MANABÍ: CONTRATOS DE ARROZ VERDE EN PLENO CORONAVIRUS

Ramiro Galarza Andrade fue sentenciado a ocho años de prisión el 23 de abril de 2020, por ser parte de una red delictiva en el Caso Sobornos 2012-2016 (Arroz Verde). Ahora, una de sus empresas busca llevarse un contrato por USD 19,7 millones para la construcción del Plan Maestro Hidrosanitario y Pluvial de Chone, provincia de Manabí.

?El proceso de licitación para la construcción del Plan Hidrosanitario de Chone dio un giro de última hora debido a los cuestionamientos en contra del Consorcio Tarqui, conformado por las empresas Lesdasa y Eseico.

Esto luego de la denuncia antes mencionada, por un presunto direccionamiento en la condiciones del concurso.

Una vez presentadas las ofertas, el viernes 15 de mayo, el Consorcio Tarqui no presentó la suya.

Esto fue confirmado por el Municipio de Chone y, posteriormente, por el mismo Ramiro Galarza, gerente y accionista de Eseico, en redes sociales.

En el acta de la apertura de ofertas de la licitación figuran cuatro ofertas:

· Consorcio Hidrochone, por USD 18’068.377 millones.

· HI-PRO Ecológicos, por USD 18’281.945 millones.

· Ing. Daniel Siguenza, por USD 18’200.219.

· Ludwin Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH &Co., por USD 17’589.481.

Se trata de un proyecto por USD 34 millones, pero que actualmente cuenta con USD 19’725.000 entregados al Municipio de Chone por la CAF, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE). (USD 11’744.638 son no reembolsables).

Esta parte del financiamiento comprende el componente del Plan para alcantarillado sanitario, pluvial y reparación de red de agua potable del Sector 1 (casco central – San Felipe) y Sector 3 (barrio el Paraíso – Tacheve).

El proceso de licitación pública internacional fue publicado el 20 de marzo de este año  , en medio de la tragedia sanitaria, y el viernes 15 de mayo finalizó la entrega de propuestas. Apenas fueron públicas las condiciones para las empresas interesadas, las denuncias por un trato justo no se hicieron esperar.

Apenas 11 días después, el 31 de marzo, una carta firmada por Ulpiano Wilson Arguello Guizado, llegó a manos de las autoridades del BDE denunciando la falta de cumplimiento de normas y principios de la contratación pública.

Wilson Arguello alega que en los términos y condiciones no se cumple el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las políticas y lineamientos de CAF, sobre todo del trato justo.

A su denuncia se sumó otra, el 23 de abril, por parte de Eduard Jarque Verges, gerente o representante de la firma EKR Iberoamérica, quien sustenta su denuncia en el mismo punto, alegando que los términos en cuanto a la experiencia requerida podrían favorecer  al consorcio Tarqui, conformado por las compañías LESDASA-ESEICO, propiedad de Galarza Andrade.

Jarque explica que en el referido proceso se da un puntaje superior al oferente que cumpla experiencia especifica con un solo proyecto, sin que esto responda a ningún criterio técnico o legal y, por el contrario,” parece que se conoce de forma meridiana al proveedor que puede cumplir con estos parámetros”, cita.

Solicita que se ponga especial atención al contrato para “Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario para las parroquias de Tarqui y Los Esteros, cantón Manta” que la entidad Ecuador Estratégico contrató con Consorcio Tarqui, constituido por las compañías LESDASA-ESEICO, por un monto de USD19´188.936,09 (Proceso COEM-EEEP-010-2016, Contrato GG-028-2016) y sus contratos complementarios por el monto de USD 4´682.006 y 1´030.410, pues presumiblemente las consorciadas de esta obra serían quienes cumplen con todos los requisitos que establece el Municipio de Chone en lo relacionado a la experiencia específica para obtención del puntaje máximo, atentándose así a la igualdad y trato justo existiendo un posible direccionamiento de la licitación en curso.

A raíz de esta denuncia, el 4 de mayo, Carlos Jaramillo, gerente del BDE solicitó al alcalde de Chone un informe completo del proceso de contratación.

“solicito se remita de forma inmediata un informe respecto de la legalidad del proceso de contratación llevado a cabo por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, del que conste las acciones y gestiones sobre la observancia de las disposiciones de la normativa legal vigente y de los ‘Lineamientos de Contratación y Adquisición para Prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público’ de la CAF, al que se adjuntarán los respectivos documentos de sustento”, cita el documento.

Esqueletos en el armario del Consorcio Tarqui

El Consorcio Tarqui, integrado por las empresas LESDASA y ESEICO, fue vinculado a las investigaciones por presunto delito de defraudación tributaria, dentro del caso Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016, en un informe del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, el 15 de marzo de 2019.

El informe señala a Ramiro Galarza, directivo y accionista de ESEICO, como sospechoso de enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria, “por la asignación de obras por un monto de USD 284 millones a título personal y como representante legal de más de 40 compañías y consorcios”, cita el informe.

Adicionalmente, un informe de Contraloría expuso que varias obras se hicieron en Manabí con fondos de la Ley de Solidaridad (establecida por el gobierno de Rafael Correa) sin que hubieran tenido nada que ver con los efectos del terremoto.

Galarza es el presidente ejecutivo de ESEICO y accionista mayoritario. La empresa, con RUC 1791909690001, se encuentra activa, según el portal de la Superintendencia de Compañías.

Además de las empresas mencionadas, Galarza también ocupa cargos directivos den las empresas Construcciones y Servicios de Minería Consermin, Inmantacons S.A., Ecuatoriana de Servicios, Masasist y es accionista de las firmas Sersuin Cia. Ltda.. Inmoforestal.

Por otra parte, Galarza también fue vinculado por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016 (Arroz Verde). Él aparece en los cruces de facturas entre empresas privadas y representantes de Alianza PAIS, como presidente de Construcciones y Servicios de Minería (Consermin).

Casi medio millón de dólares en facturas de servicios usados por Alianza PAIS registró la empresa Consermin, según la información del caso Sobornos 2012-2016.

Entre las obras adjudicadas a esta firma consta la rehabilitación de la vía Portoviejo-Pichincha, en Manabí, por USD 26,7 millones. La adjudicó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bajo el mando de María de los Ángeles Duarte, quien también está procesada en este caso.

Esa cartera le adjudicó, además, la construcción de la vía Shushufindi-Puerto Providencia, en la Amazonía, por USD 34 millones, en el 2011.

Está previsto que el proyecto de construcción del Plan hidrofluvial de Chone se adjudique hasta el 29 de mayo; sin embargo, por lo expuesto, los ofertantes han solicitado la suspensión del proceso.