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Por primera vez en Ecuador un fallo judicial da la posibilidad de crear sindicatos por rama de actividad y no únicamente por cada empresa o fábrica.
Que la situación de los agricultores del Ecuador vive uno de sus peores momentos en décadas, es algo que ya se sabía. Se nota al recorrer los campos. Se siente al caminar por las tierras sembradas que no tienen el retorno esperado.
Era un escenario que estaba planteado, completamente dibujado en los primeros meses de este 2021, cuando los dos candidatos finalistas presidenciales disputaban cada voto para poder llegar a Carondelet.
En ese momento, los ofrecimientos no se escatimaban. Las soluciones brotaban a cada exigencia como por arte de magia. O como por arte de una campaña política. Al pedido de mejores precios para los productos agrícolas se decía que sí, que inmediatamente, que al día siguiente de asumir el poder se tomarían esas decisiones. Que las fronteras se blindarían para evitar el ingreso de arroz peruano, que inunda el mercado interno del Ecuador y provoca la caída de su valor. Que los créditos para el campo se entregarían con el 1% y a 30 años plazo. Todos son ofrecimientos aún pendientes. Pero la crisis en el agro ya no pudo soportar más.
El primer aviso con medidas de hecho se dio en julio pasado, a no más de dos meses de haberse instalado en el poder el presidente Guillermo Lasso. Para entonces se consiguió una tregua, que no duró más de un mes adicional. La segunda protesta, con cierre de carreteras incluidas, se dio el pasado 11 de agosto.
Los trabajadores de las haciendas bananeras pusieron su producto en las vías, porque sostienen que tan desvalorizado está, que ya no se pierde mucho botándolo en cualquier lado.
Y a ellos los tienen atrasados en el pago de sus jornales. Les dicen que no hay plata porque los exportadores siguen pagando lo que les place -menos de dos dólares por caja de banano- y no el precio oficial -que está en más de $6-. A esos precios es imposible cumplir las obligaciones. Los exportadores sostienen que los mercados mundiales están comprimidos, efecto de la pandemia, y no hay dónde colocar y vender el producto. Y los precios se han caído.
En medio de todo este oscuro escenario, que no es nuevo y viene desde hace muchos años, una luz se encendió para los trabajadores bananeros. Aquellos que solo tienen como su único recurso a su propia fuerza física para ganar un jornal diario. Aquellos que se sienten como los últimos en la fila de la cadena productiva, pese a ser los esenciales. Ahora sienten que han ganado una batalla.
https://periodismodeinvestigacion.com/2020/01/27/el-baile-de-los-que-sobran/
El 25 de mayo pasado, luego de que una jueza de primera instancia negara la acción de protección presentada por trabajadores bananeros para que se les reconozca su derecho de poder sindicalizarse de acuerdo a su rama de trabajo, y no por cada empresa, la apelación respectiva pasó a conocimiento de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, que resolvió revocar la negativa de la jueza de primer nivel y conceder la acción a favor de los trabajadores, reconociendo por primera vez en Ecuador el derecho que tienen los obreros de poder integrar un solo sindicato juntando los integrantes de varias empresas, haciendas bananeras o compañías agrícolas. La acción fue presentada en agosto de 2020 por la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), liderada por Jorge Acosta.
En la parte medular de la acción de protección, los jueces sentencian que:
1) Se deja sin efecto el oficio No. 5529MRL-DVTE-DOL-2014-0, de 15 de octubre de 2014, emitido y suscrito por el Dr. Manolo Rodas Beltrán, Viceministro de Trabajo y Empleo; así como lo resuelto en virtud del recurso extraordinario de revisión sobre el oficio No 5529-MRL-DVETE-DOL-2014-0, de 15 de octubre de 2014, contenido en la providencia MDT-DJTE-2015-0018, en la que se resolvió negar el recurso extraordinario de revisión. 2) Que se ordene al Ministerio del Trabajo, que previo a la revisión y análisis de los documentos de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos ASTAC, se proceda al registro como una organización sindical. 3) Que el Ministerio de Trabajo ofrezca disculpas públicas a los legitimados activos, para este efecto publicará tales disculpas, en la página web de dicha entidad, en un lugar visible por el lapso de treinta días. 4) Que esta sentencia se publique igualmente en la página web del Ministerio de Trabajo para que sea difundida entre sus funcionarios y empleados para que se apliquen en casos análogos las normas previstas en el artículo 326, numerales 7 y 8 de la Constitución de la República del Ecuador y en los Convenios 87, 98, 110 y 141 de la OIT, referentes a la libertad sindical, a las plantaciones y a los trabajadores rurales. 5) Que el Ministerio de Trabajo reglamente el ejercicio del derecho a la libertad de organización sindical por rama de actividad, a fin de que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. 6) Como garantía de no repetición, se dispone que el Ministerio de Trabajo se abstenga de restringir o limitar derechos relacionados a la libertad sindical de otras organizaciones que soliciten registro por rama de actividad, que se encuentren en las mismas condiciones y circunstancias que las analizadas en este caso, para esto, se deberá observar y aplicar directa e inmediatamente, en sus actuaciones y decisiones, los Convenios 87, 98, 110 y 141 de la OIT y las normas constitucionales citadas en este fallo.
No ha sido un camino fácil, recuerda el dirigente Jorge Acosta, quien viene reclamando por los derechos de los trabajadores bananeros desde 2007, cuando por primera vez denunció que el uso de los pesticidas en las plantaciones estaba afectando la salud de los trabajadores y de los habitantes de las zonas aledañas.
Ese mismo año, Acosta y otros dirigentes fundan la Coordinadora de Trabajadores Bananeros.
En enero de 2010, la Relatora Especial sobre las formas Contemporáneas de la Esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian, recibió información sobre casos de explotación laboral análoga a la esclavitud en las industrias del plátano, el aceite de palma, las flores y las minas de oro, en Ecuador.
También recibió información sobre las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan los trabajadores de estas industrias, y la existencia de trabajo infantil.
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En 2014, al crecer la Coordinadora de Trabajadores Bananeros, se convierte en la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, ASTAC.
El 18 de mayo de 2015, ASTAC presentó una queja ante la OIT después de que el gobierno ecuatoriano se negara a reconocer a ASTAC como sindicato de rama, en violación de los Convenios Nº 087 y 098. La OIT recomendó al gobierno de Ecuador que reconociera los derechos laborales de ASTAC en 2017 y 2019. El gobierno ecuatoriano nunca cumplió.
Lo que viene
Los trabajadores se activaron a raíz del fallo judicial que los favorece y comenzaron a organizarse para estar listos cuando se haga efectiva la sindicalización por rama de actividad. Por eso se realizó en Quevedo del 30 de julio al 1 de agosto, el primer encuentro de formación sindical. Allí, a más de trabajadores bananeros, acudieron también pescadores, cangrejeros, concheros y obreros de otras ramas, que buscan también sindicalizarse, acogiéndose a esta misma sentencia.
El problema que se está dando este momento, es que el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, no ha acatado la resolución judicial. Y tampoco ha dado respuesta a los abogados de los trabajadores que buscan una reunión en la que se trate los tiempos de ejecución del fallo. La abogada Angie Toapanta, una de las que firmó la acción, pide a las autoridades «no tener miedo» de aplicar la orden del Tribunal, porque «finalmente se está reconociendo un derecho que debió haber sido aplicado hace mucho tiempo». El objetivo final, dice Toapanta, es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo, siempre ubicados como la última rueda del coche productivo y, por ende, los más vulnerables.
Al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, se le intentó consultar sobre este tema, pero no se obtuvo una respuesta. Por otro lado, los administradores de las haciendas mantienen el escepticismo. Miguel Macías, administrador de la hacienda La Clementina, en Los Ríos, cree que el fallo judicial «realmente es un logro para los trabajadores agrícolas que les permite defender sus derechos laborales, pero esto a la larga va a ser desnaturalizado y será un clavo más en el féretro de la industria bananera nacional, pues será fuente de huelgas y paros de trabajadores a la orden del día».
