PELEA DE MAFIAS AL INTERIOR DEL CORREÍSMO

El 31 de agosto de 2020 el ex agente de inteligencia Luis Raúl Chicaiza Fuentes (alias Ratón), que fue sentenciado por el secuestro de Fernando Balda, se presentó en Buenos Aires, Argentina ante varios medios internacionales y aseguró que había sido presionado para cambiar su testimonio en el juicio y acusar a Rafael Correa por el secuestro del político Balda. Pero la versión del exagente está entrecruzada por arreglos económicos a su favor. Un audio al que tuvo acceso este medio evidencia que recibió dinero proveniente de la minería y la tala ilegal del norte de la provincia de Esmeraldas. En el centro de esta operación se encuentra el ex presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales, Bolívar Armijos Velasco (alias Pata blanca). Esta nueva trama de corrupción del correísmo se inscribe en un expediente delictivo de delincuencia común.

PELEA DE MAFIAS AL INTERIOR DEL CORREÍSMO

“Verás mamarracho: ve, Bolívar Armijos, primero no te mereces ni que te nombre porque no soy de la misma calaña que vos eres, hdp…Aprende a ser de palabra. A mí contéstame para decirme que no te vas a llevar la máquina”.

Así inicia el mensaje de audio que el exagente Raúl Chicaiza le envió a Bolívar Armijos, hoy sexto candidato a asambleísta nacional por el Acuerdo Unión por la Esperanza, UNES, que busca reconstituir al correísmo para las próximas elecciones.

El mensaje, entregado a este medio por una fuente de la que guardamos total reserva y que ha sido valorado en su integridad, marca un mal desenlace a los acuerdos internos que Rafael Correa concretó con Armijos, que había pensado ser “elegido” como candidato a la Presidencia de la República, tal como lo anunció en agosto de 2019, luego de reunirse con Rafael Correa en La Habana, Cuba.

La posibilidad real de ser candidato a la Presidencia de la República motivó a Bolívar Armijos a cumplir uno de los pedidos del expresidente: conseguir recursos económicos para que Raúl Chicaiza se anime a cambiar su versión sobre la participación de Rafael Correa en el secuestro de Fernando Balda y evidencie internacionalmente que Correa es un perseguido político.

La declaración de Chicaiza no tiene valor judicial, porque ya fue sentenciado culpable y pagó su pena, pero internacionalmente le permite a Rafael cimentar su estrategia de político perseguido.

En busca de recursos, Armijos recurrió a uno de sus amigos: Henry Ayala, dueño de equipo caminero en el cantón San Lorenzo – Esmeraldas, dedicado a la extracción de oro y madera. Armijos le pidió a Ayala que entregue temporalmente uno de sus equipos a Chicaiza y este pueda recibir 10 mil dólares mensuales por el concepto de arrendamiento de una excavadora.

En total Chicaiza recibió $50.000 por el arriendo de esa maquinaria que no era suya. El equipo fue usado en la parroquia Urbina del cantón San Lorenzo, en minas de oro que el propio Armijos tendría intereses.

Pero luego Armijos sufrió la decepción de ser relegado de la candidatura y a pesar de que fue incluido en el directorio de Unes, el alejamiento de los puestos protagonistas le motivó romper los acuerdos económicos en favor de Chicaiza y eso desató la ira del exagente. 

La bronca entre “Pata blanca” y “Ratón”

 “No te creas porque ya estás de asambleísta en el sexto puesto, no te creas: seré el primero que te haré huevadas. Escucharás…primero tenías que decirle a tu patrón; yo sí soy tu patrón, soy de palabra y como eres un negro ignorante, ¡pata blanca! … ignorante tenías que a mí haberme dicho, los documentos, las actas, todo tienes que devolverme” (Sic)

¿Me escuchaste? Y si vas a llevarte las máquinas, llévate. Pero dile al Henry que el consorcio que tiene, ya voy a hablar con el González, con el presidente para que le saque la p… a vos y al Henry Ayala, por lacras, ustedes son una lacra social, gente ignorante, plantilla tienes pata blanca”.

El acuerdo para que Chicaiza cambie de criterio involucra otros pagos: habría recibido $200 mil adicionales a través de uno de los abogados del propio Rafael Correa.

Armijos fue el mas influyente presidente de Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador. Entre enero de 2014 a junio de 2019 fue una de las piezas importantes de movilización social de la revolución ciudadana y eso marcó su influencia al interior del correísmo.

Pero se trata de un prestigio venido a menos por los sendos juicios por letras de cambio que tiene en su contra y la publicación reciente de un informe de la Contraloría General del Estado, que identificó la apropiación de recursos económicos para reforestación a su favor.

En la página web del Consejo de la Judicatura constan otros juicios en contra de Armijos. Tiene, por ejemplo, 4 causas abiertas por cobros de letras de cambio. Tres de ellos iniciados por Italia, Nubia y Verónica Jijón Buendía. Italia Jijón en el juicio del 17 de julio de 2020 reclama el pago de $ 59.097, en otro juicio de junio de 2018 solicitó el pago de otra letra de cambio, cuyo valor final fue fijado en $ 125.000, monto que Armijos se comprometió a cancelar, pero que hasta la actualidad no cumple.

¿Quién es Bolívar Armijos?

Este abogado de 44 años, nacido en San Lorenzo, Esmeraldas, forjó su carrera política en el sector rural. Antes de convertirse en el presidente nacional del Conagopare, fue presidente de Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeraldas durante 14 años.

Simpatizante del correísmo, movilizó en varias ocasiones a las organizaciones rurales para apoyar al expresidente Rafael Correa en el caso 30S y las elecciones presidenciales.

Actualmente lidera el movimiento Fuerza Rural y Productiva y es parte de la coordinación nacional de Unión por la Esperanza (UNES) que impulsa al binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal.

Con el dinero que el Ministerio del Ambiente le entregó para reforestar las áreas rurales del país, sus allegados compraron una propiedad. De la mercadería decomisada (ropa, zapatos y accesorios) que la Aduana le entregó para que done a las personas más necesitadas de los sectores rurales, no hay rastro. Del contrato que firmó para la compra de 4 millones de plantas no hay suficiente evidencia para determinar si se ejecutó correctamente.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la Contraloría General del Estado después de examinar los cinco años (2014-2019) que Bolívar Abdón Armijos Velasco estuvo al frente del Conagopare.

Contraloría mata al alfil de la revolución

El informe de la Contraloría General del Estado, aprobado en mayo de este año, recoge los hallazgos del examen a las operaciones administrativas y financieras del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador entre enero de 2014 a junio de 2019. Entre procesos contractuales, de ínfimas cuantías, bienes de la institución, convenios con el Ministerio del Ambiente, viáticos, donaciones y remuneraciones, la Contraloría examinó un total de $6.6 millones.

En julio de 2015, el Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador suscribieron un convenio (MAE-SPN-RF-CONAGOPARE-001), para ejecutar un programa de reforestación ambiental con “fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas”, por $ 29.1 millones.  El propósito era la restauración forestal de 35.506 hectáreas en 15 provincias del país.

Entre abril y agosto de 2015, el Ministerio del Ambiente como primer desembolso transfirió a las cuentas del Conagopare $ 5.8 millones, para georreferenciación de las áreas, catastros de los propietarios de los terrenos, trámites jurídicos y la compra de 4 millones de plántulas que serían entregadas a los propietarios de los predios a restaurar. Con ese fin, se suscribieron convenios individuales con los posibles beneficiarios del programa de reforestación.

Simultáneamente, Bolívar Armijos firmó otro convenio con una asociación esmeraldeña de agricultores, denominada Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo”, para reforestar 2.842 hectáreas de terreno en la parroquia Urbina, cantón San Lorenzo, Esmeraldas.

El 24 de octubre de 2016, Armijos firmó el contrato para la compra de los 4 millones de plantas con Pedro Zambrano Carpio, por $ 949.962,00 con un plazo de entrega de 90 días.

La Contraloría encontró varias irregularidades en la ejecución de este contrato. Dice, por ejemplo, que el administrador del contrato (Gonzalo Fuentes) previo a suscribir las actas de recepción parcial y definitiva con el proveedor, “no verificó la legalidad y autenticidad de las firmas, tampoco adjuntó documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las plántulas, distribución y uso”. Y que los miembros de la Comisión de Recepción suscribieron actas de entrega individual de las plántulas, en las que los nombres y las firmas de los beneficiarios no coinciden. Además de que varios dijeron no tener conocimiento del plan de reforestación.

De Bolívar Armijos dijo que “no supervisó ni controló el cumplimiento de las actividades relacionadas con el primer desembolso del convenio MAE-CPN-RF-CONAGOPARE-001, ocasionando que la entidad cancele $ 940 462,38, por la adquisición de 4’000.000 plántulas sin contar con documentación suficiente y pertinente que evidencie su recepción, distribución y uso”.

Bajo el convenio (111-PNRF-CONAGOPARE-URB-2015) firmado con el Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo” el técnico del proyecto le entregó al presidente del Comité 100.000 plantas para reforestar las 2.842 hectáreas. Tres años después el Ministerio del Ambiente quiso constatar in situ la reforestación. En noviembre de 2019 funcionarios de ese ministerio se reunieron en Ibarra con los socios y directivos del Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo” quienes señalaron que la reforestación no se realizó y que “existe un alto grado de riesgo para ingresar a esos predios” por lo que no hubo inspección física.

El acuerdo con el Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo” también estipuló un incentivo de $ 280 por hectárea a cada beneficiario para la siembra y el mantenimiento de las plantas. Bajo esa razón el Conagopare realizó, en septiembre de 2015, 52 transferencias por $592.475,00 a las cuentas personales de 52 supuestos socios del comité.

Contraloría determinó que 12 de las personas que recibieron las transacciones no eran socios del Comité.

En lugar de reforestar Armijos se compró la finca

Además, el Conagopare registró las transferencias en sus cuentas y en las del Banco Central como pago por concepto de “jornales”, es decir que pagó a los propietarios de los terrenos por actividades de limpia, hoyado, distribución de plantas en terreno, plantación y replanteo de especies nativas.

El informe de Contraloría desmiente documentadamente a una rendición de cuentas, que publicó Conagopare, sobre el proyecto de reforestación dice: “se explicó a todos los beneficiarios que el CONAGOPARE no dispone de recursos económicos para la entrega del incentivo económico. La planta se entregó a todos los beneficiarios que aceptaron recibirla sin el incentivo económico, los mismos que las plantarán con sus propios recursos”.

En noviembre de 2019, 13 socios del Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo” señalaron a la Contraloría que el dinero que recibieron fue por concepto de la venta de sus terrenos y no como incentivo para la reforestación. “Como miembros del Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola Tambillo nosotros procedimos a la venta del lote de terreno con una superficie de 2.842 hectáreas, ubicado en la parroquia Urbina del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, el jueves 18 de agosto del año 2016”.

Agrega que el presidente de la Conagopare (Armijos), “fue la persona que canceló el anticipo del 50% del valor del lote de terreno en mención, conforme reza el acta de mutuo acuerdo de pago suscrita el día 17 de agosto del año 2016, entre en Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola Tambillo y su persona girándose un cheque como del saldo correspondiente de pago por el valor (382.580 USD), … debiendo aclarar que nosotros procedimos a la venta de nuestras tierras, desconocemos de la reforestación de nuestras tierras, como miembros del Comité debemos indicar que únicamente nosotros recibimos uno solo depósito bancario mediante transferencia a varias Instituciones, por el pago de nuestras tierras desconociendo exactamente los fondos de donde provenían”. (sic).

En buen romance Contraloría establece que quien adquirió esas propiedades con dinero público fue Armijos.

Las 2.842 hectáreas fueron vendidas en $ 1.061.780 a Jaqueline Olmedo Rentería, Wilmer Corozo Valencia y Marlon Borja Caicedo. El 18 de agosto de 2016 los compradores y la directiva del Comité suscribieron la escritura pública por la compraventa. Un acta de mutuo acuerdo del 17 de agosto de 2016, señala que Bolívar Armijos “es deudor por concepto de la compra de un lote de terreno, ubicado en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas”, por lo que procedió a entregar un cheque personal del banco Pichincha por $382 580,00.

La Contraloría General del Estado señala que Armijos utilizó los recursos entregados por el Ministerio del Ambiente para adquirir un inmueble a favor de Jaqueline Olmedo Rentería, Wilmer Corozo Valencia y Marlon Borja Caicedo.

Ni la directora nacional de Talento Humano y Presupuesto ni la contadora del convenio “realizaron el control de la documentación previo a realizar las transferencias, a fin de garantizar estas estén destinadas a cumplir con el objeto del convenio”. Lo que ocasionó que “la entidad transfiera 592 475,00 USD para la compra de un inmueble, con un objeto diferente al establecido en el convenio”, explica el ente de control.

Las funcionarias señalaron que objetaron 50 de las 52 transacciones por no contar con la documentación que justifique el destino de los recursos, sin embargo, Armijos dispuso se hagan los pagos, y lo hicieron porque “obedecían a las disposiciones del presidente nacional”.

Ante los hechos narrados y construidos por Contraloría, Armijos prefirió culpar a otros por sus actos: “Frente a su criterio en el cual determina que autoricé transferir a 40 cuentas individuales de los socios del Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola y a 12 ciudadanos que no validan la calidad de socios…le correspondía a la Directora Nacional de Talento Humano y Presupuesto y a la contadora designada para el convenio, realizar el control previo al pago de la documentación que sirvió de sustento de las trasferencias». Esta lavada de manos no modificó el criterio del organismo de control que señaló que fue él quien autorizó los pagos que se destinaron para un objeto diferente al establecido en el convenio de reforestación.

Armijos Velasco remitió a la Contraloría una copia certificada de la declaración juramentada del presidente del Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo” que aseguraba que los 12 miembros sí son parte del Comité. Contraloría dice que Armijos “no adjuntó documentación certificada del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que valide el ingreso de los 12 nuevos socios, (…) tampoco remitió documentación que justifique que los fondos transferidos fueron utilizados en el Plan de Reforestación”.

El terrateniente de la Revolución Ciudadana

En 2018, información de la CGE estableció que el patrimonio de Bolívar Armijos era de $ 412.232,50, según su declaración de bienes. Pero en 2019 esa cifra se disparó en un 404% y reportó bienes por $ 2.080.200.

Una fuente consultada por este portal indicó que en septiembre del año pasado llegó a un acuerdo de trabajo con la empresa Agrícola Siembra Rural Inasiru S.A., de propiedad de Jessenia Armijos, hija de Bolívar Armijos, para realizar trabajos técnicos en las propiedades que este tiene en Esmeraldas.  “El contrato por servicios profesionales fue elaborado y firmado por mi persona, pero Bolívar Armijos me supo manifestar que luego hará firmar por la hija y me entregará una copia para mi respaldo; cosa que nunca ocurrió”, explicó.

Relató además que hizo trabajos en otras dos propiedades, para la plantación de guanábana de 46 hectáreas y el levantamiento de áreas en el terreno de 63 hectáreas. Indica que en la propiedad comprada al Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo” también hizo trabajos de desmembramiento.

La misma fuente cuenta que “Armijos realizó una compra de tierras al Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola Tambillo, con una superficie de 2700 hectáreas, a quienes ha cancelado una parte y la otra parte les ha quedado debiendo, encontrándose al momento con un sinnúmero de juicios en la fiscalía de San Lorenzo, Esmeraldas e Ibarra”.

Cuenta además que “con el contrato de servicios profesionales don Bolívar manifestó que es de su propiedad un lote de terreno de aproximadamente 200 hectáreas ubicado entre el recinto San Francisco de la parroquia Santa Rita y de la población de Carondelet. De este lote solamente tenía una imagen que no servía para determinar superficies; para lo cual se debería digitalizar esta imagen. Con el apoyo de una persona que conoce la zona se realizó el recorrido por toda la zona de terrero que tiene el nombre de proyecto Jacaranda; que corresponde a varios lotes que fueron comprados a diferentes personas y se formó un mosaico de tierras que en la actualidad se encuentran cubiertas por palma muerta a causa de la pudrición del cogollo que atacó a la mayoría de las plantaciones del Cantón San Lorenzo”, indicó la fuente.

 

“Realicé los trabajos de topografía, asistencia técnica, georreferenciación y elaboración de proyectos. Todas estas actividades fueron ejecutadas con fondos propios, sin haber recibido por parte de INASIRU; ningún recurso económico ni herramientas ni equipos. El señor Armijos no me contesta las llamadas telefónicas ni se manifiesta sobre la intención de cancelarme mis haberes”, asegura.

Este medio tuvo acceso al expediente fiscal del juicio por el presunto delito de estafa, iniciado en 2019 contra de Bolívar Armijos, Wilmer Corozo, Jaqueline Olmedo y William Ortiz. La denuncia puesta en Ibarra por Marlon Borja, Leyda Chiran, Jaime Rodríguez y Luis Rodríguez está relacionada con la compraventa de las 2.842 hectáreas del Comité de Gestión de Desarrollo Agrícola “Tambillo”. Los perjudicados señalan que Armijos “tomándose el nombre del comité, transfiere el 50% de la compra de las tierras a cada uno de los socios, indicando que dichos valores son para reforestación y jamás fue para dicho fin si no por la compra de las tierras, que es la negociación que se realizó”.

Las donaciones que se perdieron

Entre agosto de 2015 y enero de 2016, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador anunció que tenía mercadería decomisada y que iba a entregarla gratuitamente a instituciones públicas, privadas, de asistencia social, beneficencia, sin fines de lucro.

Bolívar Armijos levantó las manos y pidió que se le adjudique a su institución “en forma gratuita la mercadería disponible”. Hizo tres solicitudes, en una dijo que la mercadería sería entregada a las personas de las parroquias afectadas por el volcán Cotopaxi.

En enero de 2016, le adjudicaron la mercadería valorada en $ 90.647,97 que consistía en ropa y zapatos. A esa, le siguieron otras tres adjudicaciones gratuitas. En total le entregaron $ 213.589,76.

La Contraloría General del Estado señala que la mercadería recibida por Armijos no fue reportada ni al guardalmacén ni a Contabilidad, lo que originó que los artículos no sean ingresados al Sistema de Control de Bienes Institucional y por ende no se pudo mantener el control de su recepción, destino, distribución y uso, además de que no se disponga de evidencia documental de la entrega de los bienes para los fines que fueron donados.

En su descargo Armijos volvió a culpar a otros subalternos por las irregularidades: “una vez autorizadas las adjudicaciones gratuitas a la Conagopare por parte de la Autoridad Aduanera Competente, los productos consistentes en unidades de Prendas de Vestir, utensilios para el hogar, entre otros, mi gestión administrativa fue cumplida con éxito para los fines institucionales. Sin embargo, es el guardalmacén de la institución el encargado de revisar los bienes donados o adjudicados gratuitamente por la SENAE”.

 

No entregó evidencias de que la mercadería fue reportada a contabilidad y entregada a las poblaciones rurales.

Nombramientos sin concurso

Contraloría señala que el Conagopare canceló en 2014, $ 915.481,29 por sueldos y salarios a 17 servidores que fueron contratados sin cumplir con las regulaciones legales existentes.

El organismo de control además evidenció que la entidad no cuenta con reglamentación interna para el control y administración del talento humano.

Procesos no justificados

Procesos de ínfimas cuantías realizados por $ 121.093,25 entre 2014 y 2018 fueron realizados y pagados por orden de Armijos sin la documentación de sustento suficiente.

Contraloría encontró varias novedades: un proceso de adquisición de logística, alimentación y transporte en el 2014 superó el monto determinado para este tipo de procedimiento, así como en 6 procesos del 2015 y 3 del 2016 se realizaron adquisiciones de manera recurrente, relacionadas con logística y alimentación.

El presidente nacional del Conagopare autorizó y canceló por la edición, producción de videos y publicidad en las que se promocionó su nombre y apoyó al gobierno central en la consulta popular siete veces sí.

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