Las sospechas de irregularidades en la emisión de los carnés de discapacidad también alcanzaron al Consejo de la Judicatura (CJ).
“Es mejor que quienes saben que han obtenido fraudulentamente esos carnés colaboren con la investigación y se acerquen a reconocer”, dijo a Teleamazonas Fausto Murillo, vocal de esa entidad.
Una investigación interna del CJ arrojó detalles sobre varias anomalías e identificó a funcionarios que habrían sacado de forma fraudulenta el documento.
Los beneficios del carné no se limitan a la exoneración de tributos en la importación de vehículos, en el caso de los funcionarios de la Judicatura estos pueden beneficiarse en las postulaciones a concursos, asensos y nombramientos dentro de la Función Judicial.
La cifra de funcionarios con discapacidad que laboran en el Consejo de la Judicatura es alta: 437 en total. De ellos, 98 son jueces. 43 tienen discapacidad física, 22 visual, 13 auditiva, 8 entre psicológica y lenguaje y 2 intelectual; de los otros 10 funcionarios no consta su tipo de discapacidad y 23 jueces nunca registraron su porcentaje, según el Consejo de la Judicatura.
Este medio analizó la nómina de funcionarios de la Judicatura de junio de 2020 e identificó a 92 jueces y dos conjueces con discapacidad, en 18 provincias. En algunos casos no se pudo determinar qué tipo discapacidad poseen ni en qué porcentaje por falta de acceso a información pública.
Los datos recopilados por PI señalan que 24 jueces con discapacidad están en Guayas, 16 en Pichincha, 13 en Azuay, 7 en Manabí, igual número en Los Ríos, tres en Cañar, tres en Sucumbíos. El resto de las provincias registra entre uno y dos jueces con discapacidad.
De este grupo al menos 16 jueces importaron vehículos en los últimos cuatro años. Varios de alta gama, como el Montero Sport Mitsubishi 4×4 2019, que importaron los jueces Marco Guerrero Fuentes, de Napo, y Gonzalo Núñez Velasco, de Pichincha.
En nuestro país este vehículo cuesta $58.000. O el jeep Toyota New Fortuner 4×4, en 2019, la jueza de Pichincha, Ana Cevallos Ballesteros, cuyo valor en nuestro país alcanza los $60.000.
La jueza además posee otros vehículos: un Mazda CX5 y un Gran Vitara DLX.
Los porcentajes de discapacidad oscilan entre el 30 y el 80%. Del grupo analizado, el número más alto lo tiene el juez Mario Blum Aguirre de 66 años.
Según los registros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) tiene el 80% de discapacidad. Le sigue la jueza civil de Pichincha Grimanesa Erazo Navarrete, de 41 años, que registra el 78% de discapacidad visual. En julio de 2019 importó un vehículo.
El Senae también señala que el juez de Guayas José Olvera tiene el 76% de discapacidad visual; el juez de Azogues Ariel León, de 54 años, registra el 65. Pedro Ordóñez Santacruz de la Corte Provincial de Azuay el 62%, de estos dos últimos este medio no pudo determinar qué tipo de discapacidad tienen.
Carlos Pazos Medina, conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia y Wanda Santistevan, jueza de Guayas, registran un 60% de discapacidad.
Gabriela Luzarraga, de 34 años y jueza de Salitre tiene el 51% de discapacidad. Vicente Cusme, juez de Manabí, Leonel Moposita juez del cantón Rumiñahui y Bolívar Romo de la Corte Provincial de Azuay tienen el 51% de discapacidad.
Siete jueces tienen 50% de discapacidad: Carlos Cárdenas, juez penal del Azuay; Henry Navarrete, juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Pichincha y Carlos Díaz, juez de Unidad Judicial Norte 1 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, tienen problemas físicos.
El juez Juan Recalde del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de Quito y Yanina Peña, juez de la Sala Especializada de lo laboral de la Corte Provincial del Guayas, tienen discapacidad visual.
De Ángela Naranjo, jueza de la Unidad Judicial Norte de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de Guayaquil y Juan Terán, juez penal de Guayaquil, no pudimos conocer qué porcentaje de discapacidad padecen.
En la nómina analizada no están otros como José Andrade Vélez que tienen el 75% de discapacidad visual, que en 2016 estuvo al frente del Consejo de la Judicatura del Azuay. Ese mismo porcentaje registra Roger Cusme Macías, que hasta octubre de 2019 figuraba como conjuez de la Judicatura. Ambos, según el Senae, importaron un vehículo en febrero de 2019.
Hay jueces menores de 40 años que registran hasta el 51% de discapacidad. Es el caso de la jueza de Salitre Mónica Luzarraga que, con 34 años, registra el 51% de discapacidad.
El juez Humberto Barzola de El Empalme, de 35 años, tiene el 46% de discapacidad. Lenín Riofrío de Zamora Chinchipe tiene el 42% de discapacidad. De igual edad José Intriago, civil de Guayaquil, presenta 55% de discapacidad física.
Quince jueces que no cumplen los 40 años registran un porcentaje de discapacidad de entre el 34 y el 39%.
Hay 28 jueces entre el grupo de 40 a 50 años que registran discapacidad entre el 31 y 78%.
