Actualización 13 de enero 2020

Lea la carta de Odebrecht que ratifica las razones por las que enjuició a Petroecuador.

El juicio número 09802-2018 podría constituirse en el premio gordo de la constructora Norberto Odebrecht. Se trata de un proceso contencioso administrativo, que se tramita en la Corte Provincial del Guayas, en el que busca el pago el pago de $183.707.371,19 por planillas no canceladas del proyecto Poliducto Pascuales – Cuenca.

La fecha de este posible aguinaldo será el 14 de enero, luego de varios diferimientos arrastrados desde hace dos años.

Odebrecht llega a este juicio con un cartel casi ganador: 77 pruebas documentales mas dos informes periciales con extensa información en sus 26 anexos. Además, la constructora tiene un historial de triunfos judiciales en esa plaza.

La historia de las planillas no canceladas se inició el 9 de marzo de 2018, pocos días antes de que Petroecuador, por presión del vicepresidente Jorge Glas, se vea abocada a culminar el contrato unilateralmente a causa del escándalo de corrupción que estalló en Ecuador y el mundo. Entonces Odebrecht demandó a Petroecuador y el reclamo lo presentó en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo No. 2 con sede en Guayaquil.

Para ganar el litigio la empresa brasileña se armó con un ejército de juristas ecuatorianos: Francisco Guerrero C., Juan Francisco Guerrero del Pozo, Emilio Suárez Salazar, Tomás Barrionuevo Vaca, Xavier Palacios Abad y Diego Camacho Chávez, designados como abogados patrocinadores. Para defenderse, en cambio, Petroecuador recién concluyó el año pasado la contratación de abogados externos, por un monto de USD 400.000, proceso que fue subido al portal de Compras Públicas.

El nuevo director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz Lopes, estuvo en Quito y en entrevista con diario El Universo, se refirió a este caso. Dijo que la demanda se había presentado por la terminación unilateral del contrato por parte de Petroecuador, cuyos directivos se negaron en reiteradas ocasiones a encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Inclusive “ofrecimos ayuda para solucionar el problema de diseño, realizado por Caminosca, pero no fue aceptada”, indicó Cruz.

El poliducto Pascuales – Cuenca es quizás la segunda obra de corrupción de Odebrecht más escandalosa, después de la inexistente Refinería del Pacífico; ambas tienen elementos parecidos. La primera similitud es que no fue una obra barata: costó USD 370 millones y el contrato lo firmó Ramiro Carrillo Campaña, gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador, hoy también tras las rejas.

El otro elemento común es que la obra nunca fue útil y, supuestamente, ni siquiera el presidente Rafael Correa sabía que se había construido.

Eso dijo Alexis Mera, dentro del juicio por asociación ilícita: “El presidente en La Troncal, Cañar, se entera que había un poliducto, hecho por una empresa contratista y evidentemente delante de las cámaras no lo dijo, pero en privado mostró furia porque era una obra que no ayudaba en nada al país porque simplemente ahorraba 30 millones al año, un poliducto que va de Guayaquil a Cuenca para que no vaya transporte pesado con el diésel a Cuenca. Esa obra costaba como 200 millones de dólares pero llegó como a cuatrocientos. La obra es innecesaria, absurda… El presidente en privado mostró cólera y exigió la renuncia de la persona responsable, Rafael Poveda quien era Ministro de Sectores Estratégicos y renunció después de dos meses”.

Es decir, según Mera, al presidente Correa le construyeron un tubo de USD 400 millones y nunca lo vio.

Obra con fallas

Las centenas de facturas y órdenes de trabajo que Odebrecht presentó en el proceso como pruebas a su favor solo esconden trabajos sin justificar, sobreprecios y errores de construcción. Pascuales – Cuenca nunca contó con ingeniería de detalle, un trabajo que la consultora Caminosca, encargada de entregar los estudios del proyecto no realizó. El 70% de las obras se ejecutaron en las zonas montañosas de los Andes y no existieron estudios geotécnicos y de riesgos.

La empresa estatal francesa, Egis International, que fue seleccionada para fiscalizar la obra del poliducto, identificó que al menos el 15% de los trabajos no fueron justificados. Incluso la propia Odebrecht incluyó en su lista de pruebas un informe de agosto de 2016 emitido por Egis International, que recomendó a Petroecuador no  aplicar reajustes de precios correspondientes a mano de obra y materiales.

Un ingeniero internacional, ligado estrechamente al proyecto en lo técnico y financiero, en conversación con PI aseguró que el sobreprecio total de la obra es del 150%. “Si el valor inicial era de $200 millones, cómo es que Petroecuador la adjudicó en $370 millones, el valor final de esta obra será de 600 millones, considerando el que el cambio de la terminal de combustibles en Cuenca puede costar 200 millones”, explica la fuente.

Los cambios en la terminal de la provincia del Azuay son urgentes y hasta el momento nadie ha tomado la decisión.  “Un mes después del sismo de abril de 2016 se detectó la filtración de agua subterránea en los taludes de la terminal de Cuenca, en el río Capulí hubo corrosión de los suelos y la tubería quedó expuesta, hay documentos que establecen la solución total en geotecnia, en el tramo II, en 18 millones y la declaratoria de emergencia costó 45 millones”, explica el mismo técnico.

En cuanto a las coimas, la justicia pudo determinar que por el tubo de Guayaquil a Cuenca se pagó al menos $5 millones en sobornos. La relación de esos hechos se detallada en el proceso de asociación ilícita que sentenció a Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros.

“José Santos Filho (Director Superintendente de ODEBRECHT), es contactado por JOSÉ RUBÉN TERÁN quien se presenta como intermediario de los funcionarios públicos que desempeñarían cargos decisivos en la licitación; se ponen de acuerdo en un pago de US$ 5 millones, a realizarse de forma secuencial a fin de asegurar la adjudicación del contrato; una vez pactado el monto de los sobornos, se habría cambiado las bases del concurso; los pagos secuenciales se realizan a JOSÉ RUBÉN TERÁN, a través de la empresa ALESBURY (domiciliada en Panamá, cuyo representante es DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO). GUSTAVO JOSÉ MASSUH ISAÍAS, recibió parte de los sobornos a través de transferencias provenientes de KLIENFIELD SERVICES y de EQUITRANSA (controlada por KEPLER VERDUGA); de las empresas STOCKWELL CORPORATION, EMALCORP y POPA WORLDWIDE COMPANY, domiciliadas en México y Panamá; en beneficio del Ing. RAMIRO CARRILLO CAMPAÑA”.

Coimas que no se cuentan

Odebrecht Serviços No Exterior Ltd. (OSEL), subsidiaria de Odebrecht en las Islas Cayman, fue la encargada de triangular el sistema opaco de transferencias, desde antes de que se firme el contrato para la construcción del Poliducto Pascuales – Cuenca. Un primer contrato por $6.7 millones con la firma  Eathisa Ingeniería y Servicios de junio de 2013, consta en el sistema Drousys, en poder de PI.

Dos meses después de firmado el contrato con Petroecuador, diciembre de 2013, se registra un segundo contrato por $6.6 millones con una empresa de fachada, Compañía Internacional de Proyectos (Cipsa). Posteriormente, se registran varias transferencias del CIPSA a otras empresas vinculadas a Odebrecht: Innovation y Klienfeld. Todos los movimientos económicos se hicieron a través del Meinl Bank.

Las pericias fiscales hablan de $5 millones en coimas por esta obra; los montos hasta hoy reportados en el expediente judicial, se basan en la delación de José Santos de Odebrecht y en versiones de varios procesados, en ellos José Rubén Terán.

Un hecho aún por investigarse es lo ocurrido con la versión de Terán, en la cual, según nuestras fuentes, reveló un pago de 6 millones de dólares realizado por Odebrecht al ex Gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña. La declaración de José Rubén Terán nunca fue incluida al proceso.

¡El vuelto por favor!

Lo que ahora pretende la constructora brasileña es un cruce de cuentas. Cobrar las facturas pendientes que no le pagó el gobierno ecuatoriano y con ese mismo dinero, saldar las deudas que mantiene Odebrecht con el Servicio de Rentas Internas y un grupo importante de proveedores internos.

El caso de este “vuelto” para Odebrecht está en manos de los jueces Contenciosos de Guayaquil Juan Carlos Jaramillo, Xavier Sandoval y Benigno Romero Abad y enero es la ocasión para brindarles una atrasada navidad.