que no detallaré pero siembra muchas dudas en el accionar de la Policía Nacional y del Estado”.

La reflexión sobre la responsabilidad se extiende más allá de los actores directos, llegando a nivel internacional, a la responsabilidad de los gobiernos de México y Colombia en relación con el crimen organizado y el narcotráfico.

“Mi padre asumió muchas responsabilidades, las que la justicia de este país no hizo, las de todas nuestras voces que nos quedamos en silencio, él hablaba por todos nosotros y cada vez entiendo mejor que nos correspondía a todos no sólo a él”.

La voz de Tamia es poderosa y universal, con dulzura pero llena de determinación invita a la sociedad a cultivar la memoria, asumir la responsabilidad y a comprender que la lucha contra las injusticias es una tarea colectiva. 

Comenta que si debiera escoger una de las frases que más le gustaba a Fernando sería: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir”, que nos recuerda que su memoria y su compromiso con la justicia vive en cada uno de nosotros.

Se habla mucho del legado de Fernando Villavicencio, sin embargo Tamia invita la organización social, a la unión de las valentías, a construir colectivamente el Villavicencismo como una guía, una estructura de valores y virtudes que sí existen en cada uno de los ciudadanos,  

“En cada uno de nuestros corazones, en cualquier rincón de este Ecuador Valiente, puede volver a germinar la semilla de honestidad y valentía que nació en en ese niño alauseño que soñó con cambiar las estrellas de un país, que siguió su corazón hasta el infinito” comenta Tamia Villavicencio. 

A través de sus palabras, no solo comparte su dolor, sino que también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la construcción de una sociedad más justa y libre. 

Su mensaje resuena como un llamado a la acción y la unidad, inspirando a todos a seguir el ejemplo de valentía de su padre, “esa golondrina que sí hace verano que se convirtió en el vuelo del cóndor eterno, será la inspiración para vencer a las mafias de Ecuador ”.