Entre los hechos de corrupción develados en la pandemia del Covid 19 sobresale la entrega de 3.000 carnés de discapacidad de manera ilegal. Ese documento, que desde 2013 es entregado por el Ministerio de Salud Pública, representa importantes beneficios: exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

El carné además otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, asensos y nombramientos en la función pública y permite la jubilación anticipada por discapacidad. En julio pasado, José Martínez, director del sistema de pensiones del IESS alertó sobre el crecimiento inusual de jubilaciones por discapacidad e indicó que encontraron casos que no cumplían con los requisitos para la jubilación.

El escándalo de los carnés salpicó a asambleístas, jueces, ministros, gobernadores, abogados, médicos y hasta deportistas. El portal La Historia reveló que los asambleístas Marcia Arregui (mencionada en el reparto de hospitales en Manabí), Fabricio Villamar e Israel Cruz tenían el documento.

El periodista Fernando Villavicencio del portal PeriodismodeInvestigacion.com también recibió varias denuncias sobre el tema y las hizo públicas por redes sociales. Una de ellas mencionó al médico de la provincia del Cañar Juan Quevedo Abad.

Villavicencio escribió varios mensajes sobre el caso en la red social Twitter. En uno indicó: “En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios…”.

En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios. Además se los vincula con la entrega de certificados a otras personas. pic.twitter.com/2GsISBUx0e

— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) July 4, 2020

Villavicencio mostró cuatro documentos del Servicio Nacional del Ecuador (Senae) que indican los porcentajes de discapacidad y el grado de exoneración de tributos de los familiares y allegados al médico. Este medio pudo confirmar que su hermano, Víctor Quevedo Abad, abogado de 60 años y su esposa Victoria Zalamea Landázuri de 62, tienen carnés de discapacidad con el 63% y el 41%, respectivamente. Además, René González Ochoa, cuñado de Victoria Zalamea, registra discapacidad del 40%. El cuñado de Juan Quevedo Abad, Juan Flores Vásquez, también tiene discapacidad del 60%.

El mismo Juan Fernando Quevedo Abad, de 57 años, tiene carné de discapacidad. El Senae señala que importó un vehículo el 12 de abril de 2018.

Por la publicación de ese tuit, Villavicencio fue demandado penalmente por el médico alegando injurias. La denunciada fue realizada el pasado 27 de julio en la Unidad Judicial Penal de Azogues.

Juan Fernando Quevedo Abad es un ginecólogo nacido en Cañar. Labora, según su perfil de LinkedIn, en el Hospital de Especialidades Médicas Clemed S.A. de Azogues, del que es accionista junto a otras 47 personas. También ha laborado en el sector público, como el Hospital General Homero Castanier.

El 5 de agosto de 2020 el juez de lo penal de Azogues, Ariel León Mendieta, admitió a trámite la denuncia en contra de Fernando Villavicencio.

Pero el juez Ariel León también fue mencionado por el portal PeriodismodeInvestigacion.com en la lista de jueces del Consejo de la Judicatura con discapacidad; él registra un grado de discapacidad visual del 65%. Así lo confirmó el reportaje “LOS JUECES CON CARNÉ DE DISCAPACIDAD” del 13 de julio de 2020.

Además, la esposa del juez, Bertha María Augusta Rodríguez Romero, quien hasta 2018, fue jueza de lo penal de Azogues, también tiene discapacidad del 75%.

Buscamos un pronunciamiento del médico Juan Fernando Quevedo para entender la razón de iniciar un proceso penal por temas de opinión, su abogado Diego Salamea respondió:  “Lo que hemos hecho es una invitación jurídica para que él pruebe sus aseveraciones, que no son ciertas. (…) procesalmente hemos iniciado la acción para que, si el señor Villavicencio tiene pruebas las presente en el proceso y lógicamente se resuelva a través de la justicia”.

El abogado indicó que “no se trata de crear problemas, puede ser que el señor Villavicencio recibió una información que no estuvo contrastada con la realidad…”, dice refiriéndose a las denuncias.

Pero el trino emitido en esa red social por Villavicencio no refiere una denuncia y tampoco lo es: simplemente cuenta un hecho específico que se respaldó en documentos.

Sin embargo, el abogado confirmó que los hermanos Quevedo Abad sí tienen carnés y aunque dijo desconocer qué tipo de discapacidad tienen, señaló que los carnés fueron obtenidos legalmente, que no fueron adquiridos de la noche a la mañana, sino “en base a las situaciones médicas que tenemos y cuya hoja de vida e historia clínica nosotros hemos aportado procesalmente».

Además de los nombres publicados por Villavicencio este medio encontró que otros familiares de Juan Quevedo también tienen carnés. Por ejemplo, sus tíos, Flavio (80 años), Olga (84 años) -que importó un vehículo en marzo de 2018- y Edison Abad (93 años) registran discapacidad, según el Senae. Edison Abad es padre de los políticos Raúl y Ruth Abad Vélez. Raúl, un político de mucho peso en Cañar, fue asambleísta de esa provincia por Alianza PAIS. Su hermana ocupó el cargo de gobernadora.

Javier, Vicente y Homero Abad Salinas, primos de Juan Quevedo, también tienen carné de discapacidad. Los dos primeros, según el Senae tienen el 37% y 33%.  Homero registra una importación de un vehículo el 10 de julio de 2018.

Lilia Molina, esposa de Vicente Abad Salinas, registra discapacidad del 40%. Este portal además encontró que Elva González Ochoa, hermana de René González Ochoa, también tiene discapacidad. En abril de 2019 importó un vehículo. César Zalamea Landázuri, hermano de Victoria, también registra un grado de discapacidad del 51%.

Respecto a que otros familiares de Juan Quevedo también poseen carnés de discapacidad, el abogado indicó que desconocía el tema, “realmente no sé, cada quién responde por sus actos, si hay familiares o no familiares… realmente cada uno justificará su condición médica”, indicó.

Apenas se enteró de la existencia del proceso penal, el 28 de agosto de 2020, Villavicencio a través de su abogado elevó una queja al Consejo de la Judicatura y solicitó observe el comportamiento ilegal del juez Ariel León Mendieta. El periodista sostiene que su domicilio es la ciudad de Quito, que no ha viajado a Azogues por más de 10 años, es decir cuestiona la jurisdicción donde se inició la causa, pese a que es de dominio público que, el demandado vive en Quito.

Además, revela que nunca fue notificado personalmente, se enteró por un medio de comunicación. En el texto, la defensa del periodista observa la violación  a lo establecido en el artículo 76.7 de la Constitución, el numeral 3 del artículo 404 del COIP y el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Villavicencio señala además que el juez León debía excusarse de conocer el caso, por cuanto aparece vinculado en la investigación periodística de su autoría.

La petición del periodista fue conocida por el Subdirector Nacional de Transparencia del CNJ, Feliciano Azuero (hermano del exdiputado prófugo Eliseo Azuero), quien también fue señalado en el reportaje El Gran Reparto, publicado por Fernando Villavicencio. Feliciano, ocultó deliberadamente el requerimiento durante más de un mes, vulnerando el debido proceso y los derechos humanos del comunicador.

El Ecuador aún no termina de adecuar las leyes a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión. “No se puede a nombre de la honra perseguir a un ciudadano crítico”, dijo la asambleísta Jeaninne Cruz, cuando se debatía la propuesta del Ejecutivo de cambiar la pena por delitos contra la honra por labor social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos insta a “abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas”. El organismo llama a los Estados a “derogar las leyes que consagran el desacato y la difamación criminal en casos que involucran el interés público, modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión, e incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil de manera tal de que los procesos civiles adelantados contra personas que han hecho declaraciones sobre asuntos de interés público apliquen el estándar de la real malicia, de conformidad con lo dispuesto en el principio 10 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la CIDH, y que resulten proporcionales y razonables”.

La CIDH impulsa la promulgación de leyes y acciones civiles “que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla”.

El develamiento del uso irregular de carnés de discapacidad del operador de la corrupción en el reparto de los hospitales, el atlético Daniel Salcedo, junto a su novia y varios amigos, abrió un debate acalorado en Ecuador porque es el hecho mas concreto y cercano que la sociedad ha digerido sobre la corrupción.

Luego apareció el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, tiene 81% de discapacidad visual y auditiva.

En ese contexto contar públicamente la historia de un médico y su familia, buena parte de ellos con carné de discapacidad, no es un error y mucho menos una denuncia o acusación.