Las demandas penales y las órdenes de prisión fueron los principales dispositivos del correísmo para neutralizar investigaciones sobre corrupción y silenciar a la sociedad crítica. Esos hechos de persecución vuelven a ser noticia luego de que Raymond Kohut, vicepresidente de la transnacional Gunvor se declaró culpable en una corte del estado de Nueva York por sobornar a funcionarios de Petroecuador con 22 millones de dólares para obtener contratos.
Fernando Villavicencio denunció la corrupción en la intermediación petrolera en Petroecuador y la respuesta de la estatal fue una demanda, que luego la propia contraloría general del Estado se encargó de declararla ilegal.
Vale recordar esta historia que el correísmo y morenismo trataron de guardar en su estado de propaganda.