El caso mas extremo es el protagonizado por el juez laboral Luis Alberto Quintero Angulo, que emitió una sentencia de carácter constitucional que le obligó al Banco Central del Ecuador indemnizar, nuevamente, a 33 ex empleados del banco por la exorbitante suma de $25 millones de dólares. Los ex funcionarios recibieron sus liquidaciones cuando fueron separados de esa institución hace 18 años.
La sentencia de Quintero tiene otro aditamento: la consideró inter comunis, es decir que la sentencia también puede alcanzar a otros terceros no accionantes que también hayan prestado servicios en el Banco Central, que hayan sido cesado en sus funciones por la misma causa, en la misma fecha y con el mismo fundamento.
Esto quiere decir que si los 294 ex funcionarios que también fueron cesados ese mismo día por el Banco Central, tendrían derecho a reclamar, una millonaria suma que dobla el patrimonio técnico que esa entidad bancaria posee.
En buen romance, una acción de protección les va entregar todo el dinero del Central a un grupo mayor a 300 extrabajadores por haber sido despedidos hace 18 años.
Que el último funcionario cierre la puerta y apague la luz
Miembros de la judicatura denunciaron públicamente en agosto de 2020 el hackeo al sistema informático de sorteo de causas. Se acuerda una hora con la persona que hace la recepción (de documentos) y consiste en eliminar a ocho o nueve jueces y dejar solo tres de preferencia para conformar el tribunal , señalaron las autoridades.
Las denuncias se acompañaron con informes que la unidad de transparencia de la judicatura realizó y que relacionó a 61 jueces y un buen número de secretarios judiciales del distrito Guayaquil.
Uno de los jueces y casos señalados fue el de Luis Alberto Quintero Angulo de la Unidad de Trabajo de Guayaquil, que el 18 de diciembre de 2019 aceptó la acción de protección que 33 ex trabajadores del Banco Central del Ecuador solicitaron.
Ellos fueron desvinculados en 2004, cuando el banco inició un proceso de supresión de partidas luego de evaluar las nuevas necesidades que requería la dolarización.
El dólar le hizo perder al Banco Central la capacidad de dirigir la política monetaria del país y con ello buena de los puestos laborales.
Un informe del Departamento de Recursos Humanos del BCE del 4 de febrero de 2004 reveló que la entidad debía reducir el 40% de su presupuesto según las necesidades de austeridad impuestas por el gobierno de Lucio Gutiérrez.
Entonces se emitieron las Políticas de Redimensionamiento, Distribución y desvinculación del Personal del Banco Central. El 9 de febrero el gerente del Banco, Leopoldo Baez (+), dio a conocer todos los casos y la indemnización a cada empleado con $1000 por año de servicio y un valor máximo de $30.000, tal como estableció la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, LOSCA.
Desde entonces los funcionarios despedidos iniciaron sendos procesos en el área contenciosa administrativa; datos del departamento jurídico del Banco Central señalan que desde 2004 varios accionantes iniciaron 29 juicios contenciosos.
De estos casos en 18 se declaró que la supresión de puestos fue legal y en otras cuatro causas los peticionarios abandonaron la demanda.
Quedan por resolverse cuatro causas a nivel de Corte Nacional, una demora que configura la realidad de la justicia.
La sentencia del juez Quintero Angulo señaló que el BCE vulneró los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, al trabajo y la motivación y como reparación ordenó la restitución en sus cargos y si estos fueron suprimidos deberán repararse con el pago que corresponda.
La sentencia fue apelada por el Banco Central y en segunda instancia, el 5 de febrero de 2020 la Sala Especializada Penal de la Corte del Guayas, compuesta por Beatriz Cruz Amores, José Eduardo Cuellar Punin y Henry Morán Morán recharazon la apelación del BCE y ratificó la vulneración de derechos de los ex trabajadores.
El BCE entonces acudió a la Corte Constitucional donde sufrió el último golpe el 21 de junio de 2021 porque esta decidió no admitir su pedido.
¿Cómo es que el BCE perdió el juicio por no presentar de forma adecuada sus alegatos? Funcionarios de la entidad han señalado que el BCE no tiene tiene abogados especialistas en temas constitucionales y que por ello sus apelaciones nunca fueron aceptadas.
Con la sentencia en firme el juez de primera instancia, Luis Alberto Quintero Angulo, ordenó una pericia que determine los valores a pagar.
El premio mayor
La sentencia en firme llevó el expediente al juez inicial que promovió la fase cumplimiento de la sentencia. Se designó un perito contable que determine el valor exacto a pagar a cada ex empleado.
Fue seleccionado el contador Marlon Aguilar, que presentó su calculo de liquidación el pasado 12 de enero de 2022 en base a las remuneraciones no recibidas entre marzo de 2004 y enero de 2022. Incluyó además el cálculo de fondos de reserva, pagos al IESS además de los decimos tercer y cuarto sueldos, mas intereses.
El resultado fue $24.868.814,56 como total de las indemnizaciones. Los 33 ex trabajadores recibirán entre los 300 y 800 mil dólares como resarcimiento por haber sido despedidos.
Con auto de 14 de octubre el juez Luis Alberto Quintero emitió un auto extensivo de la sentencia por el denominado efecto inter comunis, que permite, en primera instancia sumar a 118 ex funcionarios a la sentencia emitida en favor de los 33. El BCE ha calculado que indemnizar a los 118 restantes significará $88,9 millones y que si se hace extensivo a todos los trabajadores despedidos ese día de febrero de 2004, el monto total será de $261 millones.
