El virus SARS-CoV-2 se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan. El 31 de diciembre de 2019, China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que una nueva cepa viral había nacido en esa localidad, pero que estaba bajo control y no existía ninguna posibilidad de que fuese a expandirse.
Informes de la inteligencia alemana contradicen la versión de ese país y aseguran que China mintió sobre la fecha de aparición del virus y su letalidad.
Dos meses después, el virus llegó al Ecuador. La llegada de la enfermedad no solo desbordó el sistema de salud ecuatoriano y sumió al país en una grave crisis sanitaria y social; también agudizó la crisis económica que el Ecuador venía enfrentando desde mediados del año pasado.
Con el sistema sanitario desbordado y sin dinero en la caja fiscal, el Ecuador ha tenido que recurrir a un viejo conocido para obtenerlo: China y sus bancos.
Las condiciones de los préstamos chinos no han variado. Al igual que en años anteriores, las tasas de interés son altas y el requisito permanente es que se contrate a empresas chinas para ejecutar las obras que ese país financia.
El propio Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoció que el país está obligado a comprar insumos y equipos médicos chinos. En un boletín del 17 de mayo de 2020, el MSP señala que, al igual que otras operaciones de financiamiento con ese país, la línea de crédito con el Banco de Desarrollo de China (CDB) tiene condiciones específicas para su ejecución “una de ellas, fue la contratación con una empresa china”, dice el comunicado.
El 21 de marzo de 2020, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) solicitó a su similar de China permita “colocar el saldo disponible del “tramo B”, para adquirir y distribuir varios suministros y equipos médicos para enfrentar la crisis sanitaria.
El tramo al que se refiere el banco ecuatoriano, forma parte del “Programa de Financiamiento Multisectorial con el Banco de Desarrollo de China, Procdb”, firmado el 20 de octubre de 2017, por el Gobierno de Lenín Moreno.
Según la página web del BDE, para este programa el banco chino se comprometió a entregar $ 200 millones, con una tasa de interés que fluctuó entre el 7,11% y el 9,25%.
La entrega de los recursos se fijó así: $ 120 millones en el Tramo A y $80 millones en el Tramo B. El objetivo era financiar proyectos de telecomunicaciones, vialidad, transporte, equipamiento y saneamiento ambiental.
Tres días después de que Carlos Jaramillo, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, solicitase al Banco de China la liberación de los recursos, llegaron las empresas chinas a presentar sus propuestas.
El 24 de marzo de 2020, llegó la propuesta de la empresa estatal china Cnooc Energy Technology & Services Limited-Cenertech, que consistía en implementar un “Plan de Contingencia Médica Humanitario”.
El documento, al que PI tuvo acceso, señala que CNOOC-CENERTECH, con su filial en Ecuador, Chinaenergy Servicios Técnicos S.A., ofreció, por $ 40 millones, entregar un sistema de 500 tiendas clínicas de campañas móviles y operativas con equipamiento para atender a las personas contagiadas por COVID-19. La propuesta no fue aceptada.
Luego llegó China Sinopharm International Corporation y tuvo suerte: el 10 de abril firmó un “convenio marco de cooperación” por $ 40 millones que eran parte de la “línea de crédito otorgada por el Banco de Desarrollo de China (CDB).
Allí se establecieron las condiciones de las contrataciones que se harían con China Sinopharm para mitigar la emergencia sanitaria. El convenio fue firmado por el ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos y el chino Zhang Haoji.
Como parte de ese convenio, el 4 de mayo de 2020, China Sinopharm International Corporation y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) firmaron un contrato para la compra de insumos médicos por $ 7,5 millones.
China Sinopharm se comprometió a entregar respiradores (500.000 unidades), mascarillas quirúrgicas (2.500.000), trajes de protección (100.000), guantes quirúrgicos (500.000), gafas médicas (100.000) e hisopos de muestra (100.000).
La vendedora exigió el pago total, una vez firmado el contrato, el dinero se transfirió desde el Banco de Desarrollo de China a la cuenta de Sinopharm, en el China Construction Bank de Beijing. Se trata de una negociación especial, pues Ecuador pagó el 100% del contrato sin tener la posibilidad de verificar la calidad de los productos.
En la sección de “Garantía de calidad y promesas” se establece que “el vendedor no se compromete a determinar si los productos cumplen con los estándares de calidad fuera de China”, es decir, que no garantiza cumplir con normativas técnicas internacionales de calidad.
En varios países del mundo, sobre todo en Europa se han generado escándalos éticos y legales por el hecho de que productos chinos, como las pruebas rápidas de Covid19, no sean seguros y eficiente.
El sinuoso sendero offshore de Sinopharm
China Sinopharm tiene un próspero historial de contrataciones en Ecuador. En 2014, se adjudicó un contrato por $ 60.1 millones para entregar equipos médicos y otro en 2016 por $59.4 millones para lo mismo. Ambos contratos fueron financiados con la Línea de Crédito III y IV del Banco de Desarrollo de China.
Fue por el contrato de 60 millones que apareció en los Papeles de Panamá al haber pagado a funcionarios ecuatorianos una asesoría comercial a través de una empresa offshore para “promover la venta de equipamiento biomédico al Ministerio de Salud Pública del Ecuador”, según reveló una nota de diario El Universo.
A la lista de empresas chinas que compiten por llevarse los contratos en Ecuador, se anotan Neusoft Medical Systems Co., Zhejiang Silkseekers Biotechnology Co. Ltd., Asia Investment and Services Limited ofreciendo, entre otros productos, sistemas de scanner, ventiladores UCI y equipos de protección personal.
¿Quiénes manejan los fondos para las crisis sanitarias?
Funcionarios del sistema de salud revelaron a Periodismo de Investigación las irregularidades existentes en el manejo de los fondos para la crisis sanitaria. Señalan que un exclusivo grupo de funcionarios está a cargo del manejo de los créditos externos recibidos por el Ecuador. Indican que, Enrique Cobo, Carlos Baca y Fausto Tamayo, designados desde Carondelet, “deciden” sobre las contrataciones que se hacen para enfrentar la emergencia.
Además, revelaron que se creó una Unidad de Gestión de Proyecto para el manejo, seguimiento y ejecución de un crédito otorgado por el Banco Mundial para enfrentar la crisis sanitaria. David Urquizo fue designado como coordinador general del Proyecto Covid-19 del Banco Mundial/MSP, para que dirija todas las acciones respecto al crédito que el Banco Mundial otorgó al Ecuador.
“Él estuvo vinculado en la compra de las ambulancias y ahora, sorpresivamente, lo vuelven a contratar para que maneje los fondos del Banco Mundial con la venia de César Calderón, director de planificación, sostienen los entrevistados. Deberían hacer seguimiento a todos los fondos del Banco Mundial”, señala la fuente.
En la lista también se menciona a Miguel Ángel Guevara, coordinador administrativo financiero, que manejaría los procesos e invitaciones. Guevara ocupó el cargo de coordinador administrativo cuando el médico español Jonas Gonseth, dirigió la intervención del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, declarado en emergencia el 21 de enero de 2015.
Ex funcionarios del MSP consultados dan cuenta que Guevara era cercano al grupo Marazita, ligado a José Marazita Espinar, exdirector del hospital Abel Gilbert Pontón. Un reportaje de diario El Universo reveló que varias empresas relacionadas con Marazita obtuvieron 110 contratos del IESS por $26,4 millones, entre 2013 y 2019.
“Ahora, quién pone esos cargos es Publio Vásquez, que se está moviendo además para colocar a alguien en Salud del IESS”, dice el funcionario a PI. Vásquez también es parte de la investigación de El Universo. El medio señala que él “figura en otro grupo de empresas que ha recibido del IESS 152 contratos por $34 millones”.
Pruebas rápidas, el negocio de la muerte
Los insumos médicos chinos para enfrentar el coronavirus no solo llegan al país a través de firmas orientales, no faltan casos en los que se cobijan bajo la fachada de multinacionales de occidente.
Es el caso de la adquisición de pruebas rápidas. El 15 de mayo de 2020, el Secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, anunció al país la llegada de un cargamento de 430 mil pruebas rápidas para detección del Covid19, adquisición calificada como un “gran mérito” en este momento que todos los países están peleando por pruebas, dijo el funcionario.
Roldán destacó que hasta esa fecha y en lo que va de la emergencia sanitaria, el gobierno había gastado más de $102 millones en la compra de insumos médicos como parte de una cifra superior a los $460 millones destinados a enfrentar la pandemia.
El cargamento fue adquirido a la multinacional Abbott, razón suficiente, según Roldán, para tener certeza y seguridad de su eficiencia, toda vez que se trata de la empresa mas seria de pruebas en todo el mundo, precisó.
Roldán subrayó que las pruebas adquiridas eran “del mejor laboratorio del mundo”, refiriéndose a Abbott. Sin embargo, los registros de importación señalan que las referidas pruebas fueron fabricadas por la empresa china Guangzhou Wondof Biotech Co.
Según el registro de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ACRSA), aprobado el 15 de mayo de 2020, las pruebas rápidas para detectar el coronavirus fabricadas por la referida empresa china, no cuentan con la aprobación del Estado chino.
Varios países y organizaciones a nivel mundial han cuestionado y devuelto las pruebas rápidas adquiridas a China por su baja confiabilidad. En Ecuador se han denunciado varios casos de falsos negativos en la aplicación de las pruebas.
En el caso de las pruebas de Wondof, aunque la sensibilidad está dentro del margen (86%), el dispositivo médico para diagnóstico in vito “Prueba rápida para la determinación de anticuerpos virus SARS CoV-2, Ac IgG / IgM”, no cumple con las especificaciones requeridas.
El literal 2.1 de la Especificación Técnica de las bases de licitación, estableció la entrega de «Dispositivos de Prueba: cassetes conformados por una zona para la muestra y una membrana de nitrocelulosa que posee una banda de control C y dos bandas de prueba que corresponden a anticuerpos humanos IgG e IgM.
Se puede observar que el casset de Abbott (Wondfo) no cumple con las especificaciones, debido a que solo trae una banda de control C y una banda de anticuerpo en el cual no logra distinguir si el anticuerpo es IgM o IgG. Aquí esta el gran problema del incumplimiento en licitación.
El referido casset debió contener tres bandas: una banda C y dos bandas de anticuerpo para poder distinguir el IgG y IgM, Abbot (Wondfo) solo ofreció 2 bandas.
Según conoció nuestro medio, el 20 de abril de 2020, el gobierno de Ecuador adjudicó a la empresa Abbott un contrato para la provisión de kits de pruebas rápidas por la suma de $7.1 millones.
PI está investigando el tema, espere pronto nuevas revelaciones.